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]]>Pero, increíblemente, esta semana el Poder Legislativo de Tierra de Fuego sancionó una ley que prohibió la salmonicultura industrial, es decir, la única actividad viable que podría tener esa provincia, dado que la otra, el turismo, se encuentra en problemas debido a la pandemia de Covid-19.
“Desde el 2018 venimos luchando junto a distintas asociaciones ambientales, productores artesanales y vecinos, para ponerle un límite a un tipo de producción industrial que solo deja destrucción a su paso”, aseguró Pablo Villegas, diputados del Movimiento Popular Fueguino y autor de la particular iniciativa.
“Esta es una ley que viene a proteger a nuestros productores locales, a nuestro entorno natural y al turismo, que es pilar de nuestra economía y fuente de miles de puestos de trabajo que debemos preservar”, añadió.
Pero Villegas omite decir que el pilar de la economía fueguina es el régimen de promoción creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972, por medio del cual se viene subsidiando hace décadas la radicación de industrias con el propósito de que las mismas, en algún momento, se tornasen lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal.
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El costo fiscal del régimen, destinado a subsidiar fundamentalmente a ensambladoras de artículos electrónicos elaborados con piezas importadas, no es poca cosa: este año consumirá unos 77.800 millones de pesos.
Si consideramos que existen unos 11.000 empleados en la industria promovida fueguina, entonces podríamos pagarle un subsidio de casi 300.000 pesos mensuales a cada uno para ahorrarnos nada menos que la mitad de ese colosal paquete de subsidios, es decir, 38.900 millones de pesos.
Si bien el régimen finaliza en 2023, ya comenzó una intensa campaña para extenderlo por varias décadas más, lo que representa una desvirtuación de la Ley Nº 19.640, cuyo propósito original fue fomentar el desarrollo de un polo industrial y no un “agujero negro” de subsidios estatales financiado hasta la eternidad con dinero de todos los argentinos.
En Sesión de la Legislatura, hoy prohibimos la salmonicultura en Tierra del Fuego.#NoALasSalmoneras pic.twitter.com/eA0HVq2Xat
— VictoriaVuoto (@VictoriaVuoto) July 1, 2021
Para el sector agroindustrial argentino este es un tema crucial, porque un régimen como el fueguino sólo puede funcionar en una economía cerrada y aislada del mundo, que es justamente lo contrario a lo que necesita una cadena de valor competitiva para poder evolucionar.
El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos podamos contar con una gran diversidad de artículos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con Asia, por medio de la cual podríamos incrementar las exportaciones de productos agroindustriales a ese destino a cambio de importar, sin restricciones, productos digitales y electrodomésticos desde diferentes naciones asiáticas.
Por tal motivo, la prohibición de una actividad económica en una provincia, que para colmo es la única viable en la actual coyuntura de Tierra de Fuego, es una pésima noticia para todos
Sería bueno, en todo caso, aprobar una legislación nacional que prohíba la extensión de los regímenes fiscales de promoción, de manera tal que los mismos expiren al finalizar su ciclo. Porque está muy bien cuidar el ambiente. Pero no a costa de los recursos de los argentinos, la mayor parte de los cuales, vale recordar, son pobres o no llegan a fin de mes.
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]]>La entrada Borrón para las deudas de las empresas que nacieron con el Régimen de Promoción Industrial se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Macri, en el decreto publicado esta martes en el Boletín Oficial, puso en acción lo que ordenara un artículo específico de la última Ley de Presupuesto 2017, que se incluyó básicamente luego de una gestión intensa del Gobierno de la Provincia de La Rioja.
“Condónanse las deudas de empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial, ley 22.021 y sus modificaciones, generadas hasta el período fiscal 2015 —cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren—, originadas por el usufructo de una cantidad de bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida, que hubiera sido acreditado en el marco de un proceso judicial cuyo resultado finalmente fue adverso a las beneficiarias del citado régimen, en la medida en que dichas empresas hubieran cumplido con las obligaciones previstas en su acto particular de concesión de beneficios. La condonación alcanza el capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios”.
Así de generoso será el perdón. El artículo de marras también había suspendido por 180 días las ejecuciones fiscales a las empresas deudoras.
¿De cuánto es la deuda? No se sabe demasiado al respecto. Lo cierto es que en la discusión del Presupuesto 2017 La Rioja festejó con ganas la inclusión de este artículo, ya que se vinculaba la existencia de esas deudas con la estabilidad laboral en las fabricas de aceite de oliva y aceitunas de mesa. El secretario general de la UOM riojana, Omar Carrizo, explicaba que “los empresarios nos manifestaban que era imposible continuar en la provincia con la espada que los empujaba día a día a irse de la provincia. Entendían que si no se arreglaba esto, podían cerrar las empresas. Algunos con esta excusa se fueron, otros están suspendiendo también”. Solamente en esa provincia había 28 empresas con pasivos exigidos desde el Poder Ejecutivo.
Obviamente, al conocerse el decreto de Macri también el oficialismo de Cambiemos se atribuyó el éxito de la gestión. “Desde hace muchos año lo venimos planteando pero nunca fuimos escuchados y este gobierno en su primer presupuesto, lo convierte en realidad”, sentenció el ex ministro de Defensa y precandidato Julio Martínez. Y agregó: “Lo había pedido en diferentes presupuestos nacionales, pero la anterior gestión de gobierno se negó sistemáticamente con el apoyo de los legisladores que responden al bederismo. A ellos nunca se les cayó una idea para salvar a nuestras empresas, que ya acarrean una aguda crisis desde hace 5 años”, finalizó.
Pongamos un poco de contexto. En el régimen de promoción industrial que regía en el país se había establecido, entre otras cosas, que las industrias que se instalaran en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan quedaban exentas de pagar el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. La Ley 22.021 fue promulgada en 1979 y solamente otorgaba estos beneficios a la provincia de La Rioja. Luego, entre 1982 y 1983 se sancionó la extensión y vigencia del régimen de promoción fiscal en las otras tres provincias.
Provincias como La Pampa y Mendoza, entre otras, fueron claramente perjudicadas con este régimen, que no las incluía y atraía a las empresas hacia provincias vecinas. La Pampa tiene solo el 8% de su tierra con alta y media aptitud agrícola, por lo cual exige avanzar en una estructura con fuerte peso industrial. Sus gobernantes expresaron que es una provincia agropecuaria con escaso desarrollo industrial, en gran medida por la aplicación de estas leyes discriminatorias.
Las provincias beneficiadas con este régimen trataron de prorrogarlo pero no tuvieron éxito y todo se extinguió en 2012. Pero quedó una abultada deuda por cobrar a las empresa beneficiarias, fruto de la diferencia entre el el crédito fiscal acumulado y las inversiones realmente realizadas.
En su momento, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) actualizó un trabajo que realizó en 1999 en donde se identificaban y estimaban las consecuencias para el país y para Mendoza de los regímenes de promoción. Esta actualización se realizó porque el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el decreto N§ 699 del 20 de mayo de 2010, prorrogó el régimen de promoción industrial que beneficiaba a estas cuatro provincias hasta el año 2027. Esta prórroga, sin embargo, no se aplicó porque finalmente no fue reglamentado por Cristina Kirchner.
Los resultados del trabajo del CEM son impactantes. Afirman que a valor actualizado al año 2010 neto del costo efectivamente incurrido por el régimen de promoción alcanzó los $179.152 millones, equivalente al 12,4% del PBI de la Argentina. La cifra representa el 27,4% de la deuda pública del sector público nacional y el 43,4% del gasto público nacional para ese mismo año.
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]]>Luego de los acuerdos firmados con los sectores petrolero (para Vaca Muerta); automotor; textil y calzado y el aluminio, el Gobierno avanza ahora con el rubro de biotecnología, que se sellaría en las próximas semanas. En este marco, el compromiso oficial es reglamentar la vieja ley, que data de 2007, y otorgarle a las empresas que desarrollen nuevas inversiones los beneficios impositivos de amortización acelerada de los bienes de capital en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la compra de maquinaria.
Además, el Estado garantizará financiamiento a tasas y plazos acordes al riesgo de esas inversiones. Por su parte, los privados se comprometerán a realizar nuevos desarrollos por u$s 600 entre este año y el 2019, incrementar las ventas en el mercado externo y crear nuevo empleo. En este caso, no hay participación del sindicalismo.
La secretaría de Transformación Productiva, que preside Lucio Castro, viene manteniendo reuniones con miembros de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) para diseñar el acuerdo desde hace dos meses. Fuentes de algunas empresas del sector afirmaron a El Cronista que una de las principales señales del convenio será la reglamentación de la ley, que tiene una demora de diez años y que buscará darle mayor impulso a la industria. De todas maneras, los únicos beneficios de la norma que serán reglamentados son los mencionados previamente, ya que el mensaje fue que “no hay plata” y que otras medidas específicas para el sector implicarían un alto costo fiscal que hoy no podría afrontarse.
Otro de las mejoras tributarias mencionadas en la ley 26.270 es la rebaja de las contribuciones patronales. Concretamente, menciona la conversión en bonos de crédito fiscal que podrían ser usados para el pago de impuestos del 50% del monto de las contribuciones a la seguridad social, sobre la nómina salarial afectada al proyecto. También propone la conversión en bonos fiscales del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Sin embargo, la inminente reglamentación no prevé, según precisaron las fuentes, incluir este último beneficio, que igual mente estaría incorporado en la reforma integral que enviará el Ministerio de Hacienda al Congreso luego de las elecciones.
Otros de los compromisos del sector público, según el último borrador del acuerdo, es aumentar los reintegros a las exportaciones del sector, así como también impulsar una modificación del compre nacional para garantizar una demanda efectiva de productos biotecnológicos.
El objetivo del acuerdo es visibilizar un sector con gran desarrollo en el mundo y una enorme potencialidad. Luego de una década sin impulsos concretos a esta actividad, el actual Gobierno considera que es uno de los sectores estratégicos por su potencial para mejorar la productividad y generar un salto de competitividad en otras actividades industriales, como alimentos, vacunas, diagnóstico, biocombustibles, entre otras.
Fuentes de Producción aseguraron que si bien la Argentina hoy tiene fuertes capacidades científicas y empresariales en el sector, la actividad requiere de un marco para favorecer la aceleración de inversiones, la creación de empleo y la articulación con el sistema científico tecnológico.
El objetivo del acuerdo, que será firmado por los ministerios de Producción, Ciencia y Agroindustria junto con la CAB, es potenciar la generación de valor a partir de políticas de financia miento productivo, desburocratización y la generación de empleo calificado. Los temas crediticios quedaron descartados.
“Nos dijeron que amortización de Ganancias y devolución de IVA era todo lo que había”, sostuvo un empresario respecto de la reglamentación de la ley. Sin embargo, en el acuerdo que se firmará en breve quedarán expuestas las herramientas financieras que hoy están disponibles.
La industria de biotecnología está compuesta por unas 200 empresas, de las cuales el 63% se dedica a salud humana y animal, el 22% al agro y el 15% a biotecnología industrial. El 70% son pymes con menos de 50 empleados.
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