La medida contó con el apoyo de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama), la organización que lidera Eduardo Cerdá, el actual director nacional de Agroecología. La recaudación municipal por dicha tasa, que llegó a 2,4 millones de pesos el año pasado, será destinada a financiar los arrendamientos de campos, maquinarias específicas e insumos de aquellos que deseen cambiar su modelo productivo.

El proyecto viene desde 2009, cuando primero un grupo de vecinos de esa localidad cercana a Rosario creó una radio abierta para discutir los efectos de los agroquímicos en los cultivos y en la salud de los habitantes. En ese entonces, Zavalla contaba con una ordenanza municipal que adhería a la Ley Provincial 11.723, que regulaba el uso de agroquímicos.

En 2011 se generó un cambio en la normativa y se promulgó la Ordenanza 45/11 que instaló la prohibición para radicar depósitos de fitosanitarios en el área urbana y suburbana, así como el impedimento de que circulen vehículos cargados de agroquímicos. Además prohibió la aplicación terrestre a 800 metros del límite urbano y la aplicación aérea de fitosanitario a 3000 metros.

Fue en ese marco de crecientes vetos que comenzó a pensarse en alternativas productivas. “Si consideramos que existe una legislación de prohibición de plaguicidas, es urgente entregarle a los productores alternativas a partir de las cuales no se vea limitada su capacidad de producción. Fue a partir de allí que se empezaron a implementar una serie de propuestas y programas. Una de las bases del Renama es la investigación participativa”, explicó a Bichos de Campo Claudio Benítez, asesor agronómico del  municipio de Zavalla y del Renama para Santa Fe, además de integrante de la Dirección de Agroecología Nacional.

Así, en septiembre de 2019 se aprobó una ordenanza que instaló esta nueva tasa municipal, y se creó un fondo de recursos destinado a subsidiar a productores del periurbano en proceso de transición.

Ese fondo se nutre del dinero de vecinos y productores. Los primeros abonan un monto de 600 pesos por año por casa, es decir 50 pesos por mes. Los productores, en cambio, deben abonar un canon variable en función de “qué externalidad ambiental generan con una aplicación”, según indicó Benítez.

¿Y cómo se mide esa externalidad? A través del “coeficiente de impacto ambiental” o EIQ, que tiene en cuenta el impacto de la actividad productiva sobre el ambiente, el trabajador rural y el consumidor. Para ello las autoridades hacen uno de una calculadora virtual de la reconocida Universidad de Cornell de los Estados Unidos.

El año pasado se llegaron a recaudar 2.400.000 pesos, que se destinaron no solo a estos subsidios sino a otros programas y proyectos relacionados al cuidado ambiental, como por ejemplo la separación en origen de residuos y el programa de recolección diferenciada.

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“La tasa les da un cobijo, un respaldo, y la posibilidad de ingresar en un esquema de transición sin sentirse desamparados. Como está por ordenanza, independientemente de la gestión la tasa seguirá firme porque es un derecho ganado por parte de los productores”, afirmó el asesor. La iniciativa es acompañada también por el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la provincia.

El monto recibido por los productores en transición es proporcional a su superficie y a las condiciones que cumple su producción, a la que se le hace un seguimiento periódico por parte de las autoridades. También se tiene en cuenta a dónde se vuelca lo que se produce bajo el paraguas de la agroecología. Aquellos que se orienten al mercado interno, que deriven el procesamiento a cooperativas, que entreguen alimentos a escuelas o a poblaciones de riesgo, serán los que más aportes reciban.

¿Cómo se define el monto de la tasa a pagarse? Por el momento, la misma sigue el precio de la soja. “Nosotros estamos ubicados en una zona núcleo sojera y el precio del arrendamiento de la tierra está fijado en quintales de soja. Eso forma parte también del proceso de cambio de paradigma. Habría que usar otros parámetros y no un cultivo tan extractivo para el suelo y menos adaptable a la alimentación humana”, comentó Benítez.

Hasta el momento se han sumado a este programa 13 productores locales: 11 de ellos son de Zavalla y dos son las localidades vecinas de Soldini y Pérez. Según informó la agencia de noticias Tierra Viva, la Dirección Nacional de Agroecología, encabezada por Cerdá, está intentando llevar la experiencia a otras localidades como Mercedes, en Buenos Aires, y Gualeguaychú, en Entre Ríos.

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“Nos sentíamos atados al sistema y veíamos un modelo que se estaba agotando. El cambio no lo hicimos por estar en contra de los agroquímicos, pero si nos afectaba tener que estar aplicándolos cada vez más. Dentro de nuestra zona fuimos precursores de la siembra directa. El suelo estaba muerto, no tenía estructura”, contó Marcela Calderón a Bichos de Campo.

Iniciaron allí un proceso autodidacta de aprendizaje sobre sistemas alternativos de producción, como la denominada agroecología. El primer paso fue hacer una huerta junto a la casa de la familia, que temaron como nodo central del área que destinaron a los ensayos. Junto a ese proceso pusieron en alquiler el resto de los lotes.

“Veníamos del modelo agroindustrial con créditos tomados. Esa transición financiera fue bastante fuerte, de un día para el otro lo económico no lo podés advertir. Alquilar nos servía para ir saldando esos compromisos”, explicó la productora.

La huerta fue el primer ensayo de producción sin aplicación de insumos de síntesis química, y el resultado fue tan bueno que parte de su producción la vendían. Aprendieron sobre permacultura, agricultura regenerativa, agricultura natural, agricultura biodinámica. Estudiaron casi todos los modelos de agricultura existentes hasta que llegó un primer contacto con las propuestas de Eduardo Cerdá, agrónomo especializado y actual director nacional de agroecología.

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“Participamos de varias charlas con él. Fue uno de los precursores de la agroecología y le dio visibilidad entre los agricultores. Rescatamos de eso la siembra asociada y la necesidad de salir del monocultivo. Empezamos a hacer trigo con trébol blanco, luego con trébol rojo. Ahora estamos con mucha variedad de pasturas. Lo que hacemos es cosechar el trigo y después hacemos pastura que aprovechamos con ganadería ovina”, explicó Calderón.

¿Y con las plagas y las malezas cómo hicieron? La productora indicó que sorprendentemente no han tenido ningún problema de insectos u hongos, y casi nada de maleza, y eso lo atribuye al equilibrio que adquirió el suelo.

“Si vos tenés un suelo sano, las plantas y los animales estarán sanos. Tenemos un lote partido entre el modelo tradicional y el modelo agroecológico. El tradicional está totalmente tomado por la roya y el otro nada. Hay una relación directa entre la cantidad de fertilizantes y nitrógeno que se le echa a la tierra y las enfermedades. El suelo se intoxica si hay un exceso de nutrientes”, sostuvo.

De todo ese proceso ya han pasado diez años y hoy la familia lleva orgullosamente adelante el emprendimiento “Huerto Interior”, en el que producen y comercializan su propia harina integral agroecológica. La producen con molinos propios a piedra, y cuentan también con uno paraguayo para trabajar la harina de maíz. Próximamente incursionarán en la polenta.

“Producimos alrededor de 1200 kilos de harina por mes. Es toda orgánica. Lote que recuperamos, lote que no conoce más el químico de síntesis. Tampoco usamos bioinsumos, apelamos a la regeneración natural del suelo. Tratamos de colaborar para que se recupere por sí solo”, aseguró la –ahora- emprendedora.

Comenzaron a comercializarla en ferias y ahora se la puede encontrar en comercios de la zona o por sus redes sociales. El kilo está 90 pesos y la harina se vende en bolsas de 18 kilos, o en packs por unidad a 95 pesos.

“El modelo agroindustrial necesita un solo insumo, el dinero. Está todo hecho. Está la receta agroecológica, las semillas, los insumos. No hay desafíos, todo establecido, todo está coordinado, hasta la comercialización. Ya sabes a quién se lo vas a vender, a qué precio, etc. Con la agroecología tenés un desafío todos los días porque no sabes cómo se va a manifestar la naturaleza”, remarcó Calderón y concluyó: “uno no dice que este sea el único ni el mejor modelo, pero esperamos que cada vez podamos ser más los agricultores que estemos generando alimentos más saludables”.

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La iniciativa supone la creación, en una primera etapa, de cursos prácticos formativos para la producción de alimentos inscriptos en este modelo alternativo. En un segundo momento la escuela ofrecería cursos educativos más prolongados, aunque todavía no está claro si serán o no de grado. En todos los casos, la Municipalidad de Sunchales, que trabajará en articulación con entidades como el INTA, será la encargada de emitir los certificados.

“El desarrollo de la Escuela de Agroecología se inscribe en un proyecto cuyo norte es la creación de un espacio agroecológico periurbano, que permita un autoabastecimiento local de hortalizas y frutas, dejando a un lado el actual modelo”, indica el documento de presentación al que accedió Bichos de Campo.

De eso se desprenden varias cuestiones. En primer lugar supone dejar de lado el modelo extendido en esa zona, vinculado a prácticas agrícolas tradicionales que hacen uso de fitosanitarios. En segundo lugar deja entrever que se dará pie a la realización de un nuevo ordenamiento territorial.

“La pérdida de nutrientes del suelo -demostrada por estudios científicos del INTA- causada por la agricultura sostenida con agroquímicos, implica una sostenida baja de micronutrientes en frutas y hortalizas, base de nuestro sistema de defensas contra virus y enfermedades. Por ello, prácticas agrícolas que regeneren el suelo son cada vez más necesarias”, afirma el documento.

Y asegura además que “lo que estamos viendo en las investigaciones es que los alimentos de origen ecológico, si incorporan fertilizaciones de materia orgánica, poseen concentraciones vitamínicas y minerales más altas que las de los alimentos de la producción convencional. De un 20% hasta un 60% más dependiendo de la fruta o verdura comparada”.

Por tal motivo, esta nueva escuela -que dará módulos vinculados a las verduras y hortalizas de estación, nutrición de suelo, compostaje, rotación de cultivos, citrus y frutales nativos, gallinas y huevos, floricultura y conservas- vendrá acompañada también de la creación de un “anillo verde” alrededor del periurbano.

¿Qué supone este “anillo”? “Delimitar el avance de la agricultura tradicional sobre la ciudad, y el avance de lo urbanístico sobre lo rural”, explicaron fuentes municipales a este medio.

Actualmente Sunchales cuenta con la ordenanza municipal 2405/14, que define un área restringida para la aplicación de agroquímicos de 200 metros; un área protegida de 300 metros desde el área restringida, en la que solo podrán aplicarse productos banda verde u aquellos catalogados como orgánicos; y un área controlada de 2500 metros en dónde solo podrán realizarse aplicaciones terrestres.

Si bien en principio este nuevo espacio no supondría la modificación de dicha ordenanza, sino simplemente su “blindamiento”, la misma no deja de encender alarmas entre los productores de la zona.

“El anillo sería para esos 200 metros. No hablamos de modificar la normativa sino en principio de aprovechar la oportunidad que nos genera esa normativa, y de trabajar pedagógicamente generando conciencia para producir alimentos sanos”, señaló Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales, a Bichos de Campo.

“El objetivo es promover un cambio cultural. Tenemos que cuidar el suelo y el ambiente para poder contar con un futuro”, agregó el funcionario.

Otra arista interesante de este proyecto es que la escuela y su campus se enmarcarán dentro de los terrenos denominados como “La Uno”. Se trata de entre dos y tres hectáreas que albergaron a la primera cooperativa de SanCor, y que fueron entregados a la municipalidad como parte de pago de las deudas que se ocasionaron luego de su crisis económica.

“Fue forma de buscar una salida y compensar con ese inmueble que está cargado de historia e identidad. Lo queremos rescatar para mantener en alto los valores que hacen a nuestra identidad. A partir de eso queremos construir este nuevo futuro”, sostuvo Toselli.

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Paulina recuerda la gesta de su bisabuelo, que fue continuada por su abuelo, su padre y su tío, con una bandera de Paraguay al lado de la argentina, en el acceso a la pequeña planta.

Ella parece darle mucho valor a esa historia y fue por eso que hace unos pocos meses ganó algo de fama en los medios cuando su familia decidió enfrentar al poderoso gremio de la industria láctea Atilra, que bloqueó de modo violento el lugar exigiendo que se afiliaran bajo su convenio colectivo todos los trabajadores, incluso los del campo que tenía la pyme láctea. Eran 14 sus empleados en total.

“Si había algo malo, yo estaba dispuesto a regularizarlo. Pero me planté e hice las denuncias correspondientes por las que aún esperamos el accionar de la justicia, por los métodos que eligió el gremio para reclamar. Me dolió que actuaran destruyendo las fuentes de trabajo”, explicó a Bichos de Campo la gerenta de Lácteos Mayol. Es que luego de estudiar la carrera de contadora, la mujer de poco más de treinta años decidió volver a Udaondo y hacerse cargo de la empresa familiar de casi un siglo. Seguro que ése, más que pelear con el gremio, es el gran desafío que ahora enfrenta.

Mirá la entrevista completa a Paulina Mayol:

Cuando Paulina volvió a trabajar en la firma de su familia también chocó en muchas ocasiones con su padre Luis y su tío Dardo, que estaban acostumbrados a hacer las cosas de modo mucho más artesanal: trabajaban y trabajaban sin parar. Los choques de cultura fueron tanto o más intensos que con el gremio.

Es que la joven contadora advirtió de inmediato que había que profesionalizar muchos procesos y hasta modificar el rumbo productivo de la empresa familiar, para evitar un choque que parecía cantado. Paulina aclara que a sus mayores “no les reprocharía nada a ellos, ni loca”, en referencia a que ellos lograron sostener la láctea por 80 años a costa de trabajo. Pero había que girar el timón. Estaba convencida.

“El hecho de ser mujer quizás llevó a que algunas cosas costaran mas y la falta absoluta de profesionalización generaba una resistencia muy fuerte al cambio, en parte por miedo a lo nuevo y al fracaso. Fue un trabajo de hormiga en cada uno de los sectores de la empresa”, explicó.

Había mucho que cambiar, empezando por el packaging de los quesos y el dulce de leche, que era azul y oro porque su tío era fanático de Boca y hasta pintó toda la fábrica con los colores de ese club.

En ese proceso de profesionalización, un veterinario llamado Joaquin Chiozza Logroño comenzó a manejar el tambo de la familia, produciendo cambios importantes tales como asegurar las reservas de alimentos para que las vacas puedan pasar el invierno sin depender de la compra de rollos o granos fuera de la empresa. También comenzó a variar la genética del plantel lechero, pasando paulatinamente de la raza Holando hacia Jersey, que ofrece una leche con más sólidos, más funcional para la industria.

“Joaquín es nuestra mano derecha en el campo y un apasionado de lo que hace buscando de modo permanente la innovación. Gracias a él comenzamos a migrar hacia una explotación agroecológica. Empezamos a producir casi el 100% de las reservas que tenemos en el campo y a producir nuestro propio alimento balanceado”, resaltó Paulina Mayol.

“La idea de la producción agroecológica no comenzó pensando en el negocio en sí sino en tener una mayor conciencia sobre el cuidado ambiental. Estamos convencidos de trabajar en esa línea. Luego, si podemos sacar alguna ventaja de este proceso, trataremos de hacerlo. Pero de momento nos importa producir de modo amigable” con el ambiente, recalcó Paulina.

El tambo aporta el 60% de la leche diaria que procesa la planta para hacer quesos de todo tipo, y un dulce de leche muy reconocido por su sabor. La fábrica de los Mayol tiene un par de proveedores más en la zona, pero Paulina reconoce que “es difícil conseguir leche en la zona porque ningún productor nuevo nos entrega”. La mayoría prefiere seguir entregando su leche, como en tiempos de su bisabuelo, en 1936. Vacalin es la principal compradora en la zona.

“Veo en el tambero de toda la vida la resistencia a un cambio de usina o a un cambio de esquema y así diversificar sus riesgos. La realidad es que hay estructuras muy arraigadas en la zona y muy difíciles de librar”, reflexionó.

“Lo que una más quiere es generar fuentes de trabajo en su pueblo, pero lo acontecido con Atilra me hizo repensar el modelo de empresa”, comentó paulina Mayol, quien se vio obligada a retroceder con una serie de inversiones previstas en la planta láctea, para cumplir compromisos con otras empresas alimenticias. Incluso pensaban ponerse a producir dulces de otras frutas, para proveer a un socio mucho más grande que ellos. Pero el conflicto paralizó esos emprendimientos.

“Abandonamos proyectos de crecimiento y de diversificación. La idea era migrar a la producción de otro tipo de dulces y teníamos un proyecto en desarrollo con Molinos Cañuelas pero hoy lo pusimos en el freezer, a la espera de resoluciones judiciales ya que no sabemos si tendremos que reincorporar a personal despedido imputado en la causa penal” que se inció tras el bloqueo de Atilra, sintetizó.

Mayol trabaja ahora con diez empleados, cuatro menos que antes y con un 40% menos de materia prima. Es una pequeña Pyme láctea que se aproxima a celebrar su centenario, si los contextos se lo permiten.

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En una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Basterra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pidió precisiones sobre el alcance de la resolución 91/2021, que fue publicada la semana pasada creando un “Programa de Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales (IDER)”. Allí se promete apoyo a los productores de actividades extrapampeanas. Pero no queda claro si para ser sujetos de la ayuda del Estado deberán ser prioritariamente productores “agroecológicos”.

Es lo que preguntó la CAME, que tiene una activa representatividad sobre las Economías Regionales. “Celebramos y promovemos iniciativas que tengan por objeto fomentar el desarrollo sustentable de la agroindustria nacional (BPA, BPM, Triple Impacto, etc.). Sin embargo, en esta oportunidad entendemos que el mencionado programa estaría destinado únicamente a las actividades realizadas en zonas agroecológicas, excluyendo a la mayoría de las producciones regionales”.

En el anexo que acompaña esa resolución, en rigor, se define que serán beneficiarios del Programa aquellas actividades que “se ubican en una región agroecológica específica y necesaria para su desarrollo”, entre otras condiciones. Pero luego se precisa que entre los proyectos que pidan apoyo oficial tendrán prioridad aquellos que, entre otras cosas, realicen “procesos que resulten ambientalmente sostenibles y/o vinculados con la economía circular o con la bioeconomía en todas sus ramas, o prácticas que tiendan a la transición hacia sistemas productivos agroecológicos”.

¿En qué sentido se utiliza aquí la palabra agroecología? Curioso sería, un programa destinado a fomentar las economías regionales que excluiría a la mayor parte de los productores de las economías regionales, que por cierto no aplican ese conjunto de prácticas que algunos vulgarmente definen como “agroecología”.

Esta es la carta enviada por la CAME a Basterra:

Desde CAME, en busca de aclaraciones, recordaron que dentro del segmento de economías regionales hay “más de 30 complejos productivos y representa el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales, las que exportaron en 2020 por un monto de 7.015 millones de dólares y emplean al 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a alrededor de 625.000 temporarios”.

Por supuesto, en ese enorme flujo de trabajo y dinero son muy pocos las actividades que se encuadrarían en lo que difusamente el Estado define como “agroecológico”. En realidad, como no existe un parámetro para definir qué es agroecológico y qué no lo es (vulgarmente se supone que un planteo sin agroquímicos ni transgénicos encuadra en esos modos productivos), siempre quedan dudas. Y el criterio oficial de fomentar los planteos de ese estilo figura cada vez más en las disposiciones estatales.

Es lo que le dice CAME a Basterra sobre el flamante programa de fomento que se desarrollará desde el Ministerio: advierte que se vislumbra en la resolución “un sesgado recorte en cuanto a los posibles destinatarios de los beneficios que supone el IDER: los micro, pequeños y medianos productores agroecológicos de las economías regionales”.

¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué los define? No se sabe.

“Dado que existen diversos modelos de producción que generan tanto o más impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente, desearíamos conocer qué actividades contempla el Programa y si la condición de ‘agroecológico’ es excluyente para poder aplicar -o bien es solo una expresión mencionada en el Anexo de la resolución-“, reclamó saber la entidad.

Otro tema de preocupación sobre el flamante IDER es si su ejecución dependerá solamente de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio. Si así fuera el caso, una buena iniciativa “será inviable en el tiempo”, evaluaron los dirigentes.

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