El último viernes, el propio Basterra se había reunido con sus pares de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Mario Meoni, para analizar el conflicto con los Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), una agrupación de pymes camioneros del interior -en especial cerealeros- que se lanzaron a protestar y controlar cargas el 16 de enero. El impacto de la medida se sintió primero fuerte en todos los puertos, pero luego la Provincia de Santa Fe avisó que no iba a tolerar que se corte el tránsito de camiones. En Buenos Aires, en cambio, los puertos de Quequén y Bahía Blanca siguen cercados y nadie parece querer hacer demasiado para evitarlo.

En este contexto, las autoridades de la Federación de Acopiadores de Cereales fueron recibidas por Basterra, y el secretario de Agricultura, Julián Echezarreta. En algún momento se especuló que del encuentro participarían también los otros dos ministros nacionales, que el viernes habían prometido, después de dos meses de diversos conflictos que afectaron la llegada de los granos a los diversos puertos, “garantizar la seguridad y el flujo de la producción agropecuaria”. Pero no fueron.

Los acopiadores llevaron un cálculo terrible y doloroso en un país necesitado de divisas: ellos estimaron que el conflicto con los transportistas revoltosos del TUDA ya ha tenido un costo que supera los 100 millones de dólares. Pero lejos parecen de haber conmovido al gobierno.

Parece una burla: Después de dos meses con puertos paralizados, el gobierno promete “garantizar la seguridad y el flujo de la producción agropecuaria”

Del relato de la reunión, más bien, parece hacer quedado claro que el gobierno nacional no tendrá una intervención activa para liberar las rutas que siguen bloqueadas y que, por el contrario, su estrategia apunta al desgaste y el aislamiento de los grupos de transportistas revoltosos.

En ese sentido, el ministro Basterra les informó a los acopiadores que el 4 de febrero se realizará en el Ministerio de Transporte de la Nación una reunión que convocará a dadores de carga y transportistas para negociar allí una actualización de las tarifas orientativas. “Solo podrán participar las entidades que representan legalmente al transporte de cargas”, aclaró un comunicado de los acopiadores que confirmó así el deseo oficial de aislar al TUDA del resto de las organizaciones que sí tienen personería gremial:

“De esta reunión participarán los representantes de los dadores de carga (Acopiadores y Mesa de Enlace) y de los transportistas. En este punto, aclararon que el gobierno nacional solo recibirá a las entidades y cámaras legalmente constituidas (CATAC, FADEAC Y FETRA) y no al grupo de transportistas autoconvocados”, precisó el comunicado.

En este contexto se puede interpretar también la intervención en el conflicto, el miércoles de la semana pasada, del titular de la Cámara de Diputados y referente político del ministro Meoni, Sergio Massa. A él recurrieron los transportistas rebeldes, pidiendo su intermediación para lograr una legislación que les asegure cobrar por lo menos las tarifas orientativas para los fletes con granos, una cosa que no siempre sucede.

“El diputado (por Massa) se comprometió a dar una respuesta en 48 horas. Este lunes a las 15 horas se venció el plazo que tenía Massa para dar una respuesta. Desde TUDA señalaron que no hubo comunicación alguna, por lo tanto, para los transportistas el diputado incumplió su palabra y el paro continúa”, informó el sitio Agrofy News esta tarde. También por estas horas los transportistas decidían de qué manera se retomaban las protestas en Santa Fe.  Una de las alternativas analizadas era organizar una marcha de camiones sobre Buenos Aires.

Como única herramienta frente al recrudecimiento de los cortes y piquetes, el ministro Basterra recomendó a la Federación de Acopiadores, representada por Fernando Rivara, Alejandro Carelli y Daniel Asseff, que sean ellos (y nos los fiscales que dependen del Estado) los que hagan denuncias policiales.

“Desde el Ministerio de Agricultura nacional destacaron la necesidad de formular las correspondientes denuncias judiciales a aquellos transportistas que por estos días infligen las leyes y protagonizan hechos de violencia”, contó el comunicado de los privados, que fueron a manifestar al Estado su “profundo malestar por la extensión de los delitos y la pasividad de las fuerzas de seguridad, en especial de la policía de la provincia de Buenos Aires, ante hechos como la privación de la libertad a personas, la interrupción del abastecimiento a fábricas y puertos, y la imposibilidad de cumplir contratos, con la consecuente interrupción de los flujos financieros”.

“Es criminal que en un país tan necesitado de trabajo y generación de riqueza se atente contra la producción”, destacó Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores, quien explicó que las terminales portuarias se han quedado sin cereales, y hay industrias que ya sufren desabastecimiento, como plantas avícolas, tambos y molinos.

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“Después de semanas de negociaciones nos vemos forzados a retomar el conflicto con los empresarios portuarios que pretenden ganancias extraordinarias y llenarse los bolsillos mientras nuestros compañeros están poniendo el pecho a la pandemia en los puertos o lamentando la falta de trabajo en el sector más pujante del país. No podemos permitir que la situación siga así”, dijo Pablo Palacio, Secretario General de la URGARA.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazaron la medida y la tildaron de “ilegítima e irresponsable” en medio de este escenario de pandemia. Martín Brindici, gerente general de la CPPC dijo: “Pretenden, sin ningún fundamento objetivo, reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Cuando todos los argentinos piden trabajo, hay dirigentes que van a un paro buscando trabajar menos.”

Desde URGARA indicaron que las paritarias vencieron en julio al igual que la Conciliación Obligatoria dictada el pasado 27 de agosto por el ministerio que dirige Claudio Moroni, y se dirigirán mañana –martes 29 a las 15 horas- a la cartera laboral para ratificar sus pedidos: “recomposición salarial, reducción de jornada laboral, horas extras, licencias, seguridad e higiene, sistema de relaciones laborales, condiciones de vida, Impuesto a las Ganancias y jerarquizar la tarea de nuestros compañeros”.

https://twitter.com/urgaracom/status/1310341441307189251

URGARA argumentó que según datos oficiales de la Bolsa de Cereales de Rosario, las exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol y cebada alcanzaron un nivel histórico en el primer semestre del año, llegando a los 52,5 millones de toneladas.

Del mismo modo, remarcaron que, según cifras del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), en los primeros seis meses de este año los muelles de Ingeniero White y Galván comercializaron 8.383.000 toneladas, récord respecto a 2019. Por otro lado, el Puerto Quequén superó los dos millones y medio de toneladas en el acumulado anual de los primeros cuatro meses del año.

Si bien desde la CPPC afirmaron que los salarios de los empleados de URGARA son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país, en la vereda contraria piden que los empresarios “cesen en su intransigencia y mezquindad de querer maximizar ganancias a cuesta de los trabajadores”.

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“Los titulares de la mercadería (dadores de carga) deberán consignar el respectivo turno y los destinos correctos en el momento de solicitar el CTG (documento para el transporte de granos) para no tener inconvenientes. Importante sacar turnos con anticipación. Llevar tranquilidad de que STOP no va a trabar ningún tipo de solicitud en caso de tener alguna falla”. Eso fue lo que comunicó Campra a productores, acopios y exportadores.

La implementación efectiva del sistema de cupos en las terminales portuarias estaba pendiente desde mayo de 2017, cuando el Ministerio de Transporte emitió la Resolución 25E-2017, con la que se oficializó la puesta en marcha del Sistema de Turnos Obligatorios para descarga de granos en los puertos (STOP).

A partir de esa norma, “las terminales portuarias y establecimientos de acopio y/o de reacondicionamiento de agrograneles habilitados que adhieran al presente régimen, se encontrarán obligados a la debida utilización del STOP”.

Aquella resolución establecía que las empresas de transporte automotor de cargas que transporten granos no podrán circular sin el correspondiente turno asignado mediante el sistema informático. “La autoridad de aplicación arbitrará los medios conducentes para la implementación de una plataforma web (web service) que concentre y reciba información de las diferentes plantas proveedoras de turnos”, se indicó entonces. Ahora la tarea parce estar concluida.

A partir del martes, entonces, se supone que las empresas agrícolas “deberán cargar la programación diaria de los turnos asignados en la plataforma del sistema”. Por ahora, las terminales que adhirieron al sistema son estas: 

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