Se trata de pequeñas empresas de Santa Fe, reunidas todas en la Cámara Santafecina de Energías Renovables (CASFER), que vieron a este proyecto como uno que defiende los intereses originales de la ley 26.093, cuyo objetivo inicial fue federalizar la bioenergía otorgándole un marco normativo.

La nueva norma, que reduce los porcentajes utilizados para el corte con biodiésel y bioetanol de maíz, trajo el descontento de empresas integrantes de la Cámara Argentina De Biocombustibles (Carbio), que consideraron que detrás de este supuesto beneficio para las pequeñas empresas, que se afirmaba desde el oficialismo, había únicamente negociados políticos.

También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) expresaron sus temores sobre que la nueva ley provoque un cierre forzoso de pequeñas fábricas alejadas de los puertos.

Afectadas por la nueva ley, las Pymes del biodiésel se aferran al sueño de una buena reglamentación para mantener los niveles de corte

Frente a esto, Bichos de Campo decidió preguntarle a Federico Pucciarello, titular de Rosario Bioenergy, sobre los porqué de la recepción positiva que las pymes productoras, que él representa, le dieron a esta nueva regulación.

-¿Cómo ven a esta ley que se aprobó?

-Es el único proyecto que contuvo la realidad pyme de nuestra provincia. Que CARBIO, que reúne a empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, se queje de cuatro o cinco pymes que estén dando vuelta realmente es patético. ¿Qué hacen las cerealeras? El mercado interno de bioenergía les subsidia parte del costo de la compra de soja por el diferencial de retenciones que tienen. La ganancia que tienen con el bio les permite comprar o competir por el poroto con más precio. Escuchar de las multinacionales las mentiras continuas realmente es extraordinario.

Se aprobó el proyecto kirchnerista de biocombustibles con el apoyo de los senadores jujeños y tucumanos de Juntos por el Cambio

-¿Cómo se vieron beneficiados ustedes ahora?

-La ley 26.093 es una ley de promoción de pymes en economías regionales. El proyecto de ley aprobado mantiene el espíritu de esa ley, con la única diferencia de que esta fue muy clara al delimitar el marco. Las grandes petroleras aceiteras no pueden entrar. Para las aceiteras, la ley establece que ellas nos venden el aceite crudo de soja, por lo tanto participan del mercado a través del aceite. No hace falta que produzcan la soja, hagan el crushing, exporten, estén adentro del mercado de bio interno, produzcan el bio, hagan la glicerina, refinen la glicerina. ¿Qué queda para las pymes? Nada.

-¿Considerás entonces que al dejar afuera a las grandes aceiteras la ley mantiene esa protección hacia las pymes?

-Por supuesto. ¿Por qué la mantiene? No porque sean ineficientes como dicen ellos. La mantiene porque así es en cualquier ámbito de negocio energético. Los países han dividido los negocios justamente para evitar la concentración energética. De lo que ellos nos acusan, es de lo que ellos viven haciendo. De qué eficiencia me hablan si el costo de hacer una tonelada de bio en una multinacional o una pyme es exactamente lo mismo, porque es química. El valor de venta es mismo valor al que lo venden ellos porque lo fija el Estado. Es una irrealidad.

Carbio alertó que el proyecto oficialista de biocombustibles “beneficia a ciertas empresas que se muestran como Pymes y no lo son”: ¿De quién hablan?

-Se habló mucho de la baja en el porcentaje de corte. ¿Qué opinión les merece eso?

-No hubo una baja del corte. Ahí también hubo una falsa noticia impartida por ellos. La Ley 26.093 nació con un 5% de obligatoriedad en el corte, nunca con un 10%. Por resolución se llevo a un 10%. Pero atención: un 10% de corte obligatorio sobre el consumo automotor. El proyecto de ley que se aprobó es del 5% del 100% del biodiesel que se comercializa en Argentina. Por lo tanto, ¿Qué es más alto? ¿El 5% de 100% o el 10% de 10? El 5% de 100%. Por eso el 5% es más de lo que era el 10% antes. En volumen las pymes van a estar cubiertas.

Sobre este punto Pucciarello agregó: “Las que quedan afuera son las grandes multinacionales encubiertas en pymes ‘no pymes’ que tienen participación de mercado. El caso de Explora, de Unitec Bio de Eurnekian, son casos emblemáticos que tiene cupo y que nada tienen que ver con una pyme. Te dicen que las pymes son ineficientes pero ellos mismo están incluidos ahí. Es un lobby bastante absurdo”.

-Justamente son las empresas de CARBIO las que dicen que ustedes son las pymes “no tan pymes”. ¿Qué pensás de eso?

-Te lo digo muy fácil: ¿Cuánto factura Bunge y cuánto facturamos nosotros? ¿Cuánto factura Cargill y cuánto factura Bojanich? Entrar en esa discusión me parece que no vale la pena. Si hubiera alguna irregularidad, la Secretaría de Energía las hubiera clausurado. Las grandes multinacionales son las que manejan casi el 20% del PBI de la Argentina. Una planta de 50.000 toneladas es pyme, punto. ¿Por qué? Porque su facturación no supera los mil millones según la ley de Pymes Argentinas. Ahora si ellos quieren modificar la ley o quieren todo y este país no les dio más de lo que ya tienen, perdieron.

-¿Por qué considerás que unieron a tu empresa con la de Bojanich?

-Porque ellos politizan todo. Si vas a despotricar contra alguien o desmerecer el trabajo de otro, cuando lo único que hacemos es rompernos el alma para tener todos los días una empresa más sustentable, y ninguna multinacional jamás logro la sustentabilidad que logramos nosotros, estamos hablando de dos mundos distintos. Esto no es PRO contra Kirchnerismo. Les guste o no, la Ley 26.093 la hizo un gobierno kirchnerista pero la votaron todos. Y este proyecto lo votaron un montón de diputados y senadores del PRO también.

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Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, estuvo presente como invitado y mostró su apoyo a dicho proyecto.

“Hay un planteo de resguardo de las pymes y empresas no integradas, sobre todo cuidando los puestos de trabajo. Está establecido el porcentaje de cortes y hay un tratamiento específico del precio en el surtidor. Tiene un alcance y desarrollo sobre la sustitución de importaciones a los combustibles líquidos y crea la Comisión de Análisis y Seguimiento que nos parece importante”, dijo el funcionario en la apertura del encuentro.

El diputado Omar Félix, autor del proyecto oficialista sobre biocombustibles, no logró explicar con claridad por qué propone bajar el corte de la nafta y el gasoil

En cuanto a la baja del corte de biodiesel, uno de los puntos controversiales del proyecto, Martínez aseguró que se trata de “un mecanismo para amortiguar en el surtidor el precio del aceite de soja” y que el proyecto busca definir un horizonte de previsibilidad que fomente las inversiones.

Respecto a las preocupaciones señaladas por la oposición sobre la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos internacionales ante la baja del corte de los combustibles fósiles, el secretario afirmó: “Los compromisos internacionales que asumió argentina contemplan varias medidas de reducción de las emisiones y estamos trabajando en ese sentido. Las emisiones están estrictamente analizadas, periódicamente revisadas y adecuadas en función de cumplir con esos objetivos”.

Sin embargo esta exposición no alcanzó para tranquilizar las aguas entre los legisladores y al comienzo del debate varios se mostraron en desacuerdo.

El Diputado bonaerense Fabio Quetglas dijo que “en 2006 se legisló con el petróleo a 120 dólares para un lado, y ahora como los commodities están caros se legisla para oel tro. Nuestros marcos institucionales tienen una idéntica variabilidad a los mercados. Amortiguar a la larga no funciona, tenemos que crear instituciones que de certezas”.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

Por su parte Juan Manuel López, legislador por CABA, sostuvo que “hubo bastante improvisación” y remarcó la falta de datos oficiales en torno a puntos como la capacidad instalada de la producción, el impacto en la reducción de cortes, las fuentes de empleo generadas, las emisiones mitigadas, entre otras.

El entrerriano Atilio Benedetti planteó la preocupación por los puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas. Analizó que la iniciativa tiene un claro sesgo coyuntural y que no se “puede afectar los lugares de trabajo por una variación circunstancial” porque las “oscilaciones del mercado se corrigen con el tiempo”.

Hacia el cierre el santafesino Luis Contigiani sostuvo que el debate no puede “intoxicarse de intereses corporativos ya sea de lobby petrolero o cerealero” pero que es un grave error que el oficialismo “no pueda justificar la baja en el corte”.

“Sobre el argumento del aumento de los commodities, tendríamos que entrar en otra discusión que son los formadores de precio en Argentina. No es un tema monetarista, es un tema de captura de ganancia de sectores concentrados. Ese no puede ser el argumento de la baja de cortes”, concluyó.

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Según el texto del decreto, la ley 26.093 extenderá su vigencia hasta el 12 de julio de este año o hasta que se sancione un nuevo marco regulatorio. Pero teniendo en cuenta las críticas de la oposición, el plazo de 60 días termina pareciendo un período demasiado corto para arribar a algún acuerdo.

“Esto marca el problema que venimos teniendo en el sector desde hace años: la inestabilidad. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuándo se cambian las reglas de juego, no sabemos qué horizonte tenemos para proyectar nuestros negocios. El Congreso está totalmente ausente de las necesidades de políticas públicas que tiene el sector productivo argentino”, señaló a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de Fundación Barbechando.

-Teniendo en cuenta los tiempos legislativos, ¿sesenta días son suficientes?

-No creo que una política pública, que pueda definir cuáles son las reglas de juego de un sector como los biocombustibles, se pueda discutir en 60 días. Menos con la falta de conocimientos que tiene el Congreso de la Nación. El Congreso tiene que acudir a especialistas técnicos a los que les consulten cómo es esto. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo es en el resto del mundo? ¿Es obligatorio el corte? ¿Cómo hacen los países a los que les va bien? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué porcentaje queremos en 10 o 20 años?

Paats agregó luego que el debate por biocombustibles era “una excusa ideal para que el Congreso se ponga los pantalones largos y trabaje como corresponde en políticas púbicas”, pero que la prórroga no hace más que demostrar que “no se está preparado para darle a la Argentina las reglas de juego de los próximos años”.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

-¿Qué opinión te merece el hecho de que Argentina haya ratificado el Acuerdo de París y que aún así se quieran bajar los porcentajes de corte de biocombustibles?

-Es parte de esta política de apartarnos de la realidad del mundo. Esto es un ejemplo del famoso slogan que tenemos los argentinos de que borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Si ya nos comprometimos con acuerdos internacionales a seguir un camino, deberíamos ratificarlo. ¿Nada más fácil no?

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Diputados y senadores hace un mes que retomaron sus funciones. La gravedad del asunto está en que ambas vencen este año y ninguna parece estar cerca de obtener una prórroga. Arrancando con la Ley Ovina cuya fecha de caducidad operó exactamente hoy: lunes 4 de abril de 2021, veinte años exactos después de su sanción.

En el caso del Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, o Ley Ovina, ya cuenta con una prórroga que data del año 2011, en la que se estipuló extender por 10 años más –mediante la ley 26.680– la normativa original promulgada en 2001.

El objetivo original del régimen instituido a comienzos de los 2000 era recuperar la producción ovina que estaba en baja desde la década de 1970. Para eso se decidió destinar fondos del presupuesto nacional: inicialmente la suma se fijó en 20 millones de pesos -cuando aún regía la convertibilidad- y posteriormente, en 2010, se elevó a 80 millones de pesos.

Uno de los principales reclamos de los productores es que ese monto no ha sido actualizado, teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones y los vaivenes económicos, y por lo tanto los recursos son insuficientes. Convertidos a dólares, en rigor, ahora resultan chaucha y palitos.

En este sentido, a fines de marzo de este año, la Mesa Ovina Nacional presentó un ante proyecto propio en el que fijaban que el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) debería recibir desde el Estado el siguiente esquema de desembolsos por diez años: “1.400 millones de pesos anuales durante los primeros tres años; 1.800 millones durante los siguientes tres años; y 2.000 millones durante últimos cuatro años.”

En paralelo, tanto en Diputados como en el Senado se han presentado también varios proyectos para lograr la prórroga en cuestión. En el caso de la Cámara Baja, se propuso unificar las iniciativas existentes y convalidar un monto para el FRAO que tenga una actualización anual en función de los datos de la inflación. También se discutió una modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15.

Sin embargo, por el momento ninguna de las Cámaras ha tratado las iniciativas que se apilan en la mesa de entrada. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal intentaron discutir el tema durante una sesión especial en la Cámara de Diputados hace dos semanas, pero no lograron el quórum necesario para sesionar. Hay tiempo al menos hasta que el propio Congreso deba discutir la nueva Ley de Presupuesto y previsionar allí las partidas necesarias para la continuidad de esta política.

Hoy vence la Ley Ovina después de 20 años de promocionar la actividad.

Como con la de Biocombustibles, el oficialismo propone el peor escenario: Ni si, Ni no, Ni blanco Ni negro.

Improvisación del gobierno e incertidumbre para la inversión que el país necesita. pic.twitter.com/viWFv5KypY

— Willy Bernaudo (@willybernaudo) April 4, 2021

En el mientras tanto, la próxima fecha a marcar en el calendario es el 12 de mayo, día en el que vencerá el Régimen de Biocombustibles, que también persigue una prórroga y que no ha logrado ingresar en el temario de Diputados a pesar de tener media sanción en el Senado. La diferencia es que en este caso es que al día siguiente del vencimiento, en caso de que no haya prórroga, los efectos serán inmediatos: las petroleras ya no estarán obligadas a comprar esos renovables para cortar los combustibles fósiles.

La ley 26.093 data del 2006 y los principales interesados en su extensión son los productores de biodiesel y bioetanol, muchas de ellos concentrados en Pymes. Con la ley mantienen ventajas tributarias, regulan precios y mantienen el corte obligatorio en los combustibles fósiles (10% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas).

A pesar de esto también hay interés, tanto de las cámaras empresarias del sector como desde el Gobierno Nacional, en crear una nueva legislación que tenga en cuenta el contexto actual. Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, dijo durante su exposición en Diputados que el gobierno busca “dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”.

Durante el mismo encuentro, representantes de Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), apoyó la prórroga pero reconoció que es necesario discutir un régimen superador que incorpore, por ejemplo, “el impuesto al carbono en base a la relación de ahorro de emisiones y utilice esos fondos para el desarrollo tecnológico y la transición de las pymes”.

La prorroga de esta ley intentó también ser discutida en la sesión especial pedida por la oposición pero no tuvo éxito.

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