La agresividad y falta de rigor científico de esa campaña de difusión contra los “agrotóxicos”, según la denominación de los activistas, provocó que hasta la Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), que es un espacio amplio de trabajo que vincula a las entidades privadas del sector con organismos nacionales, provinciales y hasta del sector científico (como el INTA), saliera a pedir algo de moderación en este debate y criticara la “desinformación” que surge de los artistas.

“Somos una red con más de 95 organizaciones públicas y privadas de Argentina que trabaja todos los días para promover las buenas prácticas agropecuarias y mejorar los sistemas de producción de alimentos en nuestro país. Nos preocupan los impactos negativos y la desinformación que generan las iniciativas que hoy circulan y que no pasan ni por el tamiz de la ciencia aceptada ni por la realidad del sector agropecuario”, señaló con contundencia un comunicado de la Red BPA.

Bichos de Campo anticipó el lunes el contenido de un agresiva campaña de prensa, de la que nadie se hace cargo formalmente pero en la que muchas figuras conocidas ponen la cara, que denuncia que los “agrotóxicos” se esparcen por cielo, agua y tierra, y se instalan incluso dentro de nuestro organismo. El sentido del mensaje va en contra del modelo productivo convencional más difundido en la Argentina. Los artistas reclaman la agroecología como solución. Aparecen en la campaña el actor Leonardo Sbaraglia y la cantante Hilda Lizarazu, militantes de derechos humanos como Nora Cortiñas, periodistas como Alejandor Bercovich y Julia Mengolini, y hasta de cocineros como Francis Mallman. Mengolini incluso llega a declarar que se hizo los estudios y tiene “glifosato en mi organismo”.

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Ya habían salido a responder a esta campaña las cámaras que agrupan a la industria de los agroquímicos y fertilizantes, Casafe y Ciafa. También los colegios de ingenieros agrónomos y muchos productores a título individual expusieron el problema que significaría que los obliguen a dejar los agroquímicos de un día para el otro. Pero ahora se sumó el pronunciamiento de la Red BPA, un amplísimo espacio que trabaja justamente para ir reduciendo y ordenando paulatinamente los probables impactos negativos del uso de insumos químicos en la agricultura.

“En esta red están representados el estado nacional, las provincias, organismos nacionales de ciencia y tecnología, cadenas de valor de producción agrícola y de producción animal, bolsas de comercio y de cereales, asociaciones de productores pequeños, medianos y grandes, gremiales, acopiadores, exportadores, distribuidores, aplicadores, cámaras de insumos y de maquinaria, colegios y consejos de profesionales, universidades públicas y privadas, foros y organismos multilaterales, entre otros actores de la sociedad civil”, se presentó la Red BPA, como para dejar claro que de este lado están casi todos sobre el escenario.

La Red BPA, que es coordinada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, recordó que elaboró un anteproyecto de ley nacional sobre fitosanitarios que ni siquiera tuvo tratamiento en el Congreso de la Nación. Hubiera permitido, a juicio del sector, “generar pautas mínimas de gestión racional para su uso, con descripción de los procesos, sanciones y herramientas de control en el ámbito de las provincias y los municipios”.

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También indicó en su rechazo a la campaña #BastadeVeneno que desde el agro se proponen “sistemas productivos diversos y basados en el conocimiento técnico y científico, apoyados en buenas prácticas con una visión integral de lo social, lo económico y lo ambiental”. Ese tipo de acciones se promueven “a través de nuestros nodos y mesas regionales, que trabajan con los gobiernos locales en materia de fitosanitarios, entre otros aspectos”.

“Queremos dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad y concientizar acerca de todas las actividades y los trabajos que se realizan en el campo para producir nuestros alimentos. Estamos a disposición para seguir trabajando en este sentido. Las buenas prácticas abarcan a diversos aspectos de todas las producciones. Que se conozcan y que se apliquen depende de cada uno de nosotros”, concluyó este medido pronunciamiento.

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El documento brinda una serie de recomendaciones para aquellos que deseen elaborar y promover una legislación local actualizada sobre el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios en municipios, partidos o departamentos de nuestro país.

“Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación de toda la sociedad acerca de los potenciales efectos negativos de las prácticas realizadas en el campo”, indicó la Red BPA por medio de un comunicado.

“De manera proactiva, la Red BPA pone a disposición esta herramienta que aporta recomendaciones concretas para promover la implementación de las Buenas Prácticas a nivel local. Será sin duda una base de consulta para intendentes y Concejos Deliberantes al momento de analizar o redactar normativas en el ámbito local”, añadió.

El primer documento sobre “Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que Regulen sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios” se publicó en 2017. En la actualización lanzada esta semana se incorporan los consensos técnico-científicos alcanzados por el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, elaborado e impulsado por la Red BPA.

“Este documento está alineado con los objetivos planteados por la mesa de trabajo, ya que prioriza el cuidado de la salud y del ambiente, al mismo tiempo que promueve un desarrollo productivo sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental”, remarcó la Red BPA.

“Aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que este manual aporta una base común de consenso y compromiso en Argentina”, concluyó.

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El documento fue presentado hoy en un evento virtual que contó con la presencia del director de Lechería de la Nación, Arturo Videla, y la coordinación de Santiago Moro, integrante de la Comisión de Lechería de CREA, quien entrevistó a dos referentes de la producción y la industria sobre el tema.

Uno de ellos fue Marcos Bergero, propietario del establecimiento Don Pedro de Sacanta, Córdoba, quien cuenta con un tambo estabulado con unas 360 vacas en ordeñe e integra un “pool de comercialización” de leche que tiene como clientes a Nestlé Argentina y Helacor (Grido)

“Formo parte de un grupo de productores de la zona en donde todos nos unimos para comercializar leche con la idea de hacer una leche con denominación de origen, poniendo foco en la calidad”, explicó.

Bergero dijo que decidió implementar un protocolo de buenas prácticas en su establecimiento a partir de una propuesta realizada por el encargado de originación de leche de Helacor, quien brindó a él y a otros tamberos de la zona asesoramiento en la materia.

“Iniciamos el proceso con mucha incertidumbre, pero considero que en mi caso fue un ordenador de la situación del tambo”, expresó el productor cordobés, para luego añadir que gracias a los cambios generados logró “transformar al establecimiento en una empresa sumamente rentable”.

“Las buenas prácticas te permiten tener una visión integral del sistema y poder ir resolviendo problemas sin generar otros”, apuntó Bergero.  “Los tambos chicos son los más adecuados para comenzar a implementar el sistema de buenas prácticas si en el futuro quieren ser tambos grandes, porque es dónde más fácil se pueden implementar los cambios”, aseguró.

El productor confesó que inicialmente se asustó cuando le dijeron que el programa de buenas prácticas contemplaba la implementación de 121 puntos, pero que, con el tiempo, logró incorporarlos en su totalidad, muchos de los cuales requirieron “costo cero” al tratarse de cuestiones relativas a procesos.

Cuando le tocó el turno de hablar a José Trombert, gerente de Producción Primaria de García Hnos (Tregar), indicó que la guía de buenas prácticas representa algo indispensable para satisfacer la demanda, por parte de los consumidores, de alimentos inocuos, sanos y producidos de manera sostenible.

“Las buenas prácticas generan orden y el orden genera hacer bien las cosas”, manifestó Trombert. “En definitiva, el orden genera mayor rentabilidad y eso genera crecimiento”, añadió.

El gerente de Tregar aclaró que la Guía de Buenas Prácticas Lecheras no es un documento estático, sino que el mismo debe evolucionar en función de los aportes constantes que pueda recibir de integrantes de la cadena, además de los cambios que se registren en los sistemas productivos.

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Se trata de una gran deuda pendiente que el Congreso Nacional discuta una normativa sobre una de las controversias ambientales más calientes que afectan al sector agropecuario. Es, a los ojos del sector, un asunto prioritario porque al calor esta larga indefinición han prosperado gran cantidad de normativas municipales y provinciales que son sumamente prohibitivas. El argumento central de estas restricciones es que los agroquímicos dañan el ambiente y la salud de las personas. Una ley nacional ayudaría a ordenar este caos en la legislación y en todo caso a ayudar a definir criterios que permitan minimizar los riesgos.

La Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) es un conglomerado que agrupa a 90 organizaciones, algunas profesionales y empresarias, y algunas de neto corte público. Coordinado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el espacio incluso contiene al Ministerio de Agricultura de la Nación y a varias provincias. Aquí la idea que prima es que los fitosanitarios (remedios para las plantas), como cualquier otro insumo de origen químico, puede ser peligroso pero solo si se hacen las cosas mal. Por eso lo de Buenas Prácticas. Impera la idea de que si el sector agrícola argentino hace bien las cosas, como en otros países del mundo, no hay por qué tener temores.

“Las aplicaciones de fitosanitarios son un tema controversial que genera preocupación en la sociedad. Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, un espacio de diálogo y consenso con más de 90 instituciones públicas y privadas de Argentina, tomamos el compromiso y trabajamos en un proyecto de ley que ordena, regula y controla esta actividad en todo el territorio nacional”, anunció ese bloque en un comunicado de prensa en el que no se dan demasiados detalles sobre el anteproyecto.

La cuestión que más se discute es si hay que imponer zonas “buffer” o prohibiciones para este uso de insumos agrícolas en torno a zonas pobladas, cursos de agua o escuelas rurales. La Rd BPA viene trabajando para demostrar, sin mucho éxito por cierto, que si se cumplen ciertas prácticas y las aplicaciones se hacen con criterios profesionales, esas franjas no deberían ser de más de 50 o 100 metros. Pero  en la mayoría de los casos hay desconfianza y los municipios avanzan con restricciones mucho mayores a esas. Algunos han prohibido inclusive las aplicaciones aéreas que son comunes en todos los países agrícolas del mundo.

A modo de ejemplo, y parea tener dimensión de lo lejos que están las posiciones, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el oficialista Leonardo Grosso, presentó un proyecto de ley que definiría la prohibición de aplicaciones de agroquímicos con aviones fumigadores y pretende establecer “la prohibición de la aplicación terrestre, manual o mecánica a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales y asentamientos humanos”. Esto dejaría una gran cantidad de tierra fuera de producción con los métodos convencionales.

Por eso, cansado de esperar que sean los políticos los que resuelvan el mejor marco legal (en el gobierno de Cambiemos hubo un intento de legislar que no prosperó), y para propiciar un debate que incluya una mirada productivista, la Red BPA decidió presentar su propio texto. La organización dijo que detrás de ese proyecto “está el esfuerzo y la responsabilidad de toda la cadena agroindustrial y sectores afines por seguir el camino de las buenas prácticas y el compromiso por un desarrollo sostenible en nuestro país”.

“Este proyecto viene a ser un puente entre el campo y la sociedad, porque entiende las inquietudes de los vecinos y de los consumidores, y la necesidad de que haya una producción eficiente, ordenada y segura para la salud y el ambiente”, indicó el comunicado de la Red BPA, que además contó que la iniciativa llevó “dos años de trabajo público-privado”.

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“Se trata del primer proyecto que muestra el consenso entre todos los actores del campo y la cadena agroindustrial, ya que participaron más de 90 instituciones como asociaciones de productores pequeños, medianos y grandes, gremiales, aplicadores, industria, bolsas de comercio y de cereales, organismos públicos de ciencia y tecnología, Estado Nacional y Provincias”, determinó el parte de prensa. Habrá que pulsar si finalmente instituciones como el Ministerio de Agricultura, el INTA o el Senasa finalmente suscriben este posición.

Juan Brihet, el coordinador de la Red BPA, explicó a Bichos de Campo que el “Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la Gestión de Productos Fitosanitarios” no solo habla de los cultivos centrales de la economía agraria nacional, básicamente los granos, sino que aborda todas las economías regionales, como por ejemplo la fruticultura y la horticultura. También destacó que abarca todos los aspectos que están en discusión. No prohíbe. “Ordena, articula, profesionaliza, controla y sanciona”.

La iniciativa, según informó la Red BPA, “ordena todas las áreas productivas, principalmente las periurbanas, a partir de zonas sensibles y de amortiguamiento”.

En este aspecto, Brihet contó que lo que proponen el proyecto es la definición de dos zonas, una “sensible” y otra “de amortiguamiento”. La primera debería ser de solo 10 metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aéreas. Pero a esas zonas se anexarían zonas de amortiguamiento con pautas específicas para que las poblaciones urbanas no corran ningún riesgo.  Aquí la normativa propone la creación de la figura de un “fiscalizador” puesto por el municipio, que tendría la tarea de control sobre la aplicación.

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También en esta ley se formalizarían otras dos figuras claves en el proceso: la de los asesores técnicos que deberán hacerse responsables de cada aplicación y serán quienes hagan las recetas fitosanitarias. Y la de los operadores registrados, puesto que se buscará “profesionalizar la actividad” de los aplicadores, creando registros y habilitaciones para aplicadores, maquinarias y empresas.

La idea es que cuando las cosas están claras, el agro hace las cosas bien. La propia cadena agrícola propone con la figura del fiscalizador que “se sancione a todas las personas que no cumplan con la normativa”.

“Aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que este proyecto de ley marca un hito en términos de consenso y compromiso en Argentina. Desde la Red BPA se sigue trabajando con todos los actores para lograr que se cumplan los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente y las personas”, se ilusionó el documento.

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Con el debate iniciado esta semana en la Legislatura provincia, uno de los que se puso a seguir este tema con atención es el periodista agropecuario Esteban Ocerín, del programa Pampa Rural de LU37 radio General Pico. El colega opinó a Bichos de Campo que, “a pesar de ser una ley vieja, en su momento fue pionera en Argentina, y es dentro de todo una muy buena ley de regulación de aplicación de agroquímicos en La Pampa, que salvaguarda la protección de la salud humana y de los ecosistemas. De todos modos está bueno que se llame a un debate integral para aggiornarla”, aclaró.

Ocerín precisó que el gobierno provincial “escucha a los grupos ambientalistas y pretende dar respuesta a ese sector que reúne un buen caudal de personas. Por eso decide tomar una medida y enfrentar un tema complejo como el cuidado del medio ambiente, que también está instalado a nivel de otras provincias y a nivel nacional”.

Pero para el periodista, “se trabaja con una cámara de legisladores que no tiene conocimientos al respecto, circunstancia por la cual se dificulta una rápida negociación. Deberían saber que en el campo hay muchos profesionales que se actualizan de modo permanente y aplican conocimiento a lo que hacen”.

A nivel agropecuario, uno de los cuestionamientos que se hacen al proyecto de ley, apunta a las distancias que se pretenden establecer para prohibir las aplicaciones terrestres alrededor de las zonas pobladas, las cuales deberían ser de 500 metros. Para las aplicaciones aéreas, el gobierno pampeano impulsa una distancia mínima de 3.000 metros del ejido urbano.

Frente a esta demanda, que suena exagerada para el sector, “los productores rurales pretenden que se les permita realizar aplicaciones terrestes a sólo 100 metros del ejido urbano y de 1.000 metros para las fumigaciones aéreas”, explicó Ocerín.

“Los reclamos más intensos provienen de los federados, quienes sostienen que con una restricción de estas características a un productor que, por ejemplo, dispone de 150 a 300 hectáreas, le comen su economía. Por eso creo que el tema de las distancias de aplicación será un punto a negociar y revisar”, agregó el periodista pampeano.

Para el tratamiento de la ley, la modalidad de trabajo a nivel legislativo, se realizará a través de dos comisiones, una con técnicos y productores, y la otra con diputados de la comisión de Agricultura, los cuales trabajarán junto a sus asesores para hacer, en ambos casos, aportes sólidos y sustentables.

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“Venimos trabajando desde hace más de 4 años en este tema. No es moda ni coyuntura política, es mirada a largo plazo”, valoriza Juan Martín a la Red BPA, que ha ido incorporando actores sin cesar desde sus inicios, incluidos varios gobiernos provinciales.

“Hoy es una herramienta para que el vecino, productor y legislador de un municipio puedan ponerse de acuerdo, entre privados y públicos. Siempre que haya un fiscalizador, un área de amortiguamiento, un controlador y registro por parte del municipio. El documento de la Red BPA son cosas concretas que están hechas para tomarlas”, apunta Brihet.

Aquí la nota completa con el coordinador del departamento de investigación y prospectiva de la Bolsa de Cereales:

El contexto social ha cambiado para todos en los últimos años. Desde esa base parte Brihet. “Estamos todos más involucrados en saber qué pasa y querer que las cosas se hagan bien, a veces desde el mismo sector no sabíamos si hacemos las cosas bien o mal”, explicó a Bichos de Campo.

“Ahí aparece el concepto de BPA, comunicar, controlar y dar garantías de que las cosas se hacen bien. La Red BPA ofrece documentos para los municipios que quieran legislar”, finalizó Brihet.

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