Según sus proyecciones, la escasez de agua se tornaría irreversible en cinco años, por lo que propuso una alianza con la industria minera para que se destinen parte de sus regalías a socorrer a los afectados.

“Modifíquese la ley de regalías mineras de la provincia de San Juan, y del 100% recaudado mensualmente por tal concepto, el 10% de esto va a ir destinado a un fideicomiso que solo atenderá las necesidades de los productores de hasta 75 hectáreas cultivadas, para mejorar su desesperante situación hídrica”, indicó Paladini en el artículo 1° del proyecto.

La iniciativa de Paladini, obviamente, tiene que recorrer un largo camino para prosperar. Pero lo curioso es que coloca sobre el tapete, por primera vez en la Argentina, que de algún modo el agro sea subsidiado por otro sector económico y no a la inversa como suele suceder. El telón de fondo es la crisis hídrica que viven las cordilleranas y que provocó que este jueves grupos de productores sanjuaninos cortaran la Ruta nacional 40 molestos por que a su vez el gobierno había cortado el riego prometido para sus fincas.

Mirá el proyecto completo acá:

Según esta iniciativa, el dinero obtenido de las regalías mineras que cobra San Juan, una provincia que tiene una legislación muy favorable para las inversiones en ese sector, y donde se ubican los yacimientos mineros más prolíficos de la Argentina, los recursos recaudados podrán ser destinados a la compra de equipos de riego por goteo, a la impermeabilización de cunetas regadoras, a la mejora de la fertilización mediante sistemas modernos, a reservorios, a pozos privados o comuneros de más de 15 millones de pesos y a otros usos que la autoridad considere conveniente.

Sólo podrán recibir fondos los productores y cooperativas que hayan colocado su propiedad a nombre del fideicomiso, con tres años de gracia y siete años y a una tasa de 0%.

El fideicomiso sería administrado por la agencia de inversiones y el objetivo es que la reglamentación rija mientras dure la sequía, en principio desde el año 2022 y hasta el 2026.

“La finalidad es tener un San Juan con 100% de riego por goteo, o toda tecnología que aporte eficiencia de agua y fertilización. Eso debe lograrse en 5 años, y lograremos regar con un 30% a un 35% por fina de lo que hoy usamos bajo riegos tradicionales”, se indicó en el artículo 5.

El empresario es dueño de Lomas del Sol, una firma especializada en la la producción de pasas de uva, que heredó de su padre. La misma exporta sus productos desde 1986 y en los últimos años ha diversificado su presencia en el mercado con mix de frutas, mix de cereales, manzanas en rodajas deshidratadas, entre otras cosas.

Según el empresario, el proyecto es “en pos de tejer una alianza entre la minería, un bien no renovable y de importantes ingresos para San Juan, y el agro, un bien renovable que es una pata importante en el desarrollo local. De allí salen exportaciones de uvas, pasas, mostos, vinos aceitunas, pistachos, que son fuentes de ingresos de divisas, que perdurará en el tiempo si lo sabemos cuidar, y uno de esos cuidados es la optimización eficiente del agua”.

Fotos: Diario Huarpe – Diario de Cuyo

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Si bien la empresa argentina que tiene más del 50% del mercado de soja local logró crecer 13,5% en facturación y 53% en sus ganancias respecto al ejercicio anterior, marca desde la memoria de su último balance que lamentablemente la utilización de semillas de soja no fiscalizada fue en aumento durante la última campaña agrícola.

“Cabe destacar que aun cuando se mantienen los valores de participación de mercado de años anteriores, la proporción del mercado que reconoce la propiedad intelectual sobre el germoplasma (incluyendo bolsa de semilla fiscalizada genuina y aquella de uso propio contra el pago de regalía extendida) sería levemente inferior respecto al año anterior”, detallan desde la firma comandada por Gerardo Bartolomé.

En cuanto a las perspectivas para el próximo ciclo, desde Don Mario detallan: “Para la siguiente campaña de soja se estima un crecimiento en la superficie sembrada. Sin embargo, debido a las recientes informaciones de suba de retenciones al cultivo soja y sus derivados, estimamos que podría caer la legalidad respecto al año anterior”. Esto es, más “bolsa blanca” y menos regalías para quienes investigan variedades.

Mientras tanto, también durante la semana pasada y al filo de la cuarentena obligatoria, el directorio de Vicentin se reunió en asamblea para planificar los pasos a seguir después de que la justicia comercial decretara la apertura del concurso de acreedores. Lo cierto es que durante la reunión no solo hubo enfrentamientos entre las familias dueñas de la empresa sino que también poco se pudo proyectar respecto al futuro de la sociedad.

Los dueños de Vicentin querían reactivar sus dos plantas de procesamiento a partir de la próxima semana, es decir los primeros días de abril. Pero ante el actual contexto nacional y la incertidumbre que genera el coronavirus, todo por el momento quedó en stand by.

En concreto ya está prácticamente confirmado que el Gobierno extendería la cuarentena obligatoria al menos una semana más y a la par durante los días subsiguientes se continuaría recomendando el distanciamiento social.

Según detallan fuentes del sector, si bien esto no tiene porqué afectar a la agroindustria ya que es una de las actividades exceptuadas, el panorama es más complejo para la aceitera Vicentin, porque el Grupo deberá sortear antes los desafíos que generan este particular contexto.

Las dificultades crecerán especialmente ahora que, según algunos medios rosarinos, el principal ejecutivo de la aceitera en default, Gustavo Nardelli, habría sido encontrado en un lujoso yate de su propiedad navegando por las aguas del Paraná viejo, mientras el resto de los argentinos debe cumplir una cuarentena forzosa en sus casas.

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“Creemos que Argentina se merece tener una nueva ley acorde a lo que es la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para poder aprovechar el conocimiento de base. Hoy estamos hablando de edición génica que es la tercer revolución en términos de mejoramiento luego de lo que fue el mejoramiento básico del germoplasma, luego la biotecnología, y mientras tanto seguimos con una ley de 1973”, dijo a Bichos de Campo Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

En 2019, el sector agrícola y Gobierno de Mauricio Macri habían puesto muchas fichas en que finalmente pudiera haber una actualización de la ley. Pero no. ¿Qué trabó el debate? “Lo que faltó fue política. Al anterior gobierno de Cambiemos le faltaron votos para obtener el quórum y la mayoría necesaria para que el dictamen que había obtenido la Comisión de Agricultura finalmente pudiera ser tratado en Diputados y Senadores”, respondió Paseyro.

En cuanto a si estaban de acuerdo con el contenido de ese proyecto de ley, Paseyro comentó que “trabajamos previamente en una mesa con el sector privado, con instituciones de productores, CREA y Aapresid. Eso se elevó en un acta de entendimiento que elevamos al entonces ministro Luis Miguel Etchevehere cuando apenas asumió. Queríamos que ese fuese el insumo sobre el cual se trabajase en el texto del proyecto de ley, pero finalmente no fue una iniciativa del Ejecutivo sino que la Comisión de Agricultura trabajó otro texto. En líneas generales estábamos igual de acuerdo, pero había cuestiones que queríamos corregir. Igualmente, al no tratarse el proyecto, nada de eso ocurrió”, relató el empresario.

Escuchá el reportaje completo realizado a Alfredo Paseyro:

Las cuestiones que querían corregir desde ASA, según Paseyro, “tenían que ver con el control y las facultades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) de establecer acuerdos con el sector privado, y luego había zonas grises en la redacción y en el articulado de algunas cosas, y queríamos que fuese claro para todas las partes. El Estado es una de ellas, pero también los productores y desarrolladores”.

El dictamen perdió estado parlamentario a fines de 2019, pero Paseyro se mostró expectante de que se reanude el debate en el Congreso. “Creemos que cuando se retome, el punto de partida no será cero sino que partiremos de acuerdos básicos”, respondió, pero remarcó que “quizás no sea prioridad en el arranque legislativo”.

“Creemos que hay otras prioridades y lo estamos viendo en estos días a nivel nacional, donde se corrió una carrera maratónica por obtener una ley de Solidaridad de parte del Gobierno. Y lo mismo está pasando en provincias como Santa Fe y Buenos Aires”, agregó el presidente de ASA.

“Habrá que ver cómo reaccionará la economía a partir de estas medidas. Luego la prioridad seguirá en las negociaciones con los acreedores y con el FMI, pero para nosotros como sector semillero, este es un tema prioritario y tendremos que trabajarlo dentro del contexto. Habrá que ver quién presida la comisión de Agricultura y cuáles son los temas que querrá tratar”, concluyó.

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En concreto, el INASE convocó a una reunión especial de la Conase (Comisión Nacional de Semillas) para este jueves 28, buscando que los representantes de las entidades del sector agrícola aprueben dos propuestas que apuntan a establecer un nuevo ordenamiento en el mercado local de semillas. El aval de los privados sería “no vinculante”. Pero en el macrismo en retirada creen que sería respaldo suficiente como para modificar tanto el régimen vigente en materia de “uso propio” y el controvertido sistema BolsaTech, que administra hasta ahora el cobro de regalías por la tecnología Intacta, que pertenecía antes a MOnsanto y ahora es propiedad de Bayer.

Los dos puntos en discusión que propuso Raimundo Lavignolle, el titular del INASE, a los miembros de su consejo asesor son, en lenguaje críptico, “el proyecto de implementación de la Resolución 338/06 y la renovación de la Resolución 207/16”. Veamos de qué se trata cada cosa:

En el primer caso, la Resolución 338/06 fue firmada en su momento por el ex secretario MIguel Campos, una docena de años atrás, pero nunca fue reglamantada por el INASE. Su breve articulado dispone que “no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad vegetal protegida conforme lo establece el Artículo 27 de la Ley 20.247 (la ley de Semillas vigente), cuando un agricultor reserve y use como simiente en su explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, el producto cosechado siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior, ni requiera mayor cantidad de semillas que la adquirida originariamente en forma legal”.

¿Qué quiere decir? Que el derecho al Uso Propio de los agricultores está garantizado siempre y cuando siembren todos los años la misma cantidad de superficie con las semillas compradas originalmente y sus sucesivos vástagos. Es decir que si Pirulo compró semilla certificada de una determinada variedad para sembrar 100 hectáreas, al año siguiente podrá guardarse semilla de ese mismo lote, pero para sembrar solamente 100 hectáreas y no 500 hectáreas.

Ver La Ley de Semillas agoniza otra vez, porque no fue incluida en la maratónica sesión de Diputados

En otras palabras, el equipo de Etchevehere quiere poner límite a que, al amparo del derecho al Uso Propio, algunas empresas agrícolas cometan abusos y multipliquen semillas certificada sin límites, sin pagar regalías a sus obtentores. La creencia de los funcionarios salientes es que allí se esconde buena parte del activo negocio de la “bolsa blanca”, que es la semilla no certificada que se vende cada año en el mercado sin pagar regalías.

La segunda reforma que propone Agricultura tiene que ver con el sistema BolsaTech. Cerca de Etchevehere afirman que ese sistema, que fue creado por la ex Monsanto para asegurarse el cobro de regalías por su soja Intacta y ante el rechazo oficial se transformó en un mecanismo administrado por las Bolsas de Cereales, podría ser reemplazado por otro régimen de control más “inteligente” sobre el mercado de semillas, que no sea solo limitado a esa variedad sino que abarque a todos los germoplasmas de soja y a sus tecnologías transgénicas asociadas. y también a otros cultivos.

El Bolsatech, en rigor, durante todo este tiempo continuó siendo costeado desde las sombras por la ex Monsanto (que enviaba gratuitamente los reactivos necesarios para testear toda la cosecha de soja a los laboratorios de las bolsas y otros centros habilitados). Los resultados eran enviados al INASE, que luego informaba a la dueña de la tecnología, que eventualmente así terminaba intimando judicialmente a los productores que no habían pagado por la tecnología Intacta.

Ver Debate sobre Ley de Semillas: Tamara Perelmutar cree que “La restricción del uso propio aumentaría la dependencia de los productores”

¿Y qué cambio desde entonces? En el Ministerio se muestran sorprendidos por la eficiencia del SISA (el sistema unificado de Información Agrícola), que administra la AFIP a partir de los datos recabados de los productores, y que se alimenta también de las declaraciones sobre la compra de semillas certificadas. En base a esa información, Agricultura afirma que se pueden detectar situaciones sospechosas, sobre todo en el rango de empresas de mayor tamaño, y a partir de allí hacer controles dirigidos para detectar el uso de semilla ilegal. Este sistema, además, podría ser pagado con recursos propios del INASE, según se estima.

Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) rechazan la posibilidad de avanzar en esta reforma del Bolsatech, de seguro por temor a que esos nuevos controles terminen malográndose y queden solo en promesas. Si así fuera el Bolsatech se caería y quienes buscan cobrar regalías se quedarían sin el pan y son la torta.

De todas estas opciones se debatirá el jueves.

La entrada Antes de irse, sin Ley de Semillas, Agricultura busca modificar la manera de controlar la bolsa blanca y el pago de regalías se publicó primero en Bichos de Campo.

“Uno de los problemas centrales del proyecto del oficialismo es que se limitaría fuertemente, o se eliminaría, la figura del uso propio de las semillas. Es decir, se les quitaría a los productores la posibilidad de que guarden sus semillas para sembrarlas en la campaña siguiente. En su reemplazo, se propone la figura del uso propio oneroso. Dicho de forma simple, los productores deberán pagar por sembrar las semillas que ellos mismos producen. Sin el uso propio desaparece la única posibilidad de evitar una situación de monopolio”, sostuvo Javier Rodríguez, Director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.

“Me llama mucho la atención que cuando se debate el uso propio no se discute el mercado monopólico, ya que, de hecho, está muy concentrado en pocas empresas agroquímicas. Al limitar el derecho al uso propio estaríamos en una situación en la que a todos los productores se les impondría un monopolio en materia de adquisición de las semillas, algo esencial para la producción agropecuaria”, dijo el docente.

Y añadió que, en términos económicos, el monopolio tiene la capacidad fijar el precio o la cantidad a vender. Así, el precio puede quedar muy por encima de lo que hoy se está cobrando. Para los cuatro cultivos principales, la estimación de cuánto representaría ese aumento de los costos asciende a 3100 millones de dólares por año. “Esta cifra da una idea del importante monto que está involucrado en este debate sobre la Ley de Semillas. Hay en juego intereses económicos muy fuertes”.

Finalmente, Rodríguez reconoció que el país está dejando de obtener ingresos por no pagar los avances tecnológicos. “Es así. No obstante, quiero destacar que la Ley vigente es perfectamente compatible con las normas internacionales. En todo caso, lo que se debe analizar son los incentivos económicos para que esas empresas traigan un determinado evento al país. Además, en la Argentina muchas veces la efectiva inclusión de algunos de estos eventos depende de tener asegurado el mercado de venta. Por ejemplo, en ocasiones no conviene difundir un evento dado si no está garantizado que nuestros compradores admiten ese tipo de semillas o de eventos en los productos que les vendemos”.

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Con una estimación de producción mundial para 2018 de casi 770 millones de toneladas, el arroz es el alimento más difundido en todo el mundo. Pero a la vez, se utiliza como insumo de platos especiales en diversas culturas culinarias. Alberto Blas Livore, fitomejorador y coordinador del Grupo de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA, explicó que “las nuevas variedades se ubican dentro de la categoría de arroces especiales y diferenciales, lo que les proporciona un reconocimiento económico significativamente mayor al precio de mercado del arroz blanco tradicional”.

En un convenio de vinculación tecnológica firmado recientemente se definió que la empresa Dos Hermanos SA comercializará estos nuevos arroces. “Este logro permite cubrir un nicho en el mercado a fin de abastecer la demanda de otras culturas culinarias, agregar valor al cereal y sustituir las importaciones de productos similares”, se destacó.

Las cuatro variedades responden a diferentes nichos: 

• KoshINTA es una variedad adaptada a las condiciones subtropicales de la Argentina. Surgió de una selección del mejor cultivar de arroz para la cocina japonesa: el Koshihikari, según la denominación en Japón. Su origen se remonta a 1956 y se caracteriza por tener todos los atributos de pegosidad, masticación, brillo, textura, dulzor y humedad –una vez cocido– que exige la cocina de ese país asiático.
• ArborINTA es un cruzamiento de la variedad Arborio con materiales argentinos que mediante selecciones sucesivas mejoraron sensiblemente el tipo de planta, el ciclo y el rendimiento agrícola, al tiempo que se mantuvo la calidad de cocción del arroz para la cocina mediterránea. “Los atributos más importantes en la cocción son su tamaño, el contenido de amilosa y su centro blanco. Esto permite lograr un arroz cremoso que impregna el sabor de la salsa o caldo en el que se cocina, sin perder su integridad”, detalló Livore quien agregó: “Es fundamental para cocinar el famoso risotto italiano”.
• La variedad INTA Mati pertenece al grupo de los arroces aromáticos, cuyo origen es la región limítrofe entre la República de la India y la República Islámica de Pakistán. “Estos arroces son conocidos en el mundo con el nombre de la variedad más difundida que es el Basmati y sus características son un aroma y sabor a cereal o a pochoclo intenso que los hace inconfundibles”, detalló Livore. Además, deben alargarse a la cocción y mantenerse íntegros pero suaves al masticarlos.  Son muy apreciados en la cocina de oriente medio, los países árabes y comunidades que viven en Europa provenientes de esas regiones. “Nuestra variedad cumple en todo con las características de los aromáticos, con la ventaja de entregar una muy buena producción agrícola en comparación con las variedades originarias”, reconoció.
• La variedad KIRA INTA responde a un arroz del tipo comercial largo-ancho como el Doble Carolina, que tiene como característica principal su gran tamaño en largo y ancho, incrementa su tamaño al cocinarse y mantiene su integridad. Al liberar al caldo parte de su almidón, brinda una solución espesa a los platos tipo guiso, preferidos por la cocina argentina. “Las variedades tradicionales cultivadas en la Argentina eran susceptibles a vuelco y con rendimientos relativamente bajos. Este nuevo cultivar incrementa sensiblemente la productividad y es resistente al vuelco además de tener un grano de mayor tamaño”, detalló el investigador.

El INTA firmó cuatro convenios con la empresa Dos Hermanos, ubicada en Concordia, Entre Ríos, para la multiplicación y comercialización de las variedades en forma de arroz con cáscara, arroz integral y arroz elaborado. Todas estas variedades serán anotadas a nombre del INTA en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, que maneja el INASE. Eso le permitirá cobrar ciertas regalías. 

De común acuerdo, se transfirió la tecnología desarrollada por el INTA y se habilitó a colocar una línea de arroz especial en las góndolas, lo que permite acceder a mercados de alto precio. A cambio, el organismo percibe un retorno a los trabajos de investigación y transferencia, que será en función de la venta del producto.

La entrada El loguito del INTA, en paquetes de arroz para hacer sushi y risotto se publicó primero en Bichos de Campo.

Las empresas semilleras no ven en el proyecto ninguna garantía que las invite a invertir en las nuevas técnicas de mejoramiento, como por ejemplo la edición génica, que es la tendencia a nivel global y que ni siquiera es mencionada en la Ley. Y por el lado de los productores, también se oyen voces de insatisfacción y temor por el costo que tendrán las regalías.

Una de esas voces es la de Jorge Solmi, dirigente de Federación Agraria en Pergamino y especialista en la Ley de Semillas. Entrevistado por Bichos de Campo comparó el proyecto aprobado en comisiones con un asado arrebatado. “No le dieron el tiempo que necesitaba, quedó crudo por dentro y quemado por fuera”, graficó.

“Así como está, no vemos que sea una Ley que venga a solucionar el problema de semillas, no va a servir para que los obtentores de biotecnología puedan cobrar como deben, para que el comercio pueda ser controlado, para que el Inase pueda controlar”, se estiró. 

Escuchá el diálogo completo de Jorge Solmi con Bichos de Campo.

La mayor preocupación de Solmi, justamente, pasa por la capacidad de acción real del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el organismo que debería estar a cargo del control en todo el país pero que no cuenta con el presupuesto necesario. En rigor, es tal su indefensión que actualmente todos los controles para detectar la tecnología Intacta se realizan por cuenta y orden de Monsanto, a donde llegan los resultados de toda la red de análisis. El INASE, pese a lo que se dice, es casi cartón pintado.  

Ver El fantasma de Monsanto seguirá poniendo dinero para controlar la soja Intacta

“Hoy, de 3 pesos que el Inase recauda para el tesoro nacional le vuelve solo 1. Entonces el organismo está absolutamente inmovilizado porque no tiene recursos”, detalló el productor pergaminense, y remarcó que se debe devolver la autarquía y autonomía al instituto.

El proyecto preaprobado contempla que sea el Inase el organismo facultado para hacer los controles, pero para Solmi esa es una mera declaración de principios innecesaria. Según recuerda, el Inase había sido disuelto en la época de Fernando De la Rúa y luego se restituyó, pero sin la autarquía que le permita realizar su tarea eficientemente. Entonces, en los últimos años la tarea de control fue delegada en los privados.

“Hay que desarmar el engendro que es el Bolsatech, un instrumento que lo único que hace es identificar una tecnología relacionada con un solo evento (el gen RR), se ha montado un sistema muy caro con un resultado totalmente incierto porque no es cuantitativo sino cualitativo: con una baja presencia de la tecnología te cobran por todo el embarque. Además está en manos privadas y lo único que hizo el Inase fue acompañar con una resolución”, dijo Solmi.

Ver ¿Qué dice el dictamen para reformar la Ley de Semillas?

Otro punto crítico de la Ley, según Solmi, es el artículo 27, que establece que los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y los que están encuadrados en la categoría de Micropyme, quedan exentos del pago de regalías para el Uso Propio de las semillas. El productor explicó, en primer lugar, que en las últimas semanas era imposible inscribirse en el registro de Agricultura Familiar por Internet, y en segundo lugar, que el límite de facturación de 4,8 millones de pesos anuales que determina que una empresa es una Micropyme es muy bajo y no tiene en cuenta la diversidad de realidades que existen en el interior del país.

Por último, advirtió que él haría modificaciones al proyecto en lo que hace a las patentes, y comparó a las semillas con los autos, que al comprarlos ya incluyen el derecho de usar todos inventos que traen incorporados sin volver a pagar por cada artefacto.

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Es todo un gran juego de simulaciones el que se puso en marcha ya hace dos años, y que el Inase (Instituto Nacional de Semillas) acaba de prorrogar por un año más, a lo largo de toda la campaña sojera 2018/19. En rigor, este martes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 109/2018 de ese organismo, que extiende para el nuevo ciclo agrícola la decisión de que se tomen dos muestras de soja en cada punto de entrega, a fin de controlar el origen legal de la semilla. 

Hagamos una breve historia: Hace unos años Monsanto lanzó su propio sistema de controles compulsivos sobre la cosecha de soja, para así poder cobrar por su tecnología Intacta. Pero como el Estado y las entidades rurales (que siempre reivindicaron que las regalías se deben pagar en la bolsa de semilla) se oponían, el resto de la cadena agrícola armó el sistema alternativo llamado “Bolsatech”, que fue la base sobre el que funciona el actual esquema de control.

En abril de 2016 hubo fumata entre la multinacional y el gobierno de Cambiemos, que a la vez prometía impulsar una Ley de Semillas que pusiera punto final a la controversia y que recién ahora se comenzó a discutir en el Congreso. Para el mientras tanto, se armó una fórmula mixta, que es la que dura hasta estos días y acaba de prolongarse: los controles por Intacta se siguen haciendo sobre las cosechas, pero las muestras ahora las toman los acopios y exportadores a nombre del INASE (el Estado) y las envían para su análisis a una red de laboratorios privados, ubicados especialmente en las bolsas de Cereales.

Ver Juan Farinati: “El productor paga de manera anticipada de 60 a 70% de la tecnología Intacta”

¿Pero quién financia el millonario costo que tienen los reactivos para detectar en cada muestra de soja la posible presencia del gen Intacta? Adivinaron: es Monsanto. O mejor dicho su fantasma.

“La plata la sigue poniendo Monsanto. Cuando salga la Ley de Semillas, con un marco legal diferente, este será un asunto que debemos conversar”, dijeron fuentes de esa compañía que en 2017 pasó a pertenecer a Bayer, que desembolsó por ella 66 mil millones de dólares. “El sistema se maneja de la misma forma”, confirmaron desde el INASE.

Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero implica mantener el sistema de laboratorios en funcionamiento pero es mucho, mucho dinero. En la campaña previa se realizaron cerca de 1,7 millones de análisis de Intacta. En total, según fuentes privadas, se tomaron muestras equivalentes a 54 millones de toneladas de soja.

En esta gran simulación colectiva, las entidades rurales (y muchos dirigentes políticos) reclaman pagar regalías en la bolsa de semillas, pero guardan silencio frente a estos controles sobre el grano porque supuestamente ahora los realiza el Estado. El INASE, por cierto, se puso al frente del sistema, pero depende de una red de laboratorios privados y del dinero que envía la propia Monsanto. O Bayer, a partir de esta campaña. 

Ver Alfredo Paseyro y la paradoja del INTA: “Cobra en otros países las regalías que no puede cobrar acá”

Y todo marchará así, como quería el fantasma, hasta que la política local se ponga los pantalones largos y finalmente consensúe una nueva Ley de Semillas que ponga las cosas en orden, defina los derechos de quienes incorporan tecnología en las semillas, y dote al INASE de los recursos necesarios para que el sector público ejerza un efectivo control sobre el mercado de semillas.

Como detalles menores, la nueva resolución del INASE que extendió a la campaña 2017/18 el sistema “mixto” de control suprimió el plazo de guarda de las muestras de soja tomadas, que era de 90 días, y determinó que el productor podrá tener acceso a los resultados de sus propios análisis desde el portal web del Instituto.

La gran novedad de la resolución es que el INASE extendió el sistema de controles en granos a otros dos cultivos “autógamos” y donde la semilla ilegal también representa un serio problema para os obtentores: el trigo y el algodón.

“Resulta conveniente ampliar el muestreo a los cultivos de trigo y algodonero, realizando el muestreo de producción en los casos que el INASE así lo determine”, justifica la resolución.

Fuentes oficiales explicaron a Bichos de Campo que desde esta campaña la red público-privada “tomará una muestra de un grupo de control aleatorio y un grupo de control de antecedentes de campañas anteriores del RUS (declaraciones de usuarios de semillas), para someter a análisis de ADN para detectar la variedad utilizada. Esto se realizará en laboratorios habilitados por el INASE, que pueden o no ser los mismos (que buscan la soja Intacta) de acuerdo a la cantidad de muestras a analizar”.

No aclararon en el organismo quien pagará los nuevos análisis sobre el trigo y el algodón. En esos casos seguramente Monsanto se esfumará.  

La entrada El fantasma de Monsanto seguirá poniendo dinero para controlar la soja Intacta se publicó primero en Bichos de Campo.

La iniciativa legislativa acompaña una movida en la que ya se han subido varios diputados y hasta artistas ligados con el kirchnerismo (como la actriz Cecilia Roth), que promueve el repudio a los intentos del Gobierno de Cambiemos de “privatizar” las semillas. Los hashtag utilizados por Ruiz Aragón y sus compañeros de bloque son #NoABayerMonsanto y #SemillasParaLosPueblos

Según informó la Fundación Barbecheando, dedicada a seguir los temas de interés agropecuario en el Congreso, el proyecto 5913-D-2018 propone “garantizar el derecho de todas las personas a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas”.

Además, la iniciativa de los legisladores ligados a La Cámpora “declara de interés público, libre de todo derecho de propiedad intelectual y como bien común, las semillas nativas y criollas, elaboradas, generadas y/o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales”.

Etchevehere pide que la nueva Ley de Semillas sea bautizada como “Ley INTA”

Con respecto al milenario derechos al uso propio, que es aquel que permite a los agricultores guardar parte de sus cosechas para sembrar al año siguiente, el proyecto K establece que “toda persona que produce, utilizando semillas, tiene derecho al uso propio gratuito de las semillas de su cosecha, sin restricción de ningún tipo y sin perjuicio de lo que establezca la normativa de propiedad intelectual existente o que se adopte en el futuro”.

El proyecto oficial para reformar la ley de Semillas deja la puerta abierta para que el obtentor de una variedad pueda reclamar regalías cuando el productor utilice una cantidad mayor de semillas certificadas a lo largo de los años. Pero esta iniciativa opositora afirma que “el titular del derecho de una variedad protegida no podrá requerir pago alguno a quien reserve y utilice semilla para su uso propio”.

Además, el texto del FpV declara la ley de orden público, como reclaman entidades como CRA y la Federación Agraria, y prohíbe la propiedad intelectual en el sector: “Las semillas y sus partes no podrán ser objeto de patentes, derechos de obtentor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual”, postula Aragón.

Además en esta iniciativa se propicia que el Estado deberá asegurar el logro de la seguridad y soberanía alimentaria, sanitaria, tecnológica y el desarrollo agroalimentario sustentable, como así también la protección de semillas nativas y criollas. “El Estado apoyará logística y financieramente la institución de espacios de resguardo y almacenamiento de semillas nativas y criollas como así también de producción y multiplicación”, propone el diputado correntino.

Pero también será facultad del gobierno apoyar logística y financieramente el desarrollo regional y municipal de ferias de semillas tradicionales y “promover la investigación participativa y corresponsable, la formación, el acompañamiento técnico y la innovación sobre la agro biodiversidad y la agroecología”.

El proyecto también impulsa un Consejo Nacional Participativo para la Protección y Promoción de las Semillas Nativas y Criollas, y las semillas elaboradas y mejoradas con recursos públicos.

Muchos cerebros juntos pidiendo por una nueva ley de semillas

En sus argumentos, Ruiz Aragón sostiene que “el marco de derechos de la Soberanía Alimentaria plantea la necesidad de proteger las semillas nativas y criollas y las generadas y mejoradas con recursos públicos, para la producción de alimentos sanos, frente a los intentos de apropiación privada de las semillas”.

El diputado correntino fundamenta que su proyecto expresa la visión compartida con organizaciones de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, de pequeños productores, instituciones académicas y sociales, organizaciones ambientalistas, culturales y comunitarias.

Según detalla, la propuesta fue elaborada junto con las cátedras de soberanía alimentaria de las universidades nacionales integradas en la Red CALISA, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, el Frente Nacional Campesino, el Frente Nacional La Cámpora, la Fundación Soberanía Sanitaria, GRAIN, el Movimiento Agroecológica de América Latina y el Caribe (MAELA), el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

El proyecto, girado a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, se suma a los cinco proyectos ya existentes y que han comenzado a ser discutidos en la Comisión

Los firmantes de la iniciativa pertenecen a los bloques del Peronismo para la Victoria y Frente para la Victoria: José Ruiz Aragon; Gabriela Estevez; Andrés Larroque; Máximo Kirchner; María Lucila Masin; Agustín Rossi; Leonardo Grosso; Claudio Doñate; José Luis Gioja; Eduardo De Pedro; Julio Solanas; Mónica Macha; Guillermo Carmona; Araceli Ferreyra y María Fernanda Raverta, puntualiza el informe de Barbecheando. 

La entrada La Cámpora presentó su propio proyecto para reformar la Ley de Semillas se publicó primero en Bichos de Campo.

La Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) utilizó esa anécdota para anunciar el lanzamiento de la primera semilla mejorada en universidades públicas que formará parte del sistema de código abierto Bioleft, que está inspirado en las licencias “creative commons” que se utilizan, por ejemplo, en el software de circulación gratuita. Es decir, que no paga regalías. 

Esta Ubuntu argentina, entonces, es una leguminosa forrajera que se adapta a suelos salinos e inundables, y que estará disponible para ser mejorada por otros investigadores y para se multiplicada por organizaciones de la agricultura familiar. Es decir, una semilla de código abierto. En el caso del software el sistema “creative commons” permite copiar y redistribuir el material, así como remezclar, transformar y construir a partir del material.

Página de Creative Commons Argentina

Una gacetilla de la Fauba informó que el proyecto incluye a pequeños agricultores familiares agrupados en la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y a la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF). Además de la multiplicación de la semilla, estas organizaciones podrán mejorar el material en los sitios donde se siembra, interactuando con la Facultad, afirmó Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la Fauba, quien añadió que “la idea es que el material sirva como base de nuevos mejoramientos”.

Sobre esta nueva semilla libre de regalías, el docente explicó que “Ubuntu es un cultivar de Melilotus albus, que es una leguminosa muy rústica de ambientes salinos e inundables. Es originaria del Meditarráneo. Se introdujo a la Argentina en la década de 1950 y durante muchos años no fue objeto de un mejoramiento” agregó.

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Los investigadores de la Fauba comenzaron un programa de mejoramiento en colaboración con investigadores la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. “Avanzamos con materiales que tenían mejor calidad, un establecimiento más rápido y una mayor producción invernal”, indicó el especialista.

Mientras avanzan en el proceso de inscripción en el Registro de Cultivares, la Fauba y Bioleft hicieron un acuerdo para la multiplicación de estos materiales con productores de ONPIA y FONAF. “Estas organizaciones multiplican el material, separan una parte para uso propio y el resto regresa a la Facultad para seguir investigando”, se informó.

“Una ventaja de la producción en pequeña escala es que las semillas van a ser de alta calidad porque se cosechan de manera artesanal, entonces no van a tener malezas, por ejemplo”, opinó Schrauf , aunque adelantó que hacia el futuro también apuntan a aumentar la escala.

Bioleft es una iniciativa de un equipo interdisciplinario de investigación conformado por personas especializadas en economía, agronomía, ambiente, genética, derecho y propiedad intelectual, producción e investigación colaborativa y comunicación. El proyecto fue incubado en la Fundación CENIT junto al STEPS Centre-América Latina, en el marco del proyecto global Transformative pathways to sustainability.

“Inicialmente, nos invitaron desde Bioleft a discutir la Ley de semillas. Ese vínculo se fue acrecentando hacia la generación de una plataforma de intercambio de materiales y el acercamiento hacia productores con quienes teníamos un vínculo muy indirecto”, explicó Schrauf, e indicó que no sólo apuntan a generar materiales que tengan una transacción alternativa, sino que el mismo mejoramiento sea con la participación de productores y abierto entre distintas instituciones.

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En este sentido, si bien advirtió que actualmente Bioleft es una plataforma en construcción, consideró que ‘tiene un potencial enorme’ y señaló que Ubuntu forma parte de una red de mejoramiento de forrajeras muy extensa, y que a futuro también se estaría incluyendo la colaboración de instituciones de otros países como Nueva Zelandia y Uruguay.

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