“Los insecticidas de la familia neonicotinoides, así como también la sustancia activa Fipronil, han sido sujetos a procesos de reevaluación de sus usos agrícolas aprobados por diversas agencias regulatorias del mundo”, informó el Senasa en la Resolución 425/2021, que fue publicada en el Boletín Oficial y dispone un plazo de seis meses para prohibir la importación, la formulación y el fraccionamiento de productos fitosanitarios formulados a partir de este principio activo.

Luego, en un curioso plazo de 485 días (que nos aproxima a fines de 2022), se prohibirá “la comercialización y uso en todo el Territorio Nacional de los productos formulados a base de Fipronil como Suspensión Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (WG)”

“A partir de esa fecha, se producirá la baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos”, avisó Senasa, que así pone fin a un periodo de consulta pública sobre ese producto químico.

El Fipronil comenzó a ser revisado junto a otros insecticidas como  Acetamiprid, Imidacloprid, Tiametoxam, Clotianidin, Dinotefuran y Tiacloprid, especialmente a partir de estudiar su impacto sobre la población de abejas en el medio rural. Existen varias empresas que lo utilizan para ofrecer a los productores para el tratamiento de semillas), en cebos o como “suspensión concentrada y gránulos dispersables para la pulverización sobre cultivos y pasturas”.

Según informó Senasa, en el periodo de consulta pública las empresas que lo utilizan para formular varios productos “no han aportado la información complementaria que permita concluir el análisis de riesgo para los usos agrícolas de protección de cultivos dependientes de la pulverización al suelo o al follaje de los cultivos en los que está autorizado su uso en Argentina”.

Por eso, el organismo admitió que “no resulta posible determinar que los usos de Fipronil en pulverizaciones de cobertura total sobre cultivos no representen un riesgo inaceptable para las abejas silvestres y melíferas, cuando se aplican las medidas adecuadas de mitigación de riesgo”.

A partir de noviembre de 2022 ya no podrá usarse más Clorpirifós en todo el territorio argentino

A nivel agrícola el Fipronil es un insecticida usado para combatir las pulgas, los piojos, las garrapatas, cucarachas y ácaros. Entre las numerosas plagas que controla se destacan Diabrótica, Gallina ciega del maíz, gallinas ciegas, Gusano alfilerillo del maíz, gusano de alambre, mayate rayado, picudo de la papa, picudo del algodón, picudo del tabaco, etcétera.

El Fipronil es un principio activo que actúa por contacto y por ingesta y que basa su efectividad en atacar el sistema nervioso central de los insectos. Su bloqueo desemboca en una hiperexcitación nerviosa que lleva al insecto hasta la muerte. Por eso también tiene usos muy cotidianos, como en las pipetas utilizadas para librar de pulgas las mascotas o para eliminar las cucarachas de una vivienda.

Desde hace un tiempo que este insecticida no debería aplicarse a animales destinados directamente a la alimentación humana, como las gallinas. En Europa, en 2017, estalló un escándalo que lo puso en la mirada de todos cuando debieron retirarse millones de huevos del mercado debido a que la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) de Bélgica determinó que una empresa holandesa ChickFriend había realizado un tratamiento basado en Fipronil sobre las gallinas ponedoras.

Semana de la miel: Desde la Sociedad de Apicultores reclaman la prohibición de agroquímicos que causan “mortandad directa” de las abejas

La resolución de Senasa dispone que las empresas que tienen productos agrícolas basados en esta sustancia podrán darlos de baja voluntariamente del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal antes de que venzan los plazos, lo que debería suceder cerca de fines de 2022. Pero para empezar, deberán declarar sus existencias.

El Senasa estableció que “resulta conveniente dejar transcurrir un plazo razonable antes de que sea aplicable la reducción de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos a los efectos de inscripción de los usos foliares de la sustancia activa Fipronil, con el fin de que los productores agrícolas de Argentina o de los terceros países, tengan tiempo de prepararse para cumplir los nuevos requisitos”.

Esos límites máximos fueron fijados en 0,01 mg/kg (miligramos por kilogramo) de la sustancia Fipronil en todos los productos y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para el consumo interno. El plazo para empezar a controlar eso y eventual,mente aplicar sanciones será generoso; de 605 días a partir de la entrada en vigencia de esta norma.

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Ernesto Ambrosetti, director ejecutivo de Fundación Campo Limpio, entidad que tenía esa responsabilidad, comentó a Bichos de Campo que “seguimos trabajando proactivamente con el gobierno provincial para llevar adelante el sistema de gestión, incorporando los nuevos requerimientos que nos hicieron desde la secretaria de Ambiente provincial, tanto en el CAT de Alta Italia, como en el de Colonia Barón, y de este modo poder arrancar con el sistema lo antes posible”.

Escuchá lo que nos decía Ernesto Ambrosetti:

Ambrosetti también dijo que, mientras tanto, “diseñamos un sistema de campañas itinerantes en distintas localidades de La Pampa para llevar adelante la recolección, y todo esto también lo estamos charlando con el gobierno provincial”.

“Nuestra intención es acelerar los procesos todo lo posible para terminar con los nuevos requerimientos, y lograr que se elimine a la brevedad esta medida que no permite comercializar agroquímicos en La Pampa”, concluyó el director ejecutivo de Fundación Campo Limpio.

Ver: La Pampa finalmente prohibió la comercialización de agroquímicos

Por su parte, la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), emitió un nuevo comunicado en el cual advirtió que la prohibición tendrá consecuencias muy negativas para las agronomías y cooperativas pampeanas dedicadas a la venta de agroinsumos.

“Pone en serio riesgo sanitario a la producción en curso; un avance significativo en la población de orugas y enfermedades foliares, se están produciendo en la zona, y los cultivos no estarán exentos de otro tipo de amenazas, en el corto y mediano plazo, si no son aplicados los procedimientos preventivos correspondientes”, alertó Fedia.

El comunicado de la federación recordó que la responsabilidad de instalar los centros para recolectar los envases vacíos de agroquímicos, como exige una ley nacional sancionada en 2016, cae por entero en la Fundación Campo Limpio. “Por ello que solicitamos se reconsidere esta medida y se reemplace por una más justa y que realmente apunte a señalar la falta de los verdaderos responsables de esta situación”, concluyó.

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¿Para qué prohibir algo que no se usa? Esa es la pregunta que deberían hacer los habitantes de Chubut a sus legisladores y a su gobernador. Los primeros votaron a mitad de mayo pasado -por unanimidad- el proyecto de ley del diputado del Frente para la Victoria, José Grazzini prohibiendo en el ámbito chubutense la fabricación, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes.

En tanto, el gobernador Mariano Arcioni, que primero había declarado que iba a vetar esa ley, acaba de promulgarla esta semana. El documentado que oficializa la promulgación de la ley provincial tiene fecha del martes 4 de junio del 2019 y lleva la firma del gobernador.

En esta promulgación se acuerda con los principios del proyecto que establecían que “se prohíbe en todo el territorio de la provincia la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tenga como base o principio activo el glifosato”.

Con esta decisión, Chubut se transformó en la primera en todo el país que prohíbe el uso del agroquímico, que es el más popular y el más odiado a pesar de que ha sido un insumo clave para que las cosechas argentinas de granos (que por cierto, no se siembran en Chubut) crezcan hasta superar las 140 millones de toneladas este año.

Son brillantes los políticos de Chubut, que legislan en base a informes no oficiales sobre el supuesto impacto del glifosato en la salud de personas que viven muy lejos de donde ellos están, por lo menos a más de 1.000 kilómetros de distancia. El debate es muy necesario, pero sería bueno que se produzca en las zonas donde realmente sí se usa este agroquímico.

Pero bueno.. Suena lindo en un año electoral ser parte de una épica de defensa ambiental prohibiendo un agroquímico que no tiene uso productivo conocido en esta lejana provincia patagónica. Es que en los valles bajo riego que tiene Chubut se producen algunos cultivos y pasturas que no necesitan glifosato. Tampoco es una opción interesante el aplicar este famoso matayuyos sobre una estepa donde apenas crecen plantas, porque casi no llueve.

El gobernador Arcioni, que se subió a esta gesta, primero había declarado que iba a vetar el proyecto detrás del mismo veía una maniobra electoral. “Fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”, declaró. Pero después se subió a la fiesta. En el medio, debe haber pedido alguna encuesta.

¡Ay! Si el glifosato sirviera para erradicar políticos medriocres otra sería nuestra historia.

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Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.

Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.

De la prohibición se pasó sin escalas al “cumplimiento de un protocolo” para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.

Ver: Rosario, la “capital de la soja transgénica”, prohíbe el glifosato

El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.

En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.

La voz ruralista. Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que “les faltaba información” y que la ordenanza debía ser revisada.

Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada “en todo el mundo” con la actividad agropecuaria, y que sobre todo “carece de rigor científico”.

Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.

Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.

En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto “no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable”.

“Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso”, recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita “revertir este asunto”.

El “asunto” en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.

Recalculando. Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.

Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un “protocolo” que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.

El texto también encomienda a esa repartición “implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso”. Para lograrlo, le sugiere “coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario”.

Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.

Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.

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Ver Rosario, la “capital de la soja transgénica”, prohíbe el uso de glifosato?.

“La ordenanza ya fue aprobado por unanimidad por el concejo. Somos 28 los concejales que lo integramos, de distintas facciones políticas, y estuvimos de acuerdo en que avance en esta ordenanza, aunque parezca paradójico y Rosario sea considerada la capital de la soja. Sentimos que hay que hacer un esfuerzo de ambos lados, quienes demonizan al glifosato, y quienes sostienen que no es de los agroquímicos de mayor toxicidad”, explicó Miatello en Bichos de Campo.

Escuchá el reportaje completo:

Miatello recordó: “Desde hace años que hicimos pedidos de informes, reuniones, dictámenes de facultades de medicina al respecto. Y como no había posiciones certeras, la propia dinámica de las circunstancias nos llevó a tomar posiciones más duras, como lo es esta ordenanza resultante”.

“Creemos que debe darse una discusión a nivel nacional, porque nosotros, más allá de que queremos ser parte de esa discusión,  como concejales de Rosario sentimos que es un tema que nos excede. El problema es que la ciencia no parece ser objetiva, porque hay dictámenes contrapuestos atravesados por intereses y posiciones ideológicas propias. En Europa por ejemplo, se está dando discusión a este aspecto, donde hay países que avanzan claramente en la prohibición del glifosato y otros que no”, añadió el edil.

“En el caso de Argentina, al ser exportadores líderes de soja, entendemos lo que significa prohibirlo. Por eso no cerraremos la discusión acá”, concluyó el concejal rosarino.

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