Dirigentes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) anunciaron hoy que extenderán el paro nacional –que lleva ya entonces una duración de catorce días seguidos– hasta mañana miércoles por la tarde.

Los recibidores de granos afiliados a Urgara también se encuentran llevando a cabo medidas de fuerza en todas las empresas menos en las unidades gestionadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, ADM Argentina y Molinos Cañuelas, dado que esas cuatro empresas ya acordaron las paritarias salariales correspondientes el ciclo 2020/21.

“Las patronales se niegan a dialogar mientras insisten en maltratar y difamar a los trabajadores, tanto a los aceiteros como a compañeros de otros gremios”, aseguró hoy un comunicado de SOEA.

Por otra parte, gremios integrantes de la denominada “Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial (Impaci), entre los cuales se incluyen el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos (Seamara), el Sindicato Único de Serenos de Buques, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Vigilancia Privada, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de San Lorenzo, la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante y hasta la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), anunciaron hoy que, en “solidaridad con la lucha” llevada adelante por aceiteros y recibidores de granos, realizarán mañana miércoles a partir de las 6:00 horas un “cese de actividades” hasta el jueves próximo a las 18:00 horas.

Los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos manifestaron hoy una “profunda preocupación por la inactividad que se da en los puertos debido a un conflicto gremial”.

“Nos resulta incomprensible ver cómo en esta época de crisis general, se priva a nuestro país del ingreso de importantes divisas genuinas tan necesarias”, remarcaron por medio de un comunicado.

“Queremos alertar a las autoridades también que, de mantenerse este conflicto, en el corto plazo aparecerán problemas en la cadena de pagos del sector agroindustrial, ya que al no poder entregar su mercadería, el productor se ve imposibilitado de cumplir con sus compromisos”, advirtieron.

El conflicto está retrasando de manera significativa los embarques programados de productos agroindustriales para generar un “embotellamiento” gigantesco de buques tanto en el Río Paraná como en el acceso de ingreso del Río de la Plata. El costo promedio de demora de un buque se encuentra en torno a 25.000 diarios.

Al tratarse de un insumo crítico para muchas naciones del mundo –especialmente las asiáticas–, la interrupción de embarques argentinos de harina de soja está provocando importantes problemas logísticos, dado que no existe en el mundo otro proveedor del producto tan significativo como la Argentina (que es por lejos el primer exportador mundial).

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El conflicto, al presentarse en plena cosecha fina, está demorando la entrega y liquidaciones de partidas de trigo y cebada, lo que compromete financieramente a muchas empresas agrícolas que contaban con tales ingresos para poder abonar los compromisos pendientes de fin de año.

Los recibidores de granos afiliados a Urgara también se encuentran llevando a cabo medidas de fuerza en todas las empresas menos en las unidades gestionadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, ADM Argentina y Molinos Cañuelas, dado que esas cuatro empresas ya acordaron las paritarias salariales correspondientes el ciclo 2020/21.

¿Qué acordaron las empresas que ya acordaron con Urgara? Un salario básico (jornada de ocho horas) para idóneos –personal sin título de Perito Clasificador de Granos que realiza tareas operativas– de 96.449 pesos mensuales a partir de octubre pasado que se ajusta a 107.545 pesos a partir de enero de 2021. Los valores no contemplan valores no remunerativos ni adicionales.

En el caso de los trabajadores aceiteros las remuneraciones vigentes, según la responsabilidad y experiencia, se encuentran entre 68.678 y 89.139 pesos mensuales. Con tales escalas, el salario bruto promedio en el sector en junio pasado –últimos datos oficiales disponibles– se ubicó en 164.697 pesos (unos 110.000 sin considerar el aguinaldo).

Los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) pretenden un ajuste del 35% respecto de valores acordados en mato pasado para llevar el básico en enero de 2021 en un rango de 93.280 a 121.069 pesos, lo que llevaría el promedio sectorial a unos 148.000 pesos brutos mensuales en 2021.

También exigen el pago adicional de un “bono pandemia”, porque –según indicaron hoy en un comunicado– “cuando se desató la emergencia sanitaria y se detuvo el país, las plantas y los puertos aceiteros y cerealeros no dejaron de funcionar ni un momento gracias a sus obreras y obreros”.

Los representantes de las industrias aceiteras (Ciara) consideran que tal pedido es desproporcionado porque la inflación oficial (IPC Indec) desde mayo a la fecha es de 16,8%.

“¿Por qué los trabajadores debemos resignarnos a simplemente acompañar a la inflación, como pretenden las patronales? Eso es un congelamiento salarial. ¿Cómo va a reactivarse la economía si no es con el consumo de las mujeres y los hombres que trabajan?”, indicaron los gremios aceiteros en el comunicado.

Ante el fracaso de las negociaciones y la postura inflexible de ambas partes, aparentemente no existe ninguna otra autoridad nacional con capacidad para solucionar un conflicto que “tapona” la exportación de mercaderías que constituyen la principal fuente de generación de divisas de la economía argentina.

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“Después de semanas de negociaciones nos vemos forzados a retomar el conflicto con los empresarios portuarios que pretenden ganancias extraordinarias y llenarse los bolsillos mientras nuestros compañeros están poniendo el pecho a la pandemia en los puertos o lamentando la falta de trabajo en el sector más pujante del país. No podemos permitir que la situación siga así”, dijo Pablo Palacio, Secretario General de la URGARA.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazaron la medida y la tildaron de “ilegítima e irresponsable” en medio de este escenario de pandemia. Martín Brindici, gerente general de la CPPC dijo: “Pretenden, sin ningún fundamento objetivo, reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Cuando todos los argentinos piden trabajo, hay dirigentes que van a un paro buscando trabajar menos.”

Desde URGARA indicaron que las paritarias vencieron en julio al igual que la Conciliación Obligatoria dictada el pasado 27 de agosto por el ministerio que dirige Claudio Moroni, y se dirigirán mañana –martes 29 a las 15 horas- a la cartera laboral para ratificar sus pedidos: “recomposición salarial, reducción de jornada laboral, horas extras, licencias, seguridad e higiene, sistema de relaciones laborales, condiciones de vida, Impuesto a las Ganancias y jerarquizar la tarea de nuestros compañeros”.

https://twitter.com/urgaracom/status/1310341441307189251

URGARA argumentó que según datos oficiales de la Bolsa de Cereales de Rosario, las exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol y cebada alcanzaron un nivel histórico en el primer semestre del año, llegando a los 52,5 millones de toneladas.

Del mismo modo, remarcaron que, según cifras del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), en los primeros seis meses de este año los muelles de Ingeniero White y Galván comercializaron 8.383.000 toneladas, récord respecto a 2019. Por otro lado, el Puerto Quequén superó los dos millones y medio de toneladas en el acumulado anual de los primeros cuatro meses del año.

Si bien desde la CPPC afirmaron que los salarios de los empleados de URGARA son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país, en la vereda contraria piden que los empresarios “cesen en su intransigencia y mezquindad de querer maximizar ganancias a cuesta de los trabajadores”.

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