El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.

Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.

El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.

La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.

Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.

Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.

Escuchá la entrevista a Pablo Torello:

En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.

“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.

El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.

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Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.

“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.

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Los artículos 4, 9 y 17 de la Constitución Nacional son muy claros al respecto al determinar que el Poder Legislativo es el único autorizado para fijar derechos de exportación e importación.

Sin embargo, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero –violando lo determinado en el Constitución Nacional– disponen que el Poder Ejecutivo puede gravar y desgravar derechos de exportación.

En ese marco, los veintidós diputados presentaron un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, además de todas las normas complementarias, decretos y resoluciones en la materia, de manera tal que, al hacerlo, desaparecería el actual esquema de derechos de exportación y el impuesto solamente podría ser aplicado y modificado por una normativa específica del Congreso.

Vale recordar que la iniciativa, por el momento, está firmada por apenas veintidós diputados, mientras que el PRO cuenta con 50 legisladores en la Cámara baja, la UCR 33, Evolución Radical 12, la Coalición Cívica 11 y los liberales 4.

Al considerar todos los partidos de la oposición –sin contemplar a los cuatro diputados de la izquierda– la suma de legisladores llega a 135, mientras que el bloque oficialista Frente de Todos cuenta con 118 diputados.

Si bien en la última semana se publicaron en medios y redes sociales desinformaciones sobre el futuro de los derechos de exportación al “caerse” el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional –que habilitaba la posibilidad de incrementar las retenciones agrícolas con topes del 15% para todos los productos, menos los oleaginosos, que tienen un techo (vigente) del 33%–, lo cierto es que los artículos 755 y 756 del Código Aduanero autorizan al Poder Ejecutivo a seguir percibiendo derechos de exportación, a menos, claro, que prospere la iniciativa promovida por los veintidós diputados.

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“Según el Ministerio de Economía de la Nación, el universo de personas involucradas en el ámbito agropecuario representa el 30,6% de los puestos de trabajo registrados en el sector privado, de un total de 10,5 millones. Es decir, la agroindustria genera más de tres millones de empleos directos y otros tantos indirectos, con una característica única y virtuosa: su amplia distribución y cobertura territorial es un factor esencial para evitar la concentración de trabajo en grandes centros urbanos”, detallaron los referentes agropecuarios del principal movimiento opositor.

Por eso subrayaron que detrás de lo que genéricamente se denomina como ‘El campo’ hay miles de trabajadores que no tienen más que unas pocas macetas y un montón de necesidades. “Es un error pensar que las restricciones innecesarias que impone el Gobierno nacional afectan solamente al productor agropecuario, al que desde el Gobierno consideran un sujeto privilegiado”, remarcaron los dirigentes de los partidos de la oposición.

El documento fue redactado a instancias de la Fundación Alem, que corresponde a la Unión Cívica Radical, por referentes de ese espacio, de la Fundación Pensar, ligada al PRO; y del Instituto Hannah Arendt, donde se agrupan los seguidores de Elisa Carrió en la Coalición Cívica. En la discusión para lograr un consenso se mezclaron entonces las opiniones de los radicales Marcelo Rossi, Luis María Migliaro o Eduardo Manciana, con la del ex ministro macrista Luis Etchevehere y su jefe de Gabinete, Santiago del Solar, o las del diputado Pablo Torello, con la de los “lilitos” Lucho Bugallo y Lucila Lehmann. La idea es que este primer documento conjunto sirva como insumo para los candidatos de esos espacios, cuando deban hablar de agro.

El tono fue ése: los políticos opositores advirtieron que “es un error” creer que las medidas restrictivas del Gobierno en materia de exportaciones de carnes y en otros rubros afectan solo a un supuesto “sujeto privilegiado”, pues en realidad terminan dañando a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores que -directa o indirectamente- forman parte de este enorme circuito productivo.

“En medio de esta crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, el sector agroindustrial -por su escala y por su dinámica- es el que está en mejores condiciones de realizar aportes para seguir satisfaciendo el mercado interno y generando divisas, elemento imprescindible si es que se quiere avanzar hacia la recuperación socioeconómica de la Argentina”, sostuvieron los referentes.

En este sentido, remarcaron que “los sectores agroindustrial y agroalimentario son parte de la solución a los problemas del país, no parte del problema” y brindaron una serie de datos que dan cuenta del real impacto que tienen estos sectores en la economía del país.

Además criticaron “la aplicación de políticas que ya fracasaron con anterioridad” y que “terminan impactando negativamente en todas las cadenas, conspiran contra el crecimiento productivo y terminan afectando severamente a la sociedad”.

“El sector agroalimentario, pesquero y forestal aportan el 41% de los ingresos tributarios de la Argentina y generan el 60% de las exportaciones, por lo que cada medida que apunta contra el campo implica una herida de muerte a la economía del país”, advirtieron esas agrupaciones.

“Exigimos terminar con medidas económicas e impositivas distorsivas, tomadas de forma espasmódica, que solo producen mayor desequilibrio y profundizan la falta de previsibilidad, tan necesaria para llevar adelante cualquier emprendimiento productivo e incentivar la innovación. Es imperioso dejar de aplicar parches coyunturales -como el tipo de cambio múltiple- e ir por una reforma fiscal integral que incluya la simplificación del sistema, elimine impuestos regresivos y distorsivos, sea equitativa para todos los actores, disminuya la carga impositiva total e incentive la inversión y la productividad”, enfatizaron.

Este es el documento completo:

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De las 10 iniciativas legislativas que se presentaron sobre este mismo asunto, la Comisión de Medio Ambiente le dio dictamen de mayoría a una presentada por el oficialismo, aunque según contó la diputada Alicia Fregonese, de Juntos por el Cambio, contó con el apoyo de legisladores de ese bloque.

Pero hubo también un proyecto que obtuvo un dictamen de minoría. Fue el presentado por el diputado correntino Jorge Vara, ex ministro de la Producción de esa provincia. Este fue el proyecto defendido por la diputada entrerriana que participa de Medio Ambiente y que tuvo el voto a favor de los legisladores enrolados en el PRO.

Ahora esos dictámenes fueron girados a otras tres comisiones: la de Agricultura, la de Presupuesto y la de Intereses Marítimos. A pesar de que esto supondría un largo debate, todavía hay un fuerte interés del oficialismo en que el tratamiento del proyecto avance cuanto antes.

Fregonese explicó a Bichos de Campo las diferencias entre los dos proyectos que siguen en carrera.

Escuchá la entrevista:

“Tenemos una gran diferencia con la definición de humedal. El dictamen de mayoría, tiene un problema de redacción porque no define la cantidad de hectáreas que serían humedales y que podrían alcanzar las 60 millones de hectáreas, porque habla de pretensos humedales. Con esta definición estaríamos impactando sobre el 50% del área productiv”, indicó.

De inmediato aclaró que “en cambio, en nuestra definición, podríamos llegar como máximo a 30 millones de hectáreas” bajo esa consideración ambiental.

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Según Fregonese, será clave esta definición sobre lo que se considere “humedal”, ya que ese territorio se verá alcanzado por todo el resto de los artículos de la futura normativa. “En nuestro proyecto no consideramos humedales a aquellas áreas que fueron inundadas por un error de obra de infraestructura o algo no planificado”, indicó la diputada del PRO.

Un ejemplo de cómo puede impactar esta diferencia en la consideración de las zonas tiene que ver con el uso de insumos agropecuarios. Al respecto, Fregonese señaló que “el dictamen de mayoría prohíbe su aplicación en la totalidad de la superficie declarada como humedales”.

La legisladora agregó que existe otra gran diferencia en torno al inventario al ordenamiento territorial que se desprenderá de ese proyecto. Para la diputada, hacer el inventario de recursos a preservar debería ser potestad de cada provincia, que luego debería consultar el tema con el gobierno nacional. Pero a su entender, la intención del oficialismo es la contraria: que sea la Nación la que determine qué zona entra en ese inventario.

Finalmente, según contó Fregonese, el proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría establece que mientas se haga el ordenamiento territorial va a haber una moratoria, “lo que implica la prohibición de cualquier cambio en el uso o ampliación de actividades en los humedales” mientras dure el ordenamiento.

“Pero como no está claro cuando se hace el inventario y cuando el ordenamiento territorial, si se hacen en paralelo o no, entonces tenemos una incertidumbre total, porque no sabemos si la norma terminará impactando en zonas que no son humedales”, explicó la legisladora de la oposición.

En su momento, Bichos de Campo entrevistó al diputado Vara, quien explicó sus objeciones con el proyecto oficial y presentó el dictamen de minoría:

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Bichos de Campo habló con De Angeli en la reciente Expoagro, minutos después de la asamblea de productores autoconvocados que reclamaban por una baja de las retenciones a la soja, justo cuando se cumplían doce años del inicio del conflicto de 2008 que lo tuvo como protegonista.

-¿Aprendimos algo de aquel conflicto?- le preguntamos.

-Yo creo que aprendimos mucho pero igualmente no nos alcanza. Aprendimos que podemos reclamar sin perjudicar a otro. Yo no quisiera nunca más cortar rutas, porque fue lamentable. Pero en aquella época salía el gobierno, en ese caso la señora (en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner), y nos maltrataba. Eso hizo que se crispara la gente de campo, porque atacaban su dignidad- se justificó Alfredo.

En este nueva etapa, con Alberto Fernández como presidente y Cristina como su vice, el ex piquetero de Ceibas (cerca de Gualeguaychú) pidió al gobierno que “pare de crispar al campo y busque la solución” a los reclamos de los productores. “Por algo están estos cuatro días de paro. No es un capricho político sino una necesidad de los productores”, los avaló.

Mirá la entrevista completa con Alfredo De Angeli:

“Supongamos que el campo se resiste y dice ‘vamos a sembrar la mitad’. ¿Quién se va a perjudicar? Seránj la industria metalmecánica, los pueblos del interior, el transporte. El campo es una locomotora que va llevando adelante un sector de la economía y aporta los dolares que se necesitan. Hasta el Pepe Mugica reconoció que es una locura pelearse con el sector que aporta los dólares que necesita el país”, reflexionó el actual político de Cambiemos.

-Usted dice que aprendió… ¿Pero habrá aprendido algo la política?

-Yo espero que si, Maurticio Macri lo tenía claro, y por eso dijo ‘vamos a sacar las retenciones’. Yo tuve discusiones internas con él cuando volvieron, porque él había prometido en campaña que iba a ir sacando las retenciones. Y así lo hizo con el trigo, con el maíz, con muchas economías regionales, y a la soja se las iba sacando gradualmente. Y abrió las exportaciones de carne vacuna, eliminó los ROE y todo el cepo que tenía el Banco Nación para los que sembraran soja.

-Bueno, bien por Mauricio. ¿Pero qué espera de este gobierno?

-Es que no entiendo este gobierno. Parece que hay un doble comando: el presidente va por el mundo buscando que lo conozcan, buscando negocios, que le refinancien la deuda. Y por el otro lado tenemos a la ex presidenta con un grupo de militantes en contra del sector agropecuario.

Alfredo De Angeli insistió en que el gobierno actual debería revisar su política agropecuaria, en especial en el capítulo tributario. Y recomendó a los productores que hoy protestan a no ceder en sus peticiones. “Lo que tenemos que hacer es un reclamo justo, pero con mucho cuidado. Hay que tener los voceros y confiar en la Mesa de Enlace. Con un conflicto de 100 días todos perdimos. Todos perdimos y abrimos una grieta que no sirvió para nada”, rememoró.

“Que el sector agropecuario está mal, está muy mal. Especialmente aquellos productores más alejados del puerto. Para mi las retenciones son injustas y es un impuesto anti federal, ya que no es coparticipable. Ahora con la sequía, un productor que saca 1.500 kilos (de soja) por ejemplo y su costo es de 2.000 kilos, tiene que tributar igual el 33% encima que pierde, y puesto en Rosario. Entonces es injusto”, definió el actual legislador.

De Angeli consideró, en este contexto, que “es importante que nos sentemos a dialogar -Basterra es un hombre que conoce- y encontremos la solución: que apliquen el impuesto a las Ganancias y va suceder lo que ya pasó con el maíz y con el trigo, que se duplicó la producción y se compensó con una mayor recaudación por Ganancias.

-Díganos algo bueno y algo malo que le haya quedado de aquel conflicto de 2008…

-Lo bueno es que si nos juntamos podemos hacer mucha fuerza para el sector. Lo malo lo tengo como un peso: el corte de ruta. No quiero volver a cortar rutas nunca más.

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