El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.

Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.

Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.

“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.

Se agudiza el conflicto con los “mapuches” y los productores se sienten abandonados: “Es un escenario difícil si el gobierno apoya estas cosas”, dijo Leonardo Jones de la Rural de Esquel

En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.

Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.

Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.

Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.

El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.

El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.

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“Esta es una situación que, si bien ahora ha tomado vuelo mediático, arrancó en 2014. En un principio nadie sabía a qué atribuirlo. Eran actos de sabotaje: prender fuego un camión en la noche, incendiar un puesto en alguna estancia y dejar consignas anónimas de reivindicación de la lucha ‘mapuche’. Hoy sabemos que es lo mismo que pasa en Chile, en Neuquén y en Río Negro. Es un mismo movimiento con actores en ambos lados de la cordillera”, dijo a Bichos de Campo Leonardo Jones, presidente de la Rural de Esquel en Chubut.

Las acciones de estos grupos identificados como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) han sido de lo más variadas. Algunas implicaron cortes de ruta y rotura de alambrados, mientras que otras fueron más violentas, como la quema de maquinaria y vehículos.

Días atrás en El Bolsón, provincia de Río Negro, estos grupos atacaron e incendiaron el edificio del Club Andino Piltriquitrón, y dejaron un mensaje intimidatorio contra propietarios de terrenos presentes en la zona y autoridades institucionales: “Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”. Eso prendió alarmas en la provincia, ya que supuso una amenaza directa a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente de esa localidad, Bruno Pogliano.

“Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones. Denunciaremos el hecho en la Justicia Federal Penal, en el marco de la acción ya presentada por el delito de terrorismo”, escribió Carreras en sus redes sociales.

“Las proclamas de fondo de quienes avalan los actos de violencia es que ellos desconocen al Estado Argentino y al Estado Chileno, y van en búsqueda de la conformación de una Nación Mapuche, en una región que ocupa las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, parte del sur de Buenos Aires y más o menos lo mismo del otro lado en Chile”, señaló Jones.

Las críticas al gobierno nacional recrudecieron luego de que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presentara en la audiencia que se realizó en Chile, en la cual Facundo Jones Huala, líder de la RAM y detenido desde 2018 por incendiar una vivienda en la localidad chilena de Pisu Pisué, pidió por su libertad condicional.

Los trascendidos indicaron que Bielsa había pedido por la extradición de Huala a la Argentina; sin embargo, desde la Embajada afirmaron que eso no fue así y que el gobierno chileno pidió la participación del funcionario por haber un ciudadano argentino involucrado. Mientras tanto, el gobierno de Río Negro pidió la colaboración de las fuerzas de seguridad federales, pedido que fue denegado por la Nación.

Frente a diversas impropiedades que se están difundiendo por algunos medios de comunicación y redes sociales, relacionadas con la asistencia consular al ciudadano argentino Facundo Jones Huala, se abre hilo: (1/11)

— Argentina en Chile (@EmbArgEnChile) October 21, 2021

“Hay algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: los gobiernos le escapan a este tema porque es uno que no le lleva votos a nadie, es un tema incómodo y la Justicia, los Estados provinciales y el Estado nacional lo han dejado crecer”, sostuvo el presidente de la Rural de Esquel.

“El escenario es muy difícil para nosotros como productores si el gobierno promueve y apoya este tipo de cosas. Lo que estamos pidiendo es que los gobiernos provinciales, tal cual lo ha hecho la gobernadora Carreras, se pongan del lado de las víctimas y le exijan al gobierno nacional que cambie su actitud”, añadió.

“Como colegas nosotros apoyamos a los productores afectados en todo lo que podemos; cada caso es distinto, pero no está previsto desde el Estado ningún tipo de acompañamiento”, dijo el dirigente rural con resignación.

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