El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.

Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.

El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.

La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.

Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.

Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.

Escuchá la entrevista a Pablo Torello:

En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.

“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.

El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.

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Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.

“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.

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Vale la aclaración, pues puede suceder que los “albertistas” quieran hacer una cosa en caso de llegar al gobierno, pero que la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, a decir otra cosa. También podría haber opiniones divergentes en La Cámpora, en el massismo y hasta puede aparecer Pino Solanas a despotricar de lo lindo.

Ahora la noticia: el “albertismo” elaboró un documento con su propuesta agropecuaria que -muy lejos de lo que temen la mayoría de los productores agropecuarios- presenta un lenguaje amigable con el gobierno e incluso reconocer “los errores del pasado”, es decir la política de enfrentamiento al agro desplegada por los gobiernos de Néstor y Cristina.

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El “albertismo” agropecuario es un grupo de técnicos coordinados, a sugerencia del gobernador tucumano Juan Manzur, por Jorge Neme, otro tucumano que durante los tres gobiernos kirchneristas tuvo a su cargo el Prosap, el programa de Agroindustria que administraba los préstamos internacionales para el desarrollo agrícola. En la redacción de este documento, Neme fue secundado por el ex secretario de Agricultura en la gestión de Carlos Casamiquela, el economista del INTA Gabriel Delgado, o la ex titular del Senasa, Diana Guillen, entre otros.

Sorprende el tono amable y las autocríticas contenidas en este documento denominado “notas para una política agropecuaria”, que se presenta todavía como un borrador pero que ya ha circulado bastante, incluso entre las entidades de la Mesa de Enlace. Por supuesto que todo puede tratarse de un conjunto de buenas intenciones que luego queden en la nada: no sería la primera vez que la política borra con el codo lo que escribe con la mano. Pero es necesario destacar el buen tono: es el mismo tono sereno que utilizó el propio Alberto Fernández en su reunión, la semana pasada, con autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El sector agropecuario tendrá un espacio significativo y preponderante en nuestro gobierno. Conocemos su potencia y su enorme capacidad de producción, exportaciones, empleo, innovación tecnológica y acceso a los mercados globales y también que expresa un conjunto de saberes, experiencias, costumbres y cultura emprendedora que constituyen una de las marcas distintivas de la Argentina moderna en su proyección al mundo”. Así de lisonjero arranca el documento.

Luego continúa: “Queremos señalar que la política para el sector agropecuario y agroindustrial de nuestro Gobierno estará firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de los corderos a los cerdos, de las semillas de última generación a la producción orgánica”.

Pero quizás uno de los párrafos más ilustrativos para comprender la nueva orientación que el “albertismo” propone para la relación entre el Estado y el agro es el siguiente: “Sabemos que hemos cometido errores de los cuales hemos aprendido, errores que jamás volveremos a cometer. Los problemas que se generaron con el trigo y la carne no resolvieron el precio al consumidor y afectaron seriamente estas producciones que representan el ADN de la producción nacional”. Todo dicho: un mea culpa necesario.

Entre las propuestas, y a tono con lo que piensan muchos dirigentes rurales, este sector político pone énfasis en la necesidad de incrementar las exportaciones. “Hoy tenemos un desempeño muy pobre en exportaciones de bienes y servicios, de poco más del 11% de nuestro PBI cuando la media de los países en vías de desarrollo ronda alrededor del 25%. Hemos perdido mercados y lo que exportamos son fundamentalmente insumos para cadenas globales en las cuales el valor agregado se realiza en otros destinos”, indica.

“No podemos perder más tiempo, ni posibilidades; mercado que no se ocupa es mercado que se pierde. Nuestra política será agresivamente productora de bienes y servicios, creadora de empleo y exportadora para generar las divisas que el país demanda para un crecimiento sustentable y sostenible. Las regiones que ganan son las regiones que exportan”, enfatizaron los técnicos agropecuarios del candidato mejor posicionado en las PASO.

Esta propuesta retoma conceptos ya instalados durante el gobierno de Cristina, como el de “industrializar la ruralidad”. Se trata, a juicio de este sector, de “promover la producción de bienes industriales de base agropecuaria y de bienes de capital que esas materias primas obtenidas con alta eficiencia requieren para ser transformadas en alimentos”.

En materia de retenciones y presión fiscal al sector, que es uno de los temas que más atormenta a los productores, el documento advierte que el peronismo heredará de Macri “un caos en el Estado y las finanzas públicas, una deuda fenomenal que no tiene contrapartida en inversiones ni crecimiento, 4 años de caída libre y deterioro de todas las variables productivas, incremento de la desocupación y la pobreza”.

Por eso lejos está el “albertismo” de prometer la eliminación de las retenciones. El propio candidato dijo en Rosario que se iban a mantener mientras fueran necesarias para sostener un equilibrio macroeconómico. De todos modos consideró “al impuesto como un castigo a la generación de valor del sector primario” y “se mostró optimista con una reducción gradual en caso de que la producción y la Argentina crezcan”.

El documento no aporta precisiones, pero expresa “una firma convicción”. Afirma que todas las cadenas productivas “tendrán asegurada su rentabilidad y su capacidad de crecer y desarrollarse, y su capacidad de exportar”, al tiempo que enfatiza: “No habrá medida económica que afecte la rentabilidad del sector”.

Parece prometer el “albertismo” dos cosas concretas: que las retenciones se mantendrán en rangos razonables y que no volverán los ROE u otras herramientas que entorpezcan los negocios de exportación, como sucedió desde 2007 con Guillermo Moreno.

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“Vamos a proponer reformas fiscales para lograr un país con un desarrollo equilibrado, acordando con las provincias y municipios nuevas modalidades de tributación en función de segmentación de acuerdo a capacidades, dimensiones, niveles de inversión y reinversión a los fines de estimular el crecimiento económico. Sabemos que con las tecnologías de la información será posible desarrollar mecanismos más justos en la carga fiscal y trabajaremos para construir un sistema equitativo y federal que contribuya al desarrollo integral del país”, promete la plataforma.

El documento también recurre como argumento electoral al regreso del crédito productivo y es en este punto en el que más se fustiga al gobierno que concluye en diciembre. “El Presidente Macri retornó al dominio de la timba, la especulación y la usura financiera. Más de un año con tasas de interés del 60 al 100%, que tornan inviable la producción”, denuncia.

Creer o reventar.

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Franco Brunetti, dueño de un frigorífico en Salta, había sido uno de los principales denunciantes de este sistema, e incluso llegó a hablar en Bichos de Campo sobre la existencia de una “mafia del cuero”. En las últimas horas se supo que el empresario había logrado una solución individual, pues el gobierno le habría habilitado la aduana de Salta (al parecer hasta ahora solo se podía exportar cueros por Buenos Aires y Gualeguaychú) para realizar sus embarques y descomprimir sus stocks de cueros salados.

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“Después de 47 años de prohibirse la exportación de nuestros cueros salados desde Salta al mundo, la gestión del señor presidente Mauricio Macri habilitó nuestra Aduana. Mi agradecimiento a todos los que lo hicieron posible, a los que me apoyaron en esta lucha. Espero que nuestro presidente cumpla con su promesa de eliminar el injusto impuesto y derechos de exportaciones de los cueros salados”, admitió Brunetti en una carta pública y en la que baja notablemente el tenor de sus denuncias.

En función de esta novedad respecto del caso salteño, el resto de la industria frigorífica se mostró ahora bastante escéptica respecto de la posibilidad de que el Gobierno desmonte -como había prometido el ex ministro de la Producción, Francisco Cabrera- el histórico régimen de protección de la industria curtidora, que le asegura a ese sector poder comprar la materia prima mucho más barata que en el mercado internacional.

Las vacas argentinas, como decían Les Luthiers, tienen vienen “todas forradas de cuero” y tienen “cuatro patas largas que le llegan hasta el suelo”. Es decir, son iguales o al menos muy parecidas a las vacas de Estados Unidos. Pero allá el precio del cuero a fines de mayo llegaba a 1,14 dólares por kilo. Aquí, en cambio, a pesar de los parecidos, ese valor era casi una cuarta parte, de apenas 0,27 dólares por kilo. ¿Cómo se explica semejante diferencia? Los industriales de la carne dicen que se produce artificialmente, debido al régimen de protección de la industria curtidora.

Este régimen es a todas luces medio perverso, porque establece un derecho de exportación adicional para el cuero sin procesar que ahora es del 10%, pero que se calcula no sobre el valor FOB de los negocios realizados en la Argentina sino sobre el valor del cuero en el mercado de Chicago, que como vemos es muy superior. A modo de ejemplo, en base a los valores actuales, ese 10% se aplica sobre 1,14 dólares, con lo cual equivale a un impuesto de 0,11 dólares. Como el precio real del cuero argentino es de 0,27 dólares, la retención efectiva equivale a cerca del 40%. Imposible exportar así.

Es obvio que se trata de un gran curro, que sobrevive a los diferentes gobiernos. Hay una decisión política de permitir a una industria hacerse de 13 millones de cueros anuales a precios de baratija. No estaría mal si eso sirviera para que la Argentina impulsara una gran industria transformadora del cuero en cientos de artículos acabados. Pero esto tampoco es así: las grandes curtiembres realizan aquí uno o dos procesos industriales más (los más contaminantes por cierto) y exportan usualmente las piezas enteras de cuero. El valor se añade en otros países.

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Frente a la presión de los frigoríficos, que quieren que se habilite la exportación de cueros salados o Wet Blue (con un primer curtido) para forzar así a la industria a fijar mejores valores por ese subproducto, el gobierno de Macri prometió impulsar algunas correcciones a este régimen. En una de las reuniones de la Mesa de las Carnes, incluso, un funcionario de Producción prometió que el 1° de enero pasado se reduciría el derecho adicional a la mitad, y que a partir de allí arrancaría un cronograma de desgravación hasta la eliminación definitiva de la protección.

Nada de esto sucedió, salvo que uno de los empresarios que más denunciaba este régimen consiguió que le habilitaran la aduana de Salta para descomprimir la olla a presión en aquella región.

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