Bichos de Campo, como medio especializado en política agropecuaria, ya ha hecho uso en dos ocasiones de este derecho frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, en ambos casos con resultado favorable más allá de que no siempre la información obtenida haya incluido todos los detalles que se requerían. En la primera ocasión se reclamó la lista de supuestos “exportadores sin planta” que habían sido suspendidos del RUCA y que eran utilizados por el gobierno para justificar nuevas intervenciones sobre el negocio de la exportación de carnes. Ante un segundo pedido, la gestión del ex ministro Luis Basterra nos envió el listado de causas judiciales abiertas que todavía reclaman judicialmente por viejas deudas por compensaciones de la ex ONCCA y que publicamos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Este viernes, este medio realizó un nuevo pedido de acceso a la información pública: se intenta conocer en este caso el listado de todas las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes) tramitadas por los frigoríficos ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y la Secretaría de Comercio Interior para poder exportar carne vacuna.

Se realiza este pedido en el entendimiento elemental de que si el Estado formula e implementa un sistema de autorización o denegación de las exportaciones de carne, entonces debe dar a conocer quiénes son las empresas que han recibido los permisos de embarque y en qué cantidades, de modo tal que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios de dichas políticas. Se trata de controlar al controlador, como en cualquier sociedad civilizada.

Este es el pedido de acceso a la información pública:

A nuestro criterio, este pedido se justifica especialmente por los antecedentes que existen en la materia: entre 2007 y 2015 el Estado implementó un sistema muy semejante al de las actuales DJEC, que se denominaba Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y que no solo involucraba a la carne vacuna (ROE Rojo) sino a todos los granos y sus subproductos (ROE Verde) y a todos los productos lácteos (ROE Blanco). La gestión del sistema estuvo, según el lapso de la historia, a manos de la ex ONCCA o de la derogada UCESCI, que dependía de Comercio Exterior.

En aquel largo periodo histórico hubo múltiples sospechas de corrupción y favoritismos en el sistema de asignación de los ROE a las diversas empresas de cada rubro, los que derivaron en la eliminación de esa herramienta a partir del recambio de gobierno en diciembre de 2015.

Muchas de esas investigaciones periodísticas y hasta judiciales fueron posibles porque existía la posibilidad de ejercer cierto control social de aquellos permisos: al menos por unas horas, el Ministerio de Agricultura publicaba en su página web institucional los nombres y los volúmenes autorizados a cada una de las empresas agrícolas. Con dicha acumulación de información, las Bolsas de Cereales podrían luego construir las cifras acumulativas de tonelajes de granos y subproductos que iban a exportarse.

Lo mismo sucede ahora con las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) de granos que funciona al amparo de la Ley 21.453. Todos los días la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio publica la identidad de las cerealeras o aceiteras que presentaron esas DJVE para exportar productos agrícolas.

En el caso de las exportaciones de carne, todo siempre ha sido mucho más oscuro. En tiempos en que la ex ONCCA o la UCESCI distribuían los ROE Rojo entre los frigoríficos, diariamente se hacía pública la información sobre los volúmenes y productos que recibían la autorización para salir del país. Pero nunca las autoridades dieron a conocer la identidad de las empresas beneficiarias de esos permisos, creando un manto permanente de sospecha sobre cómo se repartían los ROE Rojos.

El caso sería  ahora más grave, porque la DNNCA, a cargo del contador Luciano Zarich, no publica nada de nada sobre las nuevas DJEC: ni los productos a exportar, ni los volúmenes solicitados y mucho menos la identidad de las empresas exportadoras que obtienen estos permisos.

Las DJEC fueron creadas mediante la Resolución Conjunta 3/2001, del 19 de abril pasado, por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. “Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, definía esa norma. La autoridad de aplicación de dicho régimen sería la DNNCA, que reglamentó el procedimiento para que los frigoríficos que quisieran exportar carne bovina pudieran presentar sus DJEC mediante la Disposición 59/2001.

Tanto ese organismos como la Secretaría de Comercio Interior, a partir de allí, deben aprobar en nombre del Estado Nacional cada uno de los embarques. Es decir, hay un doble control sobre las presentaciones previos al que finalmente, como en cualquier país normal, debe realizar la autoridad aduanera.

Posteriormente, a partir de mayo de 2021, el Gobierno nacional estableció diferentes regímenes de cupos de exportación de carne vacuna para las plantas frigoríficas, que de todos modos -a pesar de tener un tonelaje asignado por dichos cuotas de exportación- debieron seguir tramitando las DJEC que les correspondieran frente a la DNCCA.

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot: Los ROE ahora se denominan DJEC e incluyen a todos los tipos de carnes

En la actualidad existe un sistema de cupos generales por frigorífico equivalentes al 50% de lo exportado en 2020, más otra cuota para cortes kosher para Israel, más otro sistema de cupos para exportar carne de vaca conserva de las categoría D y F. Además hay cupos que no son sometidos a un reparto de parte del Estado por tratarse de acuerdos con otras naciones, como la cuota de 20 mil toneladas para Estados Unidos, o las cuotas Hilton y 481 para la Unión Europea.

Pero el gobierno, ni a través de la DNCCA ni mediante la Secretaría de Comercio Interior, dan a publicidad datos sobre las DJEC presentadas. Y no se sabe entonces quiénes son los receptores de las Declaraciones Juradas DJEC, con lo cual resulta de imposible controlar que esas cuotas de exportación finalmente se estén distribuyendo como corresponde. Esto implica una clara vulneración de las normas más elementales de la transparencia  que debe mostrar el sector público en todos sus actos.

Por eso fue que Bichos de Campo solicitó  al Ministerio de Agricultura que de a conocer el listado de las DJEC acumuladas y las empresas beneficiadas hasta por lo menos fines de octubre, mediante el mecanismo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esperamos que además de facilitar esa información, que compartiremos con nuestros lectores, a futuro esa dependencia revierta su decisión original de ocultar dichos datos para comenzar a publicarlos con regularidad, como debe ser y como sucede con otros regímenes de control del Estado.

Veremos qué pasa. En algunos días lo sabremos.

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Ravettino primero negoció con Paula Español acuerdos de precios para vender cortes baratos en supermercados. Ravettino luego pactó la apertura de cupos de exportación con Matías Kulfas. Más recientemente, Ravettino logró un nuevo permiso para poder exportar carne de vaca viaja a China con Julián Domínguez. En el medio, es el único dirigente de la carne que se ha podido retratar junto al presidente Alberto Fernández y el gobernados Axel Kicillof en varios actos públicos.

El problema, para el resto de la cadena cárnica, no es que Ravettino esté metido en todas y cada una de las negociaciones vinculadas con el sector que representa, sino que parece ser el único interlocutor de la cadena de la carne que tiene las puertas abiertas en el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner.

Desde que asumió en diciembre de 2019, hay que marcarlo de entrada, la gestión de Alberto y Cristina dinamitó la Mesa de las Carnes, un espacio de diálogo sectorial que nació en 2015 y que había logrado durante el Gobierno de Cambiemos reunirse nada menos que una decena de veces con el mismísimo ex presidente Mauricio Macri. No es que allí se lograran muchas cosas, pero al menos las casi treinta entidades que integraban ese espacio se sentían parte de un colectivo que tenía un par de decisiones claras: había que exportar más carne y el gobierno no debía intervenir en los mercados.

El ex coordinador técnico de aquella Mesa de las Carnes ahora devaluada y corrida de la escena, el consultor ganadero Víctor Tonelli, acaba de calcular que el regreso de la intervención oficial en mayo pasado -acordada entre Kulfas y Ravettino- provocó en solo cinco meses que los precios promedio de la hacienda bajaran 5% mientras que los precios internacionales de la carne vacuna subían 25%. Es decir que los frigoríficos exportadores no solo ganaron más por vía de sus ingresos sino que congelaron y hasta redujeron el principal de sus costos, la carne en pie.

Se trata, más allá del mecanismo, de un logro muy visible y atribuible a la gestión de Ravettino frente a Kulfas, Español y otras autoridades. Por eso muchos elogian al ejecutivo como el mejor lobbista y justifican cualquier método con aquello de que “para eso le pagan”

¿Quiénes perdieron con el cepo? Decenas de miles de ganaderos, en especial de las zonas más marginales dedicadas a la cría. ¿Y quién sacó ventaja? Los grandes frigoríficos que -como ya informó Bichos de Campo– han recibido en todos los repartos las mayores porciones de los sucesivos cupos de exportación habilitados por el gobierno a partir del cierre total de las exportaciones anunciado por Alberto en mayo: el cupo general de unas 28 mil toneladas mensuales, luego la cuota especial de cortes kosher para Israel y ahora las 5.000 toneladas mensuales de vaca vieja para China.

Esos frigoríficos están faenando tanta hacienda o más que antes de que comenzara a regir el cepo.

“Perdimos todos”, dicen en la cadena ganadera frente al cepo exportador. Pero es falso: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC están faenando más cabezas que antes del cepo

Ravettino, un abogado de 58 años, es el presidente del Consorcio ABC, una entidad formada por los principales frigoríficos exportadores de la Argentina que nació en 2005 como derivación de la vieja AIAC (Asociación de la Industria Argentina de la Carne). Hoy ese grupo tiene 22 empresas asociadas. Pero hay solo diez grupos allí que concentran el 55% del total de las cuotas de exportación y el 61% de la Cuota Hilton para Europa, que quedó a salvo de las restricciones. Ese club está formado por los supermercados La Anónima y Coto, los brasileños Swift (Minerva) y Quickfood (Marfrig), y los nacionales Gorina, ArreBeef, Bernal, Rioplatense, Carnes Pampeanas y Friar (ex C Vicentin).

Ravettino no siempre fue presidente del Consorcio ABC sino que era apenas uno de sus gerentes hasta que el primer conductor que tuvo esa entidad, el ex dueño del frigorífico Swift, Carlos Oliva Funes, le cedió ese lugar protagónico luego del desembarco de los grandes grupos brasileños en el negocio y la primera intervención del kirchnerismo en el mercado de exportación de carnes, en marzo de 2006. Aquellos cambios implicaron un reordenamiento de fuerzas dentro del grupo de veinte grandes frigoríficos, que dejó atrás las ideas más liberalizadoras del comercio de carnes que expresaban los históricos Alberto de las Carreras y el ex agregado agrícola ante la UE, Héctor Salamanco, para dar paso a un pragmatismo a prueba de balas. El pragmatismo que encarna Ravettino.

El poder cedido hace por lo menos 15 años a este directivo, entonces, está apoyado sobre todo en los nuevos capitanes nacionales en la exportación de carne vacuna, en especial en Hugo Borrell (Arre Beef) y Carlos Riusech (Gorina). Fueron estos empresarios los que no dudaron en quedarse con las instalaciones del Frigorífico Finexcor (que era el más moderno del país) cuando las presiones del ex secretario Guillermo Moreno convencieron al grupo americano Cargill de desprenderse de esa empresa por la ridícula suma de 1 euro.

Eso sucedió en 2008. El primer kirchnerismo había cerrado por completo las exportaciones de carne en 2006 y luego fue habilitando los embarques en módicas cuotas donde ganaban unos y perdían otros, como ahora. Un grupo de frigoríficos del Consorcio ABC hizo enormes ganancias con las vacas conserva, como ahora. Y el Ministerio de Agricultura (a través de la ex ONCCA) no publicaba la identidad los frigoríficos que recibían ROE Rojo, equivalentes a las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportación de Carne) instrumentadas ahora por Alberto y Cristina. Tal y como sucede ahora.

En ese contexto de mercados intervenidos Ravettino se movía como pez en el agua. Participaba todos las semanas de las reuniones de “la escuelita” que convocaba Moreno para bajar instrucciones a los operadores del mercado de carne. Y se lo solía ver ingresar sin problemas a los despachos de los ex directores de la ONCCA, como Ricardo Echegaray, Emilio Eyras o Juan Manuel Campillo. Con Moreno, por ese entonces, comenzaron a negociar la “gran barata” de cortes populares para volcar a los supermercados, un esquema que se repite ahora en los acuerdos de precios pactados con Kulfas y Español.

La línea histórica del Consorcio ABC (y su antecesora AIAC) fue propender a una mayor concentración de la actividad frigorífica en la Argentina, como sucede en Estados Unidos, donde unos pocos grupos empresarios concentran casi toda la faena. Por eso, frente a los diferentes gobiernos se propició desde ese grupo la erradicación del “doble estandar” sanitario y comercial que permitía que la faena de bovinos se repartiera aquí entre más de 400 frigoríficos y mataderos. esa competencia reducía entonces la participación total de los socios de Ravettino a solo el 25% o 30% de la producción.

Como los frigoríficos exportadores tienen un sector de despostada (para separar los cortes), uno de los principales argumentos de esta ofensiva era la necesidad de erradicar del comercio de carne las medias reses vacunas, una modalidad que es mucho más usual entre frigoríficos consumeros y matarifes que abastecen a las carnicerías del conurbano.

Por eso Ravettino tocó el cielo con las manos cuando el presidente Alberto Fernández y su ministro Kulfas anunciaron hace pocos meses, en el contexto de esta nueva intervención al mercado, que a partir de enero de 2022 sería obligatorio el “cuarteo” o “troceo” de las medias reses. Esta obligación podría descolocar mucho más a muchos jugadores que compiten contra el Consorcio ABC.

Esos jugadores, sobre todo matarifes y “exportadores sin planta”, de golpe y porrazo también se quedaron casi sin posibilidades de poder exportar, porque el sistema ideado por el gobierno otorgó los cupos a nombre de las plantas (según el número de habilitación en Senasa) y no de los exportadores (a través de los embarques por CUIT registrados en Aduana). Gracias a esta decisión, el número de exportadores de carne se redujo de 100 sociedades a solo 60. Y de éstas, los 22 socios del Consorcio ABC se quedan con la mayor tajado.

Ravettino, que ha fundado varias empresas propias vinculadas con la actividad ganadera y que explotan un par de campos que pudo comprar en el partido de 25 de mayo (La Lobuna SA en 2005, Caras Negras SRL en 2009 y San Juan Ameri SA en 2017), fue el primero en enterarse la que se venía, pues estuvo reunido con el presidente Fernández el 17 de mayo, un par de días antes de que comenzara esta nueva etapa de intervención en el mercado de la carne, que es muy parecida a la que ya vivió el país entre 2006 y 2015.

En aquel tramo histórico las consecuencias fueron funestas para la ganadería: el stock bovino retrocedió casi 20% (a menos de 48 millones de cabezas) y la Argentina redujo sus exportaciones al mínimo histórico de 188 mil toneladas en 2012. Pero no todos perdieron por igual y los que pudieron acomodarse bajo el ala del poder la sacaron muchísimo más barata o incluso terminaron mejorando su posición en el mercado.

Ravettino para muchos puede parecer una cara nueva. Pero enaquel momento ya estaba haciendo su trabajo.

La entrada ¿Quién es Mario Ravettino? El eterno lobbista que finalmente está logrando el viejo anhelo de concentrar la industria frigorífica de la mano de un gobierno peronista se publicó primero en Bichos de Campo.

Si bien hay tiempo hasta el próximo 12 de julio para gestionar los permisos de exportación correspondientes al cupo del mes de junio, el sistema en línea para gestionar Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), versión actual de los viejos ROE Rojos, no está funcionando adecuadamente y no hay nadie que pueda ofrecer una solución al respecto.

Antonio D´Angelo, gerente general de Industrias Frigoríficas Recreo, ubicada en la localidad homónima y a tan sólo 18 kilómetros de la capital santafecina, explicó a Bichos de Campo que “entre el 25 y 28 de junio presentamos al menos seis declaraciones juradas de exportación y no nos habilitaron ninguna”.

“Algunas llegaron con la leyenda ‘rechazadas’, pero no nos explican porqué y tampoco nos atienden por teléfono. Otras llegaron como ‘pre-adjudicadas’ o ‘pre-aprobadas’, pero no sabemos qué significa eso. Hoy 2 de julio, cuando faltan pocos días hábiles para que expire el plazo para gestionar el cupo, no tenemos nada aprobado y no entendemos los motivos ni cómo resolver el problema”, añadió.

La empresa, antes de la intervención oficial, destinaba el 60% de los cortes bovinos que elaboraba a los mercados internacionales, mientras que el 40% restante se enviaba al consumo interno, en parte como chacinados y hamburguesas. Pero ahora debió reducir mucho la operatoria: pasaron de faenar entre 8000 a 9000 vacunos al mes a procesar sólo 5800 en junio.

El cierre de las exportaciones les pegó duro. D´Angelo explicó que “tuvimos que frenar la faena para exportación porque no sabemos si vamos a poder embarcar lo que tenemos ya en cámara y comprometido, ni si nos van a aprobar más pedidos del cupo asignado que tenemos, que es de 425 toneladas mensuales; además, estamos pensando en reducir la faena, trabajando un día menos por semana”.

En la empresa trabajan 35 personas en el área de despostada y 90 en la playa de faena, que ahora se dedican sólo a producir para el consumo interno. Los trabajadores más afectados por el “cepo cárnico” son los de despostada, porque están dedicados a confeccionar cortes diseñados para diferentes clientes en el exterior. “Estamos evaluando qué hacer, no queremos tomar ninguna medida que perjudique al personal, pero no podemos dejar de analizar suspensiones o reducción del plantel”, dijo el acongojado empresario.

La firma había implementado hace dos años un plan quinquenal de inversiones, apostando a la exportación, en el marco del cual el año pasado se habilitó un nuevo sector de despostada y dos túneles de congelado con una capacidad de 80 toneladas cada uno.

“Todo se hizo con préstamos y ahora no sabemos cómo va a ser el repago de esas inversiones, porque nos cortaron la venta de la carne que permitió esos avances. Además, llega fin de mes y en estas condiciones no tenemos el dinero para sostener los costos fijos” finalizó D´Angelo, quien se encuentra muy preocupado por la situación generada por el gobierno nacional.

Restricciones a la exportación de carne: pautas para entender a una industria que funciona “al revés”

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No hará falta esta vez –como sucedía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– completar planillas y planillas porque los datos a partir de los cuales trabajarán los agentes de Control Comercial Agropecuario provendrán de los registros del Sistema Malvina de la AFIP.

La cuestión es que, una vez ingresados al Ministerio de Agricultura los datos de la operación de comercio exterior del Sistema Malvina –cantidad, valor FOB, destino, etcétera–, esa información se transformará por arte de magia en un DJEC, el cual, según indica la disposición 59/2021, quedará en un estado “pendiente”.

Una vez realizada la evaluación de la DJEC por los agentes de Control Comercial Agropecuario, “de no mediar rechazo u observaciones, se la considerará aprobada de manera automática a las 19:00 horas del tercer día hábil de la fecha de oficialización” del DJEC. Es decir: como mínimo las DJEC permanecerán en suspenso durante tres días hábiles.

Sin embargo, la disposición 59 indica “cuando lo considere oportuno o a solicitud de la Secretaría de Comercio Interior”, se “podrá requerir documentación respaldatoria a los operadores y/o información adicional a los distintos organismos públicos”. O sea que pueden llegar a ser bastante más que tres días.

Y si los agentes descubren “inconsistencias insalvables en el proceso de evaluación”, la DJEC será rechazada. Pero la disposición 59 no especifica cuáles serían tales “inconsistencias”, con lo cual el mecanismo queda habilitado para tomar decisiones arbitrarias al respecto.

En aquellos casos donde los agentes detecten “inconsistencias, anomalías y/o discrepancias subsanables en la evaluación de la DJEC”, se podrá “requerir al operador información y/o documentación respaldatoria y/o complementaria a los fines de ser analizada para ser aprobada o rechazada definitivamente”. Un marco normativo por demás adecuado para garantizar la seguridad de las operaciones pactadas con clientes del exterior.

La disposición además indica que los exportadores de carnes comprendidos en la medida –vacuna, porcina, aviar y ovina– deberán ingresar al portal del Ministerio de Agricultura “para ver el estado de sus DJEC”. Cuando la DJEC sea aprobada, el sistema permitirá imprimir un certificado que deberá ser presentado ante la Dirección General de Aduanas para poder proseguir con el trámite de exportación.

Una cámara de frigoríficos afirma que el nuevo DJEC es igual a los viejos ROE: Y advierte que así se destruirá la ganadería

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Pero justamente por eso, por los costos que pagó, la de CICCRA es una voz que debe ser escuchada ahora que el gobierno de Alberto Fernández parece querer insistir con las mismas recetas que 15 años atrás, y dispuso la creación de un nuevo registro de declaraciones juradas de exportación de carnes (DJEC), que a casi todos les hace acordar a los temibles ROE, los permisos de embarque que administraba Moreno siempre a favor de sus amigos y a los empresarios que no lo cuestionaban.

Pues bien, la cámara de Schiariti emitió un comunicado para “alertar” que las medidas adoptadas por Comercio Interior y el MInisterio de Agricultura, a través de la ex ONCCA, “nos vuelven a llevar al achicamiento primero, y a la destrucción después, de la ganadería de nuestro país”.

“Queremos recordar que la profundización de los ROE (hoy disfrazados de DJEC) en 2008, entre otras medidas, nos llevó a la pérdida de 12,3 millones de cabezas de ganado vacuno y, luego de un corto período, al aumento del precio de la carne en el mercado interno que pasó de 3 pesos por kilo a 12 pesos por kilo”, rememoró la entidad.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

Paras CICCRA está muy claro que las nuevas medidas están “copiadas de las implementadas por la dupla Guillermo Moreno-Cristina Kirchner en 2008”, y que “atacan directamente a la producción ganadera, en una nueva embestida de este Poder Ejecutivo contra el sector agropecuario”.

“Aún tenemos esperanza de que se revean las medidas, porque su implementación sin dudas generará caída de las exportaciones, con pérdidas de 500 millones de dólares sólo en el presente año y un proceso de retroceso de nuestra producción de carne vacuna, con pérdida de riqueza, empleo y arraigo en el interior de nuestro país”, se lamentó el directivo industrial que supo criticar a Moreno.

Como evidencia, Miguel recordó que en 2015 -debido a la gran liquidación ganadera que provocó Moreno con sus intervenciones en el mercado- la Argentina llegó a exportar un mínimo histórico de 7% de las 2,7 millones de toneladas producidas, por un valor de 870 millones de dólares.

En comparación, sin los ROE eliminados desde fines de ese año 2015, “en 2019 exportamos el 27% de 3,1 millones de toneladas, por un valor de 3.100 millones de dólares”.

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“Es un orgullo para nosotros este nuevo paso, como lo es el de poder cumplir con la cuota y con los requerimientos de nuestros clientes europeos, aprovechando el sobreprecio de estos cortes y el mayor ingreso de divisas para el país”, celebró el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. El funcionario agregó que ahora “esperamos que se repita el nivel de ejecución para el ciclo 2019/20, cuya distribución se espera realizar antes de fin de mes”.

Según un cuadro realizado por el Consorcio ABC, que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores, la Argentina no cumplía con la totalidad del cupo arancelario para enviar lomo, cuadril y bife angosto a la Unión Europea desde el ciclo comercial 2008/09. Coincide el inicio de este largo ciclo oscuro de la ganadería con el conflicto del gobierno kirchnerista con el agro por la 125, con la irrupción de los ROE Rojos impuestos por Guillermo Moreno y con las altas dosis de corrupción en el reparto de esos permisos por parte de la ex ONCCA de Ricardo Echegaray.

Luego de eso hubo incumplimientos recurrentes en ese negocio y los únicos perjudicados fueron los ganaderos y frigoríficos argentinos, ya que cada tonelada de Hilton que dejó de exportarse implicó la pérdida de un porcentaje del valor que se considera como un subsidio directo (de entre 2.000 y 4.000 dólares por toneladas, según el año), puesto que por fuera de la Hilton se deben pagar aranceles más elevados para ingresar a Europa.

El año anterior, según este balance histórico, la Argentina pudo cumplir solamente con 95% del cupo de 29.500 toneladas. El peor año en este larga década de incumplimientos fue el año 2011/12, cuando solo se cubrió el 64% del volumen asignado a nuestro país y se dejaron sin enviar nada menos que 10.700 toneladas. Dos años antes el volumen de negocios llegó a 18.139 toneladas, pero como la cuota era menor, el porcentaje de cumplimiento llegó a 65%.

En el acumulado de los últimos diez ejercicios, la Argentina dejó sin cumplir envíos por 56.790 toneladas de Hilton. Es decir, perdió el equivalente a casi dos años de Cuota Hilton. El “premio” arancelario que dejó de ingresar al país fue muy superior a los 100 millones de dólares. Fue plata que dejó de ingresar al país y que se ahorraron los europeos.

En su festejo, Agroindustria exageró las cosas. Por caso, dijo que los envíos de este año representaron un “récord histórico” en materia de ingreso de divisas. Esto no fue así, porque a pesar de que años anteriores se exportó menos volúmen de cortes Hilton, el valor promedio de la tonelada era muy superior al actual. En rigor, hasta no hace mucho la Hilton no bajaba de 15 mil dólares y tuvo picos de 18.000. En el último ciclo comercial, en cambio, el valor promedio a10.934 dólares por tonelada.

El dato lo aportó el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, quien destacó que “Alemania sigue siendo el primer comprador con el 60% de la cuota, seguido de los Países Bajos con el 20%, Italia con el 12% y Bélgica con el 3,5%, que en conjunto compran el 95,5% de la cuota”.

La Cuota Hilton fue otorgada al país en 1979, durante negociaciones internacionales, y se llaman así porque la reunión se realizó en un hotel de esa cadena. Se supone que la UE compensaba a la Argentina por los daños que provocaba con sus subsidios a la producción de girasol. La Argentina recibe actualmente una cuota de 29.500 toneladas.

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