¿Por qué desata polémica una rebaja impositiva? ¿Cómo se entiende que haya productores que se quejen de esta medida si siempre piden que les bajen los impuestos? El experto en impuestos Alejandro Larroudé, de Barrero y Larroudé, explicó las razones en Bichos de Campo.

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Según el contador especializado en agro, muchos productores se quejan de la rebaja del IVA a la carne de cerdo. ¿Por que? Porque en la mayoría de los gastos que realiza ese productor (en alimentos o maquinaria) le cobran el 21% de IVA, pero cuando vende el cerdo va a estar grabado al 10,5%. Esto signifca que ese productor va a tener un saldo técnico a su favor que no lo puede computar nada más que contra el propio IVA. Quiere decir que si mes a mes sigue generando saldo técnico a favor se queda con un tema de iliquidez”, explicó. Quiere decir que paga más impuestos de los que recibe, en una cadena donde el IVA debería resultarle neutro.

¿Entonces quien se beneficia con la rebaja del IVA al 10,5%? Larroudé dice que debería ser el consumidos con una rebaja del precio final del producto, pero que esto no siempre sucede. “Sabemos que muchas veces este tipo de rebajas de impuestos al consumo y el que vende no lo baja, sino que aumenta su ganancia”, advirtió.

¿Y cómo se sale del brete de los saldos técnicos? Para el experto, una de las maneras, que ya se utiliza desde hace años en el negocio del feed lot (que sufre una situación similar, porque compra alimentos al 21% y vende la carne al 10,5%), es que el productor incremente sus inversiones para descargar ese saldo técnico del IVA que tiene a favor.

Pero, como solución de fondo, Larroudé cree que “la cuestión pasaría por hacer algo que no se hizo hasta ahora, y es que los saldos técnicos de IVA pudieran en alguna medidas compensarse contra otros impuestos”, como Ganancias o aportes patronales.

La otra opciónes que “permitieran su devolución”. En ese sentido, apuntó que en la propia Reforma Fiscal que analiza el Congreso hay un capítulo en el que permite que empresas o personas que compren un bien de uso y que acumulen saldo técnico por seis periodos consecutivos, puedan solicitar la devolución de los saldos técnicos de IVA.

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Recuerdo hace unos años haber escrito una nota que se llamaba más o menos así: “Los gringos que ponen nerviosas a las multinacionales”. Contaba cómo la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), históricamente ligada a la FAA, estaba poniendo inquietas a las grandes traders privadas porque se le había hecho costumbre en Rosario pagar unos pesos de más por tonelada de soja, en relación a los valores que ofrecían las cerealeras más importantes. Cuando pregunté cómo era posible eso alguien muy entendido me resumió la situación: “las cooperativas, por el hecho de serlo, no pagan el impuesto a las Ganancias”, me explicó.

Aquella lección me sirve para entender ahora qué tipo de cosas están en juego luego de que el Gobierno de Mauricio Macri anunciara, dentro de su proyecto de reforma tributaria, que pensaba eliminar aquella exención para disponer que las cooperativas y mutuales comenzaran a pagar Ganancias como si fueran una sociedad convencional. También ahora me parece lógico que la primera reacción en contra de dicha iniciativa surgiese en Santa Fe, el territorio natural de AFA y de otras importantes cooperativas como SanCor.

En efecto, el gobernador Miguel Lifschitz se puso este lunes al frente de una reunión extraordinaria y ampliada del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, destinada a analizar las iniciativas y acciones a implementar en defensa del movimiento cooperativo y mutual ante el proyecto del gobierno nacional de gravarlo con el Impuesto a las Ganancias.

“Esta provincia nació con el mutualismo y con el cooperativismo, que son parte de su historia y de su esencia. No podemos imaginar a Santa Fe sin el movimiento cooperativo y mutual. Y esto no se debe solamente a una historia romántica de lucha de la organización de pequeños productores y de trabajadores para defender sus intereses, sino que es parte del futuro”, se manifestó el gobernador.

El socialista afirmó que “el 10% del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino porque desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas en al funcionamiento de las cooperativas y mutuales”.

Lifschitz propuso convocar “a los legisladores nacionales que asumirán el 10 de diciembre, porque en esto no puede haber posicionamientos partidarios. Me parece que los legisladores santafesinos, de manera unánime, deben defender al movimiento cooperativo y mutual”. También sugirió extender la convocatoria a “legisladores de Córdoba y de Entre Ríos, porque tenemos la misma problemática”.

Adicionalmente anunció que “vamos a pedirles una reunión a las máximas autoridades nacionales. Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo, pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias”.

El ministro de la Producción, Luis Contigiani, dijo que la “situación preocupa muchísimo y tiene un alto impacto en Santa Fe, mucho más que en otras. Queremos establecer una hoja de ruta a seguir para que al cooperativismo y al mutualismo no se los equipare con una sociedad anónima porque tienen un capital social y un alto impacto en el desarrollo local y territorial en las pequeñas y medianas localidades”, destacó.

Durante el encuentro se escucharon voces críticas de todos los colores.

El vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Edgardo Form, comentó que junto con Coninagro, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y otras entidades “consensuamos un documento titulado Las cooperativas no pagan ganancias porque, como organizaciones sin fines de lucro, no tienen ganancias. Las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia”, aseguró.

En tanto, el secretario gremial a nivel nacional de Federación Agraria Argentina (FAA), Orlando Marino, expresó que “da vergüenza estar tratando este tema sobre la decisión del gobierno nacional de aplicar impuestos a las cooperativas. Creo que nos están llevando a los pequeños y medianos productores a la desaparición”, sostuvo.

Del encuentro participaron representantes de las siguientes cooperativas y mutuales: Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Agricultores Federados Argentinos Rosario, Cooperativa de Agua de Tostado, Cooperativa Provincial de Agua Potable y Servicios El Trébol, Cotelvo Limitada, Cooperativa de Socios Villa Ocampo, Federación Argentina Cooperativas Eléctricas, Federación de Cooperadoras Prestadoras Servicios, Federación de Cooperativas Federadas, Federación de Cooperativas para el Desarrollo Regional, Federación de Cooperativas Telefónicas, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Femsafe, Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Sancor Seguros, Unión de Cooperativas de Agua Potable de Santa Fe, Unión de Cooperativas Ganaderas, Federación de Cooperativas de Trabajo, Mutual Federada, Federación de Subdistribuidores de Gas, Bica, Coinag, Aginco, Mutual Independencia, Cooperar, Federación Mutuales Rosario, San Cristóbal, Sancor Láctea, La Segunda, Coninagro, Cooperativa Lehmann, y Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad Obras y Servicios Publicos Limitada, entre otras.

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En función de la estudios sobre la carga tributaria final para el productor, Fernando Bertello explicó en Bichos de Campo, que “con este aumento, el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 2.134 millones adicionales, lo que implica una participación del impuesto de un 5,3% del valor de la producción, un nivel récord de presión impositiva, al quedar por encima de las pautas inflacionarias”.

Mirá la columna completa de Bertello:

Bertello aclaró que “un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) calcula que el tributo implica el nivel más alto desde 2004, considerando las producciones de trigo, maíz, soja y girasol en la provincia”.

La propuesta oficial deja exentos de la suba a los campos de hasta 50 hectáreas, y también la segunda cuota de los que sufrieron inundaciones, como este año. También se planea una exención para los emprendimientos que facturen hasta $ 3 millones. Al respecto, Bertello dijo que “a pesar de que habrá una baja en el impuesto de Ingresos Brutos para esas empresas, esto no compensará el incremento proyectado para el Inmobiliario Rural”.

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“La medida impulsada por el gobierno nacional que incrementa los impuestos internos a las bebidas azucaradas generará importantísimas pérdidas de puestos de trabajo en la cadena azucarera”, así empieza el comunicado de los ingenios.

Ver también: “La vitivinicultura, el primer sector irritado por la reforma impositiva”

Luego explica que, tal como fue planteado, “el incremento anunciado elevará los impuestos internos de esas bebidas en proporciones irrazonables: 112% sobre la alícuota vigente en el caso de aumentos del 8% al 17%, y 325% para los productos saborizados con jugos de fruta”.

“La medida es claramente discriminatoria en contra del azúcar ya que, en tanto incrementa significativamente los gravámenes sobre las bebidas con azúcar, insólitamente elimina los impuestos internos que gravaban a las que utilizan edulcorantes sintéticos llevándolos a 0%. Claramente se está promoviendo una sustitución de insumos nacionales (edulcorantes calóricos) por otros importados (edulcorantes sintéticos) y, lo que es peor, de dudosos beneficios para la salud”, clavan el puñal los socios del CAA.

Luego de una larga defensa de las bebidas azucaradas, a las que Dujovne había calificadas como dañinas para la salud, los azucareros dijeron que “el castigo impositivo también es discriminatorio porque tiene un fuerte efecto regresivo, y afecta más que proporcionalmente a los sectores de menores ingresos de la sociedad”.

Luego las advertencias de siempre, muy comunes en estas polémicas y poco verificables hasta que las cosas finalmente suceden: “La medida tendrá graves consecuencias en el empleo directo e indirecto en el sector azucarero del noroeste argentino, estimado en 200.000 trabajadores. La merma del consumo incidirá en una reducción estimada de 5.000 puestos de trabajo solo en el sector azucarero. Además, el incremento de la recaudación impositiva no será directo debido a la reducción del consumo, en tanto que el impacto en el sistema previsional será negativo por la pérdida de empleos”.

A diferencia de los vitivinícolas, que advierten que una suba del componente impositivo del vino agravará la crisis sectorial, los ingenios azucareros afirman que “el proyecto surge cuando después de muchos años de estancamiento, el sector sucroalcoholero se encuentra en recuperación debido al reacomodamiento de precios de su producto básico, el azúcar”.

“El CAA cree que la Argentina necesita una reforma fiscal de fondo basada en una reducción de gastos superfluos, un incremento de la recaudación basado fundamentalmente en la mayor actividad económica y una más estricta fiscalización que actúe contra la elusión y la evasión impositivas, más allá de otras medidas puntuales”, finaliza el pronunciamiento.

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Mirá la columna completa de Yanina Otero:

A pesar de que el Gobierno planifica una reformulación del sistema impositivo, Otero remarcó que “la misma será gradual, porque los números de la economía general argentina no cierran del todo positivos. Algo bueno es que habrá una simplificación de impuestos para que las empresas y productores puedan ganar en competitividad”.

En cuanto a las cargas sociales, se informó que “cuando se reformule todo el sistema, se identificará cuánto le cuesta cada empleado a las empresas, para que se tome conciencia del peso de las cargas sociales, y se analice una baja de las mismas”.

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La Fundación Producir Conservando entregó hace unos días al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, una propuesta de reforma fiscal que contempla la reducción de la presión impositiva y la aplicación de impuestos más progresivos que deberían ir reemplazando a los actuales, considerados regresivos. La propuesta fue elaborada por el ex viceministro de Economía Juan Llach,

Gustavo Oliverio, presidente de esa fundación que promueve el desarrollo de la agroindustria, explicó que los cambios presentados fueron trabajados en forma conjunta con las autoridades y los técnicos de esa cartera y que la propuesta implica también la reducción de la evasión impositiva.

Según el trabajo conducido por Llach en el país la presión impositiva es del 36% del producto bruto interno, un nivel similar a la que tienen países desarrollados pero 10 puntos superior a la de los países de la región. Contra estos países Argentina compite para la colocación de sus productos en los mercados internacionales.

En línea con lo anterior, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) determinó que en la primera parte del año la carga tributaria para una familia significa entre el 48 y 58% de sus ingresos.

Oliverio dijo que hay tributos que “liman el resultado de las empresas como el impuesto a créditos y débitos bancarios, retenciones a las exportaciones o ingresos brutos en las provincias y encima tienen un peso alto sobre la recaudación, del orden del 30%, mientras que los progresivos tienen un peso relativo menor”. Lo que se pretende es que la relación sea la inversa.

Añadió que la presión fiscal “es elevada y desigual ya que la evasión es alta y eso genera una competencia desleal que en muchos casos implica que los más eficientes terminen fuera de carrera”.

Según Oliverio, reducir la evasión implica incrementar la base tributaria, lo que significa, en el caso de las cadenas alimenticias, “blanquear” la venta de carnes, frutas y verduras. En tal sentido el titular de la Producir Conservando consideró que no debería haber un incremento en los precios finales ya que esos impuestos “se los cobran a los consumidores pero no los pagan al fisco”.

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Chiesa abrió la jornada realizada en la Bolsa de Cereales sin el acompañamiento que esperaba y se anunció hasta último momento: el presidente Mauricio Macri faltó a la cita pues se encontraba a unas pocas cuadras de allí, en la Casa Rosada, pero firmando un convenio de competitividad con el sector nacional de biotecnología, que es mucho más “cool” y moderno que el ruralismo.

Quizás por ese faltazo, el titular de CRA no se ahorró reclamos. En relación a la reforma impositiva que impulsa el Poder Ejecutivo, Chiesa expresó que el sector espera ser escuchado y también pidió que la reforma sea integral. “Se deben tener en cuenta tanto los impuestos nacionales como los provinciales y municipales, porque la billetera del productor es siempre la misma”, advirtió.

De todos modos avaló la política oficial en al menos dos aspectos.

Uno fue el manejo discreto del tipo de cambio. “No hay que buscar la competitividad sólo en el precio del dólar, hay que buscarla en todos los valores. Un aumento del dólar también impacta en los costos dolarizados del productor”, razonó.

Dos fue las obras públicas que ahora se estarían finalmente haciendo. “Sabemos que se está trabajando bien sobre este tema, pero el productor que tiene el agua por las rodillas necesita las soluciones ya mismo. El sector agropecuario aporta, y aporta mucho, y algo le tiene que volver”, finalizó Chiesa.

Sin Macri y tampoco sin el ministro Ricardo Buryaile, de viaje en el exterior, la ocasión fue propicia para el debut en público del flamante jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria y ex economista de Coninagro, Daniel Asseff, aunque aún sin nombramiento formal. “Somos conscientes del sacrificio que están haciendo. Les pedimos que no aflojen. Estamos recorriendo un camino que es difícil pero que seguro nos llevará a la competitividad que necesitamos”, les dijo a los productores de CRA.

Luego lo previsible cuando se habla de competitividad:

El economista José Luis Espert dijo que “no hay que transar con el déficit fiscal”.

David Miazzo, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), mostró como los precios del pan, la carne y la leche se ensanchan a cada paso de la cadena. Y razonó: “Si queremos ser el supermercado del mundo nuestros productos no pueden estar más caros en el mercado interno que los que se pagan en Dubai o París”.

Otro economista, Rodolfo Santángelo, opinó que tras las PASO el gobierno tendrá la oportunidad de relanzar su gestión y podrá “trabajar en una agenda pro-inversión, pero tiene que ir de la mano de la agenda del déficit fiscal”.

A continuación, Silvina Campos Carlés, pidió a los productores no envalentonarse con la mejora de la situación económica. “El financiamiento puede ser una mochila para la producción”, les advirtió.

Y así… todos mirando de la tranquera para afuera.

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