En la apertura del evento Basterra no se hizo presente. “Un cambio en su agenda de último momento”, le indicaron desde la cartera agraria a Alberto Morelli, presidente de Maizar, quien debió anunciar el inicio del evento en soledad.

El discurso de Morelli recorrió en primer lugar las últimas cifras del complejo maicero: subió del tercer puesto al segundo en el ranking mundial de exportadores y , según datos oficiales, está quinto en la lista de los principales sectores exportadores del país. Además, anunció que según estudios de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se prevé una cosecha de 46 millones de toneladas para esta campaña, teniendo en cuenta las buenas perspectivas climáticas.

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A continuación el presidente de Maizar afirmó que “para continuar invirtiendo, generando nuevos puestos de trabajo, conquistando nuevos mercados y aportando al desarrollo nacional, necesitamos un marco de previsibilidad. Los problemas macroeconómicos, particularmente el alto nivel de inflación, la altísima presión tributaria y el sistema de precios máximos, afectan severamente a los productores y a la agroindustria en su conjunto”.

“Nuestra cadena sufre la amenaza recurrente de un aumento en los derechos de exportación o el cierre de las mismas que van en contra de la previsibilidad necesaria para operar y proyectar su desarrollo. A fin del año pasado nos sorprendió amargamente la medida el cierre transitorio del mercado de exportación de granos, que luego se modifico por una cuotificación; nunca falto maíz en la argentina”, agregó.

Luego Morelli se refirió a los recientes anuncios del gobierno. “Hoy amanecemos con medidas sumamente negativas, que ya experimentamos en el pasado y rechazamos de plano, como es el cierre de las exportaciones de carne vacuna”.

“El resultado es conocido”, prosiguió. “Pérdida de confianza en nuestros mercados de destino que nos llevo años reabrir, pérdida de ingresos para el país, pérdida de puestos de trabajo, perdida de inversiones y stock de la cadena ganadera, en definitiva, una vez más recorremos el camino inverso al desarrollo y crecimiento”.

El gobierno vuelve a probar con una receta que destruyó al sector cárnico argentino y cierra las exportaciones por 30 días

“Hacemos un llamamiento a las autoridades para que recapaciten y revean esta medida tan desafortunada e incongruente para el momento económico que vive el país”, dijo. Y, como si eso fuera poco, la apertura incluyó también la mención a la situación de biocombustibles y de la Hidrovía.

“Nos preocupa la indefinición sobre la ley de biocombustibles, que tiene en vilo a once plantas destinadas exclusivamente a la producción de etanol de maíz, con 2000 empleos directos en nuestra cadena que están en riesgo; la prorroga de 60 días nos parece insuficiente. Necesitamos una ley superadora, consensuada y con un corte creciente de biocombustibles en un futuro cercano”, señaló.

Acto seguido sostuvo que abogan por que “se realice una nueva licitación de la Hidrovía, con una concesión privada y transparente que mejore la competitividad de las exportaciones en el mundo”.

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Si algo nos ha demostrado la historia de este país es que en la adversidad el empresario argentino intentará seguir trabajando a toda costa. Tal es el caso de Juan Rebolini, un productor agropecuario de la zona de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires, que, al no conseguir una cubierta para su pulverizadora, optó por pedir una usada en sus redes sociales.

Twitter es Servicio!
Necesito con urgencia una cubierta usada o nueva para pulverizador PLA!
No las dejan importar hace meses.

Rodado 320/90R46

Por favor RT@julianimhoff @vientonortesa @BumperCrop1 @marianoluna79 @AleMOnofrio

— Juan Rebolini (@jrebolini) February 23, 2021

“Pregunté en cada rincón del país y no hay. Llamé a la primera gomería que me salió por Google en Uruguay y tenían. Así de abismal es la diferencia que estamos viviendo. Terminamos comprando usadas para salir del paso”, dijo Rebolini a Bichos de Campo.

Ahora bien, ¿a qué se debe esta falta de stock a nivel nacional?

En primer lugar es importante aclarar que en Argentina más del 80% de las cubiertas provienen del exterior, ya que el país no cuenta con la estructura industrial necesaria para suplir la demanda interna. Entre las empresas que producen a nivel local –Fate, Pirelli y Bridgestone- solo cubren menos del 20% de lo demandado en materia de neumáticos agrícolas, industriales (los que por ejemplo usa un montacargas) y viales (aquellos que usan las motoniveladoras).

Si bien en la mayor parte del mundo sobran las divisas luego de la súper emisión realizada el año pasado por parte del principales naciones, en la Argentina son un bien escaso porque son pocos los que se animan a invetir en el país que, recordemos, no tiene acceso al crédito internacional y aún no sabe cómo va a pagar el préstamo de última instancia concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante esa esa coyuntura, en el último año el gobierno nacional comenzó a implementar diferentes restricciones orientadas a desincentivar importaciones de bienes considerados “no esenciales”.

Hasta el tercer trimestre del 2020, el otorgamiento de licencias para ingresar cubiertas del exterior era automático. Sin embargo, posteriormentese se tornó cada vez más difícil lograr que las autoridades económicas y monetarias liberasen divisas para importar ese bien estratégico para el sector agroindustrial.

“Teniendo en cuenta que las empresas importan al tipo de cambio oficial -dólar comercial-, y el BCRA tiene que autorizar la venta de importaciones a las empresas, al no haber divisas suficientes se genera un cuello de botella que lleva a mayores controles o restricciones”, indicó a Bichos de Campo Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC.

La escasez, como es esperable, provocó un aumento considerable del valor interno de las cubiertas con un ajuste del orden del 70% en 2020. Y en lo que va de este año, según FADEEAC, el piso aumento ya está en un 12%. En paralelo, los insumos para fabricar las cubiertas –CVR y caucho natural- al ser commodities registraron aumentos significativos en el último tiempo que rondan el 20%.

Los trámites para solicitar importaciones se complicaron aún más cuando el gobierno comenzó a exigir una proyección anual de importaciones a las empresas distribuidoras de neumáticos.

“Evidentemente desconocen las mínimas prácticas de economía, porque en un país que tiene una inflación tan elevada, que registra una pérdida de mercado interno desde 2018 hasta la fecha, hacer una predicción en ese marco es prácticamente imposible”, aseguró a este medio Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

García agregó que no sería extraño pensar en que la Organización Mundial del Comercio (OMC) le aplique a la Argentina una sanción por incumplir la normativa común a todos los países miembro: liberar los pedidos de licencia en menos de 60 días.

¿Y en qué situación se encuentran los empresarios? Edgardo Guerrini, propietario de la empresa mendocina Guerrini Neumáticos SA, confesó a Bichos de Campo que no recibe una licencia aprobada desde agosto de 2020 y que optó por acudir a la Justicia para tener un mínimo stock de mercadería.

“Como hay una demanda sostenida nuestro inventario es inexistente. Hemos omitido hacer la proyección anual porque es una pérdida de tiempo. No hay ninguna luz en el camino que indique que el gobierno va a tomar una medida diferente al respecto”, dijo.

Por su parte, Gonzalo Vila, presidente de Geveco S.A neumáticos Dunlop en Argentina, afirmó que el intento de proteger a la industria nacional terminó por generar un escenario de falta de competencia y, por consiguiente, un espiral de escasez, suba de precios y baja de calidad.

“No hay una racionalidad en la decisión. Nadie no puede estar de acuerdo en defender la industria nacional, pero no debería defenderse arruinando o quebrando a la competencia. La industria nacional debería verse favorecida con subsidios, ventajas fiscales, créditos blandos y otros beneficios que no se le da al producto importado. Las importaciones sin ningún tipo de control son nocivas al igual que el control absoluto”, dijo.

Muchos empresarios agrícolas y contratistas están entrando en un estado de pánico porque se viene encima la cosecha de soja y, en caso de requerir una cubierta, saben que las posibilidades de conseguirlas son muy bajas, lo que implica tener que detener la recolección del cultivo que representa la principal fuente de ingresos del año (además del mayor aporte de divisas que tiene la economía argentina).

Ya en 2020 la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) había enviado una carta al secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, para alertar sobre este panorama. Pero no obtuvieron respuesta. Hoy la situación es crítica.

“En la cosecha fina ya hubo maquinas demoradas por no conseguir cubiertas. Muchos ya están cosechando maíz y en veinte días se comienza a cosechar la soja. Hay maquinarias que no se pueden terminar de armar por faltante de insumos y autopartes. Peligramos quedar varados en el campo a principios de la cosecha”, resaltó Jorge Scoppa a Bichos de Campo.

Desde el barrio porteño de Mataderos, el dueño de la empresa importadora Lumaga Neumáticos SRL, Gabriel Scarsi, dijo con pesar que “máquina que ande danto vueltas y se le rompa una cubierta es máquina que va a quedar parada”.

“Se cree que somos los importadores los que hacemos subir los precios y hacemos desabastecer el mercado y no es así. Esto no es un problema a nivel empresa, sino a nivel país”, afirmó el empresario, que desde hace ocho meses no recibe una licencia aprobada y actualmente intenta sostener su negocio con  las cámaras para neumáticos.

“En el negocio de neumáticos, la importación es inherente al negocio. No es un tema de voluntad o inversión, sino de estructura industrial y de integración internacional. Si fuera tan fácil pongamos mañana una fábrica de neumáticos y llenémonos de plata”, remarcó Gonzalo Vila, presidente de Geveco S.A.

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Martín Videla Dorna es un ingeniero agrónomo de Villegas, que se dedica también a las aplicaciones, y que fue protagonista central de una negociación para que ese partido tuviera las regulaciones más “amigables” con el sector agrícola. Es una isla en medio de una catarata normativa que está dejando miles de hectáreas productivas inundadas de prohibiciones para el uso de esos insumos.

Videla Dorna, que forma parte del centro de ingenieros agrónomos de General Villegas e integra el flamante colegio bonaerense de ese tipo de profesionales, contó a Bichos de Campo cómo funciona el sistema implementado por una ordenanza que se aplica desde hace algunas semanas. Incorpora además otras dos novedades: hay una zona buffer (de amortiguamiento) con una lista de productos prohibidos y donde es necesario contratar a un fiscalizador homologado por la provincia.

Mirá la entrevista con Martín Videla Dorna:

-¿Cómo es que Villegas se convirtió en el partido bonaerense con menso restricciones a los agroquímicos?

-Acá se trabajo durante tres o cuatro años con la gente del municipio, en un convenio de colaboración que ya fue una novedad porque colaborar no es algo muy común en la Provincia. Empezamos a trabajar con los concejales de todas las ramas políticas, con alguna grieta pero charlable. Aceptaron los parámetros técnicos que planteamos, los números y las investigaciones sobre el tema. Se dijo: “Así no podemos seguir”. La idea era lograr algo lógico, porque cuando hicimos las cuentas para aplicar restricciones (como las que hay en otros partidos), nos quedaban miles de hectáreas sin trabajar en Villegas.

-¿En algún momento se pensó en aplicar una prohibición como en otras zonas?

-El planteo de los opositores empezó con alrededor de los 100 metros, un numero manejable, pero el oficialismo quería cero metros. Se llegó a un punto intermedio de 40 metros para la franja de exclusión, en la que no se puede aplicar ningún tipo de agroquímicos en general.

-Es una franja mínima…

-Pero de ahí en más nace una franja o zona buffer que ronda entre los 300 y los 500 metros. Hicimos algo novedoso, que es no poner como límite una cantidad exacta de metros sino tomar el primer alambrado que surja a partir de los lotes, porque habíamos visto que cuando vos pones una franja fija a lo mejor te cae en la mitad de un lote. ¿Entonces que hay que poner? ¿Una bandera?

-En Pergamino hubo unos productores detenidos porque fumigaban y se pasaron unos metros el limite imaginario. 

-Se pasaron 12 metros de la línea imaginaria. Y lo mismo pasó en Tandil ahora. Por eso decidimos que esa área buffer vaya variando, pero es de alrededor de 300 metros. Fuimos a una calle, a un alambrado, pero metemos el lote completo. Eso lo hizo la municipalidad, hizo planos que están disponibles por si un productor tiene que fumigar pueda fijarse si el campo esta dentro o afuera de la zona buffer.

-¿Y en esa zona de amortiguamiento qué condiciones se fijaron?

-En ese área se pueden usar productos de banda verde y azul (no los de banda roja, de mayor toxicidad). Pero en la ordenanza se introdujo otra novedad, que es que prohibimos algunos productos. Son los hormonales (2,4D y Dicamba) y atrazina. Los hormonales tienen el problema que gasifican en épocas de más temperatura, se subliman muy fácilmente y entonces se mueven como gas, y entonces no los podés manejar, porque no se mueven como una gota. La atrazina, porque sabemos que es un herbicida con mucho problema de llegada a las napas. También el Paraquat, que es un desecante de alta volatilidad, y el clorpirifos, que es un insecticida que volatiliza muy fácil y encima tiene un olor a huevo podrido importante. Yo creo que es un producto con los días contados en la Argentina, y de hecho ya está prohibido en muchos lugares.

-¿Y el productor no se queda sin alternativas para los tratamientos?

-No, y de hecho todos estos productos son viejos. Ninguno tiene menos de 25 o 30 años desde que se están usando en forma intensiva, y hoy están absolutamente reemplazados. Por supuesto que muchos de los productos que los reemplazan son más caros. Lo que sucede es que muchos de estos productos tienen la licencia vencida, se importan de China en tambores, los rebajan acá, los llevan a la concentración que corresponde y los venden muy barato. Una de las razones de la alta difusión de esos productos es el bajo precio. Es difícil pelear contra eso. Pero la única forma era reglamentarlo.

-Ya tienen la ordenanza. ¿Funciona? ¿Conviven bien los vecinos con el nuevo sistema?

-Esto empezó el mes pasado y por supuesto hubo llamados, gente enojada, gente que decía que no se puede, y cuando se reglamentó se dijo: ¿quién controla esto? El Municipio no está en condiciones de hacerlo, tiene dos o tres ingenieros agrónomos que están en otra cosa. Así que había que ofrecer el servicio de fiscalización a través del colegio de ingenieros agrónomos. Algunos ya hicimos el curso de fiscalizadores que da la Provincia, pero la idea es que todos lo hagan en el corto plazo.

-¿Cuál es el ro de ese fiscalizador?

-Ese fiscalizador tiene la obligación de estar presente el día en que se haga la pulverización en la zona buffer. Y tiene la obligación de controlar dos cosas. Las condiciones climáticas, que van a estar escritas en la receta agronómica, y si los productos que están recetados son los que corresponden.

-Suena a un agrónomo controlando a otro agrónomo…

-No es el ingeniero que hizo la receta sino otro. Eso generó alguna rispidez con algunos arrendatarios o la gente que siembra, porque hay que pagar esos honorarios, es un costo más. Pero es así o no podés sembrar. Si esto se hace con la receta y un profesional que controle, no puede salir mal. Quedan absolutamente claras las responsabilidades de cada uno. Los fiscalizadores son ingenieros agrónomos matriculados por el colegio y aceptados por la municipalidad de General Villegas. El tema agroquímicos está en boca de todo el mundo, todos el mundo opina. Esta es una forma de darle tranquilidad al vecino del periurbano y de brindarle seriedad a ese trabajo, que es controlar y demostrar que controlamos.

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Fueron las restricciones a las libertades humanas fundamentales –y no el Covid-19– las que provocaron la muerte de mis padres. El experimento social que se está desarrollando en la Argentina es mucho más dañino que el virus. Y la dimensión completa de las consecuencias finales del mismo aún están por verse.

Mis padres residían en una finca en San Rafael, Mendoza, donde nos criamos junto a mis dos hermanos: uno que vive en esa misma provincia, mi hermana –con cinco meses de embarazo– que se encuentra en Mar del Plata y yo en la ciudad de Santa Fe. Nunca imaginamos que semejante dispersión geográfica sería un inconveniente para volver a vernos. Pero lo fue cuando el “aislamiento obligatorio” implementado en marzo pasado hizo que desde entonces muchas provincias y municipios comenzasen a comportarse en los hechos como jurisdicciones independientes en las cuales las normas discrecionales quedaron libradas a las voluntades de los jefes provinciales, comunales y policiales locales.

Mi madre, ya jubilada, nunca se perdía ningún acontecimiento importante relativo a sus nietos. Uno de mis tres hijos comenzaba en marzo primer grado y ella quería viajar, como lo hacía usualmente, en colectivo para pasar luego una o dos semanas con nosotros en la ciudad de Santa Fe. Ya había comprado los pasajes cuando le pedí que los devolviera porque los medios de comunicación comenzaban a poblarse de noticias sobre un virus peligroso que se extendía por todas las naciones del orbe. Si pudiese volver el tiempo atrás, alertado por la desintegración territorial que venía en camino, le diría seguramente que viajase cuánto antes junto a mi padre para estar con nosotros. Pero por entonces no había manera de advertir la degradación en ciernes.

“No te preocupes, vieja”, dije. “En Semana Santa estamos por allá”. Así lo hacíamos todos los años. Pero esta vez no pudo ser. La soledad comenzó a resultar un peso importante en la salud mental de mi madre, quien estaba a acostumbrada a llevar una vida social muy activa en Mendoza. Cada semana que pasaba era una tortura estar lejos de su familia y sus afectos.

Hicimos todo lo posible para mantener contacto permanente por medios virtuales, pero la realidad es que mi trabajo y el mi esposa se multiplicó durante los primeros meses de la “cuarentena”, mientras nos adaptábamos al uso permanente de plataformas digitales para cumplir con nuestras responsabilidades laborales.

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Mi madre no aguantó más y en mayo tramitó un permiso para viajar con su automóvil hacia La Pampa, donde residía su madre, quien, con 82 años, había quedado sola para atravesar el encerramiento obligatorio.

La creciente angustia le provocaba insomnio y el uso nocturno de redes sociales era testimonio fiel de ese problema recurrente. Quizás se quedó dormida. Quién sabe. Pero jamás llegó a visitar a su madre.

Mi hermano me avisó que mamá estaba internada en coma luego de accidente vial. Me desesperé. Comencé a intentar tramitar un permiso para poder viajar los más de 1000 kilómetros necesarios para poder acompañarla. Pero los burócratas que diseñaron el experimento social argentino –en vigencia– no habían habilitado ninguna posibilidad de acercamiento entre familiares que estuviesen atravesando circunstancias críticas.

En el medio de esa búsqueda frenética para cumplir con el mandato más básico presente en la naturaleza humana –acompañar a un ser querido durante una convalecencia– mi hermano me comunicó que mamá había fallecido. Decidimos junto con mi esposa que todos, los cinco integrantes de la familia, iniciaríamos el viaje desde Santa Fe hacia Mendoza para que los nietos pudiesen despedir a la abuela.

El viaje se hizo por demás extenso porque nos encontramos con controles policiales en las diferentes jurisdicciones de cada provincia. En todos fuimos detenidos y, con el certificado de defunción que me había remitido mi hermano desde Mendoza, explicamos, imploramos y lloramos todos para que nos dejasen avanzar para dar el último adiós a mi madre. Creo que jamás me había sentido tan impotente frente al uso discrecional de una autoridad. Parecíamos inmigrantes ilegales tratando de ingresar a diferentes países sin la documentación correspondiente.

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La campaña mediática del miedo había dado buenos resultados y muchas estaciones de servicio localizadas en las rutas no nos dejaban comprar alimentos ni bebidas. Pasamos hambre cuando se acabaron las provisiones propias.

Cansados ya de tener que rogar que nos dejasen pasar al atravesar el territorio santafesino y cordobés, no sabíamos que le peor estaba por llegar cuando llegamos al límite con la provincia de San Luis, donde nos encontramos con un campamento de personas y familias que esperaban días e incluso semanas la posibilidad de poder atravesar la custodiada frontera de esa jurisdicción.

Luego de seis horas de espera y hambre, abastecidos solamente de agua provista por una canilla de uso público de los acampantes, nos permitieron atravesar la provincia de San Luis con vigilancia permanente de diferentes móviles policiales que se iban pasando la posta cada tanto. Tardamos más de siete horas en hacer un viaje que usualmente no demoraría más de tres.

Cuando llegamos a Mendoza, nos informaron que debíamos irnos a un hotel en la ciudad capital para realizar una “cuarentena” de dos semanas con un costo, que correría por nuestra parte, del orden de 150.000 pesos. Rogamos nuevamente por hacer valer nuestro derecho constitucional y natural de circular libremente hasta la finca de San Rafael, donde nos estaba esperando nuestro padre, quien para entonces estaba atravesando una fase depresiva profunda.

Afortunadamente, se apiadaron de nosotros y nos permitieron seguir viaje, nuevamente escoltados por patrulleros, quienes se aseguraron que no tomásemos contacto con nada ni nadie en el territorio mendocino. Un policía se compadeció de mis hijos y le compró una pizza para que pudiesen tener algún alimento hasta llegar a destino.

Permanecimos dos semanas en la casa mi padre, brindándole la compañía necesaria, para luego regresar hacia Santa Fe. La vuelta fue mucho más sencilla porque, al evidenciar que estábamos viajando hacia nuestro hogar, los controles policiales nos permitían avanzar sin necesidad de implorar hasta el llanto.

La promesa era volver para las “vacaciones de Julio”.

El 17 de agosto mi padre decidió quitarse la vida. En la última carta que escribió pidió perdón, pero nos aseguró que no podía vivir en soledad sin la compañía de mi madre. Mi padre no pudo, como tenía antes de la instauración del encerramiento obligatorio, contar con el acompañamiento profesional necesario para poder sobrellevar su enfermedad.

Las listas de muertos por Covid-19, que muchos medios de comunicación informan diariamente con entusiasta dedicación, deberían ir acompañadas por todos los fallecidos a causa del aislamiento impuesto por el Estado con la excusa, irónicamente, de preservar la salud de la población. Si ese fuera el caso, seguramente nos llevaríamos una sorpresa por el número de víctimas. Una sorpresa no precisamente agradable.

PD: hoy 10 de Octubre tenía pensado estar con mi padre festejando su cumpleaños. No mandando esta carta.

PD2: mi abuela sigue aún sola en La Pampa, ninguno de sus nietos ni bisnietos puede visitarla.

PD3: agradezco enormemente a Ezequiel Tamborini por ayudarme a escribir esta carta.

La entrada Gonzalo Berhongaray denuncia en primera persona: “Cómo el aislamiento obligatorio asesinó a mis padres” se publicó primero en Bichos de Campo.

Hernán Arguindegui, productor asentado en el corte de la localidad de Achiras, provincia de Córdoba, informó a la agencia Télam que el gobernador de San Luis “miente” cuando afirma que los protocolos sanitarios cordobeses son más duros que los de San Luis. “Acá con la toma de temperatura, un test rápido y una declaración jurada podemos circular con normalidad”, comparó.

“No podemos negocias con personas necias que nos ningunean, ni siquiera nos hablan y mandan a negociar a funcionarios de pobre discurso y ningún poder de decisión”, añadió el vocero del corte de La Punilla. Allí la determinación es “no despejar la ruta”, a pesar de que el gobierno puntano requirió la intervención de la justifica federal.

El abogado patrocinante de las entidades rurales en protesta, Javier Quiroga Contreras, aclaró que continúan con los cortes sobre la ruta nacional N° 7 a la altura de Justo Daract, en el Arco de Desaguadero, limite con Mendoza; en la Localidad de La Punilla y sobre el acceso en ruta 148 de la provincia de La Pampa.

El letrado afirmó que “no fueron notificados de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis en el Juzgado Federal de Rio IV y que “la denuncia se trata de una garantía constitucional que cualquier ciudadano puede llevar adelante”. También sostuvo que la llave del conflicto “la tiene San Luis” y que los que los productores piden “es el cumplimiento del DNU Nacional de libre circulación con declaración Jurada”.

A través de un comunicado de prensa, los productores, comerciantes y transportistas autoconvocados, confirmaron los cortes de accesos a San Luis por “tiempo indefinido”, anunciaron la suspensión del diálogo a partir de las 11 horas y afirmaron que la responsabilidad era “del Gobierno de la Provincia de San Luis” por “su total intransigencia respecto de todos los puntos solicitados”.

Por la tarde, este viernes, una orden del Juzgado Federal 3, de la provincia de Mendoza y promesas de una mediación del ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, hizo que los productores en Mendoza liberen media calzada de la ruta Nacional 7, en el Arco de Desaguadero, el límite entre ambas provincias.

“Wado” de Pedro se comunicó telefónicamente con uno de los referentes de los productores mendocinos y le adelantó que el Gobierno nacional se involucrará en el tema en busca de una solución entre los manifestantes y la gestión de Rodríguez Saá. Esa mediación es algo que los productores han reclamado en los últimos seis meses.

La Unión Industrial Argentina, en coordinación con la Unión Industrial de Mendoza y sus pares de San Juan y San Luis, le pidió al Gobierno nacional que intervenga en el conflicto y advirtieron que las industrias “de toda la región se están viendo gravemente afectadas por la falta de insumos básicos para la producción”, y que esta situación se agrava porque “la ruta nacional 7 es también parte del corredor bioceánico.

La entrada San Luis: Cuatro días de pulseada con el versero de Rodríguez Saá y una promesa de mediación del gobierno nacional se publicó primero en Bichos de Campo.

Una de las situaciones más calientes se produjo en los límites entre las provincias de Córdoba y San Luis. Allí hubo gestiones varias, recursos de amparo y hasta protestas de productores cordobeses y puntanos, que esta semana incluyeron cortes de rutas en diferentes puntos. Tras esta protesta, se logró flexibilizar las exigencias del gobierno de San Luis para con los cordobeses, que ahora tienen más posibilidades de acceder a trabajar en los campos en esa provincia.

Ver Se logró hacer escuchar el grito de Punilla: Luego del corte en la ruta 7, San Luis promete flexibilizar el ingreso a la provincia

Alejandro Casale pertenece a la Confederación Rural de San Luis y explicó a Bichos de Campo que ahora los productores o contratistas que vayan de Córdoba a San Luis deben hacerse primero el test para chequear que no tengan coronavirus y luego podrán permanecer hasta 20 horas en ese distrito. Cada test según -dijo Casale- cuesta 3 mil pesos, nada menos.

En tanto, el que desee por cuestiones laborales permanecer más tiempo, deberá hacer una cuarentena de al menos una semana en el campo, pudiendo irse ante siempre que salga de la provincia. Hasta ahora, San Luis obligada a hacer esa cuarentena forzosamente en un hotel de la localidad de La Punta, con elevados costos y tiempos muertos.

“Es un adelanto, pero no alcanza”, evaluó Casale, quien luego explicó que esos cambios no benefician a los productores de San Luis que quieren ir a la provincia vecina o moverse con tranquilidad por territorio puntano.

Escuchá la entrevista a Alejandro Casale:

En tal sentido, el ruralista expresó que, por un lado, los productores de San Luis que quieren ingresar a Córdoba todavía “deben hacer una cuarentena de 14 días”, y que se sienten muy maltratados por las autoridades de esa provincia.

“Desde abril que les llevamos protocolos y no hicieron nada. Luego cada rural hizo su gestión, pero no lograron nada y por eso se dieron las protestas. No flexibilizaron nada para los productores de San Luis y encima nos tratan de vivos o de delincuentes y nos enfrentan con la sociedad”, expresó Casale.

El dirigente rural dijo que incluso propusieron colocar un aparato satelital en las camionetas, para que fueran monitoreados. También pidieron que se desarrolle una aplicación especial para llevar en el celular. La idea era que esas herramientas les permitieran a las autoridades tener un control sobre los movimientos de los productores que venían de otras provincias y les evitaba a ellos tener que hacer la costosa cuarentena de 14 días.

Según indicó, esta semana esperan verse con los funcionarios provinciales, aunque “el único que atiende es el ministro de la Producción”, aclaró. Esperan que en ese encuentro haya respuestas porque “la gente anda asustada por la persecución de los funcionarios. Crearon una Policía Covid, sin ploteo ni uniforme”, contó.

La Provincia de San Luis, además, es otro distrito castigado por la cuestión climática, que necesita de inversiones que las políticas limitan: “La provincia está devastada climáticamente y la cuarentena que cerró la zona agravó la situación. Pr eso van a quedar miles de hectáreas sin sembrar”, advirtió.

La entrada Alejandro Casale es ruralista en San Luis y dice que los productores se sienten perseguidos por querer trabajar: “Crearon una Policía Covid, sin ploteo ni uniforme” se publicó primero en Bichos de Campo.

El grueso de su trabajo, en realidad, se concentra en la provincia puntana, pero desde que empezó la cuarentena no lo puede realizar por las restricciones que impuso Rodríguez Saá al ingreso de personas.

“El principal inconveniente que tenemos es el tránsito interjurisdiccional. A pesar de trabajar dentro una actividad exenta por el decreto presidencial, las regulaciones que cada jurisdicción impone hacen imposible el tránsito”, aseguró Cadile a Bichos de Campo.

Desde que comenzó la cuarentena, a mitad de marzo, el asesor afirmó que no pudo viajar a ningún campo, incluso pese a haber gestionado todos los permisos necesarios. “Muchas veces tengo que desplazarme atravesando municipios y comunas, pero el problema es que en cada una de ellas me encuentro con una normativa distinta”.

El agravante, según el asesor, es que “los trámites que se necesitan van cambiando, incluso, hasta dos veces por semana, y además, suelen tener una demora en el otorgamiento o directamente son denegados. Entonces, para cuando lograste juntar todos los documentos necesarios para poder viajar, alguna jurisdicción cambió su normativa y ahí tenés que empezar de nuevo”.

El asesor comentó que “el departamento San Javier de Córdoba, donde yo vivo, está aislado del resto de la provincia por estar libre de coronavirus. Si el argumento de San Luis para impedir el ingreso de gente es porque está también, libre de casos, entonces hay una irracionalidad en el tráfico interjurisdiccional entre dos zonas que están libres de la enfermedad”.

Para Cadile, el riesgo de salir a la ruta y quedar varado, o que te detengan y secuestren el vehículo por no cumplir con alguna normativa, es muy alto.

“Comprendo el celo que ponen las autoridades en el cuidado sanitario, pero no veo que haya una coordinación entre jurisdicciones. Para quienes atendemos campos de modo independiente, hay días que recorremos hasta 500 kilómetros para llegar, y al día siguiente lo mismo. Es imposible, con las restricciones que hay, poder pasar de una jurisdicción a otra”.

Cadile remarcó que “queremos visibilizar lo que nos pasa para encontrar una solución que afecta a miles de asesores independientes, porque las jurisdicciones avanzaron en sistemas de permisos para los productores y para sus empleados, pero no hay nada que contemple nuestra situación”.

“Somos autónomos, no dependemos de nadie, y estamos en un limbo en el cual ningún permiso nos calza”, destacó Cadile.

El agrónomo declaró que “muchas veces nuestro trabajo no requiere contacto con personas; a veces sólo implica ir a un campo sin bajar de la ruta, ingresar al campo, hacer nuestro trabajo en solitario y luego compartir nuestras recomendaciones de manera virtual”.

La entrada El agrónomo Alejandro Cadile no puede entrar a hacer su trabajo en los campos de San Luis: “Nadie pensó en los asesores independientes” se publicó primero en Bichos de Campo.

Ambas localidades, aunque están en dos provincias diferentes, distan poco más de 50 kilómetros. Pero a raíz de los bordos de tierra de cerca de 3 metros de alto que levantó el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Ffrench afirma que “ahora debo atravesar 300 kilómetros para llegar al campo”.

“Es toda una odisea, sin olvidar que además debemos presentar un tramiterío importante. Si somos un país federal como dice nuestra Constitución, esto no se puede hacer”, reclamó en diálogo con Bichos de Campo.

Ffrench explicó que “los caminos vecinales que me llevan al campo de San Luis están totalmente taponados con bordos; son lomas de tierra que tenemos prohibido derribar”. Agregó que lo peor de todo es que “la mayoría de esos bordos están sobre el límite entre Córdoba y San Luis, pero hay varios que incluso fueron corridos de sus límites y ya están dentro de la provincia de Córdoba”.

Ante esta situación, el productor comentó que “los consorcios camineros que tiene Córdoba, más allá de que están al tanto de esto y de que han podido fotografiarlos, no se animan a tocar esos albardones de tierra y el gobernador de Córdoba (por Juan Schiaretti) tampoco se ha jugado mucho para manifestar este problema y tratar de solucionarlo”.

-¿Y por qué sucede esta situación? 

-No sé qué vino primero, si la gallina o el huevo. Si el gobierno nacional pidió a las provincias que lo manejen a su modo o viceversa. Pero la cuestión es que nos están complicando el trabajo.

Ffrench, que es miembro de los grupos CREA, relató que esta odisea “la vivimos hace más de un mes. Lo bueno ahora es que la zona centro de CREA logró un permiso especial del Ministerio de agricultura de Córdoba, para que cierto número de productores residentes de Córdoba con campos en San Luis podamos hacernos un hisopado, que es lo que exige San Luis, y si nos da negativo, recién ahí podríamos iniciar una serie de trámites y permisos vía online, en la página web del Ministerio de Agricultura de San Luis”.

Una vez que se completó todo ese papelerío, Ffrench comentó que “le sumamos un certificado médico que demuestre que no estamos contagiados, y al llegar al límite,nos registran la patente y nos acompaña un patrullero hasta el campo”.

Patricio, hijo de Miguel, trabaja con él en el campo agrícola ganadero que tienen en San Luis, y recién pudo ingresar esta semana, luego de presentar todos los papeles requeridos. “Por fortuna pudo entrar con mercadería para los animales y para el personal que vive allí, pero ahora no puede salir. Si sale y quiere luego volver a ingresar, tiene que rehacer todos los trámites y el hisopado. Eso sí, entra al campo pero no puede entrar al pueblo. Por eso toda la mercadería la trajo desde Córdoba”, relató.

En San Luis, tanto Miguel como su hijo Patricio se encargan de rodeos de cría, recría e invernada de Aberdeen Angus, cultivan algo de girasol, pero principalmente producen maíz, un grano que también usan para embolsar y suplementar a la hacienda. Las complicaciones de Miguel son serias. “No puedo atender correctamente al personal de mi campo y ellos no tienen movilidad propia. Tengo un matrimonio con una criatura de 2 años y, además, la señora está con un embarazo de 7 meses”, se lamentó el productor.

El productor, además, debe bregar porque el ganado esté alimentado y atendido. “Mi hijo viajo después de varios días y recién ahora pudo retomar trabajo atrasado y llevar vacunas para la hacienda. Recién ayer pudimos cargar hacienda, en un camión que vino de un frigorífico de Buenos Aires con todos los permisos necesarios. Pero en mi caso, la demora para poder hacer todo esto fue de una semana. Lo único que agradezco es que las guías las tramitamos sin problema, vía online, en Buena Esperanza”, relató.

San Luis está a pleno con la cosecha de soja, y también de maní. Más allá de que los camiones sí pueden entrar y salir, en el caso de la maquinaria -más allá de que ingresen los equipos-, “el personal que ingrese para trabajar debe hacer primero la cuarentena en San Luis, por 15 días, y después, se les pasa una factura por gastos de estadía”, señaló Ffrench.

Ver: San Luis y Chubut, al frente del ránking de provincias a las que les chupa un huevo lo que suceda con el argentino que vive al lado 

Hay incluso campos que están de a caballo sobre el límite entre Córdoba y San Luis, y en este caso, Ffrench comentó que “esos propietarios que tienen una tranquera en cada provincia, fueron amedrentados por la policía de San Luis, quienes los amenazaron de que, si dejaban entrar a gente de Córdoba a través de sus campos, no solo tendrían una multa, sino que les iban a presentar una demanda penal. No podemos seguir más así”.

En relación a si recibieron alguna respuesta oficial, el productor dijo que “a pesar de que la Sociedad Rural de Río V de Villa Mercedes, San Luis, y Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) presentaron oficialmente sus quejas y pedidos de modificación a esta situación, no tuvimos ninguna solución aún”.

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Por un lado, el puntano Alberto Rodríguez Saá, quien junto a su hermano Adolfo dominan San Luis desde el retorno de la democracia, en 1983, ha dispuesto un bloqueo casi total en torno a esa provincia, que afecta a muchos productores y agrónomos que atienden campos en esa zona, pero provienen de otras provincias, en especial de Córdoba.

Los productores necesitan poder llegar a los campos para laburar! Los animales no se alimentan solos, y la soja no se cosecha sola! @BumperCrop1 en SAN LUIS, están a punto de perderse cosechas porque el gobernador no deja ingresar a los campos. Una locura! pic.twitter.com/x45j6TLRDl

— Agustina Casale (@AgustinaCasale) April 19, 2020

La cerrazón de San Luis es tanta que hasta la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que no suele meterse en este tipo de discusiones, emitió un comunicado en el que denuncia que San Luis no cumple con el decreto presidencial 297/20, que definió las actividades que han sido exceptuadas de la prohibición de circular.

“De acuerdo a testimonios de productores de Aapresid, en la  provincia de San Luis este decreto no se cumple, ya que sólo se permite el ingreso de la maquinaria y los camiones, inhabilitándose el acceso de los productores. Eso imposibilita el normal desarrollo de la logística necesario para el control de la cosecha”, se denunció en ese comunicado.

https://twitter.com/brendalisaustin/status/1251666917028478978?s=20

Frente a este escenario, el Ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo de Luis Basterra, parece haberse declarado incapaz de resolver el conflicto, a pesar de que emitió un salvoconducto especial para que quienes trabajan en el agro puedan atravesar sin problemas los límites entre provicnias. Rodríguez Saá también ha mostrado que “le chupa un huevo” la recomendación nacional.

“Las producciones de San Luis, próximas a cosecharse, están en peligro. Los productores que trabajan en San Luis contratan la mayoría de su maquinaria fuera de la provincia. Si bien dejan ingresar las máquinas, no dejan entrar a los operarios”, explicó Aapresid. En este sentido, la entidad indicó que el Gobierno de San Luis indicó que “operarios, maquinistas y productores que quieran ingresar a San Luis deben someterse a una cuarentena obligatoria y vigilada para proteger la salud de los habitantes locales”.

Así las cosas se llega al disparate de que los productores de Córdoba que tienen campos en San Luis, “poseen permiso para circular dentro de la provincia, pero no para ingresar”.

Otro gobernador que ha decidido ser más ‘pulenta’ que el propio preisndete Alberto Fernández es el chubutense Mariano Arcioni. En ese caso hay menos actividad pues no hay cosecha como en el norte. Pero las trabas al ingreso han complicado sobre todo a la comunidad que trabaja con el ovino en la línea sur de Río Negro.

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Baldomero Bassi, declaró que las restricciones a la comunicación interprovincial con Chubut perjudican el desenvolvimiento de algunas actividades productivas que deberían estar exentas de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.

“En general, ocurren problemas con el tránsito de los productores, el transporte ganado, la circulación de insumos y el movimiento de las comparsas de esquila”, precisó Bassi, quien indicó que con Chubut “hay problemas día a día que se tratan de resolver a través de las gestiones virtuales con las autoridades nacionales y provinciales”.

En ese sentido, el ruralista opinó que “algunos gobernadores interpretan o aplican las medidas nacionales según su criterio”.

En otras provincias, según un relevamiento realizado por Ciara-Cec, la entidad que agrupa a las grandes cerealeras, hay restricciones al movimiento de camiones menores a las que existían al comienzo de la cuarentena, pero que también van a contramano de las disposiciones nacionales.

Hasta el jueves pasado, estos problemas se registraban en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Bragado, Naón y Pergamino; en Catamarca (Bañados de Obanta, La Merced, Los Altos); en Córdoba (con controles sanitarios sobre transportistas y horarios de carga); en el Chaco (se bloquea el tránsito en Gancedo, La Leonesa, Resistencia, Santa Silvia y Pinedo); en Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Gualeguay; Gualeguaychu, Villaguay);  en Santiago del Estero (Pampa de los Guanacos); y Salta (En el departamento de Anta no deja circular camiones de países vecinos).

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Estas dos actividades implican la utilización intensiva de mano de obra, y además no se pueden dar el lujo de parar, como en otras actividades económicas. La caña y el limón te van diciendo cuando tenés que cosechar. “Acá no tenés posibilidad de cumplir con la cuarentena obligatoria y retrasar la cosecha para más adelante. Hoy tenes que arrancar cosecha de limón por un tema de calidad, y para cumplir con los compromisos comerciales que ya tienen las empresas”, informó Gómez Ojeda a Bichos de Campo.

En el caso del limón, la tarea de recolección manuela por parte de las cuadrillas ya comenzó y se generalizaría a partir de mayo. El corte de la caña es una tarea que ya prácticamente se ha mecanizado por completo. En la temporadas 2019, la zafra de algunos ingenios tucumanos se puso en marcha a fines de abril. Una vez que arranca, las calderas de un ingenio no se pueden apagar hasta el fin de la actividad, en noviembre próximo.

Lo mismo, relató la periodista agropecuaria tucumana, ocurre con la papa semilla que se cosecha en Catamarca, para ser luego implantada en Tucumán. “Hoy el productor necesita poder levantarla para destinar el 25% al mercado nacional, para autoabastecimiento, y el resto de lo que se cosecha, destinarlo como papa semilla que se utilizará para sembrar la próxima campaña. Siembra que se hace también en el mes de mayo y que comprende 7 mil hectáreas”, explicó Cecilia.

Mirá el reportaje completo que le hicimos a Cecilia Gómez Ojeda:

En cuanto a la cosecha de soja, otro cultivo que ha crecido bastante en Tucumán, Gómez Ojeda mencionó que la actividad “arrancó lentamente, porque tuvimos una semana completa con lluvia, lo que retrasó el inicio de la cosecha de los grupos cortos. El grueso arrancará dentro de 15 días aproximadamente, y ahí los problemas serán otros, como por ejemplo el poder conseguir cosechadoras y camiones que vienen del sur del país, donde ya se realizó la cosecha, y que encuentran problemas para trasladarse y poder venir a trabajar aquí”.

Una complicación no menor vino a nivel pasos fronterizos con otras provincias. “Días atrás, estuvo muy compleja la situación, porque los intendentes no permitían que se ingresara a sus ciudades y no se respetaba lo impuesto a nivel nacional, que era que las actividades productivas pudieran continuar. Eran muchas las trabas para circular, y para poder llegar al campo”, remarcó la colega.

La periodista dijo que “en esta época, admeás, los productores hacen monitoreos, y aplicaciones de fin de ciclo en muchos lotes de soja y maíz. Por eso estos problemas para circular los complicaban”.

Cecilia explicó que es necesario que los intendentes se alineen a las políticas nacionales de circulación. Contó una anécdota: “En un galpón cercano a Metán, en Salta, se necesitaba que 300 trabajadores pudieran ingresar a una finca para realizar la cosecha del limón, pero el intendente no los dejaba entrar porque argumentaba que se ponía en riesgo la salud de su gente. Estamos hablando de cosecheros que vienen de ciudades vecinas en otra provincia como Salta, donde tampoco pueden circular como corresponde”.

Le preguntamos a nuestra a Cecilia qué piensa hacer ni bien termine la cuarentena. “Un gran asado o una mateada. Encontrarme con la familia, a la cual extraño un montón, porque más allá de poder hablarles por la tecnología, que de algún modo nos acerca, no es lo mismo darles un abrazo de esos que te reconfortan el alma”.

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