La entrada No es lo mismo bioeconomía con plata que sin plata: Cambiemos le asignó cero pesos a su fomento, y ahora el gobierno quiere destinarle 1.500 millones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esa suma de dinero es la mismo que la cartera agropecuaria adeuda -por ejemplo- a la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar y la creación de un fondo específico para ese sector, que está pendiente desde 2015. O equivale a tres veces los montos que dedica el organismo a enfrentar las situaciones de Emergencia Agropecuaria, una partida que no se actualiza desde 2009. Pero no nos alarmemos frente a comparaciones odiosas: al dólar oficial se trata de una asignación de solo 15 millones de dólares. Al paralelo, es casi la mitad de eso.
Lo cierto es que tratando de resucitar una propuesta para desarrollar la bioeconomía, el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos, firmó la Resolución 121/2021, que rescata del arcón de los recuerdos el Programa de Fomento a la Bioeconomía lanzado originalmente en agosto de 2017 por la anterior gestión. En aquel momento, el área se llamaba Bioindustria y dependía de la ex Secretaría de Agregado de Valor, a cargo del ruralista Néstor Roulet.
“El citado Programa tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo de la Bioeconomía como estrategia para la agregación de valor, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo territorial en forma sustentable y sostenible”, se explica en los considerandos, para luego repetir casi calcados los artículos de otra resolución de julio de 2018 que reglamentaba el citado programa oficial. El que estaba al mando en ese momento era William Andrew Murchison, que firmaba así porque había nacido en Canadá y ese era su nombre original.
Decía el artículo 1 de la vieja resolución: “Delégase la Ejecución del Programa de Fomento de la Bioeconomía, en adelante Programa, a la órbita de la Dirección de Bioenergía de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía”
Dice el artículo 1 de la nueva resolución: “Delégase la Ejecución del Programa de Fomento de la Bioeconomía , en adelante el programa, a la órbita de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional”.
El artículo segundo también se repite casi calcado: la nueva resolución vuelve a aprobar el Reglamento para el funcionamiento del programa de fomento de la Bioeconomía.
En el Minagri crearon un programa de fomento a la bioeconomía
Donde todo cambia es en el artículo 3. Mientras que el del gobierno de Cambiemos -durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere en el Minagri- establecía que “la medida dispuesta por la presente resolución no implicará costo fiscal alguno, ni la creación de nuevas estructuras”, en la normativa neo-kirchnerista se establece ahora que el plan de acción “contará con un fondo de financiamiento que será asignado a la Secretaría” responsable de su ejecución, es decir la del firmante Alos.
El artículo 4º si es toda una novedad, porque establece que dicho fondo “contará con un presupuesto inicial de 1.500 millones de pesos”, aunque de inmediato aclara que el mismo “será atendido en función de la disponibilidad presupuestaria del Programa 44 -Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales, Servicio Administrativo Financiero 363, Jurisdicción 52”, es decir del Ministerio de Agricultura.
No se sabe, a esta altura, qué gobierno hizo más por la bioeconomía. Si la gestión macrista que creó un programa para su desarrollo pero le asignó cero recursos o esta gestión neo-kirchnerista que recreó ese programa pero con un presupuesto casi de ensueño, que además estará supeditado a las urgencias fiscales del Estado que debe llevarlo a cabo.
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]]>La entrada La noticia es que el INTA sigue financiando otros gastos del Estado, sin que ningún partido corrija la situación de fondo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El Gobierno tomó de ese organismo 24.000 millones de pesos, tres veces más que lo que hizo el año pasado Mauricio Macri, hecho que en ese momento despertó fuertes críticas afuera del ente”, destacó la crónica del diario porteño. En efecto, varios ex funcionarios de Cambiemos replicaron el dato, tratando de mostrar las diferencias entre ambas administraciones..
La comparación se hacía contra una nota publicada en su momento por Bichos de Campo, que daba cuenta de que en sus estertores, la gestión macrista se había apoderado de 8.100 millones de pesos correspondientes al Fondo que se constituye a favor del INTA a partir del cobro de una tasa sobre todas las importaciones realizadas por el país. En aquel momento, esa quita de recursos parecía grave y fue denunciada por los empleados de carrera del propio organismo, donde no había casi recursos para sostener el trabajo cotidiano de muchos de sus investigadores.
En aquella norma, el Poder Ejecutivo Nacional disponía modificaciones al Presupuesto 2019, para beneficiar al Tesoro con recursos del INTA y otros organismos. Lo mismo que ahora con el Presupuesto 2020, aunque las cifras en juego tripliquen -inflación mediante y otros yeites- las de un año atrás. La noticia principal es que la modalidad de esquilmar al Instituto tecnológico se repite a pesar del paso de los gobiernos, más allá de los signos políticos.
Para instrumentar este financiamiento, antes y ahora, el gobierno se vale de pagarés: se lleva el dinero y le deja al INTA hermosos papelitos a cobrar dentro de algunos meses. En este último caso la fecha de emisión es el 15 de diciembre y el vencimiento opera en marzo próximo.
¿De dónde se extraen esos recursos? En el Banco Nación existe una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que en 2019 el gobierno de Cambiemos elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación. Este aumento de la presión impositiva, además de la devaluación, sirven para explicar la diferencia entre lo que se llevó uno y otro gobierno.
8.100 millones de pesos antes. 24.000 millones de pesos ahora. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia, en todo caso, hay que buscarla en el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández realizó una promesa que hasta ahora no cumplió, y de la cual parece haberse olvidado cuando lleva a cabo esta nueva apropiación del dinero de la cuenta del Fondo INTA. En aquel momento, según relató el ex director nacional del organismo, Héctor Espina, a Bichos de Campo, existía un proyecto de ley que proponía derivar automáticamente el 30% de la recaudación por importaciones que alimenta ese fondo a un fideicomiso -administrado por la Fundación ArgenInta- para realizar gastos operativos de los diferentes proyectos de investigación. De ese modo, mucho trabajo de los técnicos del INTA no se discontinuaría por la frecuente falta de fondos.
Ese proyecto tenía el respaldo de muchos legisladores peronistas, e incluía también a varios de Cambiemos. La firma principal que lo impulsaba era la de un ex vicepresidente del Instituto Agropecuario en tiempos de Cristina Kirchner. Ex diputado por Formosa, se trata del actual ministro de Agricultura de Alberto, Luis Basterra.
Todo dicho: la noticia es que la política se sigue apropiando de fondos que deberían enriquecer la tarea cotidiana del INTA. Que lo permiten los diferentes partidos que pasan por el gobierno. Y que nadie parece dispuesto a cortar ese curro cuando el poder lo manejan los suyos.
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]]>La entrada Renovación de Ley Ovina: por consenso aumentarían los fondos a 1.500 millones de pesos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La normativa nació hace 20 años, cuando aún regía la convertibilidad, y dispuso un fondo inicial de 20 millones de pesos. En 2010 la cifra se actualizo a 80 millones pero los vaivenes económicos, la inflación y el crecimiento del sector, hicieron que ese monto quedara desactualizado.
Ver también: Los productores de ovinos reclaman que la nueva ley actualice el presupuesto a 1.500 millones de pesos
Según Daniel Lavayén, uno de los coordinadores de la Mesa Ovina Nacional, “se resolvió unificar todo en un solo proyecto, no sabemos si se va a redactar uno nuevo o si se agregarán modificaciones a alguno de los presentados. De todos modos todos son buenos y contemplan la actualización presupuestaria que pedimos”.
Además del aumento de fondos, el consenso llegaría a otras cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15. Por otro lado, el monto de asistencia tendrá actualización anual según los datos de la inflación.
Con el dinero con el que se dispondría, se podría ayudar al programa Prolana que no está contemplado en la normativa vigente. Se podría también asistir a la mejora en maquinaria e infraestructura de los frigoríficos y de la industria textil, para incorporar a nivel productivo herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el bienestar animal.
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]]>La entrada Alberto, Dylan y Basterra prometieron un mayor presupuesto para la agricultura familiar en 2021 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esa Ley, llamada de Reparación de la Agricultura Familiar, fue sancionada en 2015 (cuando el líder piquetero Emilio Pérsico era el secretario del área), pero luego vino el gobierno de Mauricio Macri y jamás se reglamentó. Por el contrario, en esa etapa Agricultura Familiar fue un área con cientos de despidos y se desmantelaron programas, como el Monotributo Social Agropecuario.
La Ley de Reparación a ese sector, que es el nudo de esta historia, prevé la conformación de un banco de tierras y un fondo de reparación de $1.500 millones, entre otras políticas de fomento a ese sector del agro al que se le adjudica producir un 60% de los alimentos consumidos en el país.
En las elecciones 2019, con Alberto candidato, las múltiples organizaciones de la llamada agricultura familiar hicieron causa común y formaron el Foro Agrario Nacional, que jugó fuerte contra Macri (por ejemplo, motorizando los verdurazos). Con Alberto presidente, había por ahora gusto a poco entre los dirigentes de ese sector.
Las organizaciones reclamaron primero la reglamentación de la Ley y otras 20 demandas al nuevo gobierno en un acto en la Facultad de Medicina, y pusieron la fecha del 17 de abril (día de la tierra) para ver avances concretos. Esos festejos no pudieron suceder debido a la pandemia. Ahora parece llegado el momento de dar respuesta a ese sector.
Hasta anoche el acto era anunciado como una simple actividad vía zoom: “El ministro Luis Basterra se reúne con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar para celebrar el día del Agricultor”, decía la agenda. De golpe todo cambió y los dirigentes fueron citados a Olivos para la foto. Estaba junto al presidente y a su ministrod e Agricultura el perro Dylan, la mascota oficial.
Hubo anuncios concretos, pero que deberían ser colocados entre signos de interrogación hasta tener mayores precisiones. El título sería que el gobierno prometió elevar 119% el presupuesto para el sector entre 2019, último año del macrismo, y el 2021, con la pospandemia. Pasaría de 1.300 millones de pesos en 2019 a 1.918 millones este año y a 2.863 millones en 2021. Parece mucho, aunque seguramente en dólares esos presupuestos serían siempre muy parecidos debido a la fuerte devaluación de la moneda.
En el anuncio oficial se dijo además que las políticas públicas para el sector de los minifundistas sumará para 2021 “un total de 10.097 millones de pesos provenientes de financiamiento internacional”. Eso serían cerca de 100 millones de dólares. El FIDA tiene préstamos abiertos para el sector, aunque con objetivos trazados para varios años.
Según la gacetilla oficial sobre el sorpresivo acto, entonces, el plan de inversiones será de más de 12.781 millones de pesos el año entrante. En 2020, según datos oficiales, el presupuesto total asignado al Ministeriod e Agricultura fue de 27.599 millones de pesos.
En el mismo paquete se anunció una mejora dle presupuesto destinado al programa ProHuerta, que el INTA administra junto al ministerio de Desarrollo Social. Los fondos se incrementaron: de 120 millones de pesos en 2019, a 270 millones en 2020 y llegarán 400 millones en 2021. Parece mucho, pero en la época de oro de la gestión macrista, cuando la primera dama Juliana Awada se hacía armar huertas agroecológicas en Olivos y en la terraza de la Casa Rosada, ya se había llegado a un presupuesto semejante. Luego, tras la crisis de 2018, las partidas disminuyeron violentamente.
“Cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo el Presidente, que añadió que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país”.
Quizás lo más jugoso del anuncio, una vez que se evapore la espuma de las cifras multimillonarias que casi nunca se cumplen, pase el decreto reglamentario de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015 y nunca fue puesta en vigencia plena.
Basterra consideró que “es una ley de avanzada de vanguardia que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.
El texto de esa reglamentación todavía no se conoce, pero la comunicación oficial habló de mantener y profundizar una serie de programas como el RENAF (un Registro específico para productores familiares), otro programa Incubadora de cooperativas productivas, un programa de créditos productivos a tasa subsidiada, un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y AR; y un programa para la regularización dominial de tierras tradicionalmente ocupadas por agricultores familiares, campesinas, indígenas y pescadores artesanales.
Nada se dijo sobre dos puntos centrales de aquella ley: la creación de un banco de tierras y del mencionado fondo de reparación, aunque quizás este último este contemplado en la mejoría del presupuesto.
Del encuentro con el presidente participaron una veintena de organizaciones del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; el Frente Nacional Campesino; el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas.
Hace unos meses, Bichos de Campo entrevistó al secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, para conocer su opinión sobre la agenda pendiente del sector:
La entrada Alberto, Dylan y Basterra prometieron un mayor presupuesto para la agricultura familiar en 2021 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Al INTA le sacaron 8.100 millones de pesos, mientras no llega a pagar la factura de luz ni tiene plata para realizar sus investigaciones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Este semana, en medio del inicio del proceso de transición, pasó desapercibido el Decreto 740/2019, firmado por Macri y todos sus ministros, incluyendo a Luis Miguel Etchevehere, el titular de Agricultura, quien debería conocer de cerca la situación de pauperización presupuestaria denunciada por las autoridades del INTA. En esa norma el gobierno dispuso modificaciones al Presupuesto 2019, para asegurarle al Ejecutivo el dinero necesario para poder cumplir un par de promesas que el presidente saliente realizó en su fallida campaña por la reelección. Por ejemplo, compensar a las provincias por la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica. O por ejemplo, subir los salarios a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
En este enjuague de recursos, el artículo 6° del decreto autorizó al Tesoro Nacional a tomar prestados más de 70.000 millones de pesos de diversas áreas del sector público (entre ellos los 8.100 millones pertenecientes a un fondo creado por la llamada Ley del INTA) y emitir por esa deuda un pagaré en pesos que no ofrecerá intereses. La fecha de emisión de ese papelucho se estableció para el 13 de diciembre próximo y el vencimiento el 12 de marzo de 2020.
Dentro del INTA, la noticia de este empréstito forzado cayó pésimo en todos los estamentos. Es que desde hace un par de años en el organismo no tiene presupuesto para sostener sus múltiples proyectos de investigación y, según admitió a Bichos de Campo su director nacional, Héctor Espina, ahora ni siquiera tienen dinero suficiente como para pagar las facturas de luz. Incluso está latente el peligro de que haya cortes en algunas experimentales.
¿Cómo se entiende que el INTA no tenga plata para pagar los servicios ni para llevar a cabo las investigaciones que debería realizar, y al mismo tiempo disponga de más de 8.000 millones para financiar parte de las medidas electorales del macrismo?
“La gente piensa que nos sobran 8.100 millones de pesos y eso suena horrible. Porque la verdad es que no tenemos dinero suficiente como para llegar a fin de año”, aclaró Espina, el director nacional elegido por concurso para administrar el organismo.
En realidad lo que sucede es que existe en el Banco Nación una cuenta específica que va recaudando los fondos de la llamada Ley del INTA. Esa norma establece la creación de un “fondo de tecnología” para financiar las actividades del organismo a partir de la recaudación del 0,45% de las tasas cobradas a todas las importaciones y del 30% de la recaudación por la llamada Tasa de Estadística, que este año el gobierno elevó de 0,5 a 2,5% de cada operación.
En estos momentos en esa cuenta sobra dinero: hay más de 12.000 millones de pesos, fruto de un remanente a comienzos del año de 3.600 millones y de una recaudación por las importaciones de este año de otros 9.000 millones. De allí tomará prestado el Tesoro los 8.100 millones mencionados en el decreto. Es plata que pertenece y debería ser gastada por el INTA, pero que en realidad recibe a cuentagotas. Desde hace muchos años, con la excusa de las sucesivas crisis económicas, el propio Tesoro es el que administra los fondos y maneja la lapicera.
El INTA dispone así de un fondo multimillonario. Pero como el pibe del cafetín, tiene la ñata pegada al vidrio. La mira de afuera.
“Lo que no gastamos se va acumulando en ese fondo de tecnología. De allí nos sacan estos 8.100 millones de pesos, mientras que desde hace un mes y medio que le venimos pidiendo a la Oficina de Presupuesto que nos gire los 50 millones que necesitamos para pagar la luz y otros gastos operativos. En cambio, nos darán un pagaré que con suerte recuperaremos en marzo”, se queja Espina, sin medias tintas.
Con su decreto tomando dinero prestado del INTA y de otros organismos (como el ente de turismo, el de comunicaciones o el Ministerio del Interior), Macri y sus ministros están forzando la ley, ya que le impusieron al INTA la suscripción de un pagaré cuando la legislación vigente establece que las inversiones con el dinero de ese fondo de tecnología solo podrían ser decididas por el Consejo Directivo del INTA, que actualmente preside Juan Balbín y es integrado por varias entidades agropecuarias.
El INTA tuvo este año un presupuesto operativo cercano a los 7.500 millones de pesos, de los cuales actualmente el 91% se destina al pago de sueldos. Solo queda 9% de los recursos para gastos operativos, pero no alcanzan. Por eso además de los 50 millones de pesos para pagar la luz y otros servicios, el INTA viene reclamando sin éxito al Tesoro que le liberen más dinero del fondo de tecnología, para poder financiar a sus investigadores.
Ver Apuntando a la “intensificación sostenible”, el INTA presentó sus 97 nuevas líneas de investigación
“Hace por lo menos dos años que no tenemos guita para los proyectos”, define Espina, que viene haciendo malabares para disimular el corte casi total del financiamiento estatal en nuevos desarrollos tecnológicos para el sector agropecuario. En el Consejo Directivo del instituto acaban de definir una nueva cartera de casi 100 proyectos de investigación para los próximos años, que se conciliaron con el sector privado pero que actualmente no tienen recursos para ser ejecutados.
Entre los malabares que se hacen para mantener viva la llama fundacional del INTA se obtuvieron este años subsidios por 200 millones de pesos desde organizaciones internacionales, hay otros 100 millones que ingresan al INTA como regalías (los administra INTEA), y ex vox pópuli que buena parte de los gastos en movilidad para los investigadores se pudieron sostener con aportes del ProHuerta, que estos últimos años tuvo un buen aporte presupuestario desde Desarrollo Social.
Espina aclara que son todos manotazos que no aseguran que el INTA cumpla con su objetivo, que es investigar y difundir tecnologías entre los productores. La plata está en el fondo, pero no se puede acceder a ella. Y ahora además el Gobierno se financia con esos recursos.
Ver Todos los directores del INTA piden que se evite un ajuste de personal
“Obvio que nosotros entendemos la situación del país. Y por eso estamos acompañando un proyecto de ley -al que han adherido legisladores de todos los partidos, incluyendo los de Cambiemos-, para que el 30% de los recursos de ese fondo de tecnología vaya a un fideicomiso, que sería manejado por la Fundación ArgenINTA, para financiar directamente los proyecto de investigación. Esa plata podría ser utilizada solo para eso, no para pagar salarios ni contratar gente. Si ponemos dinero en los proyectos, el retorno de esa inversión sería muy alto”, indicó el director nacional del INTA.
El proyecto de ley lleva la firma de Luis Basterra, el diputado del peronismo formoseño que acaba de ser reelecto y que fuera vicepresidente del propio instituto. Es un hombre muy escuchado entre quienes asumirán el gobierno a partir del 10 de diciembre próximo. De todos modos, está claro que esta discusión quedará para cuando arranque la actividad legislativa de 2020.
Por ahora, antes de irse, Macri se lleva la plata disponible para pagar otras urgencias, la investigación ha sido totalmente desfinanciada y el INTA no tiene dinero ni siquiera para poder pagar la factura de luz.
La entrada Al INTA le sacaron 8.100 millones de pesos, mientras no llega a pagar la factura de luz ni tiene plata para realizar sus investigaciones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Ola de repudios ante el achique del INTA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según informaron los propios trabajadores del organismo, este plan de ajuste será puesto a consideración este jueves en sesión del Consejo Directivo, en donde las decisiones se toman entre representantes de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), y miembros de las facultades de Agronomía y Veterinaria.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), “si bien las voces oficiales hablan de un plan de fusión, en la práctica se tratará del cierre de agencias, pérdida de puestos de trabajo, ruptura de las redes de vinculación en el territorio, y la consecuente degradación de una institución emblemática y arquetípica en la investigación y el desarrollo de conocimiento para el sector agropecuario. Un verdadero orgullo nacional”.
Ver: Juan Balbín anticipa una mutación en el INTA: “Se va a interactuar mucho más con el sector privado”
El presidente de Fecofe, Juan Manuel Rossi, manifestó que el recorte “implica la desaparición de una veintena de Agencias de Extensión y de tres Institutos para la Promoción de la Agricultura Familiar. Tal situación, preocupa profundamente a nuestra Federación, pues a través de estas dependencias territoriales, las cooperativas y sus productores asociados están en contacto directo con los técnicos cotidianamente”.
La Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER), expresó su “desacuerdo y descontento con la posible reducción de presencia y servicios que brinda el INTA” y solicitó en un comunicado “restituir el presupuesto al INTA y no reducir ninguna estructura de este organismo”.
La AADER también expresó que “en momentos de crisis en todas las economías regionales, los productores agropecuarios necesitan aún más de la asistencia técnica e innovación tecnológica que brinda el INTA, a través de sus institutos y agencias de investigación para el conjunto de la sociedad, y especialmente a la Agricultura Familiar (IPAF), para mantener los circuitos productivos, no perder la competitividad y seguir generando empleo local y autoabastecimiento alimentario”.
Coninagro, entidad que nuclea a múltiples cooperativas, también se mostrpo preocupada ante la ola de rumores del achique del presupuesto del INTA, y en un comunicado, declaró: “Sabemos que se han tomado algunas medidas de reestructuración y, otras, de reordenamiento. Ahora se vuelve a hablar de ajuste presupuestario y pedimos que no resienta el buen funcionamiento del organismo, ni el trabajo en investigación y de extensión que lleva adelante, sobre todo dentro de un Estado que no debe perder su mirada estratégica de la producción”.
La Federación Agraria Argentina (FAA), distrito Córdoba también rechaza el desmantelamiento del organismo y a través de una carta firmada por su director, Agustín Pizzichini, manifestó “su más enérgico rechazo a la reestructuración del organismo impuesta por el Gobierno Nacional”, lamentándose de que “el gobierno nacional promueve medidas que atentan contra el pequeño y mediano productor agropecuario”. Asimismo, propone “la movilización de todos los actores de las economías regionales y de la agricultura familiar a manifestarse”.
Pizzichini declaró que, con el consentimiento de la secretaría de Agroindustria, “se propone disminuir la presencia del INTA en el territorio nacional, particularmente en las zonas más desfavorecidas y en las áreas de la agricultura familiar”, y dijo que “a partir de una planilla de Excel, funcionarios sin ningún conocimiento pretenden profundizar las acciones de desarticulación y desmantelamiento de cualquier instancia que implique asistencia y fortalecimiento del pequeño productor, el cual necesita más que nunca de una institución que le permita achicar la brecha tecnológica para fortalecer la producción y ganar en competitividad”.
Emilio Inzaurraga, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, elevó una carta al presidente del INTA, Juan Balbín, para expresarle su “profunda preocupación” ante las informaciones que circulan sobre la reducción de la estructura y los servicios que presta el organismo, especialmente los que apoyan la producción familiar y los equipos de terreno que atienden a pequeños productores.
“Estamos convencidos del valor y los aportes que la agricultura familiar hace a nuestra sociedad, produciendo alimento para la mesa de los argentinos, preservando el ambiente, aportando trabajo y arraigando población en los territorios”, enunció, y agregó que “INTA y los CIPAF fueron, junto con otros, factores positivos para el desarrollo de la agricultura familiar. Su debilitamiento o reducción, sumarían nuevas dificultades a un sector que viene soportando situaciones difíciles y frustraciones”.
Otro comunicado titulado “Un INTA para el campo concentrado”, que lleva la firma de más de 20 organizaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas- entre ellas la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)-, exige al INTA “que pare con el ajuste y recorte”, y pide “representación en el Consejo Directivo Nacional” del organismo.
También critican a organizaciones como la SRA, AACREA, CRA y Coninagro, argumentando que “siempre participaron de las decisiones del INTA, pero estos años sienten el respaldo necesario para desmantelar y dejar la institución al servicio de los productores del campo con mayores recursos”.
Y en el comunicado hacen referencia a que “esta entrega comenzó hace 3 años y lleva la reducción de los trabajadores en un 10%, ahora quieren continuar con el cierre de la mayoría de los IPAF, institutos que dan respuesta a la agricultura familiar, la baja de 25 Agencias de Extensión, el achique de un 20% de la estructura administrativa y la baja de otros 3 institutos de investigación en ciencias sociales. Se plantea claramente el ajuste en el Estado que da respuesta cotidiana a la problemática del sector”.
La entrada Ola de repudios ante el achique del INTA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Presupuesto y Bienes Personales: Leyendo la letra chica, no queda tanto para festejar se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“No hubo mejoras para el campo. En todo caso se evitaron perjuicios mayores. Pero el sector no recibió en este Presupuesto un tratamiento mejor que el de este año. Por el contrario, podría estar pero”, sostuvo Andrés Domínguez, de Red Consultora, quien explicó que si Senadores vota el proyecto tal como quedó redactado el gobierno nacional podría elevar las retenciones a la soja al 30% cuando las que rigen ahora son de 28%.
Es que en materia de retenciones, en definitiva el Gobierno renunció a subirlas al 33% pero quedaría habilitado para que sean mayores a las actuales. Lejos, muy lejos, parece haber quedado la propuesta de campaña de eliminación de todas las retenciones y de una baja progresiva para los derechos de exportación tributados por la soja y sus derivados.
Otro punto importante es el de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para fijarlas. El proyecto votado quedó tal como estaba redactado originalmente, lo que implica el gobierno de Cambiemos (integrado por políticos que en 2008 decían todo lo contrario), tendrá ahora facultades hasta diciembre de 2020 para establecer cambios a su criterio, sin pasar por el Congreso, según explicó Florencia Ricchiuti de la Fundación Barbechando.
Pero, además, las retenciones para el resto de los productos podrían aumentar, también mediante decreto del PEN, hasta el 12%. En el supuesto de que esto sucediera (es decir que se aplique ese procentaje, “eso implica que si el dólar se va a 50 o 60 pesos, por ejemplo, las retenciones aumentarían respecto de los actuales 4 pesos. Es decir, sólo regiría para su cálculo el porcentaje y no ya el valor fijo como dice la norma actualmente”, agregó Domínguez.
En el resumen publicado por Barbechando se destaca además que las cooperativas de seguros y financieras que tengan un capital (medido como activo/pasivo en el último ejercicio fiscal) por encima de 50 millones de pesos, aportarían una alícuota de 4% como impuesto a las Ganancias. Y si ese capital es más de 100 millones, la alícuota sobre la base imponible sería del 6%.
El proyecto de ley además establece además un refuerzo al presupuesto de 400 millones de pesos para el INTA. Quizás uno de los pocos puntos para festejar.
En cuanto a Bienes Personales, y tal como lo informamos en Bichos de Campo, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas quedan exceptuados del pago de ese tributo cualquiera sea su destino o afectación.
“Lo que se teme en el sector es que esa renuncia de las autoridades nacionales se transforme luego en un revalúo fiscal de las propiedades que compensaría la pérdida de ingresos fiscales”, advirtió Dominguez.
En tanto, desde Barbechando explicaron que en principio y según lo acordado en Diputados “se tomarán las valuaciones fiscales de 2017 ajustadas por inflación hasta tanto se conforme la Comisión de valuación federal, creada en la Ley de Consenso Fiscal”. Ese organismo, denominado formalmente como , fue creado este miércoles por Decreto 938/2018 aunque su puesta en funcionamiento demandará varios meses.
La entrada Presupuesto y Bienes Personales: Leyendo la letra chica, no queda tanto para festejar se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada En tiempo récord, salió la ley que impone a los productores los costos de una campaña sanitaria se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El diario mendocino Los Andes informó que los senadores mendocinos convirtieron en ley el financiamiento mixto para las dos próximas campañas del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana. El proyecto tardó unos pocos días en ser discutido y aprobado, ya que recién a fines de mayo pasado el Gobierno Nacional comunicó a la provincial la imposibilidad de remitir fondos suficientes. El Ministerio de Agroindustria enviará este año solamente 100 millones de pesos y Mendoza pondrá otros 50 millones. Pero como la plata no alcanzaba, se decidió “invitar” al sector privado a ser parte de la cruzada.
Ver Lobesia: La privatización de una lucha sanitaria y una ley apolillada
Así, según la nueva ley provincial, desde octubre próximo -y en 4 cuotas trimestrales- los productores de vides de más de 10 hectáreas deben pagar 1.500 pesos/ha, por lo menos hasta 2020.
Aunque ahora cuenta con la herramienta que buscaba para no discontinuar el tratamiento de la plaga, apunta la cónica de Los Andes, el Gobierno de Mendoza actuará de agente financiero y adelantará los 300 millones de pesos que se necesitan para llevar a cabo la licitación internacional para la adquisición de feromonas. La Nación, que el año pasado se había hecho cargo de ese operativo, recién transferirá sus 100 millones de pesos a partir de agosto, cuando inicia la campaña 2018.
Pese a la velocidad para transferir al sector privado buena parte de la responsabilidad de financiar la lucha sanitaria, la discusión entre los políticos de Mendoza no fue sencilla. Es que algunas voces pretendían aplicar 25 hectáreas -y no 10- como mínimo imponible, según la ley nacional que asigna presupuesto al Programa coordinado por Senasa.
La votación finalmente salió con 21 votos afirmativos (Cambiemos), 15 negativos (PJ y PI) y 2 abstenciones (FIT).
La nueva ley establece que el Iscamen “diseñará y presupuestará, anualmente, el programa” y deberá rendir cuentas a la Legislatura cada año después de la vendimia. Los fondos contarán con “aportes del presupuesto que el Gobierno Nacional asigne”, más el que destine la Provincia y montos recaudados en concepto de “contribución obligatoria especial de los productores vitícolas”.
En caso de incumplimiento por parte de los viñateros, las bodegas inscriptas deberán actuar como agentes de retención y responsables de depositar fondos “al adquirir la uva o productos elaborados por cuenta de terceros o a maquila”.
Ver: Hasta 2019 en emergencia por el avance de la Lobesia botrana
Aunque la vigencia del aporte obligatorio es por dos temporadas, la ley contempla una prórroga anual. Y prevé que, al margen del financiamiento inicial, “si hubiera fondos de aportes públicos o privados remanentes, luego de cerrado el programa anual, quedarán afectados e integrarán automáticamente el presupuesto del año siguiente”.
En San Juan, en cambio, el gobierno decidió hacerse cargo del problema sanitario sin pedir socorro de los privados. “Vamos a poner los recursos pero continuaremos reclamando a la Nación una ayuda”, dijo el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, en declaraciones al Diario del Cuyo..
Mendoza y San Juan son las principales productoras de uvas porque concentran entre ambas casi el 92% de los parrales del país. Los recursos en esta lucha hacen falta sobre todo para la compra y distribución de feromonas (técnica de confusión sexual) y de insecticidas.
En el caso sanjuanino, Díaz Cano dijo que le van a exigir al Gobierno Nacional que también ponga recursos, ya que estimó que para la próxima campaña, que debería arrancar en septiembre harán falta entre 40 a 50 millones de pesos.
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]]>Resume Fernando: “El Gobierno se quedó a mitad de camino en una promesa para el campo y tampoco le destinará más dinero para completarla”. La nota no tiene desperdicio y muestra que también dentro de la gestión de Cambiemos hay tiras y aflojes, y que las políticas cambian o se modifican segúin cuál sea el funcionario que las lleva a cabo. El Fondagro nació de la mano de Ricardo Buryaile. Su desaparición parece estar decidida en los nuevos tiempos que le tocan a Luis Miguel Etchevehere.
Concentrémonos en la crónica de Bertello. Primero recuerda que en octubre de 2016, cuando decidió postergar la rebaja de las retenciones a la soja para enero de 2018, Mauricio Macriy Buryaile anunciaron la creación del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro), destinado a financiar proyectos en economías regionales y a productores que no eran sujeto de crédito bancario.
Cuando se hizo el anuncio, se informó que el Fondagro iba a contar con $1700 millones. Después, el 10 de febrero de 2017, con la oficialización de la norma por la que se creó el programa, se fijó que podía disponer de hasta $1700 millones.
- Pero finalmente al Fondagro llegaron solo $760 millones, es decir, casi el 45% del monto que en un primer momento se prometió asignar.
- Aun con menos plata, el programa firmó compromisos con varias provincias, cooperativas y otras entidades ligadas al sector por más de $748 millones.
- De ese dinero otorgó algo más de $522 millones. Es decir, todavía le quedan por desembolsar más de $200 millones, fondos que se irían cancelando en las próximas semanas.
- Por actividad, más de $421 millones de este fondo se destinaron a la producción de peras y manzanas. Es decir, a aliviar la crisis productiva y social en el Alto Valle.
- Otros $49 millones fueron para la vitivinicultura, muchos de cuyos productores cobraron en 2017 precios por debajo de sus costos de producción.
- Hubo $2 millones para la producción de banana de Salta y Formosa, jaqueada por las importaciones.
- Finalmente unos $50 millones fueron destinados a la actividad lechera. Se trata de los créditos prometidos a los tamberos afectados por las inundaciones más graves de la historia. La línea anunciada inicialmente había sido de $250 millones, pero la Nación no cumplió con todas las partidas.
Continúa Fernando relatando lo que le hicieron saber funcionarios de Agroindustria a representantes de la producción: “El Fondagro no tendrá nuevos fondos para repartir y no se llegará a lo que era el plan original. De hecho, ya tuvo que hacer algunos recortes para cumplir con las partidas que faltan”.
Que el Fondagro no tenga más fondos sería una decisión que se tomó en el marco del recorte presupuestario que ideó la Jefatura de Gabinete de ministros. Vale recordar que Agroindustria pasará de tener 21 subsecretarías a ocho.
“No va a tener nuevos fondos y la única posibilidad de que los tenga es que los productores que recibieron plata comiencen a devolverla”, contó una fuente al tanto del programa. En total, unos 2.500 productores habrían sido beneficiados por el Fondagro.
La creación de este fondo despertó en su momento un fuerte interés entre las entidades del campo, precisamente porque representó la posibilidad de financiar a productores que no son sujeto de crédito por estar fuera del sistema o porque no lograban tener la calificación por parte de los bancos. De hecho, el Fondagro llegó a analizar pedidos de financiamiento por $ 2.600 millones, trascendió de fuentes de la producción agropecuaria.
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