“Todo esto nació mal”, apunta el veterano ante la primera pregunta de Bichos de Campo, orientada a indagar si no estamos frente a una de las grandes discusiones idiotas que solemos mantener los argentinos. En rigor, lo que arrancó siendo una buena noticia (la Argentina desarrolló un trigo transgénico que puede soportar mejor el estrés hídrico o la falta de lluvias) parece haberse convertido en una catástrofe nacional (Bioceres y el Ministerio de Agricultura se vieron obligados a instrumentar un costoso sistema de control para evitar que ese trigo contamine al resto de la cosecha). Cosa de Mandinga.

“Lo que nos alarmó este año fue la propia explicación de Bioceres diciendo que había sembrado 55 mil hectáreas de trigo HB4. Esas 55 mil hectáreas para ensayos convengamos que parece un poco mucho. Estamos hablando de 200 mil toneladas más o menos de trigo que podría convertirse en semilla y eso alcanza para sembrar 2 millones o más de hectáreas. Eso causó una gran conmoción porque ahí se prendieron todas las alertas!”, nos explicó Dente. La Federación de Acopiadores que él integra forma parte de un frente con los molinos y los exportadores de cereales, que advierte que lo que parecía un avance podría terminar provocando perjuicios a la cadena triguera.

Ese frente fue el que forzó a las autoridades de Agricultura, que en octubre de 2020 aprobaron el trigo HB4 pero condicionado a un aval semejante desde el gobierno de Brasil (que todavía no sucedió), a montar ahora un fenomenal operativo para evitar casos de contaminación desde esas 55 mil hectáreas sembradas con la variedad transgénicas al resto de la producción que surja de 7 millones de hectáreas sembradas con el cereal convencional. Todo a las apuradas, cuando ya está encima la cosecha.

“Tiene que haber protocolos muy estrictos porque frente a un grano que pueda contaminar el resto, la tolerancia de recibo es cero para el trigo común. Y además no tiene ninguna diferenciación a simple vista. Entonces es muy fácil que inconscientemente, involuntariamente, se produzca algún canal de contaminación. Esperemos que eso no ocurra”, afirmó Dente.

Mirá tona la entrevista:

La semana pasada, según contó el asesor de los Acopiadores, el MInisterio de Agricultura y la propia Bioceres presentaron al resto de la cadena el plan de trabajo para evitar ese posible caso de contaminación, que sería muy dañino para la reputación y las posibilidades comerciales del trigo argentino ante el resto del mundo.

“No hay peor cosa que se comente en el mundo que la Argentina podría llegar a tener un trigo contaminado. Sería como la aftosa, un horror desde el punto de vista de prestigio e inclusive de precios de esa mercadería”, advirtió el acopiador, que resaltó que “el mercado del trigo es un mercado no OGM (genéticamente modificado)”.

Para Dente, a esta altura de las circunstancias, “no solo hay que ser muy bueno sino sobre todo demostrar que uno es muy cuidadoso”.

Las explicaciones de las autoridades no dejaron del todo tranquilos a los acopiadores, que ven imposible segregar ese cereal modificado cuando llegue a los silos de la cadena comercial. Dente, en ese sentido, manifestó que todos los controles deben realizarse en el lugar de la cosecha del trigo HB4,que son unos 370 lotes en total en todo el país. Allí el cereal modificado debería quedar inmovilizado.

Dente también dijo que la cadena triguera no tiene por qué hacerse corresponsable de los controles, pues “el trigo HB4 es de Bioceres y además está prohibido”.

En este sentido, contó que le exigieron a Bioceres que informe primero dónde está ubicado cada lote del trigo (la información está en poder del Instituto Nacional de Semillas y fue difundida parcialmente en las últimas horas pero sin esas precisiones). Pero además reclamaron que la empresa de biotecnología contrate una certificadora que de cuenta de que se están haciendo bien las cosas.

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“Yo me imagino que un protocolo de esta naturaleza, tan riguroso como este, debe estar certificado, es lo más elemental”, indicó Dente, que de todos modos ironizó que “parece que no hay certificadora”.

-¿Y entonces qué hacemos? ¿Quemamos todo?

-De alguna manera estamos obligados a creer que los protocolos van a funcionar. Pero para poder creer, el que los organiza tiene que dar señales claras- reclamó Dente, que insistió en que Bioceres se niega a dar a conocer la posición exacta de los lotes y no cuenta con una certificadora independiente.

El acopiador afirmó que este es el momento de “meterle con todo” a los controles, “para tener la tranquilidad nosotros y además para defender la calidad del trigo argentino. Estamos en defensa del prestigio de nuestro trigo, aislando todo esto”.

-A esta altura, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿El Estado debería revisar la autorización al trigo HB4 que otorgó en su momento?

-Frente  a esta emergencia el Estado tiene que estar muy encima de Bioceres y asegurar que se van a cumplir con todos los protocolos. Tiene que haber un seguimiento muy estricto de qué se va a hacer con esos granos. Y en última instancia habrá que mandar a destruirlos. Si no.. ¿a título de qué queda tanto trigo en el mercado? ¿Cuál es el valor que puede tener hasta tanto no esté aprobado? Ahí es donde nosotros enfatizamos que el trigo es de Bioceres y la responsabilidad es de Bioceres.

-¿Qué quieren decir con esto?

-Que frente a cualquier contaminación que pudiera llegar a haber la responsabilidad originaria es de Bioceres. Pero también van a tener que cuidarse mucho los funcionarios que están encargados del contralor de este proceso, porque si mañana llegara a haber algún problema, con perjuicios importantes, cada uno va a querer sacarse la responsabilidad de encima. Es un proceso donde tanto Biocerss como las autoridades que autorizaron hacer ensayos de tanta magnitud, van a tener que cuidarse de que el protocolo cierre perfectamente bien.

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Dente agregó que los Acopiadores reclamaron tanto a Bioceres como al gobierno que tomen “seguros de caución” o “pongan garantías particulares”  aceptando hacerse cargo de la responsabilidad por todo este proceso. “No puede ser que al mismo tiempo que decís ‘esto no va a pasar’ no te hagas cargo por si llegara a pasar”, explicó.

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“Este Gobierno decidió fijar los aumentos de derechos de exportación que ya había fijado Macri”, confirmó a Bichos de Campo Raúl Dente, asesor general de la Federación de Acopiadores y un profundo conocedor del negocio de los granos.

“Por lo que conozco, y como primera idea, me parece de la mayor racionabilidad, porque más allá del impacto negativo de las retenciones, las retenciones no iban a aumentar más de lo que se habían fijado el año pasado por el Gobierno de Macri”, explicó.

“Recordemos que el año pasado se habían fijado niveles de retenciones de hasta el 12% para la soja, pero que no podían superar los 4 pesos por dólar exportado. En ese momento el dólar estaba abajo de los 40 pesos, así que ese 12% equivalía a los 4 pesos por dólar. Luego, cuando nuestra moneda se comenzó a devaluar, el dólar pasó de 40 a 60, y entonces esos 4 pesos, en lugar de representar un 12%, representaron un 6,5% aproximadamente”, completó Dente, dando crédito a los argumentos del Gobierno.

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Al eliminarse el tope máximo de los 4 pesos por dólar exportado, los derechos de exportación quedan ahora en el 30% para la soja (la soja ya contaba con una alícuota del 18%, pero el Frente de Todos apeló a la alícuota del 12%, establecida en el decreto de Macri), mientras que para el maíz y el trigo este tributo quedaría en 12%, mientras que otros productos como la carne, la harina y la leche en polvo tendrán una retención de 9%.

Respecto de cómo ve la gestión del nuevo ministro Luis Basterra hacia adelante y las perspectivas del sector agropecuario, Dente declaró: “Hay que diferenciar las expresiones de deseo de los hechos de la realidad. Este ministro conoce bien al sector y cuenta con experiencia porque tiene una profunda vinculación con el ámbito parlamentario en donde fue presidente y vice de la comisión de Agricultura, y cuenta con excelentes referencias. Al mismo tiempo formó un equipo interesante, ya que nombró a Julián Echazarreta, que era vicepresidente de la Bolsa de Cereales y cuenta con conocimiento dentro del área ejecutiva de ACA, de modo que esa es una excelente decisión”.

“Queremos que haya continuidad en los aspectos positivos que implican expandir al máximo las posibilidades de producción agroindustrial de nuestro país y que haya un contacto permanente para que haya interacción público- privada, porque así como exigimos a los funcionarios públicos, los privados debemos aportar elementos para que esto sea posible”, destacó el asesor general de la Federación de Acopiadores.

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“Creo que el complejo sojero tuvo un crecimiento espectacular en un tiempo. Y convengamos que también había retenciones y fuertes distorsiones en los mercados de maíz y trigo. De manera tal que cuando se recompuso esa situación, y dejaron los derechos de exportación solo para la soja, ahí hubo una recomposición de la tierra y de la siembra”, explicó Dente a Bichos de Campo.

Pero respecto de la unificación de los derechos de exportación para la industria aceitera, Dente recordó que “antes existía el diferencial arancelario, es decir, el derecho de exportación que pagaba el crushing de soja para exportación era inferior a la tasa que pagaban los granos, y esa era la forma en que la industria devolvía el supuesto beneficio por haber comprado la materia prima más barata”.

“Con esto, yo lo que digo es que, cuando se grava con derechos de exportación a los productos industrializados a una tasa inferior a la que tienen las materias primas, cuidado, porque no necesariamente eso es un subsidio de los productores a la industria”, indicó el veterano directivo de la Federación de Acopiadores.

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“Al poner la misma tasa de derechos de exportación, estoy empezando a gravar con impuestos a la industria exportadora. Y un país que tiene que crecer con exportaciones, y que las mismas deben tener valor agregado, si bien los derechos de exportación son uno de los impuestos más distorsivos que hay, mucho más lo es el gravar a una industria con valor agregado”, lamentó Dente en su análisis.

En su análisis, el especialista recordó que lo que se propone al hablar de un diferencial arancelario (a su juicio también se podría aplicar mediante reintegros) “es lo que todos pregonamos cuando decimos de agregar valor en origen”.

A juicio de Dente, la eliminación del diferencial histórico d(de entre 2,5 y 3% según la etapa históricoa) fue un error del gobierno de Macri que “también afectó al desarrollo de la soja, porque le pusieron un impuesto a la industrialización de productos para la exportación y no para el consumo interno”, destacó.

Respecto de la industria aceitera, incluidos los puertos, Dente remarcó que “hicieron fuertes inversiones. Tenemos un polo que es ejemplo en el mundo y tenemos todavía algún nivel de capacidad ociosa que está alrededor del 30% al 35%, con lo cual estamos en condiciones de poder seguir aumentando la producción de soja”.

Dente se mostró esperanzado respecto del crecimiento del área sojera en el país para este año: “Si bien las decisiones de siembra ya están adoptadas, pero en base a toda la incertidumbre nueva que se ha recreado (en función del resultado electoral), podría haber un traspaso de área de siembra de maíz a soja, de modo tal que quizás este año podría aumentar marginalmente la producción de soja”, evaluó.

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El sueño del pibe. O mejor dicho, el sueño del dirigente agropecuario: contar con un flujo constante de recursos para no tener que sacar plata de su propio bolsillo ni depender de las cuotas de los socios o tener que hacer todo tipo de manganetas para financiar las actividades gremiales. En 2008, tras el conflicto con el gobierno K por las retenciones móviles, la Mesa de Enlace había intentado algo parecido con el Fondo Federal Solidario, pero resultó un estrepitoso fracaso. Nadie puso un mango porque no era obligatorio sino voluntario.  

¿Y quiénes son las tres instituciones del agro que lograron ahora construir lo que tantas veces soñaron los entidades rurales? La Federación de Acopiadores, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y Coninagro, que reúne a las cooperativas cerealeras de ACA y también forma parte de la Mesa de Enlace. 

¿Qué tienen en común esas tres entidades? Pues que sus socios (acopios, exportadores y cooperativas) se dedican al almacenaje y comercio de granos, y por lo tanto tienen empleados enrolados dentro del 
convenio colectivo 130 del año 1975, que corresponde a la rama “acopio” o “cereales” de la Federación Argentina de Empleados de Comercio. En efecto, las tres cámaras empresarias discuten salarios y condiciones laborales con el gremio del veterano dirigente Armando Cavalieri. Por cuerdas separadas negocian con Urgara, el gremio de los recibidores de granos. Pero sus empleados administrativos, que suman unos 5.000 o 6.000 en todo el país, dependen de Comercio. 

Ver Una pregunta a Gustavo Vionnet: ¿por qué impulsan una ley para financiar las entidades rurales?

No se sabe muy bien quién empezó a tirar de la piola. Pero el 29 de julio de 2014, en el marco de una negociación paritaria para esos trabajadores, esas tres entidades empresarias aceptaron una propuesta del gremio para firmar un Acta Acuerdo y dar forma a Incagro, que no es otra cosas que el “Instituto de Capacitación Agropecuaria”. 

El modelo del Incagro está copiado casi literalmente del INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio). que fue creado en 2008 por otras ramas empresarias que debían verse las caras con Cavalieri en el marco del convenio 130/75, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), del histórico Osvaldo Cornide. En pocos años, el INACAP se transformó en una estructura sólida, de la cual abrevan sus dirigentes cuando necesitan financiar viajes y reuniones.

He aquí el gran secreto: las actividades de estos institutos de capacitación se financian con una contribución patronal mensual de carácter obligatorio, a cargo del empleador, para la nómina de todos los empleados agrupados bajo la órbita del “Convenio Mercantil”. En el caso del flamante Incagro, que comenzó a recaudar por estos meses (ya lleva emitidos cuatro talonarios) se definió que la contribución patronal obligatoria será “del 1% de los salarios básicos del personal comprendido en la Rama Cerealera” del convenio.

¿De cuánta plata estamos hablando? De bastante, porque recién se está poniendo en marcha el Instituto y ya recauda entre 700 mil y 800 mil pesos mensuales, y se espera llegar muy pronto al millón. Serían entonces cerca de 12 millones de pesos al año, ajustables con cada paritaria salarial.

Aunque el interés prioritario del flamante Incagro será “la formación y capacitación técnica y profesional de los trabajadores y empleadores, de acuerdo a los requerimientos y exigencias de la actividad de esta rama”, no se descarta que parte de la recaudación pueda ser destinada a solventar los gastos de actividades en cada una de las entidades que firmaron el acuerdo hace cuatro años y que ahora lo están poniendo en marcha. 

Raúl Dente, un histórico directivo de la Federación de Acopiadores, fue elegido como primer presidente del Incagro, pero uno de los que más participó en la gestación de este instituto fue Daniel Asseff, el ex gerente de Coninagro, que ahora también forma parte del staff de Acopiadores tras un paso fugaz por el equipo que acompañó al ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

Esos dirigentes recuerdan que cuando se planteó la discusión con el sindicato de Cavalieri, en 2014, el razonamiento fue “o nos oponemos o nos metemos”, y que la decisión fue involucrarse y aprovechar la herramienta del modo más adecuado posible. La constitución del flamante Incagro tomó cuatro años, pero ahora refleja una mayoría de representantes de las cámaras empresarias, que deberían custodiar ahora que el dinero recaudado se gaste con transparencia y se destine a los fines específicos. Gustavo Idígoras, por ejemplo, ocupa una de las sillas en representación de los exportadores, como presidente de Ciara-Cec.

En la página web del Instituto ya pueden visualizarse una serie de videos destinados a la capacitación del personal administrativo de los centros de almacenaje de granos. Y según relató el propio Dente a Bichos de Campo, la idea es profundizar estas acciones hasta lanzar, posiblemente en 2019, una suerte de escuela virtual para los empleados administrativos de la Rama Cereal, que les permita acceder a un título habilitante en el futuro. Ya se verá, el recorrido recién se inicia. 

Mirá la presentación institucional de Raúl Dente sobre Incagro

Por supuesto que hay quienes critican la iniciativa, sobre todo por la imposición de un nuevo aporte obligatorio sobre las empresas. Hay varios acopios o cooperativas que se retoban porque no están asociados ni a la Federación de Acopiadores ni a Coninagro (un caso concreto son las cooperativas de AFA, históricamente ligadas a la Federación Agraria), pero que terminarán financiando con sus aportes una estructura ajena.

Y así en silencio, sin que nadie lo esperase, llegó Incagro. Y quizás también haya llegado con ese instituto una nueva forma de financiar parte de las actividades de las cámaras empresariales del sector agropecuario.

Dicen los que saben que no falta mucho para que un convenio muy semejante sea firmado por las cuatro entidades rurales tradicionales con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Y en ese caso, los que deberían hacer el aporte obligatorio serían todos los productores con personal registrado en sus explotaciones. 

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Entonces, ¿Esto que se anunció qué es? ¿Es desburocratizar como dice Macri? ¿O las exigencias impuestas al productor serán las mismas, con la diferencia de que las cumplirá todas de una vez?

Dente sostuvo que donde hubo un avance sustancial por ahora fue con el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). “Ahí sí hubo una simplificación importante en lo que es la presentación de documentación. Y en la medida en que este gobierno elimine más trámites al productor, bienvenido será. La clave de estos procesos es que no sólo desburocraticen, sino que también sean eficaces en el control de la evasión”, remarcó Dente.

Escuchá el reportaje completo a Raúl Dente:

Con respecto a la decisión de algunos exportadores de no hacer más los análisis de calidad de los granos en los laboratorios de las cámaras arbitrales, sino en laboratorios propios, Dente sostuvo que “más allá de que la mercadería debe ser analizada, desde Acopiadores no aceptamos bajo ningún punto de vista que no exista la posibilidad de recurrir a un arbitro en caso de disconformidad, porque se trata de un principio elemental de derecho de defensa que no se le puede negar a nadie”.

Y agregó: “Siempre tiene que estar abierta la instancia de las cámaras para dirimir discrepancias”.

Otro de los temas polémicos sobre el que le preguntamos a Dente: los plazos de pago que luego de esos análisis imponen los exportadores o las grandes cerealeras a los productores. “Hicimos avances el año pasado, conviniendo, primero con la Federación Molinera y luego con la exportación, un plazo no mayor a los 30 días, si bien las normas dicen que se debe pagar a los 5 días de la presentación de las facturas. A veces se cumple, otras no tanto. Siempre recibimos sugerencias al respecto”.

Dente mencionó que “además, el año pasado logramos que se pagara el 100% del valor de las operaciones, para evitar que haya dos liquidaciones a fijar. Si la mercadería ya se entregó, si se sabe la calidad y la operación fue al contado y no hubo ninguna cláusula de pago diferido, en ese caso que se pague el 100% directamente. Estamos en un proceso complicado con muchas derivaciones, y de adecuación a lo que debería ser una comercialización normal. Pero indefectiblemente hay que cumplir con las obligaciones de las transacciones en granos, para que esto no sea un viva la pepa y termine dominando el más fuerte”, avisó.

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