El Ministerio de Agricultura decidió reinterpretar la letra fría de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, con el objetivo de ampliar el universo de beneficiarios de los programas oficiales de apoyo al sector. Ahora se podrán inscribir en el RENAF (el Registro Nacional de Agricultura Familiar) organizaciones vinculadas a la producción de alimentos, quienes promuevan la agroecología, los pescadores artesanales, quienes comercialicen productos en mercados de cercanía y hasta quienes tengan algún conflicto de acceso a la tierra.

“Todes somos agricultores familiares”, parece ser la consigna de la época.

La ley 27.118 definía con claridad qué parámetros utilizaría el Estado para identificar a los sujetos beneficiarios de esta política publica y podrían ser incorporados al RENAF. En su artículo 5°, se define como tales a quienes llevan adelante actividades agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural, que tienen su ingreso principal en esa actividad, que moran en el campo o en la localidad más cercana, que utilizan mano de obra familiar, y otros requisitos.

Pero ahora, la Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo de Miguel Gómez (foto) incorporó a través de la Resolución 77/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, nuevos criterios que permitirán ampliar estos requisitos.

“Se considera necesario habilitar un sistema integral de acceso a los beneficios previstos para el sector, extendiendo la posibilidad de registro también para aquellas formas asociativas, cualquiera fuera su status jurídico, en las que los productores/as se organicen para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de sus territorios, resolver problemas de producción, comercialización, financiación, obtención de recursos o de infraestructura”, dice un tramo de los considerandos de la nueva normativa.

Entonces, a partir de este cambio, el RENAF no correrá solamente para personas físicas. Ese registro ahora tendrá dos componentes diferentes:

• componente Núcleos de la Agricultura Familiar, que tendrá a su cargo la inscripción de todo agricultor y agricultora familiar que, en tanto personas humanas, reúna los requisitos indicados en el Artículo 5º de la citada Ley Nº 27.118;
• componente Organizaciones de la Agricultura Familiar, que permitirá la inscripción de organizaciones conformadas por agricultores o agricultoras familiares y pescadores o pescadoras artesanales, cualquiera fuera el tipo de forma asociativa, categoría o status jurídico, siempre que con sus actividades promuevan la producción de bienes y servicios de la agricultura familiar, el uso de tecnología, la capacitación, acceso a infraestructura o fortalecimiento socio organizativo, la comercialización de productos y servicios, la difusión de información de mercado y la actividad gremial;
• componente Agroecología, en el que podrá registrarse todo/a productor/a que lleve adelante un modo de producción agroecológico;
• componente Pesca Artesanal, en el que podrá registrarse todo/a pescador/a artesanal;
• componente Comercialización, en el que podrán registrarse tanto las personas humanas como las jurídicas que lleven adelante procesos de comercialización de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena y/o de la pesca artesanal;
• Componente Acceso a la Tierra, en el que podrá registrarse todo agricultor o agricultora familiar que declare algún conflicto en el acceso a la tierra.

¿Y de qué sirve aparecer registrado en el RENAF? “Esto tiene como finalidad el reconocimiento social del sector así como la orientación adecuada de las distintas políticas públicas que desarrolle el Estado Nacional a través de los distintos organismos competentes”, explicó el Ministerio de Agricultura en una página específica. La regisatración allí es obligatoria para acceder a los beneficios brindados en el marco de la Ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva realidad en la Argentina”.

Estos beneficios están en algunos casos ya plasmados y otros en construcción. Por ejemplo, hay un programa para la Inclusión financiera junto al Banco Nación, en el que se ofrece a los agricultores familiares la apertura de cajas de ahorro gratuitas, más la gestión de apertura de una terminal de pago para el cobro de tus ventas, sin costos; y se otorgan créditos con tasa bonificada.

También la pertenencia al RENAF habilita la posibilidad de contra con el Monotributo Social, facilita la gestión de permisos sanitarios en el RENSPA,  donde se establece la Eximición de Aranceles de más de 80 trámites del Senasa.

Otro beneficio es poder contra con el Certificado MiPyme, que es el documento que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo a las micros, pequeñas o medianas empresas que realizan en el país actividades en diversos sectores incluido el agropecuario.

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El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) acaba de protagonizar una de esas volteretas que confunden más que aclarar. En el lapso de apenas dos años, primero eliminó un registro de empresas exportadoras e importadoras, luego estableció que se manejaría con el de la Aduana y ahora agregó un segundo requisito para las firmas interesadas en participar del comercio exterior de alimentos: deben además estar inscriptas en el RUCA (El Registro Único de la Cadena Agroalimentaria).

Vamos por partes, diría Jack el destripador.

En enero de 2019 el Senasa emitió la Resolución 79/19. Era todavía gobierno de Cambiemos y tiempos de una furiosa “simplificación” de trámites en el organismo sanitario, donde la gestión de Ricardo Negri derogó y abrigó cientos de normativas. En dicha resolución, el Senasa eliminó su propio “Registro de Exportadores y/o Importadores de animales, vegetales, material reproductivo y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que contengan, entre sus componentes, ingredientes de origen animal y/o vegetal”, que había sido creado en 2001.

La norma parecía tener todo el sentido común: ¿Para qué hacía falta que el organismo de control sanitario tenga un registro de empresas exportadoras e importadoras si para controlar a ese universo ya existía la Aduana? En rigor, a partir de ese momento el Senasa decidió consultar el registro aduanero cada vez que se le requirieran los servicios.

Este jueves en el Boletín Oficial, el Senasa volvió a publicar una resolución sobre el asunto, la 151/21. Por suerte, no reimplanta el registro que había sido anulado en 2019, pero sí pone una nueva condición para el cruce de informaciones por internet que el Senasa debería realizar ante cada requerimiento de una empresa exportadora o importadora de alimentos. Ahora, además de convocar a la base de datos de la Aduana, también consultará con el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial).

Es decir que los exportadores o importadores también deberán estar necesariamente inscriptos allí para pedir los servicios de certificación sanitaria del Senasa.

El RUCA depende de la ex ONCCA o la actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura. Se suponía que allí deben estar registradas todas las firmes con actividad en el sector agroalimentario, sean o no exportadoras o importadoras. Pero al parecer en Senasa encontraron que había algunas que aparecían en la Aduana pero no en el RUCA.

“Había muchos exportadores sin RUCA. La vinculación es a los efectos de exigir dicha inscripción. En 2019 se eximió de ese requerimiento y muchas sociedades anónimas simples sin RUCA con solo estar inscriptas en AFIP exportaron. Nuestro objetivo es solo buscar que estén inscriptos como cualquier exportador de productos agropecuarios”, dijeron desde Senasa para explicar la nueva exigencia a las empresas que intervienen en el comercio exterior. Una nueva exigencia que en realidad era vieja, porque se suponía que esas firmas ya debían estar inscriptas tanto en el RUCA como en la Aduana.

Llaman la atención los momentos elegidos para reforzar esta exigencia de doble inscripción por parte del Senasa.

Hace un mes, de muy mal modo, el Ministerio de Agricultura eyectó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un veterinario de conocida militancia radical que había sido convocado por Cambiemos en 2016 para reorganizar ese área (eliminada por Cristina Kirchner en 2011 luego de resonados casos de corrupción). Rossi, apoyado por todo el arco de las actividades productivas que debía controlar, permaneció un año más en su puesto a pesar del cambio de gobierno. Como debería suceder en cualquier país normal, donde los funcionarios técnicos de carrera no sufren los avatares de la política.

Es vox pópuli que Carlos Milicevic, un santacruceño que ahora es vicepresidente del Senasa y que era jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura (en tiempos de Javier De Urquiza) cuando estalló el conflicto con el campo en 2008, fue uno de los grandes promotores del desplazamiento de Rossi. En su lugar en la ex ONCCA, el ministro Luis Basterra designó a un contador llamado Luciano Zarich. Es el mismo que fue nombrado como subinterventor en la fallida intentona de expropiar Vicentin.

Zarich, que ahora tendrá control directo sobre el RUCA, ya fue encargado de manejar ese registro de empresas en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, hasta fines de 2015. En aquel momento ese registro público mostró varias inconsistencias, como la habilitación de empresas inexistentes que recibían ROE Verde, los permisos de exportación de trigo o maíz que distribuía el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El de Josema Group es un caso testigo que Zarich jamás pudo explicar en su anterior gestión: fue anotada como exportadora y recibió ROE para vender arroz y soja al exterior.

Ahora vuelve a tener a cargo ese registro, el RUCA, donde deben estar inscriptos todos aquellas empresas que quieren producir alimentos en este bendito país de tantas idas y vueltas.

Allí deben estar inscriptas, a partir de ahora, aquellas firmas que quieran exportar o importar y necesiten para hacerlo los certificados sanitarios del Senasa.

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Luego del análisis de distintos informes técnicos, el Renatre observó que existe un universo de empleadores rurales que están inscriptos de esa forma en la AFIP, y declaran a sus dependientes ante esa entidad, pero no han hecho la inscripción formal en el portal web del registro.

Oscar Bernard, subgerente de Recaudación y Control Contributivo del Renatre, dijo a Bichos de Campo que se estima que hay al menos 30.000 empleados rurales en esta condición en todo el país. Comentó que desde el Registro no descartan que se trate de un error en el procesamiento de datos, pero que de igual forma reforzarán la información en relación a este tema.

Desde este organismo mixto advirtieron que luego de transcurridos los 180 días desde el inicio de este Plan Nacional, aquellos empleadores que no hayan realizado el correspondiente registro serán sancionados conforme lo indica el artículo 15 de la ley 25191, que define el régimen de los trabajadores rurales. Las multas pueden ir desde los 80 a los 5.000 pesos, dependiendo la gravedad de la infracción, y se incluye además la posibilidad de clausura de los establecimientos en infracción.

“Dentro del Portal Renatre se podrán realizar todas las gestiones para que los empleadores, sus establecimientos y sus trabajadores, queden registrados debidamente. Esta es una oportunidad excepcional para regularizar sus establecimientos y estar en regla tanto con la normativa vigente como con su personal”, afirmó Bernard.

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Sí, repito: desde por lo menos 2007 algunas evaluaciones de nuevos productos en el Senasa, básicamente las referidas a los fertilizantes que salieron al mercado, fueron realizadas por una estudiante de ingeniería agronómica que recién el año pasado pudo completar sus estudios. Ejercía como agrónoma en el organismo público sin poseer el título.

“Nos dirigimos a usted los abajo firmantes, directores técnicos de empresas registrantes en la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, a fin de solicitar en forma urgente que mediante una disposición o resolución solicite en un plazo no mayor de los 15 días que todos los profesionales del Senasa con cargos técnicos estén matriculados en los colegios o asociaciones de acuerdo a sus títulos o incumbencias”, dice la nota que fue presentada los primeros días de diciembre al ex presidente del organismo, Ricardo “Ricky” Negri, quien no pudo llegar a decidir nada debido al cambio de gobierno. El nuevo titular del Senasa, Carlos Paz, será quien deba hacerse ahora cargo del planteo de los privados.

¿Por qué los directivos de muchas empresas vinculados a los insumos más utilizados en el agro piden al Senasa que acredite el título de sus propios técnicos? ¿Si cae de maduro que el Estado no puede asignar funciones de ese tipo a estudiantes o personal sin capacitación suficiente? Pues sucedió en el caso de Carla Louge, que trabajó más de diez años en la dirección que se ocupaba de verificar y aprobar los productos que pedían pista para entrar en el mercado local. Louge se ocupaba de llevar adelante los análisis técnicos sobre fertilizantes y puso su firma en muchos expedientes… Sin tener el título de ingeniera agrónoma que la habilitara para hacerlo.

Aquí una prueba de que Louge decidía con su firma los destinos de algunos trámites:

Aunque hasta ahora no había trascendido a la prensa y permanecía encapsulada dentro el propio organismo, esta escandalosa situación se conoce desde noviembre pasado. Y motivó algunos pedidos de sumarios internos que sugerían que la funcionaria habría favorecido a ciertos grupos de empresas por sobre las otras. Estos pedidos, por ahora y como casi siempre en el Senasa, terminan chocando contra la muralla corporativa del área de Jurídicos de ese organismo, que siempre parece más preocupada por defender a los empleados del servicio que a impartir justicia.

De hecho, la empleada no fue sancionada y tampoco sus superiores. Según pudo saber Bichos de Campo, solamente se decidió su traslado a una dependencia del interior de la provincia de Buenos Aires.

“La Ingeniera Agrónoma Carla Louge se desempeña en el área de fertilizantes desde el año 2007 y como Coordinadora del Área de Fertilizantes y Enmiendas (Resolución SENASA 712/19) desde mayo de 2019. En sus 12 años de trabajo en el organismo ha demostrado eficiencia, capacidad y honestidad en el trabajo de evaluación de productos a los fines de inscripción en el Registro Nacional de Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Acondicionadores, Protectores y Materias Primas, en cumplimiento de la Resolución SENASA 264/11, entre otras tareas que desarrolla tendientes al funcionamiento del área de su competencia”, fue la defensa orgánica desde el propio organismo.

Pero la irregularidad existía y era indisimulable. La mejor prueba de que Louge haía dado su opinión -más allá de su experiencia e idoneidad para hacerlo- sin poseer un título que la habilite resultó ser un certificado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, fechado en febrero de 2019, en el que se habilitaba a la funcionaria del Senasa a rendir el exámen de la materia Cerealicultura en marzo de ese año. Es evidente que hasta ese entonces no disponía del título habilitante.

A pesar de las evidencias, el Senasa enfatizó en su defensa que la tarea desempeñada por la funcionaria había sido siempre correcta. “Es necesario aclarar que la Ing. Louge trabaja en el área únicamente acompañada por otra profesional, ocupándose de la atención de todos los registros, salidas a campo, atención a empresas y asesores, reuniones dentro y fuera del organismo, etcétera. Todas actividades llevadas con eficacia y ética”.

Otras fuentes del Senasa confirmaron la irregularidad evidente, pero explicaron que la mujer no era quien hacía la aprobación final de los productos sino que su tarea se limitaba a evaluar la información técnica requerida para llevar a cabo los trámites. Las resoluciones para aprobar tal o cual Registro eran finalmente firmadas por el director de Agroquímicos, Diego Ciacaglini, o por el responsable de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, quien acaba de ser confirmado en su puesto por las nuevas autoridades.

Como sea, el caso instaló de nuevo una gran manto de sospecha sobre los mecanismos para registrar nuevos productos en el Senasa. Justo ahora, cuando los requerimientos de transparencia de la sociedad respecto de agroquímicos y fertilizantes son más intensos que nunca.

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El Programa  funciona, según un comunicado de ese ente, como una oferta laboral no vinculante que tiene por objeto crear un acercamiento de datos entre el trabajador desempleado y el empleador en búsqueda de cubrir puestos en su empresa. Aclaró el Renatre que la iniciativa, una suerte de vieja bolsa de trabajo pero remixada, apunta a generar “un beneficio mutuo” acercando a ambas partes, pero “sin que esto implique obligatoriedad de contratación”.

“Este servicio que brinda el Registro busca atender a los trabajadores rurales desempleados, ofrecerles capacitaciones y dotarlos de herramientas técnicas que les sirvan para reinsertarse en el mercado laboral, generando de esta manera inclusión social e igualdad de oportunidades”, afirmó el nuevo presidente del RENATRE, Orlando Marino,. quien proviene de la Federación Agraria. También destacó que esta herramienta “resulta ser de gran utilidad para consulta de los empleadores registrados”.

El gerente del Seguro Social Rural del organismo, Alberto Brondo, indicó que con esta iniciativa “se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 25.191, perfeccionando así el Seguro Social para el sector rural al fomentar el reingreso de los trabajadores al mercado laboral”.

El empleador rural registrado en el organismo podrá ingresar al Portal del Renatre con su usuario y contraseña y acceder al listado completo de los trabajadores rurales que están cobrando la prestación por desempleo y a la información referida a la actividad en la que se desempeñan y las capacitaciones que realizaron.

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Es un clásico de todos los recambios presidenciales o cuando se escuchan rumores de modificaciones en los Derechos de Exportación o retenciones: las agroexportadoras se apuran a declarar sus ventas al exterior, pues así congela el valor de cada negocio y también el porcentaje del tributo. La novedad en esta ocasión es que los productores también se apuran a vender su mercadería, descontando que en 2020 cobrarán menos por ella que ahora.

En este contexto, la BCR reveló este fin de semana, en base a datos oficiales, que las compras anticipadas de maíz de la nueva campaña (el cultivo se cosecha entre mayo y julio del próximo año) alcanzaron un nivel récord, al posicionarse en casi 13 millones de toneladas. Esta cifra superó en tres veces la adquisición promedio a igual fecha de los últimos tres ciclos agrícolas.

Este nivel de compras significaron hasta el momento la adquisición del 26,8% de las 47 millones de toneladas previstas para la cosecha de la campaña 2019/20. Es decir que si acaso el 10 de diciembre Alberto decide imponer retenciones a la forrajera del 20% (más del doble que las actuales y las mismas que regían durante el kirchnerismo), ya una cuarta parte de la cosecha por venir esquivará ese aumento impositivo, pues usualmente las grandes cerealeras declaran de modo parejo sus Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), que administra el Ministerio de Agricultura.

Lo mismo sucede con la soja, aunque en menor proporción porque este grano ya tributa elevadas retenciones, del 18% más 4 pesos por dólar exportado. En el caso del maíz, el trigo y el resto de los granos de exportación, lo único que se paga es este último tributo de 4 pesos por dólar, reimplantado en agosto de 2018. Eso equivale hoy a un 8%.

Decíamos que con la soja también hay anticipo de ventas. Las compras de la industria aceitera y la exportación se ubicaron en su punto más alto en siete años, con 8 millones de toneladas ya comprometidas por los productores que recién comenzarán la cosecha en abril o mayo.

“Además del abultado volumen de compras que ya representa el 15% de la producción nacional estimada, es destacable la gran proporción de estos negocios que ya tienen precio firme”, remarcó el trabajo realizado por los especialistas de la BCR, Franco Ramseyer y Desiré Sigaudo.

De las 8 millones de toneladas de soja ya compradas, 2,8 millones de toneladas corresponden a exportadores, lo que equivale a más de un tercio de las compras totales, y que “acompañan a un ritmo de DJVE también muy adelantado”, añadió el documento.

Lo que debería suceder en estos casos, ante periodos de incertidumbre tan largas, es que Agricultura cierre el registro de DJVE hasta que se conozca el nuevo nivel de retenciones. Pero no sucede en esta caso primero porque el tema seguramente siga siendo debatido dentro del nuevo gobierno y porque en el Ministerio ni siquiera se conoce el nombre de quien sucederá a Luis Miguel Etchevehere, y por lo tanto no ha comenzado todavía una transición.

En 2007, cuando Cristina ganó las elecciones para suceder a Néstor Kirchner, hubo una situación semejante: se especuló con una suba de retenciones que finalmente se concretó un mes más tarde. Cuando finalmente los Kirchner subieron el tributo a 35%, la mitad de la cosecha ya había sido anotada con la alícuota anterior. Esto dio origen en el Congreso a la llamada Ley Martínez Raymonda, con la que el Estado intentó recuperar una parte de la recaudación que había perdido por esta vía, que es absolutamente legal y se ampara en la Ley 21.453.

Pero como los Kirchner no quedaron satisfechos, la situación dio origen unos pocos meses después, en marzo de 2008, a la Resolución 125, el conflicto agropecuario, el origen de la grieta y todo lo que ya conocemos.

La entrada Ante la certeza de que subirán las retenciones, en la transición hacia Alberto se aceleran notablemente las ventas de granos se publicó primero en Bichos de Campo.

Esto es, habrá intercambio de información y un monitoreo común entre estas cuatro provincias de los equipos de pulverización de agroquímicos, ya sean terrestres o aéreos. Cada vez más, en estas provincias, estos equipos deben ser habilitadis y registrados por las autoridades provinciales. Ahora se estableció que los registros de, por ejemplo, la provincia de Santa Fe servirán para justificar la presencia d edicha máquna en Marco Juárez, ya en territorio cordobés.

Las provincias decidieron esta medida que, a su juicio, “facilitará la fiscalización y el control de las aplicaciones terrestres y áreas de productos fitosanitarios y de productos químicos o biológicos de uso agropecuario”.

“El ordenamiento y control de aplicaciones de fitosanitarios, y una ley de fitosanitarios futura tiene que ser explicado a la sociedad: hay que hablarle a todos”, destacó Leonardo Sarquís, el ministro de Agroindustria bonaerense, en un comunicado. Participaron de la firma además sus colegas de Córdoba, Sergio Busso; de Santa Fe, Alicia Ciciliani; y de la Pampa, Ricardo Moralejo. 

Con respecto al ordenamiento y control,  el funcionario explicó: “Tenemos una enorme oportunidad que no podemos desperdiciar y que se tiene que centrar en la concientización y en las buenas prácticas”.

La entrada Otro paso hacia las buenas prácticas: En la región pampeana habrá un registro común de máquinas y aviones aplicadores se publicó primero en Bichos de Campo.

La novedad, según un alto funcionario de Agroindustria, es que habrá dos sistemas o tiempos financieros diferentes para depositar ante el Fisco (siempre ante la Aduana) las dos retenciones que ahora existen: las neo-retenciones o impuesto de 4 pesos por dólar a la exportación de cualquier sector, y la vieja retención convencional o derecho de exportación que sigue vigente para el sector sojero con una alícuota de 18%. 

Si el gobierno decidió hace un tiempo liberar de todo plazo a los exportadores respecto de la liquidación de las divisas, esta vez, urgido por la crisis económica y la necesidad de financiación, mediante la Resolución 307 del Ministerio de Agroindustria, mantuvo en plazos muy cortos los plazos para el pago de los derechos de exportación convencionales.

Ver  Las cerealeras dicen que la avalancha de ventas “se hizo dentro del marco legal vigente”

El pago de las viejas retenciones “deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días hábiles desde la aprobación de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) correspondientes, por al menos el 90% de la cantidad (peso o volumen) declarada”. El 10% restante de los montos se cancelará al momento de concretar el embarque.

Lo que busca asegurarse con ese mecanismo el Gobierno es el ingreso rápido del dinero proveniente del 18% que paga la exportación de soja. Eso sí, para no ser tan agresivos con un sector de la exportación en el párrafo siguiente se aclara que no habrá mucho reto para el que se porte mal: “La falta de cumplimiento en término del pago mencionado precedentemente, no traerá aparejado efecto alguno sobre la vigencia de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) registradas, las que continuarán vigentes”.

En el mismo artículo se indica cómo será el pago de la neo-retención adicional establecida esta semana y que abarca a todos los productos.

En este caso se hará una vez que el exportador comunique el país de destino de la venta que a su vez podrá hacerse hasta 15 días después del embarque: “El pago deberá efectuarse mediante el pago previo al momento del registro de la destinación o con plazo de espera, dentro de los 15 días posteriores al registro del cumplido de embarque”. Esto en definitiva significa que una empresa puede declarar ventas hoy, exportar en 6 o 7 meses y pagar a las 15 días de la carga en el buque.

Otro artículo importante en la norma trajo preocupación  y la clara sospecha en el sector de que en tanto el gobierno dejó el terreno listo por si acaso tiene que rvolver a modificar el esquema de retenciones. Por lo pronto, para cerrar el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) ahora bastará con una simple nota y no se necesitará más una resolución de Etchevehere, como pasó en las dos últimas ocasiones en que hubo retoques en agosto.

“La Subsecretaria de Mercados Agropecuario, con previa autorización escrita de la Superioridad, podrá proceder a la suspensión temporaria de la registración de DJVE por medio de un comunicado oficial al sector exportador, a la Aduana y su correspondiente publicación en la página web del Ministerio de Agroindustria”, se explicó. 

La entrada Las neo-retenciones se pagan por separado de las viejas retenciones a la soja se publicó primero en Bichos de Campo.

“Salimos al campo a hacer la registración de los trabajadores, que es lo que corresponde”, resumió a Bichos de Campo el presidente del Renatre, Abel Guerrieri, que aprovechó la inauguración de un jardín maternal en esa localidad tucumana -que cuidará a los hijos de los cosecheros-, para ponerse al frente de lo que denominan el “Operativo Federal”. Se trata de una gran movida que durará varios meses en la que se embarcó este particular ente de control laboral, integrado por cuatro representantes del sector patronal (uno por cada una de las entidades agropecuarias) y cuatro del sindicato de trabajadores rurales Uatre, más dos síndicos del Ministerio de Trabajo. 

-¿En qué consiste este operativo federal?- le preguntamos a Guerriri, que es representante de la Sociedad Rural y conoce al dedillo el origen y los objetivos del Renatre. 

-Arrancamos en agosto una gira federal, que llamamos operativo, aunque a mi no me gusta esa palabra. Es una visita al territorio que hacemos como productores y trabajadores, en esta convivencia que no es frecuente. Hemos empezado a recorrer el país en busca de concientizar a todo el sector. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Por un lado, porque tenemos la obligación por ley de mitigar lo que es el trabajo infantil en la Argentina, y a Dios gracias que vamos lográndolo, paso a paso. Por otro lado, porque nuestro deber la registración de los trabajadores rurales.

Mirá la entrevista completa con el titular del Renatre:

El Operativo Federal del Renatre ya pasó por varias provincias, como Misiones, Entre Ríos y Salta, según sea la actividad productiva que haya que abordar. Y así estarán sus directivos hasta febrero de 2019, siguiendo el calendario productivo argentino. Una de las tareas más importantes que se han propuesto, además de controlar el empleo registrado, es que todos los trabajadores rurales tengan su propia tarjeta plástica. Los empleados del Renatre le muestran a la gente que con una sencilla aplicación gratuita pueden reconstruir desde el teléfono celular su historia laboral, controlar aportes y hacer otros trámites. Antes la vieja libreta del peón rural solía quedar en manos de los empleadores. 

“La libreta de papel ha quedado obsoleta”, dice Guerrieri, que pregona que también es necesario comenzar a cambiar otro “chip” muy arraigado en el sector rural: la creencia de que al peón de campo o cosechero no debe estar registrado. 

“Yo siempre hablo de la ventaja y la tranquilidad que tiene para un productor tener un empleado formalizado. Si está registrado el trabajador, aparte de cobrar lo que le corresponde, que es lo que se negocia en la paritaria (porque el ‘negro’ no entra en ninguna paritaria), tiene la ventaja de cobrar el seguro de desempleo” en caso de que lo necesite, explica el presidente del Renatre.

Además sostiene que el blanqueo del personal le permite a los productores ganar tranquilidad ante eventuales juicios. “Fundamentalmente la registración apunta a que el empleado tenga un seguro de riesgo de trabajo. Este es un tema que las entidades lo tenemos que estudiar muy a fondo. Porque si a uno se le accidenta algún empleado y lo tiene en negro, es muy probable que tenga que vender parte de su capital para pagar el accidente. En cambio, si está formalizado, si está inscripto en el Renatre, tiene alta en AFIP y en la ART, eso no sucede y el productor queda cubierto”.

-Si son tantas las ventajas, ¿entonces por qué todavía queda mucho sector del trabajo rural en la informalidad?

-Muchos productores no registran por una cuestión de una cultura de trabajo y economía en negro que existe en la Argentina. El trabajo registrado al productor también le cuesta porque tiene que depositar cargas sociales. Es por eso que algunos prefieren correr el riesgo y ahorrarse alguna plata. Pero por eso nosotros tenemos que salir a concientizar.

Guerrieri describe que el problema mayor lo tienen en las economías regionales que son mano de obra intensivas, zafreras. Pero dice que en los establecimientos dedicados a la agricultura extensiva y la ganadería, los niveles de informalidad se reducen a una mínima expresión. En la Provincia de Buenos Aires, agrega, los principales focos del ‘negro’ son la producción de cebolla y ajo, y los cordones hortícolas que rodean a las grandes ciudades.

Para cuando haya concluido el Operativo Federal y la divulgación sobre lo que es lo correcto, Guerrieri promete el inició de una etapa diferente, con mayor acento en los controles. “Estamos ajustando los sistemas informáticos para salir a fiscalizar, para que aquel que sigue con la cultura del negro finalmente cambie”, afirma.

En este video institucional del Renatre se pueden conocer las distintas etapas del Operativo Federal.

La entrada Abel Guerrieri: “Aquel productor que todavía tenga ‘la cultura del negro’ deberá cambiar” se publicó primero en Bichos de Campo.

El presidente Mauricio Macri lleva ya tres inauguraciones de la Expoagro, la muestra a campo abierto que organizan los dos principales diarios del país, Clarin y La Nacion. De las tres, esta parecía la parada más brava, porque la sequía generalizada está castigando a los productores por igual (salvo regiones puntuales en el norte) y produce daños más que importantes, con la pérdida estimada por ahora de 20 millones de toneladas de soja y maíz. En la cena de expositores, el lunes por la noche, la gobernadora María Vidal había allanado el terreno para su líder: “Sepan que no los vamos a dejar solos”, había transmitido a los productores.

Era la parada más brava para Macri porque además -luego de dos años de romance explícito entre el agro y el gobierno de Cambiemos-, los productores exigen una vuelta de tuerta a la política agropecuaria. No era todo tan sencillo como soplar y reducir las retenciones.

Está claro que Macri sabía esto, que ya no todo le sería tan sencillo. Por eso preparó la cancha y forzó algunos anuncios para el sector que lanzó este martes en la inauguración de la exposición que se realiza en San Nicolás. De todos modos, el presidente presentó esos anuncios de manera bastante confusa, y quedó en evidencia que fueron medidas preparadas a último momento, casi de urgencia, como para evitarse un mal trago y sostener en el tiempo su alianza con el principal sector productivo de la Argentina.

Y lo logró. Pasó por Expoagro sin sobresaltos, y mantiene el crédito abierto entre la comunidad agropecuaria, que sigue viendo que, al menos, se mueve e intenta acercar soluciones. Y sobre todo, que no la agreden como sucedía antes.

¿Que anunció Macri? Básicamente repartió anuncios sobre los cuales será necesario luego leer muy detenidamente la letra chica.

Por un lado, proclamó la “eliminación” de varios registros, de esos que a muchos productores les complica la vida, aunque más tarde quedó claro que todo se trataría de una “simplificación” de trámites, y que en vez de presentar varias declaraciones juradas ante diversos organismos (el presidente habló de siete registros que quedarían simplificados en uno), en adelante el productor solo tendrá que hacer una declaración jurada anual, aunque no está claro ante qué organismo.

¿De qué registros habló Macri?

• Del RETRA o Registro Fiscal de Tierras Rurales, que lanzó la AFIP durante este gobierno, como manera de saber de quien es cada lote de campo, quienes lo alquilan, a quienes son alquilados, etcétera. Este registro provocó muchas quejas de los productores y contadores especializados, e incluso fue prorrogado ante las dificultades para completar la información requerida.
• Del RENSPA o Registro Sanitario del Senasa, que es una suerte de DNI sanitario de cada uno de los productores. Ricky Negri, titular del organismo, explicó luego del discurso, que nadie pensaba en una eliminación de ese código, sino de una simplificación en el esquema de trámites y sobre todo, en la posibilidad de que puedan ser realizados por el usuario vía online.
• Del RUS o Registro de Usuarios de Semillas que funciona bajo la tutela del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y que obliga al productor que conserva semilla para uso propio, a declararla ante las autoridades.
• Y finalmente habló del Registro Fiscal de Operadores de Granos de la AFIP, que es aquel que separa a productores cumplidores de aquellos que no tienen todos los papeles en orden, y establece una serie de premisos y castigos en materia de devolución de IVA, o menores percepciones y retenciones. Seguramente, aunque Macri no lo mencionó, el mismo camino seguirá con el flamante Registro Fiscal de Operadores del mercado de Carnes. No está claro cuál será el alcance de estas medidas, pero lo que sí está claro es que el retiro del gobierno de Alberto Abad, el ex titular de la Administración Fiscal, facilitó las cosas para este tipo de anuncios.

Por otro lado, y luego de reconocer el daño que está provocando la sequía, Macri anunció una modificación de las reglas del Banco Central para los productores afectados (y seguramente aquellos que tengan su certificado de emergencia agropecuaria) que tengan prestamos viejos en mora.

El presidente dijo que la medida permitirá a esos chacareros endeudados, acceder a nuevo financiamiento, y algo de cierto debería haber en eso. Y es que, lo que hará el Banco Central en su reunión del jueves, es establecer que el sistema financiero deberá tener un tratamiento diferente  para con los productores caídos en desgracia, y no hacer como se hace habitualmente, que se califica a los desgraciados que no pudieron pagar en categorías 2,3,4 o 5, (van desde moras leves a incobrables), y les aplican pesados punitorios que terminan enterrándolos.

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