En los primeros ocho meses del presente año la recaudación por retenciones –realizada casi en su totalidad por empresarios agropecuarios– fue de 634.607 millones de pesos, una cifra que permitiría mejorar tres veces toda la extensión de la red de caminos rurales presente en la Argentina.

Si se considera un costo de 5,50 millones de pesos por kilómetro de camino rural –para realizar tareas de perfilado, bacheo, alteo, limpieza de cunetas y alcantarillas–, entonces la recaudación por derechos de exportación en lo que va del año permitiría poner a punto 1,23 millones de caminos rurales, una cifra que representa tres la red vial rural presente en las diferentes regiones productivas argentinas.

Los derechos de exportación son la cuarta fuente de recaudación impositiva del Estado nacional, por detrás del impuesto a las Ganancias con 1.431.775 millones de pesos en enero-agosto de 2021, el IVA a las operaciones internas (1.226.650 M/$) y el IVA a las operaciones de comercio exterior (756.720 M/$).

En los siguientes puestos del “ranking” recaudador se ubican el impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios con 449.234 millones de pesos; derechos de importación y tasa de estadística (221.062 M/$) y combustibles (212.685 M/$).

En lo que respecta a los ingresos por seguridad social, en los primeros ocho meses de este año se recaudaron 586.188 millones de pesos en concepto de aportes personales y 850.241 millones por contribuciones patronales.

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En marzo de 2021 la recaudación por derechos de exportación –generada en su mayor parte por colocaciones de productos agroindustriales– fue de 71.243 millones de pesos, una cifra 145% superior a la registrada en el mismo mes de 2020 cuando la inflación oficial en el período fue de 40,7%.

La suba se explica tanto por el aumento de los precios internacionales de los productos agroindustriales exportados por la Argentina como por el comienzo de la campaña comercial 2020/21 de productos del complejo sojero.

Vale recordar que a partir de lo determinado por la resolución 78 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, vigente desde octubre de 2019, los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.

De las 5,01 millones de toneladas de productos agroindustriales registrados en marzo pasado, el 65% corresponde a embarques de poroto, aceite y harina de soja, seguidos luego por maíz y trigo.

Por otra parte, el IVA aplicado sobre los productos importados sumó el mes pasado 100.209 millones de pesos para registrar un crecimiento interanual del 127%, al tiempo que por derechos de importación y tasa de estadística se generaron otros 29.189 millones de pesos (+114% que en marzo de 2020).

Es decir que, ya sea por el impuesto que desincentiva las exportaciones como por los tributos que encarecen las importaciones –entre las cuales se incluyen muchos equipos e insumos necesarios para producir bienes y servicios exportables–, el funcionamiento de la “maquinaria estatal” se sustenta de manera creciente sobre los sectores generadores de divisas, que son, precisamente, el único vínculo que la Argentina tiene actualmente con el mundo, dado que la nación se encuentra en cesación de pagos y ni siquiera está en condiciones de pagar una deuda asumida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri.

El impuesto de mayor recaudación, el IVA aplicado a productos comercializados en el mercado interno, sumó el mes pasado 150.381 millones de pesos, una cifra 51,6% superior a la registrada en marzo de 2020 y en línea con el nivel de inflación minorista real, dado que el IPC oficial (40,7%) se encuentra “contenido” por el programa de precios máximos implementado de manera forzosa por el gobierno nacional (denominado “Precios Cuidados”).

En tanto, el impuesto a las Ganancias sobre ventas internas (DGI) recaudó el mes pasado 126.543 millones de pesos, una cifra 72% mayor que la presente en marzo de 2020 y que probablemente refleje al costo inflacionario real que debieron asumir las empresas en el último año.

El impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corrientes sumó el mes pasado 49.549 millones de pesos (+53%), al tiempo que los tributos sobre combustibles generaron 23.871 millones de pesos, una cifra 100% superior a la del mismo mes de 2020, gracias al ajuste de precios de los combustibles promovido en las últimas semanas por YPF, compañía energética controlada por el Estado argentino.

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