La cantidad de unidades se determinan como resultado del entrecruzamiento de los inscriptos en el Renspa con los acreditados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) del Ministerio de Agricultura. A diferencia del Renspa que es obligatorio, el Renaf es gratuito y permite dar cuenta del trabajo de los agricultores familiares de todo el país.

De las más de 67 mil unidades productivas familiares, la mayor cantidad se encuentran en la provincia de Mendoza con 8.025, a la que le sigue Buenos Aires con 7.851, Chaco con 6.408, Corrientes con 5.581 y Misiones con 4.894.

De ese total, un 61,5% (41.782) corresponde a un tipo de establecimiento ganadero; un 29,08% (19.752) se dedica a la agricultura y un 9,42% (6.396) realizan ambas actividades por lo que fueron declarados como mixtos.

“El crecimiento del registro de productoras y productores familiares en el Renspa fue producto de las jornadas que se realizaron en todo el territorio durante el año pasado, organizadas por los referentes de agricultura familiar del Senasa y agentes de los equipos territoriales, junto a otras instituciones”, sostuvo Lucía González Espinoza, coordinadora de Agricultura Familiar del Senasa.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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El RENSPA es el registro sanitario general que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y allí tienen la obligación de anotarse todos los que producen alimentos. Pero en los últimos tiempos ha ofrecido  ciertas facilidades para que se inscriban los productores más chicos. Informó ahora que durante el primer semestre se sumaron 1.306 unidades, un 13% más que en igual periodo del año pasado, cuando se habían anotado 1.153 predios.

“La inscripción en el RENSPA posibilita tomar mejores decisiones desde el punto de vista sanitario y que las productoras y productores familiares sean consideradas a la hora de implementar los programas vigentes de cumplimiento obligatorio”, explicó Lucía González Espinoza, coordinadora de Agricultura Familiar del Senasa. ¿A qué se refería? “Facilitamos así la comercialización y acceso a alimentos de calidad”, explicó.

La cantidad de unidades se determinan como resultado del entrecruzamiento de los registrados en el RENSPA con aquellos acreditados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) del Ministerio de Agricultura. Del total de las 64.084 unidades productivas familiares de todo el país inscriptas en el Registro sanitario y a la vez vinculados con el Registro de la Agricultura Familiar, la mayor cantidad se encuentran en las provincias de Mendoza, 7.635; Buenos Aires, 7.327; Chaco, 6.135; Corrientes, 5.256 y Misiones, 4.525.

Un 28% de esas pequeñas explotaciones son agrícolas (18.110), un 62% corresponde a un tipo de establecimiento ganadero (40.027) y un 9% fueron declarados mixtos (5.947).

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El Ministerio de Agricultura decidió reinterpretar la letra fría de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, con el objetivo de ampliar el universo de beneficiarios de los programas oficiales de apoyo al sector. Ahora se podrán inscribir en el RENAF (el Registro Nacional de Agricultura Familiar) organizaciones vinculadas a la producción de alimentos, quienes promuevan la agroecología, los pescadores artesanales, quienes comercialicen productos en mercados de cercanía y hasta quienes tengan algún conflicto de acceso a la tierra.

“Todes somos agricultores familiares”, parece ser la consigna de la época.

La ley 27.118 definía con claridad qué parámetros utilizaría el Estado para identificar a los sujetos beneficiarios de esta política publica y podrían ser incorporados al RENAF. En su artículo 5°, se define como tales a quienes llevan adelante actividades agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural, que tienen su ingreso principal en esa actividad, que moran en el campo o en la localidad más cercana, que utilizan mano de obra familiar, y otros requisitos.

Pero ahora, la Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo de Miguel Gómez (foto) incorporó a través de la Resolución 77/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, nuevos criterios que permitirán ampliar estos requisitos.

“Se considera necesario habilitar un sistema integral de acceso a los beneficios previstos para el sector, extendiendo la posibilidad de registro también para aquellas formas asociativas, cualquiera fuera su status jurídico, en las que los productores/as se organicen para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de sus territorios, resolver problemas de producción, comercialización, financiación, obtención de recursos o de infraestructura”, dice un tramo de los considerandos de la nueva normativa.

Entonces, a partir de este cambio, el RENAF no correrá solamente para personas físicas. Ese registro ahora tendrá dos componentes diferentes:

• componente Núcleos de la Agricultura Familiar, que tendrá a su cargo la inscripción de todo agricultor y agricultora familiar que, en tanto personas humanas, reúna los requisitos indicados en el Artículo 5º de la citada Ley Nº 27.118;
• componente Organizaciones de la Agricultura Familiar, que permitirá la inscripción de organizaciones conformadas por agricultores o agricultoras familiares y pescadores o pescadoras artesanales, cualquiera fuera el tipo de forma asociativa, categoría o status jurídico, siempre que con sus actividades promuevan la producción de bienes y servicios de la agricultura familiar, el uso de tecnología, la capacitación, acceso a infraestructura o fortalecimiento socio organizativo, la comercialización de productos y servicios, la difusión de información de mercado y la actividad gremial;
• componente Agroecología, en el que podrá registrarse todo/a productor/a que lleve adelante un modo de producción agroecológico;
• componente Pesca Artesanal, en el que podrá registrarse todo/a pescador/a artesanal;
• componente Comercialización, en el que podrán registrarse tanto las personas humanas como las jurídicas que lleven adelante procesos de comercialización de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena y/o de la pesca artesanal;
• Componente Acceso a la Tierra, en el que podrá registrarse todo agricultor o agricultora familiar que declare algún conflicto en el acceso a la tierra.

¿Y de qué sirve aparecer registrado en el RENAF? “Esto tiene como finalidad el reconocimiento social del sector así como la orientación adecuada de las distintas políticas públicas que desarrolle el Estado Nacional a través de los distintos organismos competentes”, explicó el Ministerio de Agricultura en una página específica. La regisatración allí es obligatoria para acceder a los beneficios brindados en el marco de la Ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva realidad en la Argentina”.

Estos beneficios están en algunos casos ya plasmados y otros en construcción. Por ejemplo, hay un programa para la Inclusión financiera junto al Banco Nación, en el que se ofrece a los agricultores familiares la apertura de cajas de ahorro gratuitas, más la gestión de apertura de una terminal de pago para el cobro de tus ventas, sin costos; y se otorgan créditos con tasa bonificada.

También la pertenencia al RENAF habilita la posibilidad de contra con el Monotributo Social, facilita la gestión de permisos sanitarios en el RENSPA,  donde se establece la Eximición de Aranceles de más de 80 trámites del Senasa.

Otro beneficio es poder contra con el Certificado MiPyme, que es el documento que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo a las micros, pequeñas o medianas empresas que realizan en el país actividades en diversos sectores incluido el agropecuario.

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Pero las autoridades de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena están terminando de reglamentar esa ley con el propósito de que el “Banco de Tierras” pueda ser una realidad en el transcurso del presente año.

“Esta vuelta al campo, como nosotros la llamamos, se tiene que dar con los que hoy producen y no tienen acceso a la tierra”, aseguró el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, en un artículo publicado por la agencia oficial Télam.

“La agricultura familiar, campesina, indígena es un camino viable para la producción de alimentos, para abastecer de alimentos sanos a nuestro pueblo y que en la pospandemia puede jugar un rol muy importante en el abastecimiento local”, añadió el funcionario y dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

El “Banco de Tierras” estará conformado por terrenos fiscales cedidos por el Estado nacional, las provincias y municipalidades, además de aquellos campos que ingresen al patrimonio del Estado nacional por mecanismos judiciales, administrativos o impositivos.

La Secretaría de Agricultura Familiar también se encuentra diseñando un plan de “Mercados de Cercanía” orientado a establecer puntos de venta cercanos en los pueblos que ofrezcan los productos de la agricultura familiar.

En este sentido, el funcionario señaló que esa estrategia “articulada fuertemente con los municipios y las organizaciones del sector” apunta a “brindar herramientas que tengan que ver con la logística y con el armado de espacios donde se pueda comercializar para trabajar en la intermediación y en cadenas cortas”, porque “con las cadenas largas se encarece mucho el producto y eso afecta al productor y al consumidor”.

Según los datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) hay un total de 179.772 familias productoras registradas, que representan alrededor de 400.000 productores en todo el país.

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La tasa de interés nominal de los créditos será del 21% versus una inflación proyectada para el próximo año del 48,3%, según el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA). Pero la tasa nominal será del 19% para microempresas lideradas por mujeres.

“Este beneficio que alcanza a 5000 agricultores familiares inscriptos en el Renaf y apunta a crear las condiciones necesarias para que cada familia pueda vivir en el lugar que eligió”, afirmó el ministro de Agricultura Luis Basterra por medio de un comunicado.

El monto máximo a financiar es de hasta 100.000 pesos por microempresa. El préstamos cuenta con el aval del 75% a cargo del fideicomiso Fondo de Garantías Argentino (FoGar), en tanto para el 25% restante se requerirá firma de pagaré del productor.

“Nuestra responsabilidad y compromiso por ser el banco público más grande del país es ayudar todos los sectores económicos, pero especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, que tienen dificultades para acceder a créditos accesibles, con tasas y plazos razonables”, remarcó Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación.

La línea de crédito específica para el segmento de las microempresas alcanza a aquellos usuarios que presenten tanto el certificado Pyme como el certificado de elegibilidad emitido por el Renaf. La medida incluye a productores de frutas, verduras, hortalizas y cultivo de plantas que comercializan su producción en ferias locales y regionales.

La propuesta contempla especialmente a productores de las provincias de Tucumán, Santa Fe, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones y Río Negro.

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“En estos esfuerzos se define un modelo de política segmentada para el tratamiento de quienes intervienen en la producción agropecuaria. Este convenio deviene de la concepción del rol que le cabe a la agricultura familiar, campesina e indígena, vinculado a la inclusión, por lo que estos instrumentos de accesibilidad financiera son fundamentales”, dijo Basterra. Algo de razón tiene, aunque si luego al pequeño minifundista le cobran una tasa del 80% anual, la bancarización se convierte en un salvavidas de plomo.

Hecker manifestó: “Desde el Banco Nación queremos contribuir con el rol que nos corresponde para tener un país con inclusión y posibilidades de financiamiento para progresar y avanzar. Es muy importante poner en igualdad de condiciones a los agricultores con el resto de los productores, ayudarlos en el ingreso a la formalidad y así aportar a poner nuevamente al país de pie”.

Luego de estas definiciones, se supo que la implementación del convenio se llevará adelante a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial junto al RENAF. Las cuentas bancarias tendrán las características y funcionalidad de una “cuenta sueldo”, sin costo de mantenimiento ni de extracción para el agricultor familiar titular ni para el Registro.

De esta forma, el Banco Nación se constituye como agente financiero del RENAF. Por su parte, el Registro se compromete mediante el Convenio a realizar las gestiones administrativas y territoriales para la realización de las entregas de las tarjetas de débito por parte del banco.

En una primera etapa, se prevé alcanzar a productores familiares de la provincia de Buenos Aires, para seguir avanzando hacia otras provincias para incluir a todos aquellos que se formen parte del Registro.

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Por un lado, Senasa informó que más de 12 mil productores familiares se han visto beneficiados con la eximición de aranceles a siete meses de que se implementó esta medida. El Organismo lleva emitidos 35.742 aranceles a costo cero. De este modo, esos 12.742 productores familiares se pudieron ahorrar 4.432.847 pesos.

El beneficio de no pagar los aranceles del Senasa alcanza a los pequeños productores inscriptos tanto en el RENSPA como en el Registro de Agricultura Familiar (RENAF). Los beneficios fueron establecidos en la Resolución 61/2018 y abarcan un total de 80 trámites

Por otro lado, Negri firmó esta semana un convenio con la provincia de Córdoba para la implementación del Documento Único de Traslado (DUT), que es la conjunción de los trámites necesarios para obtener la vieja guía municipal para le movimiento de hacienda y el DTe (Documento para el Tránsito de Animales electrónico) emitido por el organismo nacional.

La implementación del DTU, que ya estaba avanzada en la Provincia de Buenos Aires, ahora fue aceptada por unos 200 municipios cordobeses, entre los que figuran Laboulaye, Villa Valeria, San Pedro, San Antonio de Litín, Villa Huidobro, Cruz del Eje, Las Peñas, Chazón, La Francia, La Carlota, Bañado de Soto y Huinca Renancó.

El trámite para trasladar hacienda se realizará entonces a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa), por autogestión o personalmente, en la oficina local. La Guía provincial de Ganado estará integrada en el mismo DTe y figura en un mismo formulario. Córdoba se suma a las provincias de Chubut, Corrientes y Buenos Aires. “Desde Senasa estimamos que este tipo de gestiones digitales permite un ahorro mensual de 30.000 horas para que los productores se dediquen a lo que realmente deben hacer que es producir y no hacer trámites”, ensalzó Negri.

Finalmente, el Senasa informó que incorporó a su plataforma Trámites a Distancia (TAD) otras tres gestiones cotidianas para el sector. Se trata de la inscripción, reinscripción y modificación de datos para el registro de envases y conexos destinados a alimentos de origen animal; la obtención del certificado de calidad que acompaña a la carne elaborada en el marco del protocolo HQB Suiza y la presentación de estadísticas de producción de los centros y equipos de colecta, procesamiento y almacenamiento de material genético.

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“No es un problema de los bancos, sino del sistema financiero de la Argentina y de la falta de políticas de Estado que tuvimos al momento. Esto es lo que tenemos que superar, y debemos dar acceso diferenciado a los pequeños y medianos productores. No pedimos que se regale nada”, subrayó el director nacional de Fortalecimiento Institucional y apoyo a las organizaciones de la Agricultura Familiar en diálogo con Bichos de Campo.

El ex vicepresidente de Federación Agraria (FAA) inventó una nueva palabra: Renafeados, en referencia a los productores incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

“Estamos viendo la posibilidad de que, con el hecho de que ese productor esté ‘renafeado´, automáticamente quede inscrito también en el Senasa, en la Afip y que sea una carta de presentación para el Banco Nación o el Provincia. Si ese productor ya está en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, podrá darse el cruce de datos de todos los organismos para evaluar el otorgamiento de un crédito”, especuló.

Esto es lo que nos decía Julio Currás:

Pero hay un problema: no se sabe si todos los que están inscriptos en el RENAF son realmente pequeños productores agropecuarios. Currás confirmó que debe llevarse a cabo una depuración de ese Registro Oficial, ya que “no todos son de esta escala y hemos encontrado incluso personas que no eran ni productores. Por eso estamos haciendo un reempadronamiento para limpiarlo como corresponde, luego ordenarlo para que el universo de productores esté bien diferenciado, y por último hacer políticas crediticias diferenciales para que todos esos productores que hoy están marginados dentro de este modelo económico, puedan verse integrados”.

Por último, Currás dijo que “hay un compromiso del ministro Luis Miguel Etchevehere en que esto se cumpla, dado que considera que las economías regionales y la agricultura familiar es parte del corazón de Agroindustria. Demostraron voluntad de poder hacer cosas. Lo que hay que hacer es dejar de hacer las cosas mal. Sólo así encontraremos al pequeño productor mejor identificado”.

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