Se trata del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador”, un proyecto elaborado por el empresario agropecuario y diputado nacional por Buenos Aires (PRO), Pablo Torello, y el ex secretario de Agricultura Guillermo “Willy” Bernaudo, que tiene plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa, a la que accedió Bichos de Campo, dispone que  los beneficiarios del régimen podrán realizar una amortización acelerada de inversiones y emplear hasta un 50% del impuesto a las Ganancias por abonar para deducir gastos de fertilizantes y/o enmiendas, semillas, genética animal y sanidad ganadera.

También establece que,  al momento de practicar balances impositivos, en la existencia de bienes de cambio deberá computarse tanto las existencias de cría como de invernada al costo estimativo por revaluación anual.

Además, en lo que respecta a los saldos técnicos de IVA, determina que para las operaciones gravadas con alícuotas inferiores a la alícuota general del gravamen podrán computarse los respectivos débitos y créditos fiscales considerando la alícuota general del gravamen.

A diferencia del proyecto del CAA, donde el tema de las retenciones fue excluido de entrada, en la redacción de Torello se eliminan los derechos de exportación para todos los productos agroindustriales, con excepción del trigo, maíz, soja y derivados de los mismos, los cuales tributarán alícuotas de hasta un 28% que se irán reduciendo en un 0,25% por mes desde enero de 2023 hasta alcanzar el 0%.

En los fundamentos de la iniciativa se indica que el “proyecto de ley busca facilitar y destrabar el proceso de inversión para fomentar el desarrollo del potencial exportador y de generación de empleo privado que el sector agroindustrial tiene frente a un mundo demandante de nuestros productos”.

Con la nueva paridad que existe en el Congreso a partir de las elecciones legislativas, quién te dice que finalmente cuando se discuta el proyecto enviado por el Ejecutivo no se arme una discusión mucho más rica, en la que ingresen alternativas contempladas en este segundo proyecto.

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La iniciativa propone la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias el 50% de los montos correspondientes a inversiones realizadas en genética y fertilizantes, además de amortizaciones aceleradas en bienes muebles y construcciones.

Pero para poder acceder al beneficio, las empresas agrícolas deberán demostrar en cada ejercicio fiscal “la superación de uno o más” de los siguientes indicadores: volumen de ventas, volumen de producción física, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas.

Para establecer una base comparativa que permita certificar “la superación” de los indicadores en cuestión, se establecerá una “línea de base” con el promedio logrado en los últimos tres ejercicios. El Estado, a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), puede disponer de tales datos en lo que respecta a la producción y venta de granos, mientras que en la AFIP figura el registro del personal empleado por las empresas. Pero resulta mucho más complejo establecer una “línea de base” para las inversiones realizadas, para lo cual, claro, será necesario establecer cuáles serían las inversiones comprendidas en el régimen y cómo se determinarían.

La cuestión es que, por razones climáticas y comerciales, las empresas agrícolas no pueden establecer una relación lineal entre inversiones y productividad, porque, recordemos, se trata de una industria “a cielo abierto” que no tiene además control alguno sobre los precios de venta, los cuales, además de estar determinados por factores globales de oferta y demanda, también resultan influenciados por variables monetarias, financieras y políticas.

La única variable sobre la cual las empresas agrícolas tendrán pleno control es sobre la cantidad de personal empleado, pero, en ese caso, lo más indicado sería establecer beneficios sobre las cargas sociales de nuevos puestos de trabajo.

Adicionalmente, el proyecto establece que para poder acceder a los beneficios fiscales las empresas agrícolas “deberán cumplir con los requisitos técnicos agronómicos que especifique la autoridad de aplicación, los que comprenderán, entre otros, i) un orientativo plan de siembra; ii) un plan orientativo de fertilización anual y iii) el análisis de los suelos con muestras georreferenciadas, realizados en laboratorios reconocidos y con la periodicidad necesaria según los criterios agronómicos que se establezcan”.

Y las empresas que realizan fertilización variable en función de ambientaciones, ¿cómo van a hacer para seguir un “plan orientativo de fertilización”? ¿En qué va a consistir el “plan orientativo de siembra? ¿Se van a contemplar las particularidades de cada región agrícola? Demasiadas dudas y complicaciones.

Para evitar tales complicaciones, en Uruguay, por ejemplo, el “Plan de Uso y Manejo de Suelos” establece que todas las empresas agrícola deben, precisamente, presentar un plan de manejo orientado a mantener la calidad del suelo, pero el mismo es confeccionado por un ingeniero agrónomo, habilitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, que conoce el “terreno” y, por lo tanto, puede diseñar un sistema sostenible en función de las particularidades de cada establecimiento. Posteriormente, las autoridades verifican la validez de los informes presentados.

Todas estas cuestiones hacen que, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el proyecto, el mismo sea de muy difícil aplicación porque los criterios establecidos no contemplan las particularidades presentes en la dinámica del negocio agrícola, además de requerir una estructura burocrática enorme y compleja para implementar los beneficios.

Anticipo: Esta es “la letra chica” del proyecto de ley para fomentar las inversiones en el sector agroindustrial

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“Esta ley (por el proyecto que será enviado al Congreso) implica un impulso a la industrialización a través de incrementar el valor agregado en origen, incorporando tecnologías de última generación”, afirmó Domínguez, quien propuso además cambiar el término agroindustrial por “agrobioagroindustrial”.

El proyecto, que surgió a partir de una iniciativa presentada por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), organización integrada por más de sesenta entidades de ese ámbito, se propone crear estímulos para generar 700.000 nuevos puestos de trabajo entre 2022 y 2030, además de lograr ingresos de divisas por exportaciones de bienes por más de 100.000 millones de dólares anuales.

El ministro de Agricultura aclaró que los beneficios fiscales se implementarán sólo para nuevas inversiones “tomando como línea de base la actual” a partir de “criterios como producción, empleo, comercialización, generación de valor agregado, exportación y nuevas inversiones”. Para conocer bien de qué se trata eso será indispensable conocer la redacción final del proyecto, que hasta el momento no se hizo pública.

Domínguez dijo que el proyecto propone “promover las prácticas del cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión de crédito fiscal para insumos promovidos”, entre los cuales se incluirían a los fertilizantes. También contempla la posibilidad de acceder a un bono, deducible del impuesto a las Ganancias, por el 50% de la inversión realizada en semillas certificadas.

Oro de los beneficios contemplados en el proyecto es que las nuevas inversiones podrán ser amortizadas en apenas tres años, además de permitir que la valuación de la hacienda vacuna para faena a los efectos del impuesto a las Ganancias se realice al momento de la venta y no al cierre del ejercicio, pero siempre y cuando la hacienda supere determinado peso.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que con el proyecto se está dando “un paso para ponerle fin a una disputa de años, entre el agro y la industria y la industria y la tecnología”.

También mencionó que el proyecto “reivindica la cultura del encuentro y del diálogo” y que es “el resultado de escucharnos y de buscar puntos de encuentros”.

Además aseguró que “nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan”, para lo cual expresó que “necesitamos construir un país para un desarrollo que sea armónico”.

En el evento, realizado en Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Fernández y Domínguez estuvieron acompañados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete Juan Manzur.

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