“Los productores queremos destacar la importancia que tiene la producción de maíz en el Norte, motivo por el cual nos encontramos descontentos y preocupados por la medida de cierre del Registro de Exportaciones (DJVE) por parte del Gobierno Nacional, el cual creemos, constituye la antesala de la reimplantación de los ROE”, señalaron desde la tucumana Apronor, que suele imponer su propia impronta a las protestas del sector.

Luego de explicar detenidamente para qué sirve el maíz en las zonas agrícolas del norte y recordar que “sería inviable la producción de soja en el norte del país sin la alternancia con maíz”, Apronor explicó que para ellos la medida del cierre de exportaciones de ese grano tiene efectos más graves que para los productores del sur.

“El perjuicio de las restricciones a la exportación de maíz provoca un daño aún mayor en las provincias del norte ya que solamente se puede hacer maíz tardío en nuestra región, con lo cual nuestra cosecha es la última en levantarse (en el mes de agosto) cuando ya la demanda interna y los cupos de exportación están satisfechos a esa altura del año”, indicó.

En este escenario, los productores de Apronor proclamaron su adhesión al paro agropecuario pero se reservaron decidir en los próximos días “la posibilidad de extender la medida de fuerza anunciada por la Mesa de Enlace Nacional”.

En el mismo sentido se pronunció la Sociedad Rural de Tucumán, que está enrolada en CRA. Desde allí se instó a los dirigentes nacionales del agro a extender la duración de la medida de protesta (que comienza el lunes y se extiende en principio hasta el miércoles a medianoche), “debido a que la consideramos insuficiente”, explicaron.

Mientras tanto, los productores “autoconvocados” siguieron en las últimas horas organizando asambleas y reuniones de productores en diversos puntos del país. Se han sumado dos actos justamente en el norte: el 9 de enero habrá concentración en Las Breñas, en el Chaco, y desde mañana, viernes 8, los productores de Avellaneda/Reconquista, se instalarán por tres días en una “carpa republicana” en la primera de esas ciudades del norte santafesino.

https://twitter.com/autoconvDelCamp/status/1346994978384347139?s=20

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Hernán Arguindegui, productor asentado en el corte de la localidad de Achiras, provincia de Córdoba, informó a la agencia Télam que el gobernador de San Luis “miente” cuando afirma que los protocolos sanitarios cordobeses son más duros que los de San Luis. “Acá con la toma de temperatura, un test rápido y una declaración jurada podemos circular con normalidad”, comparó.

“No podemos negocias con personas necias que nos ningunean, ni siquiera nos hablan y mandan a negociar a funcionarios de pobre discurso y ningún poder de decisión”, añadió el vocero del corte de La Punilla. Allí la determinación es “no despejar la ruta”, a pesar de que el gobierno puntano requirió la intervención de la justifica federal.

El abogado patrocinante de las entidades rurales en protesta, Javier Quiroga Contreras, aclaró que continúan con los cortes sobre la ruta nacional N° 7 a la altura de Justo Daract, en el Arco de Desaguadero, limite con Mendoza; en la Localidad de La Punilla y sobre el acceso en ruta 148 de la provincia de La Pampa.

El letrado afirmó que “no fueron notificados de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis en el Juzgado Federal de Rio IV y que “la denuncia se trata de una garantía constitucional que cualquier ciudadano puede llevar adelante”. También sostuvo que la llave del conflicto “la tiene San Luis” y que los que los productores piden “es el cumplimiento del DNU Nacional de libre circulación con declaración Jurada”.

A través de un comunicado de prensa, los productores, comerciantes y transportistas autoconvocados, confirmaron los cortes de accesos a San Luis por “tiempo indefinido”, anunciaron la suspensión del diálogo a partir de las 11 horas y afirmaron que la responsabilidad era “del Gobierno de la Provincia de San Luis” por “su total intransigencia respecto de todos los puntos solicitados”.

Por la tarde, este viernes, una orden del Juzgado Federal 3, de la provincia de Mendoza y promesas de una mediación del ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, hizo que los productores en Mendoza liberen media calzada de la ruta Nacional 7, en el Arco de Desaguadero, el límite entre ambas provincias.

“Wado” de Pedro se comunicó telefónicamente con uno de los referentes de los productores mendocinos y le adelantó que el Gobierno nacional se involucrará en el tema en busca de una solución entre los manifestantes y la gestión de Rodríguez Saá. Esa mediación es algo que los productores han reclamado en los últimos seis meses.

La Unión Industrial Argentina, en coordinación con la Unión Industrial de Mendoza y sus pares de San Juan y San Luis, le pidió al Gobierno nacional que intervenga en el conflicto y advirtieron que las industrias “de toda la región se están viendo gravemente afectadas por la falta de insumos básicos para la producción”, y que esta situación se agrava porque “la ruta nacional 7 es también parte del corredor bioceánico.

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En la asamblea, convocada por la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), los productores mostraron claros síntomas de malhumor por el rumbo encarado por el gobierno de Cambiemos luego de la crisis cambiaria y el acuerdo con el FMI. Por eso decidieron declarar la “emergencia productiva”, una figura que no existe en las leyes pero que resulta sencilla de entender para cualquier cristiano: “Ojo que nos estamos cayendo del mapa”.

“Hubo muchos productores, en especial tamberos, que destacaron dos problemas en especial: los financieros y los impositivos. Remarcaron las dificultades en materia impositiva, que es compartida con las producciones de las economías regionales; y también las financieras, derivadas de la falta de créditos acordes al valor producto, que serían necesarios para llegar a septiembre, en particular teniendo en cuenta las pérdidas que han tenido en las zonas inundables”, señaló Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria, tras participar de la reunión de El Tío.

El dirigente federado explicó que “esta situación se profundiza en el caso de los productores más pequeños”, que dependen del crédito para seguir produciendo porque no cuentan con capital propio. “Hay una evidente falta de financiamiento por parte de los bancos públicos y privados, con tasas inaccesibles”, enfatizó Guía.

Durante la asamblea,se firmó un acta en el que se explicitó la necesidad de reformar el sistema impositivo nacional, con orientación a la producción; se pidieron políticas públicas diferenciadas y el impulso a la industrialización de la ruralidad, desarrollar el interior a partir del agregado de valor; bregar por políticas públicas para impulsar obras de infraestructura en el interior. También se decidió solicitar una audiencia con el presidente del Banco Nación, para buscar soluciones para los productores más endeudados, entre otras cuestiones. 

La asamblea fue conducida por el titular de la Federación Agraria Córdoba, Agustín Pizzichini, junto al presidente de Fecofe, Juan Manuel Rossi, y el presidente de la Cooperativa Las Cañitas, Juan Domingo Sola, entre otros Según informó Fecofe en un comunicado, “el disgusto de los productores se enfocó en las altas tasas de interés que hacen inviable el financiamiento productivo, sumado al impacto de los costos dolarizados, sin olvidar las inclemencias climáticas, que en conjunto anulan la posibilidad de sostener la actividad”.

“Por las características de la zona,  los tambos y sus cooperativas fueron actores centrales en el reclamo, en tanto se encuentran en una situación de extrema gravedad y riesgo de cierre inminente. Si bien esta tendencia no es nueva, los productores afirman que se ha acelerado de manera apremiante”, agregaron los cooperativistas.

Todos destacaron el rol que está jugando el cooperativismo para sostener a los productores más chicos en este contexto. “Ante la falta de respuesta de los gobiernos y la débil respuesta del Estado, si el sistema cooperativo no estuviera a disposición de los productores, muchos hoy serían prestadores de servicios, lo cual es un paso previo a estar expulsados del sistema productivo”, explicó el vicepresidente de FAA a nivel nacional.

El petitorio de El Tío no suena a cuento y mucho menos a chiste. Contiene los siguientes reclamos:

• Es inviable seguir con este modelo de timba financiera con tasas altísimas que hacen inviable la producción, particularmente la de alimentos con valor agregado.
• Activar la participación efectiva de los productores y toda la sociedad a través de las organizaciones libres, como por ejemplo las cooperativas.
• Impulsar la industrialización de la ruralidad, desarrollar el interior a partir del agregado de valor.
• Reformar el sistema impositivo nacional con orientación a la producción.
• Convocar a un gran acuerdo para un Plan Agroalimentario Nacional.
• Bregar por políticas públicas para impulsar obras de infraestructura en el interior productivo.
• Defender al Banco Nación como instrumento de la producción, resistir el vaciamiento y la desaparición; el Estado debe estar presente.
• Es inadmisible que se siga postergando el sector lácteo y el porcino, entre otros, cuya situación fue agravada por las inclemencias climáticas.
• Reclamamos políticas públicas diferenciadas. No todo el campo es lo mismo.
• Disponer, desde las organizaciones, un estado de Asamblea Permanente.
• Conformar una mesa con representantes de los productores para mantener una acción continua.
• Declarar la Emergencia Productiva.
• Solicitar una audiencia urgente con el presidente del Banco Nación, para pedir soluciones para los productores más endeudados.
• Unificar el reclamo en todas las entidades de base.

En el marco de la actividad gremial para instalar reclamos de las economías regionales que la entidad viene realizando también en Entre Ríos, Mendoza y Chaco

FAA en asamblea de productores en El Tío, Córdoba

Como medida de urgencia, los productores a través de sus entidades peticionarán audiencias a las autoridades nacionales y provinciales, si bien con estas últimas hay canales de dialogo abiertos.

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El transportista Daniel Rambaud dialogó con Bichos de Campo para explicar el porqué del reclamo. “Desde el 30 de enero que estamos reclamando sin resultados. Este no es un Gobierno de dialogó y mirá que yo lo voté”, se descargó de entrada.

“Lo que queremos lograr que la tarifa sea obligatoria por Ley, como era en la época de Menem. Y a su vez, le estamos pidiendo al Gobierno que la tarifa orientativa, puesta mediante la Afip en la Carta de Porte, sea la tarifa mínima y deje de ser orientativa, y se pague eso a nivel nacional”, explicó el empresario.

Además reclamo que, “por los grandes aumentos que hemos tenido en los últimos meses, (esa tarifa orientativa) sea actualizada cada 3 meses en vez de cada 6 como se hace hoy”.

Ver Juan Aguilar: “De cada 100 pesos de flete, 40 pesos se los lleva el Estado”

“En este Gobierno hay muchos productores agropecuarios y grandes. Tienen el poder de pagar en algunos casos solo el 40% de la tarifa orientativa que pasa la Afip. Nosotros no damos más por los grandes aumentos de combustible que tuvimos. De enero a hoy hubo un 70% de aumento y la tarifa siegue como en 2016”, amplió.

Según Rambaud, los empresarios del transporte de granos “nos estamos fundiendo trabajando”. Contó su caso: “Yo tenía cinco camiones y tuve que vender dos, y ahora vengo a protestar acá porque los voy a tener que parar porque no le puedo pagar a los empleados, que son mis amigos. Eso es otra: los camioneros recibieron 25% de aumento que logró Moyano con Macri, viven mejor que nosotros, que sacamos un capital grande a la ruta logrado con años de sacrificio”, finaliza.

Las nuevas protestas de transportistas, que también se registran en varios puntos de Santa Fe y Córdoba, se produce pocos meses después de otra serie de movilizaciones que desencadenaron una negociación en el Ministerio de Transporte. Allí se exigió a los dadores de carga respetar las tarifas “orientativas” que se establecen cada año en negociaciones libres entre las cuatro entidades de productores y las confederaciones del transporte.

Este pacto al parecer no se estaría cumpliendo, ya que al ser las tarifas de los fletes granarios finalmente libres, quienes contratan transportistas terminan imponiendo sus condiciones en un año en el que además se registra una fuerte merma de la cantidad de viajes requeridos, debido a que la sequía provocó la pérdida de cerca de 30 millones de toneladas de granos, entre soja y maíz.

Ver: ¿Y por qué protestan los transportistas? “Queremos que se respeten las tarifas, nada más”

En respuesta al paro realizado por los transportistas en la zona de Quequén, las autoridades del puerto publicaron una solicitada en la que “manifiestan su preocupación por el bloqueo de camiones, realizado por el grupo de Transportistas autoconvocados, imposibilitando la carga y descarga en nuestra estación marítima”.

El Consorcio Puerto Quequén consideró que estos nuevos bloqueos “provocan una perdida millonaria en la cadena agroexportadora” y “afecta la imagen de la cadena logística de la región y genera la pérdida de cargas a futuro con un gran impacto negativo en toda la comunidad”.

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Los Bichos de Campo no seguimos muy de cerca lo que sucede en el agro del Uruguay, pero sí tenemos buenos amigos, entre ellos a varios de los mejores periodistas agropecuarios de ese país. A ellos recurrimos para que nos cuenten lo qué anda sucediendo y entender el por qué de tanto enojo.

https://twitter.com/Agronegocios_Uy/status/953054752115437569

En su habitual Conexión Agropecuaria, nuestro colega Eduardo Blasina resume la situación y nos deja un par de tips para entender el conflicto. Nos cuenta: “Los temas políticos y reivindicativos dominan la agenda al empezar 2018. El presidente Tabaré Vázquez invitó a seis gremiales, pero solo recibió a cinco porque la Federación Rural no concurrió. Tuvo comentarios desafortunados respecto al arroz y en definitiva los ánimos siguen caldeados, las movilizaciones continúan y se sigue esperando una reunión multitudinaria para el 23 en Durazno”.

La Federación Rural envió una carta al presidente Tabaré Vázquez rechazando asistir a la reunión que mantendrá con las principales gremiales rurales. Aquí el documento pic.twitter.com/Cafw0xHtJE

— Blasina y Asociados (@BlasinayAsoc) January 15, 2018

¿Qué sucede con el arroz? Uruguay exporta el 95% de lo que produce y es tomador de precios. Un dirigente del sector explica que el sector se molestó mucho con Tabaré Vázquez cuando les exigió mayor competitividad a ellos y esquivó la discusión real, que es la baja de los costos.

4- Somos tomadores de precio, exportamos el 95% de la producción, pero hoy no es un problema de precios, históricamente están algo por encima de media, nuestro problema de competitividad son los costos

— Freddy Lago (@33rallycomp) January 16, 2018

Blasina agrega algunos datos económicos que explican en buena medida el malhumor reinante entre los productores. A saber:

• El tipo de cambio confirma que está lejos de ser una variable de ajuste para mejorar la competitividad del sector agropecuario. En un escenario de debilidad global, el dólar en el mercado local cerró este lunes en mínimos de cinco meses. En la región la divisa sigue al mundo y también a las mejores perspectivas de crecimiento y llegada de capitales.

• El valor del Novillo Tipo en diciembre llegó a US$ 1.131 por cabeza subiendo 1,1% respecto a noviembre cerrando 2017 con un promedio de US$ 1.104 por cabeza, según los datos de INAC. El valor promedio del año pasado fue prácticamente igual que los US$ 1.103 por cabeza de la media de 2016. En diciembre el aumento se debió a la mejora en los precios internos y de la exportación con una caída de menudencias y subproductos.

Tipo de cambio con niveles de atraso alarmantes condiciona fuerte la rentabilidad de los productores de granos, que dependen de las variaciones de precios en los mercados internacionales que cotizan en esa divisa. A la vez, un negocio ganadero que no repunta y sigue registrando costos cada vez más elevados. Los dos puntales del agro uruguayo no llegan a fin de mes y ese es el desencadenante principal de las protestas. Pero los problemas de costos que se extiendes a la lechería y los arrozales.

Otro colega, Javier Pastoriza, que conduce por Radio Sarandí el ciclo Agronegocios Uruguay. nos cuenta que las protestas que comenzaron la semana pasada en Paysandú y recrudecieron este lunes definieron un cambio de nombres en el Ministerio de Ganadería. El anterior ministro del agro había anticipado en diciembre sus deseos de renunciar al cargo.

#OFICIAL Presidente Tabaré Vázquez designó a Enzo Benech como ministro de Ganadería Agricultura y Pesca. Será acompañado en la respectiva subsecretaría por el doctor Alberto Castelar. https://t.co/AI5GmqK547

— MGAP (@MGAPUruguay) January 15, 2018

¿Y por qué si cambio el ministro y el presidente recibió a la mayor parte de las gremiales no se arribó a una posibilidad de negociación que desactivara la protesta?

Si se erra en identificar la causa del problema, imposible que se llegue a una solución. No son problemas puntuales de algunos sectores del campo, es global y es el enorme peso del Estado y el bajo poder de compra del dólar; afecta a todos los exportadores, no solo al campo

— Rafael Tardáguila (@rafatardaguila) January 16, 2018

En la web de oro amigo, Rafael Tardagulla, el periodista Federico García Paulette explica que en la reunión “Vázquez destacó que no se modificará la política impositiva y que los que se atenderán serán los sectores lecheros y arroceros. No obstante, para los lecheros propuso como medida extender por tres meses más el descuento en la tarifa de Ute (electricidad) que rige actualmente, al que —vale la pena decirlo— los mismos productores señalan como insignificante. Al mismo tiempo, para el sector arrocero, indicó que trabajarán en promover junto con la nueva ley de riego medidas que permitan aumentar la productividad. Cabe destacar también que la productividad del sector arrocero año a año aumenta, está entre los tres más productivos del mundo y los rendimientos que obtiene zafra a zafra son record históricos y ni así pueden subsistir asistiendo a una reducción de área sembrada año a año”.

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“Muchos productores no están pudiendo afrontar las deudas contraídas para producir debido a los altos costos de arrendamiento de las tierras, por eso estamos pidiendo una ley que le ponga un tope a lo que se cobra”, indicó a Télam Marcelo Cabero, del Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP.

Al marcar que es la primera vez en la historia de Jujuy que habrá un “verdurazo”, Cabero agregó que también se pedirá que en esa ley “se contemple la garantía de condiciones mínimas de vida, como ser que en la quinta haya una vivienda digna, agua potable y baños”.

“Hay gente que vive en casillas, que no tienen ni baño. Además toman agua de las acequias y se exponen al peligro de los pesticidas, ya que es la misma con la que riegan las plantas”, detalló.

El dirigente frutihortícola metió el dedo en la llaga al hacer referencia a la existencia del Fondo Especial del Tabaco (FET). “Estamos exigiendo al gobierno que tome cartas en el asunto, que como existe un subsidio para los tabacaleros, para los productores frutihortícolas también exista un fondo especial que los respalde”.

Además, relató que también piden que “se cree un mercado para los pequeños productores, ya que los intermediarios pagan precios miserables que no permiten sostener la producción”.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes (Atavi), el Movimiento de Trabajadores Excluidos – rama Rural, la Corriente Clasista y Combativa, y la Corriente del Pueblo, entre otros organizaciones. Llegarán en su mayoría de la localidad de Fraile Pintado, y de otras zonas de las cuatro regiones de la provincia, como ser de Finca El Pongo, Huella (Humahuaca) y Pampa Blanca.

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