“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.

Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.

Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.

En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.

En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.

En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.

Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

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Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.

Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.

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Circulan por estos días, en que se discuten las retenciones con el nuevo gobierno, múltiples análisis respecto de las supuestas rentas extraordinarias de los productores sojeros. Bichos de Campo contactó al ingeniero agrónomo Jorge Josifovich (en la foto de AP/Sebastián Pani aparece sobre un lote de soja), presidente de la Sociedad Rural de Pergamino (SRP), y quien accedió a mostrarnos los números reales para calcular los resultados de su actividad.

Jorge alquila varios lotes, sumando 460 hectáreas dentro de ese partido, y paga en promedio unos 15 quintales de soja por hectárea arrendada. Esta campaña agrícola hizo unas 43 hectáreas de maíz, 167 hectáreas de trigo con soja de segunda, y unas 250 hectáreas de soja de primera.

Para Josifovich, “no es que acá se gane más que en otras zonas; la estabilidad de los suelos y el clima hacen que fallen menos las cosechas y la distancia a los puertos es beneficiosa. Pero no mucho más”, afirmó a Bichos de Campo.

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Sus márgenes como inquilino, según afirma, no le dan “una ganancia suprema”, como se suele creer y repetir en análisis alejados de la realidad. En este punto, el nivel actual de retenciones, de 30% para la soja y 12% para los cereales , le complicará más el panorama esta campaña e incidirá en sus decisiones sobre rotaciones de la campaña futura.

“No es que tampoco el productor se fundirá y abandonará su campo, sino que el porcentaje actual en concepto de derechos de exportación que se llevará el Gobierno difícilmente vuelva a la producción y a los municipios. En cambio irá a otros sectores, y esto hará que haya menos inversiones, tanto en el campo mismo como así también en la zona donde reside el productor”, declaró.

-¿Y cuál es el margen bruto por hacer soja en un campo arrendado?– le preguntamos.

En la planilla de cálculo que compartió con Bichos de Campo figuran sus márgenes anuales de ganancias en trigo, maíz y soja de primera y de segunda en Pergamino, sin contar gastos de impuestos inmobiliarios y municipales (red vial), ya que no le corresponden pagarlos a él porque no es de usos y costumbres esta modalidad en contratos rurales.

La cuenta al final de la ecuación, según relata Jorge, revela que el dueño del campo que alquila se llevará aproximadamente este año, un 48% de la producción que él genera por hectárea. “De los 35 quintales por hectárea (qq/ha) que obtenga en soja, el dueño se llevará el equivalente físico a 16,8 qq/ha, lo que representará el 48% de mi producción”, estima.

“Las dos grandes distinciones hay que hacerlas antes de cualquier análisis: por un lado los dueños de campo, y por el otro los que toman campos en alquiler, que representan aproximadamente el 68% de la zona Núcleo”, cuenta Jorge.

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Y agrega: “Gran parte de los que trabajan el campo son contratistas que alquilan tierra. Ese porcentaje paga un promedio de 15 qq/ha de soja en Pergamino. Como el dueño del campo recibe dinero fijo, con los gastos de comercialización y demás, el productor usa aproximadamente 17 quintales físicos para pagarle el alquiler a ese dueño del campo”.

Jorge continúa con las cuentas: “Yo tengo un costo de producción que va desde los barbechos hasta la cosecha, de unos 14 qq/ha, con un nivel tecnológico medio. Eso, sumado a los otros 16,8 qq/ha que se lleva el dueño de campo, me da un costo de 31 qq/ha”.

Es allí que los márgenes se hacen muy estrechos. “El promedio nacional de soja, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, es de aproximadamente 27 qq/ha según años, mientras que, en Pergamino, ese promedio sube un poco más, a 35 qq/ha, dependiendo de las zonas, ya que hay algunas que dan un poco más. Entonces, si resto 35 qq/ha, que sería mi rendimiento bruto, a los 31 qq/ha que es lo que le va destinado al dueño del campo y a costos de producción, me daría una ganancia de sólo 4 quintales”, explica.

Para Josifovich, “haciendo un número groso, la soja cotiza a 15 mil pesos la tonelada. Si multiplicás por 0,4 toneladas, que representan los 4 quintales que gano yo, me da una ganancia aproximada de 6.000 pesos anuales por hectárea. Si tomamos la cifra de 6.000 pesos anuales de ganancia por hectárea en un campo arrendado de Pergamino, y haciendo la analogía con otras publicaciones que dieron otros valores de márgenes de ganancias en modelos de 200 hectáreas en zona Núcleo, estaríamos en 1.200.000 de ganancias por año. Si lo dividís por los 12 meses, te da 100 mil pesos por mes de ganancia. Ese es el número correcto”, resume Jorge.

Jorge considera que la producción que explota le permite vivir de modo digno, sumando ese alquiler de 460 hectáreas en Pergamino a su actividad profesional como asesor agronómico. Pero al mismo tiempo se lamenta, según la tabla de márgenes brutos que muestra, de no poder sumar tecnología (fertilizantes, mayor uso de fungicidas, etcétera) ni poder incluir un mayor porcentaje de gramíneas en los campos que alquila. Ojo, recordemos siempre que estamos hablando de un productor en Pergamino.

“De esto también trata la queja de muchos de los productores de este país, a quienes nos obligan indefectiblemente a caer en el monocultivo de la soja, con la consecuente degradación de los suelos, sin poder hacer el secuestro de carbono necesario, ni diversificar productos agrícolas, que en mesas de negociaciones internacionales harían más tentador comercializar con la Argentina. De esta forma, es imposible pensar una planificación del sector agropecuario a mediano y largo plazo”, concluye el productor.

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