La entrada Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tan malos fueron los resultados de esa experiencia que en febrero de 2011 la propia ex Presidenta disolvió la ONCCA por decreto, sin mayor explicación. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, debe haber pensado Cristina. De paso, con esa definición, cooperó para que uno de sus principales alfiles, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien mantenía control sobre la ex ONCCA, tuviera que dar explicaciones a la justicia, pues bien probado estuvo que una parte importante de todo ese dineral se destinó a alimentar uno de los circuitos de corrupción más escandalosos de aquella gestión.
Pero el perro nunca murió. Sigue ladrando y amenaza con volver a mordisquear los dineros públicos.
Un pedido de acceso a la información pública efectuado al Ministerio de Agricultura por parte de Bichos de Campo, y que fue contestado en tiempo y forma por esa cartera, reveló ahora que, a diez años de la disolución de aquel cuestionado organismo, existen por lo menos 138 juicios en los que empresas de diferente fuste reclaman al Estado el pago de compensaciones pendientes de aquella política, que no solo resultó muy costosa e ineficiente sino que además dejó parte de la cuenta sin pagar.
La información remitida por Agricultura identifica por primera vez a los molinos, feedlots, aceiteras, frigoríficos y hasta productores de trigo que continúan litigando contra diversos organismos para cobrar esos dineros largamente adeudados. Las cifras exactas de ese millonario pasivo se desconocen, pero se saben multimillonarias. Extraoficialmente se hablaba de un saldo de unos 3.000 millones de pesos que, en caso de fallos adversos, todavía deben ser actualizados por las tasas de inflación que superaron largamente el 2.000% durante todos estos años.
Aparte de las costas y todo ese fiambre.
Está claro que Cristina, Echegaray y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le siguen costando muy caro a todos los argentinos a pesar del paso de los años. Moreno, que siempre dice actuar como un defensor de los intereses populares, es uno de los grandes responsables de este complicado enjambre judicial. ¿Por qué? Porque un organismo que estaba a su cargo, la UCESCI, heredó los expedientes de la ex ONCCA luego de que la disolviera Cristina en 2011. Y sus abogados casi nunca respondieron a los reclamos que hacían las empresas privadas que reclamaban por sus deudas.
Este es el listado, por orden alfabético, de las empresas que mantienen juicios:
listado de emprsas que iniciaron juicios a la ex oncca
Hay muchas empresas de gran porte que litigan por las deudas de la ex ONCCA. Por ejemplo, los molinos Morixe y Lagomarsino, o las empresas agrícolas Los Grobo, Nidera Semillas y AdecoAgro, También las alimenticias Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Pero la mayoría de los casos corresponden a feedlots, que cobraban compensaciones por el maíz que compraban para engordar a los bovinos, como estrategia para bajar los precios de la carne.
El de los corrales de engorde fue uno de los sectores más beneficiados por los subsidios de Moreno, Cristina y Echegaray, pero también uno de los que más sospechas de corrupción despertaban. Sabido es que hubo feedlots que no existían que cobraron dinero, otros que inflaron sus existencias ganaderas. También hubo casos en que los subsidios se desviaron a nombre de indigentes y es vox populi que existían una “ONCCA Paralela” donde se cobraban coimas para destrabar los pagos. Hasta se sospechaba que el propio Echegaray iba a cobrar los subsidios que correspondían a un feedlot creado en 2009 en la localidad de Punta Alta, su ciudad de origen. El domicilio legal de la firma era un departamento propiedad de su esposa.
Justo es reconocer que el gobierno de Alberto Fernández -y de Cristina- heredó el problema de la gestión de Cambiemos, que primero se propuso investigar a fondo cada reclamo antes de proceder con los pagos reclamados, pero luego fue pateando la definición. Finalmente cayó derrotado en diciembre de 2019 y el asunto le explotó en manos de la nueva gestión a cargo de Luis Basterra. En octubre de 2020, Agricultura contrató como asesor a uno de los abogados dilectos del Instituto Patria, Eduardo Barcesat, y una de las explicaciones fue que iba a dedicarse al análisis de estos expedientes.
El pedido de acceso a la información pública que fue positivamente respondido por la cartera de Basterra ahora quita las sombras respecto de la identidad de quienes reclaman, pero no sobre las cifras en juego ni sobre la estrategia que adoptarán las autoridades nacionales frente a los planteos judiciales.
Pero en la respuesta oficial se advierte que lo más probable es que todos debamos hacernos cargo de este muerto.
“De acuerdo a los registros obrantes en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que resulta de uso obligatorio para los servicios jurídicos con juicios a cargo del Estado Nacional, surgen un total de 138 juicios en trámite, por reclamaciones de compensaciones”, se informó a Bichos de Campo.
Los abogados del Minagro también avisaron que lo más probable es que el Estado termine pagando frente a los fallos adversos. “Debido a que en la República Argentina el control de constitucioalidad es judicial, en aquellas sentencias donde pudo haber condena, conforme a derecho, se ejecutará la decisión según lo haya decidido el propio juez y la Cámara Federal de la que dependa, o cuando se expida en definitiva la Corte Suprema”, establecieron.
¿Y cuánto pagarán? ¿La cifra original o una actualizada? También es un tema abierto. “En lo que sea materia de diferendo judicial, el mecanismo de actualización será el que entonces el fije en definitiva la sentencia, en el sentido antes indicado”. Y lo mismo con las costas y los plazos: “Todo aquello que haga a los trámites de pago por las causas judicializadas, se hacen conforme las norma procesales y en los términos que la sentencia prevé”.
“No obstante lo anterior, se hace saber que ésta Dirección General está llevando adelante un relevamiento de los expedientes administrativos físicos, tendiente a evaluar el actual estado de dichas actuaciones en el marco de la Resolución SAGYP 21/19. Las tareas allí indicadas, cuentan con las dificultades propias de los protocolos sanitarios imperantes para resguardo de la salud” en el marco de la pandemia, aclararon los letrados del Estado.
¿Será justicia?
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]]>La entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.
Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.
La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.
Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.
Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.
Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.
En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:
- El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
- Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.
Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.
En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
IF-2021-64305047-APN-DNAIPAAIPLa entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Una crónica en tuits: ¿Por qué los productores temen un regreso de los ROE de Moreno, Peretti y Echegaray? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Arrancaron con la carne vacuna y fue muy parecido a esto de ahora: primero cierre completo de las exportaciones (Néstor lo anunció en marzo de 2006) y luego se establece un sistema administrado del comercio. Después siguieron los granos y lácteos. Hubo ROE Rojo, Verde y Blanco.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
En esa misma etapa, Guillermo Moreno era el poderoso secretario de Comercio y se hizo instalar en su despacho una terminal con acceso al sistema de administración de esos ROE: es decir, había que atravesar el filtro de Echegaray y Moreno para poder exportar carne, leche o soja.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
Los efectos concretos de la aplicación de ROE fueron lapidarios. Entre 2006 y 2009, Argentina vivió una feroz liquidación ganadera: los productores se desprendían de las vacas porque no valían nada. Así había menos terneros. El stock ganadero cayó de 58 a 48 millones de cabezas.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
En 2013 Cristina ensayó una "formalización" del sistema: en trigo y el maíz decidió que una parte de los ROE serían para cooperativas agrícolas y pymes nacionales. Para eso, el adlátere de Moreno, Guillermo Moreno, creó una cámara especial: la CAPECO.https://t.co/0nBrqODA3y
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
Por supuesto, la CAPECO dejó de existir ni bien terminó el gobierno de Cristina en 2015. Macri asumió y derogó los ROE. Y el amigo de Moreno se volvió a sus pagos pero llegó a comprarse en efectivo un campito por el que pagó al menos 1 millón de dólares.https://t.co/IekF4PooNu
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
Anoche, ni bien Agricultura anunció que se podrían exportar solo 30 mil toneladas de maíz por día, pregunté a su vocero Osvaldo Smaldone cómo se repartiría ese cupo, bajo qué normas, con qué controles. No me respondió nada todavía, pero algún instrumento tienen que generar.
— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 11, 2021
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]]>La entrada Todavía reclaman unos 3.000 millones de pesos al Estado por las compensaciones truchas de la ex ONCCA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El reclamo de estas viejas deudas por parte de aceiteras, feedlots, molinos harineros y avícolas -que fueron generadas por decisión de Moreno y de su socio político, el ex jefe de la ONCCA y la AFIP Ricardo Echegaray-, quedó expuesto este jueves en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Agricultura publicó la Resolución 21/09.
Esa norma dispone varias cosas respecto de una “significativa” deuda reclamada por empresas privadas al Estado. Por un lado, da por cerrados los “procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”. Es decir cierra los expedientes abiertos que todavía reclaman pagos pendientes.
Pero además Agroindustria suspendió por 180 días corridos los pagos por los expedientes que sí prosperaron, al tiempo que dispuso las cosas para realizar durante ese lapso una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas beneficiadas.
¿Qué quiere decir? Que hay una enorme suma de dinero en juego que los privados todavía le reclaman al Estado por las compensaciones de la desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), a pesar de que esta fue cerrada por Cirstina Kirchner en febrero de 2011, hace ocho años.
Ver Los “cuadernos del agro” todavía no aparecen, pero sí existen listados…
¿De cuánto dinero hablamos? En Agroindustria se excusaron de dar a conocer ese dato fino y solo dijeron que era una suma “muy significativa”. Pero otras fuentes oficiales hablan de bastante más de 2.000 millones de pesos y de hasta 3.000 millones. Es mucha plata. Y todo gracias al flamante candidato a presidente.
¿Qué tiene que ver Moreno con esto? Bueno, que el ex secretario de Comercio manejo junto con Echegaray, entre 2007 y 2011, fecha de disolución de la ONCCA, los pagos de 10.850 millones de pesos en compensaciones a diversos sectores alimenticios que supuestamente debían vender a cambio de esos subsidios los alimentos más baratos en el mercado interno. En total, según registros del Banco Nación, se dictaron 4.332 resoluciones de pago. La firma formal la tenía Echegaray y quienes lo sucedieron en la ONCCA, como Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Pero en Comercio, Moreno tenía una botonera propia para habilitar o negar esos desembolsos.
El ex secretario mimado de Néstor y Cristina se hizo cargo por completo de este programa millonario de subsidios cuando Echegaray, cercado por las denuncias de corrupción en el manejo de estas compensaciones, perdió el control de la ONCCA y este organismo fue reemplazado por la UCESCI.
La Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno fue creada por Decreto 193 el 24 de febrero de 2011. Era un engendro jurídico que formalmente dependía de tres Ministerios. Pero en la práctica era Moreno quien daba las órdenes. Esa oficina se instaló en el mismo edificio de Diagonal Sur donde el ahora candidato tenía sus oficinas. Manejaba no solo las compensaciones remanentres, sino también los estratégicos permisos de exportación de granos, carnes y lácteos (los ROE).
Fue Moreno, y no otro funcionario, quien desde la UCESCI negoció con las empresas alimenticias el pago de las deudas acumuladas por compensaciones que no había llegado a ser canceladas por la ex ONCCA. A muchas les ofreció bonos del tesoro, según admitieron a Bichos de Campo algunos empresarios. Lo cierto es que los pagos se discontinuaron y esa deuda quedó flotando. Hasta ahora.
El asunto le estalló en las manos ahora a los funcionarios de Agroindustria porque el gobierno de Cambiemos decidió, a partir de innumerables modificaciones en la estructura de ministerios y secretarías, la disolución de la UCESCI (que dependía formalmente de Producción, Hacienda y Agroindustria) y que sus funciones y asuntos pendientes volvieran a la órbita de Agroindustria, de donde Moreno y Echegaray se las habían llevado muchos años antes. Con las obligaciones volvieron los expedientes. Y las viejas deudas.
Cuando manejaba la UCESCI, Moreno jamás ordenó una auditoría sobre la justicia de esos reclamos de pagos pendientes, a pesar de que muchos de ellos están sospechados de tener un origen viciado por completo de corrupción. En la ex ONCCA, por cierto, se demostraron todo tipo de irrregularidades que nunca fueron investigadas por la justicia. Por ejemplo:
- Hubo subsidios que se otorgaron a empresas que no existían. Un caso es el del changarín Benjamín Tapia, de Mar del Plata, al que le pagaron 1 millón de pesos como supuesto dueño de un feed lot).
- Hubo pagos a empresas que inflaron artificialmente sus operaciones, como el feedlot Paseo Lagunas, de Carlos Casares. Cobró 7 millones de pesos en tres días como si tuviera un feed lot de más de 10 mil animales, cuando apenas tenía corrales para 400/500 cabezas.
- Y hasta hubo casos de funcionarios que montaron sus propios establecimientos para cobrar compensaciones, como el propio Ricardo Echegaray, que en Punta Alta montó un feed lot llamado “Hacienda Argentina SA”, al que manejaba con testaferros y que tenía como dirección legal un departamento de Palermo propiedad de su esposa.
Con esta nueva resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo, Agroindustria rechaza continuar con el proceso administrativo de los pagos pendientes y manda todo a una auditoría integral que demandaría seis meses.
La resolución incluye muchos argumentos que desaconsejan al Estado el pago de estas deudas sospechosas. Para Agroindustria, por lo pronto, las empresas que todavía hoy reclaman esas deudas viejas por compensaciones no tienen “derechos adquiridos” pues el régimen de compensaciones no existe desde 2011. “No existiendo acto administrativo alguno, con carácter de firme o estable, que haya reconocido el derecho al cobro de las compensaciones, los interesados carecen de un derecho adquirido a su percepción”, argumentan los abogados oficiales.
Añaden que “pretender que la Administración, luego de derogado el régimen que la facultaba a disponer compensaciones, continúe haciéndolo, sin ningún parámetro normativo vigente que la habilite para ello, importaría quebrantar el principio de juridicidad en el obrar administrativo”. En este punto, la resolución pone énfasis en que los reclamos vigentes provienen sobre todo de dos industrias alimenticias: los molinos y las avícolas.
Para justificar la necesidad de someter los pagos pendientes a una nueva auditoría, Agroindustria argumenta que “la operatoria de la ex-ONCCA, que diera lugar al reconocimiento de gran parte de las compensaciones que nos ocupan, resulta actualmente objeto de investigación en sede penal”, dando a entender que no todas las causas judiciales han sido cerradas por completo.
“En sede penal se investiga si (…) se configuraron prácticas irregulares y presuntamente delictivas, y en cuya virtud se habrían otorgado compensaciones a quienes no cumplían con los recaudos normativos previstos al efecto”, añade la resolución, que refiere concretamente al caso del changarín Tapia. “En concreto, en la Causa N° 16023/2008-TO1, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se tuvo por probados casos de defraudaciones para el cobro de compensaciones a través de maniobras”.
Además, la Secretaría hace mención a sus propias actuaciones frente a los reclamos de pago. Dice que en sede administrativa se detectaron los siguientes casos con presuntas irregularidades:
- supuestos de feed lots inexistentes, feed lots “cáscara” y feed lots sin matrícula;
- molinos harineros que recibieron compensaciones por productos no previstos como objeto de las mismas;
- acopiadores que no cumplían con el recaudo de ser productores;
- faenadores que no comercializaban carnes en el mercado interno;
- casos en los que se pagaron en concepto de compensaciones montos mayores a los que correspondía sin que se hubiera solicitado a posteriori la devolución de lo pagado en exceso;
- casos con dictámenes producidos por asesores jurídicos que no integraban el servicio jurídico que debía intervenir; y casos sin informes legítimos de precios internos.
En definitiva, la estrategia oficial concluye: “habida cuenta de las investigaciones realizadas por la justicia y los casos detectados en sede administrativa, es necesario llevar a cabo una auditoría integral para dirimir si los actos administrativos de reconocimiento de compensaciones fueron dictados de conformidad con el ordenamiento jurídico”.
El equipo jurídico del secretario Luis Miguel Etchevehere, en medio de este entuerto jurídico, no se priva de avisarle a Moreno que una posible denuncia penal podría enturbiar su flamante campaña electoral. Los seis meses de auditoría deberían concluir a mediados de agosto, días antes de las elecciones.
“Ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos, es inexcusable la obligación en que se halla el Estado, de suspender los efectos de actos emitidos en tales condiciones que exigen poner en ejercicio la potestad de policía del Estado referente a la prevención y represión de los delitos”, se advierte.
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]]>La entrada Vuelve a funcionar un negocio interrumpido por Echegaray en 2009 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En efecto, la resolución 109/09 firmada por el ex funcionario kirchnerista había excluido a la soja del régimen de importación temporaria que permitía a cualquier industria traer una materia prima al país, industrializarla aquí y luego reexportarla con valor agregado y trabajo argentino. Es lo que hacía la industria aceitera: compraba soja de países vecinos, la molía aquí y la reexportaba como aceite o harina.
En aquel momento de chicanas y vendettas, Echegaray argumentó que la prohibición se adoptaba para “proteger los ingresos de los productores al privilegiar la utilización de materia prima nacional”. Puede recordar esos tristes días en este link.
En 2008, el año del conflicto, se habían importado desde Paraguay 2.900.000 toneladas de soja, más otras 29 mil toneladas de Uruguay y 33 mil desde Bolivia. Es decir casi 3 millones de toneladas. Aunque hubo luego algunas correcciones y revisiones de la normativa, ese volumen de importaciones temporarias jamás se recuperó.
Hasta ahora y ahí llega la noticia: según datos de INDEC y Aduana, al 20 de septiembre pasado las importaciones temporarias de soja alcanzaban a 1,4 Mt para para todo el año 2017. Es decir, el régimen viene remontando. Un informe de la Bolsa de Rosario destaca que el volumen de importaciones de soja actual “más que duplica lo importado a igual fecha del año 2016”.
A principios de ese año y de su gestión, el Gobierno de Mauricio Macri había acomodado las cosas para favorecer la reanudación del negocio de agregar valor a la soja de los países vecinos, eliminando las restricciones que había impuesto Echegaray años antes.
Incluso sucedió algo impensado: A los proveedores tradicionales de soja (Paraguay, Bolivia y Uruguay) se sumó este año Brasil, desde donde se han importado 136.000 toneladas de soja para su procesamiento en los puertos rosarinos.
Los ingresos actuales ya superan incluso los registros de aquel fatídico 2009, cuando se importaron solo 500 mil toneladas. Los dos años previos, 2007 y 2008, habían sido de operaciones excepcionales, porque habían llegado a importarse 2,2 y 2,9 millones de toneladas de soja, respectivamente. La sequía de aquel momento tuvo mucho que ver.
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