La entrada Un proyecto de Pablo Torello propone reducir paulatinamente las retenciones a la soja y los cereales, a razón de 3 puntos anuales hasta su desaparición se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.
Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.
Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.
Proyecto Desarrollo Exportador Agroindustrial versión final
El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.
La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.
Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.
Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.
Escuchá la entrevista a Pablo Torello:
En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.
“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.
El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.
La Rural afirma que las retenciones ya no tienen “sustento legal” y pide su derogación
Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.
“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.
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]]>“A fin de año el Estado terminó de devolver parte de los Derechos de Exportación que había anunciado en marzo de 2020 y comenzado a cumplir en parte en noviembre de 2020”, informó la asociación que está convocando nuevamente a una asamblea de productores en Santa Fe para el 8 de enero.
En realidad, lo que se estableció en marzo de 2020 por orden del Congreso fue un mecanismo para compensarle a los pequeños productores de soja por la suba de tres puntos (del 30 al 33%) de las retenciones a la soja dispuesto en ese momento. Por lejos ese dinero quedaba de reintegrar lo que se le quitaba al sector, pero era un aliciente para los productores de menor escala. Al menos así planteó las cosas el ex ministro Luis Basterra.
El gasto total de ese operativo iba a ser de unos 6.000 millones de pesos para “compensar” a unos 43 mil productores. Pero la primera partida que se distribuyó en noviembre de 2020 se quedó corta y quedaron unos 4.000 chacareros sin recibir el dinero en su CBU. Hasta ahora. La semana pasada, el Día de los Inocentes, el dinero comenzó a fluir a esas cuentas.
Claro, aunque los derechos de exportación se descuentan sobre un precio en dólares, las compensaciones se calcularon en pesos argentinos. Y desde marzo de 2020 a esta parte, la inflación hizo estragos en la capacidad de compra de la moneda nacional. Y mucho más si lo que se quiere comprar con esos pesos son insumos agropecuarios, que cotizan en dólares y cuyos precios se han disparado en el mercado internacional a la par de los granos.
De allí que AAPA aclarase que el dinero recibido por muchos productores no alcance ahora, tarde y mal, para hacer demasiado.
En ese sentido, los autoconvocados señalaron que con 100 mil pesos en marzo de 2020 (cuando se subieron las retenciones) se podían comprar 4,41 toneladas del fertilizante Urea. Los que tuvieron la suerte de cobrar compensaciones en noviembre de 2020 ya habían perdido poder adquisitivo y podían adquirir solamente 3,41 toneladas. Y los que cobraron ahora solamente tienen la chance de comprar 0,85 toneladas.
Con el glifosato, otro insumo muy utilizado en el agro, la situación es muy parecida, pues en marzo de 2020 se podían comprar con 100 mil pesos 366 litros del herbicida, en noviembre de 2020 había bajado a 294 litros y ahora apenas alcanza para adquirir 85 litros.
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]]>La entrada En medio del recambio de ministros, Topo Rodríguez recordó que el gobierno incumplió con su obligación de compensar al sector por la suba de retenciones a la soja se publicó primero en Bichos de Campo.
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La obligación de establecer planes para “segmentar” las retenciones en favor de los chacareros más chicos fue establecida por la Ley de Emergencia Económica que se dictó ni bien asumió Fernández. En el artículo 53 de esa ley, luego de autorizar al gobierno a subir las retenciones, se establecía que “se deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas”. Pero eso sucedió solo parcialmente.
El ministro saliente Basterra implementó durante el primer año de gestión un mecanismo de reintegro de retenciones para pequeños productores de soja, que distribuyó con bastante demora unos 6.000 millones de pesos entre unos 40.000 chacareros, equivalentes a sus ventas de soja de la campaña 2019/20. Pero aunque las retenciones a la soja se mantuvieron en el tope del 33% al año siguiente, el Ministerio de Agricultura no repitió ese mecanismo o alguno semejante, incumpliendo con la obligación que le había fijado el Congreso.
Por eso Rodríguez, que lidera el bloque de Consenso Federal, aprovechó el recambio de Basterra por Domínguez en la cartera nacional para recordar que en abril pasado presentó un proyecto de ley para subsanar esta situación. El dirigente político calculó a grandes trazos que el Gobierno le estaría debiendo unos 12.000 millones de pesos a los pequeños productores de soja por este incumplimiento.
El proyecto de Rodríguez modifica el artículo 53 de la Ley 27.541, en lo referido a la “extensión de la vigencia de los Programas y Políticas de Compensación y Estimulo a los Derechos de Exportación”. Su discusión está pendiente en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación General en Diputados:
1686-D-2021 Proyecto Modificación Ley de Solidaridad (1)“Topo” recordó que Agricultura solo estableció a través del Decreto 786/2020 un Programa de Compensación y Estímulo que duraba solo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y que pagó a los premios las sumas que correspondían al cálculo aplicado (aunque no hay certeza de que hayan cobrado todos los beneficiarios).
Pero el diputado lavagnista subrayó que “s dable mencionar que el artículo 52 de la Ley 27.541 también establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer sus facultades hasta el 31 de diciembre de 2021”.
“Con las actuales reglas, el Poder Ejecutivo Nacional toma para el Estado recursos equivalentes a un año entero de compensaciones que deberían estar en manos de pequeños y medianos productores”, explicó, en referencia a que nunca se estableció un nuevo mecanismo para reintegrar a los chacareros al menos una parte de los 3 puntos de retenciones adicionales a la soja que se les descontaron, justo en un año de altísimos precios internacionales.
Por eso, Rodríguez argumentó que su proyecto de ley apunta a corregir este repentino olvido de las autoridades, un planteo que ni siquiera ha sido hecho por las entidades de la Mesa de Enlace.
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]]>La entrada Un juez federal obligó al Ministerio de Agricultura a regularizar el pago de una compensación pendiente a un pequeño productor de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El productor es Oscar Lorenzo Forconi y su empresa agropecuaria se llama Italia Chica SA. Su hija Yanina, abogada e integrante de la Federación Agraria, decidió llevar el caso a tribunales.
Forconi era uno de los 40 mil pequeños productores de soja que debía cobrar la devolución de retenciones que le correspondía según el cálculo que la AFIP envió al Ministerio de Agricultura para hacer operativa este reintegro. El esquema surgió por orden del Congreso al gobierno de Alberto Fernández, en la Ley de Emergencia sancionada en diciembre de 2019, apenas asumió la presidencia. Como esa ley autorizó una suba de 3 puntos en las retenciones a la soja, llevándolas al tope de 33%, se ordenó al Ejecutivo que procediera a algún tipo de “segmentación”. Es lo que hizo el Ministerio de Agricultura, pero han pasado 14 meses desde aquella cosecha de soja y mcuhos chacareros no vieron un peso.
El primer listado de productores beneficiados fue publicado a fines de noviembre como adjunto a la Resolución 237/2000, firmada por Luis Basterra. Y allí figuraba la firma Italia Chica SA con su número de CUIT. El dinero, según la promesa oficial, debía ser depositado directamente en el CBU del productor en los meses de noviembre y diciembre, pero eso nunca sucedió. Desde ahí han pasado además otros seis meses sin tener noticias.
Por eso Forconi se presentó a los juzgados federales de Junín con una acción de amparo por mora contra el Ministerio de Agricultura y la AFIP, ya que ese organismo estuvo involucrado en el cálculo del reintegro que le correspondía a cada productor. El productor damnificado solicitó a la justicia que ambos organismos “se expidan respecto del reclamo efectuado por el pago que se le adeuda en concepto de compensaciones”.
Es que eso es lo peor… No solo no le pagaron al pobre productor sino que además, cuando efectuó el reclamo ante el Ministerio de Agricultura, nadie le contestó ni informó nada sobre su caso.
El reclamo se efectuó luego del 25 de febrero pasado, cuando en la página web del Ministerio se habilitó un acceso específico para pedir por los saldos impagos. “El sitio direcciona automáticamente a la página de la AFIP”, explicó el damnificado. La página oficial, luego de que cargara los datos, “no entregó constancia alguna como tampoco un número de trámite que permita seguirlo. Sólo se puede escribir un mensaje y, al enviarlo, la página se cierra”, describió el chacarero.
Frente a la demanda, el juez Plou citó a las dos instituciones implicadas para que den sus explicaciones. Las representantes de la AFIP argumentaron desde el vamos que ese organismo no tuvo nada que ver con el nacimiento del programa de compensaciones y ni siquiera intervino en su reglamentación. Por eso, afirmaron que resultaba contradictorio “que se pretenda imputar a su representada algún tipo de responsabilidad por la mora de un pago que ella no estableció, no debe aprobar y mucho menos depositar en la cuenta del accionante, siendo completamente ajena al reclamo”.
En representación del Ministerio de Agricultura luego se presentó ante el juez su representante legal Rodrigo Galarza Seeber, quien revista de Director General de Asuntos Jurídicos de esa cartera nacional . Y lejos de lo que era visible, que el Ministerio estaba en mora con los pagos prometidos por Basterra- lo hizo “negando cada uno de los hechos”.
Relata el fallo que el abogado estatal “precisó que la Administración no incurrió en mora y no se encuentra vencido plazo alguno puesto que se ha procedido en un todo conforme con la Resolución 237/2020”. Según esta particular mirada, no correspondía la intervención de la justicia por cuanto “se encuentran en proceso las acciones que prevé la propia resolución, que la actora sabe y conoce”.
Al parecer, Galarza Seeber informó ante la justicia que en el caso particular de Italia Chica SA, más allá de que su orden de pago fuera publicada en el Boletín Oficial del 27 de noviembre, luego “se le requirieron a la AFIP algunas especificaciones y se puso nuevamente a la actora bajo análisis”, y que por lo tanto “sin levantar los ‘hallazgos’ no es factible efectivizar el pago”.
Según surge del fallo, el abogado del Ministerio de Agricultura hasta parece luego burlarse del productor damnificado al mencionar “la notoria orfandad argumental y probatoria respecto de la pretensión de expedirse sobre un reclamo que se alega presentado vía web, que no suple el régimen de reclamaciones administrativo previsto en la ley 19.549. Tampoco se ha informado que exista expediente administrativo de petición efectuado por el accionante. Que no se encuentra acreditado cuáles serían los plazos que se
encuentran vencidos para que la Administración se expida”.
Turro el letrado: te mandaban a efectuar un reclamo a la página web y no te daban comprobante, como para que él venga después a decirte que no hay ningún expediente iniciado con el reclamo.
Y como buen abogado, también terminó pidiendo que las costas las pague el productor afectado.
Por fortuna, el juez hizo una rápida comprobación de los hechos fácticos.
- “De las constancias de la causa surge que la sociedad actora se encontraba en el listado que conformaba el Anexo I de la Res. 237/2020, publicada con fecha 27/11/2020, como beneficiaria del programa”.
- “De la prueba acompañada se vislumbra el instructivo contenido en la página del Ministerio de Agricultura para llevar adelante el reclamo por “Compensaciones 2020” donde la página web guía al particular en su proceder, debiendo el interesado llenar los formularios respectivos y enviarlos, tal como lo hizo la actora.
- “De los artículos periodísticos surge claramente que para los que no cobraron las compensaciones, el Ministerio demandado habilitó la página web en cuestión, para recibir los reclamos, tal como se indicara precedentemente”.
“Repasando las circunstancias fácticas puestas de manifiesto por las partes cabe concluir en que otra debió ser la conducta de la demandada para resolver el trámite de la actora”, retó Plou al Ministerio de Agricultura, y también rechazó el pedido de la AFIP de ser excluida de la causa pues “los formularios a completar estaban contenidos en su página, al igual que su intervención en las resoluciones indicadas, lo que hace presumir que debe ser parte en el juicio con independencia del resultado final”.
En definitiva, el juez federal de Junín resolvió incluir a la AFIP en el caso y “hacer lugar a lo peticionado por Italia Chica SA, ordenando al Estado Nacional -Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- que comunique al particular el número y carátula de su expediente, resolviéndolo dentro del plazo legal y, en caso que falten datos o la presentación sea deficiente, deberá comunicarle, en un único pedido, cada requisito a cubrir o deficiencia a salvar, pasando a resolver el pedido sin más trámite”.
Este fallo, por supuesto, podría dar pie a nuevas presentaciones de productores que salieron en el listado de 37 mil CUIT beneficiarios de la compensación que se publicó en noviembre, pero que jamás lo cobraron. Y a los reclamos de otros 4.000 productores pequeños de soja que debían cobrar en el primer trimestre de 2021, según la promesa oficial, pues vendieron la soja luego del 30 de septiembre de 2020, fecha definida como primer corte para la tarea de procesamiento de datos efectuada por la AFIP.
Pero lo más lindo es que Plou también decidió en esta primera instancia “imponer las costas a las demandadas vencidas por haber dado lugar a la acción”.
In your face, abogado Galarza Seeber.
Lo más triste es que por la incompetencia de los funcionarios de Agricultura, que siempre se han excusado de estas demoras diciendo que el Ministerio de Economía no les gira los recursos para terminar de saldar estos pagos pendientes, todos nosotros -sufridos contribuyentes del Estado Argentino- terminaremos pagando en esos honorarios mucho más dinero del que el gobierno prometió devolver a los pequeños chacareros que producen soja.
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]]>La entrada El Consejo Agrioindustrial sigue unido y envía un mensaje claro al gobierno: El 14 no nos tomen de boludos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Seguimos juntos. No nos tomen por boludos”, debería haber sido el título del comunicado. Pero amante de las sanas costumbres, ese bloque lo título: “El CAA reafirmó su vocación productiva y solicitó avanzar en medidas concretas en el diálogo con el Gobierno Nacional”.
No importa. Lo cierto es que es un escrito plagado de gestos. En principio, que por ahora se evitó la salida de las tres entidades de la Mesa de Enlace (están CRA, Coninagro y Federación Agraria, falta la Sociedad Rural) que decidieron desde el vamos ser parte de este intento colectivo para torcer la historia de desencuentros entre el agro y el gobierno peronista, tratando de lograr una ley agroexportadora que contenga medidas concretas a favor del sector y asegure cierta estabilidad en las reglas de juego.
“El CAA, entidad federal que nuclea a 53 entidades de todo el país (si se hubiesen ido los ruralistas debería haber dicho cincuenta entidades), mantuvo un encuentro interno donde reafirmó su convicción de promover la Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal – Plan 2020-2030 que busca alcanzar los 100 mil millones de dólares anuales de exportación, generar 700 mil empleos adicionales”, dice el comunicado en su primer párrafo.
La permanencia de los tres entidades gremiales había quedado en duda luego de los anuncios del jueves pasado respecto del esquema de retenciones para la soja, ya que para los productores es casi una burla el movimiento (solo bajan 3 puntos la retenciones de la soja, del 33 al 30%, pero únicamente durante octubre, pues luego vuelven a subir) y solo la poderosa industria aceitera (un puñado de diez empresas) sacó provecho, con el regreso del diferencial de retenciones. En efecto, desde enero los subproductos de la soja tributarán dos puntos menos que el poroto, lo que implica una transferencia de recursos desde el productor a los industriales.
Fuentes del CAA, tras aquellos anuncios que dejaron gananciosos a unos y lastimosos a la mayoría, habían dicho a Bichos de Campo que la prioridad sería mantener la unidad del bloque, tratando de remediar esta injusticia evidente en la nueva reunión con el gobierno. Esa cita tiene fecha y la puso el ministro de Economía, Martín Guzmán: es el próximo miércoles 14. El gobierno tiene la propuesta del CAA desde hace un par de semanas en su poder y habrá tenido tiempo suficiente como para responder si está dispuesto a avanzar. De allí la segunda parte del título: no nos traten de boludos.
“El CAA sostiene que es indispensable que el productor agropecuario tenga claros incentivos a producir más para lo cual es necesario trabajar en un esquema de reducción de la alta carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales, como así también la necesidad de mejorar la competitividad y promover la inversión con visión exportadora”, completa el documento. En su propuesta, el Consejo establece que la producción de soja podría crecer con un gesto contundente de reducción de la presión impositiva sobre el sector primario y sugiere bajar las alícuotas del 33% al 25%, como arranque.
“El CAA acordó su agenda de trabajo para el 14 de octubre con el Gobierno Nacional y propone lograr una Hoja de Ruta concreta, de corto y mediano plazo, que favorezca la producción, el empleo, la comercialización y las exportaciones. Se reiteró que el productor agropecuario es esencial para lograr el desarrollo económico integral; por lo que se debe atender prioritariamente sus necesidades que están incluidas en las propuestas de la Estrategia de Reactivación Agroindustrial”, enfatizó el comunicado, dejando claro que el gobierno tendrá una última oportunidad para saldar su deuda con los chacareros.
El jueves pasado, cuando hizo los anuncios, Guzmán concedió beneficios claros para la industria (retenciones 0% en algunos productos y además una suba de reintegros) y para la minería. Los metales como el oro, la plata y el cobre, que tributaban 12%, ahora solo dejan el 8% al ser exportador. Es menos de lo que paga la leche en polvo, o muchas economías regionales.
“El CAA avanzará en su consolidación institucional a la vez que se considera que las medidas del Gobierno Nacional deben potenciar a las economías regionales, incluyendo tanto a la producción primaria como a la agroindustria, promoviendo así al sector como motor de la recuperación de la economía nacional motivo por lo cual se continuará trabajando en medidas de corto plazo y mediano plazo, así como en la elaboración de un proyecto de Ley que se presente y apruebe antes de fin de año”, es el tercer y último párrafo del comunicado.
Se podría haber resumido un poco más. Ya no les queda margen para el chamuyo, podría haber dicho.
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