Según el relevamiento, el año pasado el Congreso sesionó menos de la mitad de veces que el año 2020, lo que se replicó en cada Cámara en particular: Diputados realizó 5 sesiones contra 12 del 2020, y el Senado tuvo 11 contra las 21 que registró en el periodo anterior. En cuanto a las leyes sancionadas, en el 2021 se aprobaron 118 proyecto de ley contra los 175 del 2020, una merma del 33%.

Una de las explicaciones para estas caídas tiene que ver con la realización de las elecciones legislativas, suceso que siempre atenta contra la continuidad en las actividades del Congreso. En cuanto a la pandemia, a diferencia del 2020, en el 2021 se realizaron protocolos de control sanitario que no impidieron el normal funcionamiento como ocurrió en el periodo anterior.

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En materia de nuevos proyectos, el total de iniciativas presentadas fue de 2403, de las cuales sólo 237 estuvieron vinculado al sector, un 10% del total.

¿Qué temas estuvieron presentes en la agenda? La mayoría de los proyectos que rozan el agro tuvieron al Ambiente como temática principal: la ley de educación ambiental, el reciclado de neumáticos, la evaluación de impacto ambiental y otros los principios ambientales. Otros se abocaron a la cuestión impositiva, como aquellos para modificar bienes personales y el pago de ganancias para empresas.

También se discutieron las históricas leyes Ovina y de Biocombustibles, y se presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral por la Hidrovía, tema que todavía sigue en discusión.

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Con respecto a las autorías de los proyectos presentados, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están parejos con un 44% y 39%, respectivamente. Al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, 53% de las iniciativas corresponden a la UCR; 42% al PRO y 5% a la Coalición Cívica. Luego le siguen otros partidos de terceras vías, con el 8% y casi un 7% de los bloques federales o partidos provinciales. El Poder Ejecutivo tiene casi un 2% de las iniciativas impulsadas que aún no lograron ningún grado de tratamiento

En cuanto los proyectos que tuvieron algún grado de sanción, el 95% fueron impulsados por el oficialismo –entre el Ejecutivo nacional y los diputados y senadores del Frente de Todos- y el 5% por la oposición. Catorce fueron leyes -9 de ellos todavía esperan sanción definitiva- y 8 dictámenes de comisión que ya perdieron vigencia.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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“Lo que ya se sabe es que será un Congreso donde va a primar el consenso. Para cada tema, no sólo aquellas de la agroindustria, van a tener que negociar agenda y acuerdos. Por otro lado, va a ser un Congreso con buen nivel intelectual y político. Tanto el oficialismo como la oposición y el resto de los partidos, tienen nombres de trayectoria política bastante interesante”, dijo a Bichos de Campo Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando.

Según un mapeo realizado por esa institución, son 25 los legisladores que -entre los que ingresaron y los que quedan- tienen alguna vinculación al sector, ya sea porque son productores, agrónomos o por algún negocio familiar. Pero no sólo será importante su conocimiento del campo sino el equipo de técnicos especializados que logren conformar.

“En las comisiones buscamos un balance de poder pero también conocimiento técnico. Creemos que es importante identificar a los especialistas en cada materia para hacer una buena legislación. Eso puede contribuir a destrabar el potencial que tenemos como sector para generar oportunidades, para desarrollar el federalismo y en definitiva para contribuir al bien común del país”, aseguró Chiappe.

Raspando el fondo de la olla: Tras la elección, Barbechando logró dar con 25 legisladores ligados de algún modo con el agro

Esto será crucial si se tienen en cuenta los temas que hasta el momento permanecen pendientes de tratamiento en la agenda legislativa. Según un análisis de la Fundación Barbechando los mismos son:

• Régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental: establece que será obligatoria la evaluación de impacto ambiental, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, que puedan degradar el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.
• Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar: propone la creación de un Fondo Fiduciario para facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Tendrá una duración de 50 años y estará coordinado por un comité ejecutivo integrado por los ministerios de Interior, Hábitat, Economía, Agricultura y Ganaría, además del ANSES, el INTA y la AABE.
• Suspensión de desalojos de agricultores familiares: propone modificar la Ley de Agricultura Familiar y suspender toda sentencia o acto procesal que tenga como objetivo desalojar a agricultores familiares que se encuentren en condiciones de usucapitar –o adquirir- las tierras rurales que poseen.
• Prórroga a la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena: busca prorrogar hasta el 2025 la ley 26.160 – de relevamiento territorial de comunidades indígenas-, que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. El mismo recibirá una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.
• Actualización del valor de los montos de las sanciones de la Ley de Residuos Peligrosos: propone actualizar los montos de las sanciones. Además de la posibilidad de un apercibimiento, se prevén multas de entre 900 Unidades Fijas hasta 900.000; suspensiones en la inscripción en el registro de entre 180 a 3 años, y hasta la cancelación de la inscripción en el registro
• Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial: crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. Contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para reglar, controlar y emitir las autorizaciones.
• Presupuestos mínimos de Protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso: busca reducir los desechos de neumáticos fuera de uso; minimizar su cantidad y promover el compromiso de los consumidores con su gestión, a través de un sistema de trazabilidad que permita conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.

El presidente puso el gancho y así quedó el Proyecto de Ley Agroindustrial, que regirá en principio solo hasta 2025

“Tenemos optimismo de que por el nivel intelectual, la calidad de los legisladores y el balance de poder, se van a desarrollar en el Congreso buenos debates y es imperioso que así suceda. Venimos con una situación de país muy complicada, con una fragmentación social y una complejidad económica muy grande, y creo que es el momento de ponerse los pantalones largos y empezar a mirar por el bien común del país. Depende de nosotros, de las instituciones del sector y de los mismos productores el poner los temas que queremos que se den”, concluyó el director.

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Está más que claro que los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron al gobierno de Alberto Fernández, que esperaba obtener otros números en los distritos históricamente peronistas. Si esto se toma como una encuesta precisa de lo que podría ocurrir en las elecciones generales del 14 de noviembre, la conformación del Congreso cambiará significativamente.

¿Cuál es la situación en la Cámara de Diputados? Juntos por el Cambio puso en juego 60 bancas en comparación a las 51 del Frente de Todos. Los terceros bloques, que funcionan como el auxilio de las otras dos bancadas ya que ninguno tiene quórum propio, solo deberán renovar 16 escaños.

Según los datos arrojados por las PASO, el oficialismo, que durante estos dos años de gestión contó con 119 bancas -José Ignacio de Mendiguren estuvo siempre de licencia y Sergio Massa como presidente no vota a menos que sea para desempatar-, podría quedarse con 117 luego de este primer resultado electoral. Por su parte Juntos por el Cambio, que actualmente tiene 115 bancas, podría sumar dos más e igualar al oficialismo, dando paso a un escenario que planteará nuevas complejidades a la hora de debatir proyectos de ley.

En la Cámara de Senadores las estimaciones tampoco serían muy alentadoras para el oficialismo. El Frente de Todos cuenta actualmente con una mayoría automática, ya que detenta 41 bancas. En esta elección pone en juego 15 de esos lugares, mientras que Juntos por el Cambio arriesga a solo 9 de sus 26 miembros.

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Los números de ayer dejarían al oficialismo con 35 lugares, dos por debajo del quórum, y a la oposición con 31 senadores, permitiendo un mejor escenario de pelea legislativa.

Pero como en cada elección primaria, es importante tener en claro que las internas dentro de cada partido sirven a fin de cuentas para reordenar las fuerzas de cara a las elecciones generales. Por lo tanto, aún no es conveniente hablar de derrotas o victorias y es importante analizar la conformación de las listas finales que se enfrentarán en noviembre.

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Para Devereux queda claro que es necesaria la participación de las comisiones de Agricultura en las cámaras de Diputados y Senadores, y de los organismos técnicos como el INTA en el tratamiento de una ley de humedales, dado que se podrían condicionar tanto actividades productivas como negocios  inmobiliarios.

Según el productor, antes de definir una ley “es necesario definir primero qué es un humedal, ya que hay bibliografía para todo tipo de significados, y luego hacer un buen inventario”.

Sucede que hay regiones que contienen humedales, pero de acuerdo a Devereux, no por eso se las debería considerar humedales en su totalidad, porque de hacerlo podrían duplicarse las restricciones para desarrollar actividades económicas o de otro tipo. En definitiva, sería mucha más amplia la zona de exclusión o con limitaciones.

Mirá la entrevista completa a Guillermo Devereux:

Algo parecido sucedió con la Ley de Tierras, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando se le puso un freno a la inversión extranjera en campos, sin conocer cuánta extensión estaba en manos de empresarios no argentinos. Después de aprobado el relevamiento oficial, se comprobó que era mucha menos de lo prejuzgado, y el límite fijado por la normativa daba lugar a la venta de más campos. Todo por no haber hecho primero el estudio correspondiente.

Devereux explicó que una ley ambiental de estas características implica tener en cuenta un montón de cuestiones. En primer lugar, dijo que las provincias deben tener un involucramiento grande en esto, porque se puede afectar a diversas actividades productivas, para lo cual pidió que se considere “la potestad de las provincias para legislar sobre una base y no por debajo de ella. En Entre Ríos, Corrientes, Chaco o Formosa hay mucha producción y límites entre lo que sería un humedal y lo que no lo sería”.

“Hay que trabajar muy bien en el inventario de humedales, y luego definir las categorías y los tiempos”, manifestó el integrante de Barbechando. Por ejemplo, si se define una determinada región como humedal, pidió “dejar en claro qué plazos se les dará a los productores para la reconversión, y si podrán o no seguir desarrollando actividades productivas, de qué tipo y en qué condiciones”.

Ley de Humedales: El INTA se sentó a discutir con especialistas y concluyó que producción y conservación son compatibles

A su vez, Devereux dejó en claro que una normativa de este tipo debería indicar “qué sucede cuando hay una catástrofe como inundaciones o incendios, que a veces requieren que se hagan obras. Entonces debería estar estipulado qué organismo la permitirá y en qué tiempo”.

La Fundación Barbechando, queda claro, apoya que haya un debate sobre los Humedales, no lo rechaza. “Alguna legislación se tiene que dar”, consideró el productor. Agregó que, aunque los proyectos de ley que circulan en el Congreso hablan de producción bajo criterios sustentables, “pues también eso será necesario definirlo con nombre y apellido”.

Finalmente, Devereux destacó un aspecto legal a tener en cuenta: la responsabilidad penal que podría caberle a los directores de empresas que quedarían penalmente comprometidos ante prácticas mal realizadas o criterios mal interpretados por el personal bajo su mando. Por esa razón consideró que ,“la ley y el decreto reglamentario deben ser específicos y muy bien trabajados, porque hay mucho en juego”.

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Álvaro Tomas, economista y consejero de la Fundación Barbechando, se refirió al motivo por el cual el Congreso está operando en modo tan lento, comparado al menos con la actividad que tuvo en 2016. En diálogo con Bichos de Campo dijo que “en años electorales como este nadie quiere regalar nada y utilizan al Congreso como tribuna política, lo que dificulta la tarea legislativa para que salgan proyectos”. Escuchá toda la conversación:

Con respecto al resto de los proyectos tratados, Tomas hizo alusión al proyecto de Warrants o certificados de depósitos, de autoría de Alfredo De Angeli, que fue presentado en el Senado, y a otros proyectos de ley presentados en Diputados por Luis Basterra o Gilberto Alegre. Además explicó que “el proyecto de ley de humedales de Pino Solanas tiene media sanción en el Senado y tiene giro para ser discutido en varias comisiones, en la de Recursos Naturales, la de Agricultura y luego en comisión de Presupuesto”.

Para el consejero de la Fundación Barbechando, los proyectos legislativos más importantes en los cuales avanzar para que salgan son: semillas, humedales, seguros, fertilizantes, conservación de suelos y aplicaciones. “Estos son los temas en los que el poder legislativo debe poner manos a la obra. Esperemos en octubre, superadas las elecciones, tener otro ritmo de trabajo”, reclamó.

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