Apurado por una audiencia que debe realizarse el jueves 9, Lorenzini escribió que “corresponde adelantar aquí que el pedido de prórroga o extensión de la exclusividad será favorablemente acogido. Pero limitando el desarrollo de los plazos propuestos al día 31 de marzo de 2022”.

Sin acuerdo firme con las tres cerealeras, Vicentin pidió al juez Lorenzini otros seis meses de plazo para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores

El juez comercial de Reconquista, que maneja este concurso desde que Vicentin se declaró en convocatoria en febrero de 202 con un pasivo superior a los 1.300 millones de dólares, avisó que llegada esa fecha (fines de marzo) “debera examinarse el avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores a los efectos de considerar, eventualmente, una extensión del plazo, únicamente para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta. Todo ello sin perjuicio el oportuno examen de abusividad”.

¿Qué quiere decir aquí Lorenzini? Cerca de Vicentin tradujeron que tendrán tiempo para formular una nueva propuesta a sus acreedores y negociar con el grupo de empresas cerealeras que podrían cooperar con el salvataje de la compañía (ACA, Molino Agro y Viterra) hasta fines de mayo. Pero quizás después de eso quede un tiempo extra -hasta junio- para cumplir con todos los pasos que permitan dar por válido ese acuerdo.

Esto es lo que debería suceder si se quiere evitar la quiebra. Ahora hay un tiempo más para hacerlo.

Este el el falló de la prórroga dictado por Lorenzini:

El juez de Reconquista ya había rechazado por insuficiente (por no decir una mala palabra) la anterior propuesta que hizo Vicentin a sus acreedores, que son varios cientos, entre empresas de servicios, productores que le proveían de granos, cooperativas y acopios, organismos del Estado Nacional y -sobre todo- varios grandes bancos internacionales.

Aquella propuesta planteaba que Vicentin dolarizaría todos sus pasivos pero a la cotización del día en que ingresó en default (es decir 60 pesos) para luego establecer una quita del 70% a todos sus acreedores, cualquiera sea su tamaño. Luego ofrecía pagar los saldos (unos 470 millones de dólares) en qcómodas cuotas anuales por 15 años y sin recarga de intereses. De esa manera estimaba poder cumplir solamente con el giro corriente de las plantas de la empresa, que seguirían operando gracias al aporte del grupo de cerealeras que hoy trabajan allí a fazón, es decir alquilando las instalaciones.

Vicentin formalizó su propuesta: Sigue siendo pijotera, pues plantea una quita del 70% y devolución del saldo en 13 cuotas, salvo para los acreedores más pequeños

Lorenzini rechazó esta primera oferta y entonces sucedió lo del pedido de prórroga para encarar esta nueva negociación. Será un verano caliente en los despachos de deudores y acreedores.

Como condición a conceder este plazo adicional, el juez de Reconquista exigió a la aceitera concursada varias cosas. Por ejemplo:

• Asegurar la “viabilidad y continuidad operativa: La concursada deberá continuar garantizando el funcionamiento operativo de la empresa por todo el año 2022, anticipando cualquier situación o evento que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad con antelación”, dispuso.
• Que elabore una propuesta de organización empresaria, una cuestión ya consentida por la propia concursada que todavía está pendiente. ¿De qué se trata? Vicentin deberá proveer información acerca de las consecuencias que su propuesta a los acreedores podría generar sobre las fuentes de trabajo, sus flujos financieros estimados y la financiación a la que ueda acceder como parte del plan de salvataje.

“Al igual que en la anterior oportunidad, la propia concursada deberá establecer, dentro de los 5 días contados a partir de la notificación de la presente, una fecha límite para la presentación en el expediente de dicho plan, designando las personas responsables de explicarlo ante el Tribunal y los Acreedores, en audiencia que se designará a tales efectos. El plazo límite para su presentación en el expediente y exposición, será el día 28 de Febrero de 2022”, determinó Lorenzini.

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Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, estuvo presente como invitado y mostró su apoyo a dicho proyecto.

“Hay un planteo de resguardo de las pymes y empresas no integradas, sobre todo cuidando los puestos de trabajo. Está establecido el porcentaje de cortes y hay un tratamiento específico del precio en el surtidor. Tiene un alcance y desarrollo sobre la sustitución de importaciones a los combustibles líquidos y crea la Comisión de Análisis y Seguimiento que nos parece importante”, dijo el funcionario en la apertura del encuentro.

El diputado Omar Félix, autor del proyecto oficialista sobre biocombustibles, no logró explicar con claridad por qué propone bajar el corte de la nafta y el gasoil

En cuanto a la baja del corte de biodiesel, uno de los puntos controversiales del proyecto, Martínez aseguró que se trata de “un mecanismo para amortiguar en el surtidor el precio del aceite de soja” y que el proyecto busca definir un horizonte de previsibilidad que fomente las inversiones.

Respecto a las preocupaciones señaladas por la oposición sobre la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos internacionales ante la baja del corte de los combustibles fósiles, el secretario afirmó: “Los compromisos internacionales que asumió argentina contemplan varias medidas de reducción de las emisiones y estamos trabajando en ese sentido. Las emisiones están estrictamente analizadas, periódicamente revisadas y adecuadas en función de cumplir con esos objetivos”.

Sin embargo esta exposición no alcanzó para tranquilizar las aguas entre los legisladores y al comienzo del debate varios se mostraron en desacuerdo.

El Diputado bonaerense Fabio Quetglas dijo que “en 2006 se legisló con el petróleo a 120 dólares para un lado, y ahora como los commodities están caros se legisla para oel tro. Nuestros marcos institucionales tienen una idéntica variabilidad a los mercados. Amortiguar a la larga no funciona, tenemos que crear instituciones que de certezas”.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

Por su parte Juan Manuel López, legislador por CABA, sostuvo que “hubo bastante improvisación” y remarcó la falta de datos oficiales en torno a puntos como la capacidad instalada de la producción, el impacto en la reducción de cortes, las fuentes de empleo generadas, las emisiones mitigadas, entre otras.

El entrerriano Atilio Benedetti planteó la preocupación por los puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas. Analizó que la iniciativa tiene un claro sesgo coyuntural y que no se “puede afectar los lugares de trabajo por una variación circunstancial” porque las “oscilaciones del mercado se corrigen con el tiempo”.

Hacia el cierre el santafesino Luis Contigiani sostuvo que el debate no puede “intoxicarse de intereses corporativos ya sea de lobby petrolero o cerealero” pero que es un grave error que el oficialismo “no pueda justificar la baja en el corte”.

“Sobre el argumento del aumento de los commodities, tendríamos que entrar en otra discusión que son los formadores de precio en Argentina. No es un tema monetarista, es un tema de captura de ganancia de sectores concentrados. Ese no puede ser el argumento de la baja de cortes”, concluyó.

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Según el texto del decreto, la ley 26.093 extenderá su vigencia hasta el 12 de julio de este año o hasta que se sancione un nuevo marco regulatorio. Pero teniendo en cuenta las críticas de la oposición, el plazo de 60 días termina pareciendo un período demasiado corto para arribar a algún acuerdo.

“Esto marca el problema que venimos teniendo en el sector desde hace años: la inestabilidad. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuándo se cambian las reglas de juego, no sabemos qué horizonte tenemos para proyectar nuestros negocios. El Congreso está totalmente ausente de las necesidades de políticas públicas que tiene el sector productivo argentino”, señaló a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de Fundación Barbechando.

-Teniendo en cuenta los tiempos legislativos, ¿sesenta días son suficientes?

-No creo que una política pública, que pueda definir cuáles son las reglas de juego de un sector como los biocombustibles, se pueda discutir en 60 días. Menos con la falta de conocimientos que tiene el Congreso de la Nación. El Congreso tiene que acudir a especialistas técnicos a los que les consulten cómo es esto. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo es en el resto del mundo? ¿Es obligatorio el corte? ¿Cómo hacen los países a los que les va bien? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué porcentaje queremos en 10 o 20 años?

Paats agregó luego que el debate por biocombustibles era “una excusa ideal para que el Congreso se ponga los pantalones largos y trabaje como corresponde en políticas púbicas”, pero que la prórroga no hace más que demostrar que “no se está preparado para darle a la Argentina las reglas de juego de los próximos años”.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

-¿Qué opinión te merece el hecho de que Argentina haya ratificado el Acuerdo de París y que aún así se quieran bajar los porcentajes de corte de biocombustibles?

-Es parte de esta política de apartarnos de la realidad del mundo. Esto es un ejemplo del famoso slogan que tenemos los argentinos de que borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Si ya nos comprometimos con acuerdos internacionales a seguir un camino, deberíamos ratificarlo. ¿Nada más fácil no?

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“Extiéndese la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la Ley 26.093, hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero”, dice el primer y único artículo importante del decreto de último momento firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Feliz Día de la Tierra: Ingresó al Congreso argentino el proyecto que desmantela el régimen de biocombustibles para beneficiar a las petroleras

Desde hace más de cuatro o cinco años que el sector productor de combustibles a partir de cultivos y no de petróleo, por lo tanto renovables, pretendía discutir un nuevo marco que reemplace al que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner en 2006. Querían incluso amplificar la cantidad de combustibles verdes utilizados, hasta el doble del valor actual, copiando modelos que existen en otras partes del mundo. La política, ausente de los problemas terrenales de quienes producen cosas en este país, ignoró este debate por completo.

Finalmente los productores de biodiésel y bioetanol no lograron ese objetivo y, por el contrario, a último momento la pereza (o desidia) de la política decidió prorrogar ese régimen, lo que implicaba no elevar el corte obligatorio de los combustibles fósiles sino simplemente mantener la tasa actual, que es del 10% para el gasoil y del 12% para las naftas. Se hicieron añicos los sueños de elevar el corte al 20 o 25%.

En medio de la modorra de la política idiota (en el buen sentido, porque el diccionario define al idiota como “que es poco inteligente”), en octubre pasado el Senado por unanimidad, pensando que se agotaban los plazos para una discusión, votó la prórroga del régimen que habilita el corte a precios regulados por el gobierno con biodiesel (elaborado a partir de la soja) y bioetanol (que se produce con maíz o con caña de azúcar).

Se pensaba que sucedería lo mismo en Diputados, y que todo quedaría como estaba: la Argentina así se perdería la chance de profundizar su política pública de reemplazo de combustibles fósiles por otros de origen vegetal, renovables.

En Diputados la cosa se fue demorando hasta que se supo que el plan del oficialismo liderado allí por Máximo Kirchner, el hijo de Néstor, no era estirar la vida útil del programa estatal de biocombustibles sino modificarlo, para habilitar incluso una posible reducción del corte obligatorio, sobre todo de biocombustibles elaborados a partir de cultivos pampeanos (la caña de azúcar que se produce en el NOA mantendría su participación).

Una decisión en tal sentido favorece con claridad a las petroleras, que están obligadas a comprar biocombustibles para efectuar dicho corte a los precios oficiales fijados por la Secretaría de Energía de acuerdo a una fórmula que debe asegurar cierta rentabilidad a los biofabricantes y que resigna impuestos para el propio Estado.

La cadena agroindustrial advierte que el proyecto de biocombustibles promovido por el kirchnerismo “pone en riesgo de desaparición a muchas empresas”

Esas compras a las petroleras, con YPF a la cabeza, les resultan mucho más onerosas desde que en octubre de 2020 comenzaron a subir los pecios internacionales de los granos, sobre todo soja y maíz. Al Estado también le cuesta, porque deja de recaudar tributos por exportaciones de esos granos, ya que se convierten a biocombustibles.

En el reinado de la improvisación, el proyecto de los diputados kirchneristas se conoció recién hace pocos días. No le quedó al oficialismo más tiempo que para presentarlo ante la comisión respectiva de energía, que ni siquiera pudo aprobar el dictamen. Mientras tanto, los días se consumían y se acercaba el 12 de mayo, día de fenecimiento del régimen vigente y por lo tanto la fecha en que las petroleras quedarían exceptuadas de tener que hacer el corte determinado por la ley de 2006.

“Cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Marco Regulatorio de Biocombustibles en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”, dice el decreto, dando a  entender que esperará la discusión de la iniciativa presentada por diputados cercanos a Máximo Kirchner.

Curiosamente esta decreto que prorroga por 60 días la vida útil del régimen vigente no dice nada de la media sanción de su continuidad por parte del Senado. Allí incluso votó a favor la mamá de Máximo, viuda de Néstor, la vicepresidente Cristina Kirchner.

Diputados comenzó a debatir sobre biocombustibles, pero el oficialismo recibió un contundente rechazo a una votación exprés de su proyecto

El final de la prórroga, hasta el 12 de julio, coincide con los tiempos de ebullición proselitista para la elección de medio término, en el que el gobierno de Alberto Fernández se juega buena parte de su crédito. Lo más probable entonces es que un tema que debería ser debatico con argumentos técnicos termine politizado, incluso con las peores cartas de la política.

Por suerte, el decreto deja aclarado que si el oficialismo no tiene la posibilidad de aprobar una nueva ley, el régimen vigente durará hasta que finalmente el Congreso defina un nuevo esquema para la incorporación de combustibles verdes a la matriz energética argentina.

En este país, está visto, eso puede llevar años.

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Diputados y senadores hace un mes que retomaron sus funciones. La gravedad del asunto está en que ambas vencen este año y ninguna parece estar cerca de obtener una prórroga. Arrancando con la Ley Ovina cuya fecha de caducidad operó exactamente hoy: lunes 4 de abril de 2021, veinte años exactos después de su sanción.

En el caso del Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, o Ley Ovina, ya cuenta con una prórroga que data del año 2011, en la que se estipuló extender por 10 años más –mediante la ley 26.680– la normativa original promulgada en 2001.

El objetivo original del régimen instituido a comienzos de los 2000 era recuperar la producción ovina que estaba en baja desde la década de 1970. Para eso se decidió destinar fondos del presupuesto nacional: inicialmente la suma se fijó en 20 millones de pesos -cuando aún regía la convertibilidad- y posteriormente, en 2010, se elevó a 80 millones de pesos.

Uno de los principales reclamos de los productores es que ese monto no ha sido actualizado, teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones y los vaivenes económicos, y por lo tanto los recursos son insuficientes. Convertidos a dólares, en rigor, ahora resultan chaucha y palitos.

En este sentido, a fines de marzo de este año, la Mesa Ovina Nacional presentó un ante proyecto propio en el que fijaban que el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) debería recibir desde el Estado el siguiente esquema de desembolsos por diez años: “1.400 millones de pesos anuales durante los primeros tres años; 1.800 millones durante los siguientes tres años; y 2.000 millones durante últimos cuatro años.”

En paralelo, tanto en Diputados como en el Senado se han presentado también varios proyectos para lograr la prórroga en cuestión. En el caso de la Cámara Baja, se propuso unificar las iniciativas existentes y convalidar un monto para el FRAO que tenga una actualización anual en función de los datos de la inflación. También se discutió una modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15.

Sin embargo, por el momento ninguna de las Cámaras ha tratado las iniciativas que se apilan en la mesa de entrada. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal intentaron discutir el tema durante una sesión especial en la Cámara de Diputados hace dos semanas, pero no lograron el quórum necesario para sesionar. Hay tiempo al menos hasta que el propio Congreso deba discutir la nueva Ley de Presupuesto y previsionar allí las partidas necesarias para la continuidad de esta política.

Hoy vence la Ley Ovina después de 20 años de promocionar la actividad.

Como con la de Biocombustibles, el oficialismo propone el peor escenario: Ni si, Ni no, Ni blanco Ni negro.

Improvisación del gobierno e incertidumbre para la inversión que el país necesita. pic.twitter.com/viWFv5KypY

— Willy Bernaudo (@willybernaudo) April 4, 2021

En el mientras tanto, la próxima fecha a marcar en el calendario es el 12 de mayo, día en el que vencerá el Régimen de Biocombustibles, que también persigue una prórroga y que no ha logrado ingresar en el temario de Diputados a pesar de tener media sanción en el Senado. La diferencia es que en este caso es que al día siguiente del vencimiento, en caso de que no haya prórroga, los efectos serán inmediatos: las petroleras ya no estarán obligadas a comprar esos renovables para cortar los combustibles fósiles.

La ley 26.093 data del 2006 y los principales interesados en su extensión son los productores de biodiesel y bioetanol, muchas de ellos concentrados en Pymes. Con la ley mantienen ventajas tributarias, regulan precios y mantienen el corte obligatorio en los combustibles fósiles (10% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas).

A pesar de esto también hay interés, tanto de las cámaras empresarias del sector como desde el Gobierno Nacional, en crear una nueva legislación que tenga en cuenta el contexto actual. Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, dijo durante su exposición en Diputados que el gobierno busca “dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”.

Durante el mismo encuentro, representantes de Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), apoyó la prórroga pero reconoció que es necesario discutir un régimen superador que incorpore, por ejemplo, “el impuesto al carbono en base a la relación de ahorro de emisiones y utilice esos fondos para el desarrollo tecnológico y la transición de las pymes”.

La prorroga de esta ley intentó también ser discutida en la sesión especial pedida por la oposición pero no tuvo éxito.

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Quien pudo cotejar el avance de este proyecto fue el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien este martes recorrió las instalaciones del nuevo Mercado Agroganadero ubicado sobre la ruta 6, en la localidad bonaerense de Cañuelas. En la gacetilla oficial se reconoce que será imposible terminar con este proceso antes de fin de año y que por eso se necesitará de una nueva prórroga que el gobierno de la ciudad ya tiene pensado conceder a los consignatarios. Dijo Agricultura que “la inauguración se proyecta para 2021”.

La comitiva oficial que certificó el avance de las obras fue nutrida. Además de Basterra la integraron el ministro bonaerense Javier Rodríguez; la intendenta de Cañuelas Marisa Fassi y el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Carlos Paz. Los recibieron en el predio los presidentes del nuevo Mercado Agroganadero, Andrés Mendizábal, y del viejo Mercado de Liniers, Oscar Subarroca. Una sociedad será reemplazada por la otra en la administración del mercado. Pero los socios son los mismos: unas cincuenta casas consignatarias, que se dedican a este segmento del negocio ganadero, la hacienda para faena.

Luego de las declaraciones de rigor de los funcionarios, Mendizábal explicó que “por primera vez luego de 120 años vamos a tener nuestro propio lugar, nuestra casa. Hubo varios intentos fallidos y hoy nos toca generacionalmente a nosotros concretarlo”.

“No es poca cosa. Somos 45 empresas que hace dos años comenzamos con este sueño, con este proyecto, con una inversión de 20 millones de dólares. No solo ha sido un gran sacrificio económico sino también humano, pero seguimos aquí dándole para adelante con ya el 80% de la obra en proceso y con muy poco por delante”.

El nuevo mercado en construcción se instaló sobre la nueva autovía de la Ruta 6, con el objetivo de trasladar las actividades del Mercado de Liniers. La nueva ubicación que permitirá recibir al menos 12 mil cabezas de ganado diariamente, evitará el ingreso de los camiones de hacienda a la ciudad de Buenos Aires.

Las instalaciones del nuevo MAG se complementan con un Polo Agroganadero Comercial (PAC), que alentará la radicación de empresas afines a la actividad. Con lotes comerciales y logísticos de 2.000 a 10.000 metros cuadrados adicionales al mercado, este centro logístico busca generar más de 5.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Incluye una estación de servicio, hotel, centros comerciales con estacionamientos propios, un sector gastronómico y un barrio abierto con más de 300 viviendas.

Antes de abril de 2021 debería estar en funcionamiento. Esta vez sí, después de diversas postergaciones. En diciembre de 2019 Bichos de Campo realizó un programa especial sobre este proceso de mudanza y todo lo que significa Liniers para los que operaron allí durante más de un siglo.

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