Por supuesto, el documento no cayó del todo bien entre los empresarios del sector de biocombustibles y especialmente en aquellos que transforman maíz en bioetanol y burlanda de maíz, dado que la nueva legislación habilita al gobierno de turno a reducir –si se considera conveniente– el corte obligatorio de bioetanol maicero con nafta de un 6% a un 3%, es decir, una reducción brutal de un 50% instrumentada solamente con la firma de un funcionario.

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En ese contexto, hoy el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dedicaron buena parte de la jornada a visitar tres plantas elaboradoras de bioetanol maicero –todas localizadas en la provincia de Córdoba, donde precisamente no abundan los votantes kirchneristas– para intentar mostrarse a favor de esa industria.

“Estamos asistiendo a un momento histórico, el del cambio en el paradigma productivo”, aseguró Domínguez, para luego añadir que “la generación de valor agregado en nuestra producción primaria como una forma también de responder a las necesidades climáticas”.

Estuvieron, en primer lugar, en la planta de Bio 4 en Río Cuarto. Allí mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la firma Marcelo Otero, el gerente general Tomás Beamonte y el director Leandro Narvaja Luque.

Luego se dirigieron a la localidad de Alejandro Roca, donde recorrieron las instalaciones de la empresa ProMaíz junto a la intendenta Ariana Viola. Allí estuvo presente Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD), firma que, junto a Bunge Argentina, es controlante de ProMaíz. Urquía, ex senador nacional por el justicialismo, tiene fluidos contactos con funcionarios del gobierno nacional.

Finalmente, por la tarde, arribaron a Villa María para recorrer el predio de la empresa ACABio de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Allí estuvieron acompañados por el intendente interino Pablo Rosso y el gerente de la empresa Santiago Acquaroli.

“Queremos que se produzca más, que haya más inversiones y más competitividad. Y estamos escuchando a todos los productores para profundizar este camino”, afirmó Domínguez.

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Aún así, el mayor beneficiado en el marco de ese régimen fue la empresa argentina Aceitera General Deheza (AGD), con un cupo de 20.000 toneladas por embarcar a partir de próximo 1 de febrero.

Se trata casualmente del grupo económico, liderado por el ex senador nacional Roberto Urquía, que fue el mayor aportante de la campaña electoral que llevó a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación: AGD, junto a otras empresas controladas, ofrecieron gentilmente 27 millones de pesos en 2019 al equipo de Frente de Todos.

En segundo lugar –muchos más atrás– se ubicó la filial argentina de la compañía exportadora ADM con 5.000 toneladas, mientras que en el siguiente puesto del ranking de beneficiarios de la “bolilla mágica” se encuentra P&P Expo Impo SRL, empresa salteña perteneciente Pedro Ambrosio Guzmán y localizada en la ciudad de Salvador Mazza (en la frontera con Bolivia), que recibió 2.000 toneladas de cupo de exportación de maíz 2019/20.

Powertec Comercio SRL, firma con sede en la ciudad de Buenos Aires integrada por los uzbekos Bakhtiyor Pulatov y Dilnoza Sobirova, que se dedica a importación y exportación de “materias primas, maquinarias, productos elaborados o semielaborados y toda clase de mercaderías”, también recibió 2.000 toneladas.

Lumacis SRL, otra empresa salteña de Salvador Mazza, también fue beneficiada con 1.576 toneladas del cupo de maíz “viejo”. La firma pertenece a un ex diputado provincial de Cambiemos, Luis Cisneros, quien en marzo de 2019 fue detenido por agentes de Gendarmería con 2 millones de pesos y 50.000 dólares en efectivo en una ruta de Santiago del Estero. El entonces diputado dijo que el dinero era para realizar una compra de trigo.

La siguiente integrante del ranking de favorecidos es otra empresaria salteña, Luisa Beatriz Rojas, cuya empresa se encuentra, ¿A ver si adivinan? Exactamente: en la localidad de Salvador Mazza. Recibió 600 toneladas de cupo.

En el último puesto del ranking, a modo de consuelo, quedó la empresa mendocina Agroin Las Piedras Ltda. con apenas 252 toneladas del ansiado cupo. La firma, que pertenece al grupo chileno Soprodi, se conformó en 2003 con la intención de establecer una base para proveer insumos agroindustriales para granjas avícolas localizadas en su nación de origen.

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