El pedido del BCRA para que los bancos detengan el drenaje de dólares hacia el extranjero a nombre de esta empresa -a la que se identificó como una “cerealera”- es que la misma mantenía una suma de divisas pendientes de liquidación (la obligación a ingresar los dólares obtenidos por una exportación en el mercado local de cambios) por la friolera de 5.632.761,30 dólares.

Es muy habitual que las empresas hagan todo lo posible por dejar los dólares que ganan exportando fuera del país, porque “ingresarlos” implica cambiarlos por pesos al valor oficial de 100 pesos. En cambio, si los cobran por ejemplo en Uruguay y después los ingresan por una vía informal, pueden trocarlos al doble de esa suma en el mercado libre de cambios.

Si lo que exportaba FG Importaciones (no se informa qué fue) hubiera sido una soja -que hoy vale 500 dólares-, estaríamos hablando de una operación por 11.300 toneladas, que es la cuarta parte de lo que puede cargar un buque de ultramar o el equivalente a casi 380 camiones. Si fuera maíz o trigo, sería casi el doble de ese volumen.

FG Importaciones no tiene silos ni puerto ni elevadores, aunque esto no sería impedimento para exportar (hay otras empresas que alquilan esas instalaciones). Tampoco tiene campos donde almacenar silobolsas. Su único domicilio declarado queda en el segundo piso de este edificio de la calle Brown, en Rosario.

Según el Banco Central, FG Importaciones había estado exportando por más de 5,6 millones de dólares, cobró esos envíos en dicha moneda y no introdujo esos billetes al mercado oficial de cambios, como debe hacer cualquiera otra empresa del rubro agrícola. “El 66,72% de las divisas correspondientes al valor de las exportaciones con obligación de ingreso y liquidación se encuentran pendientes de regularizar”, explicó el BCRA, que ya el año pasado había suspendido la cuenta corriente de otras cerealeras que operaban las plantas del grupo Vicentin, como la corredora Díaz&Forti.

Pero en aquel momento, aquellas eran empresas reales que cargaban granos en un barco y lo exportaban. En el caso de la firma cuestionada ahora, bien vale dudar sobre si no se trata de una fachada para ocultar las operaciones de exportación de otros jugadores y una  maniobra para fugar divisas el exterior. ¿Por qué? Porque FG Importaciones SRL ni siquiera figura como “exportadora de granos” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que maneja el Ministerio de Agricultura. Eso es obligatorio para el resto de las cerealeras.

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La cartera agropecuaria también publica mes a mes los volúmenes de granos y subproductos embarcados por cada compañía. Y en todo 2021 no aparecen en esos registros oficiales rastro alguno sobre ese operador. Entre Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco o empresas locales más pequeñas, no hay ni una referencia allí a esta cerealera fantasma. Tampoco aparecen barcos contratados a su nombre que hayan recalado en los puertos argentinos para cargar algún producto agrícola.

“Nosotros no somos la Aduana”, contestaron desde el BCRA cuando Bichos de Campo preguntó cómo era posible que nadie hubiera sospechado antes de esta ignota compañía rosarina y en todo caso le hubiese impuesto un control más riguroso para evitar lo que sucedió: la dejaron exportar por 5,6 millones de dólares que ahora se reclaman. Por cierto, es la Aduana el organismo que debería haber puesto ese filtro en caso de considerarlo necesario. El Banco Central está cumpliendo con su obligación que es reclamar las divisas.

La pregunta es si el estado pudiera haberlo evitado.

FG Importaciones SRL es una empresa de solo tres años de vida, aunque en realidad como “cerealera” su existencia ha sido mucho más breve.

La firma fue creada en mayo de 2018 por Juan Bautista Fassio e Ignacio Alfredo Granato, ambos comerciantes y domiciliados en Rosario. Granato fue fu primer gerente en esta primera etapa, en la que la empresa pretendía dedicarse a la importación (co0mo su nombre lo indica) de artículos textiles, electrónicos y de ferretería. Pero Granato duró menos de un año: en abril de 2019 vendió su participación societaria a la esposa de Fassio, Eleonora Cripovich.

Recién el 1 de septiembre de 2020, es decir hace poco más de un año, la sociedad modificó su estatuto social para abarcar dentro de sus actividades la compra y venta de productos agrícolas. Pero tampoco duró demasiado en el negocio, pues la AFIP la dio de baja del Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) en abril de 2021. Allí figuraba como exportadora.

Este caso, a esta altura, expone la extrema fragilidad de los controles que impone el Estado a ciertas empresas, a todas luces muy débiles frente a la presión cotidiana que sienten miles de pequeños contribuyentes que son hostigados de modo permanente para que cancelen sus pasivos con la AFIP. También deja al descubierto que es casi nulo y obsoleto el intercambio de información permanente entre los diversos organismos involucrados en las tareas de control. Queda claro no hay cruce de ningún tipo de información.

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Entre octubre y noviembre, a Fassio (principal cara visible de la fantasmal FG Importaciones SRL) le rebotaron un par de cheques por cifras millonarias. Recién después de eso el BCRA parece haber comenzado a sospechar sobre su situación y descubrió que había 5 palos verdes en divisas pendientes de liquidación.

No parece mucho para un país que exportó granos por más de 30 mil millones de dólares, que es la cifra que las cerealeras reales habían liquidado ante el BCRA hasta noviembre de 2021. Pero tampoco es poco. En poder del Central, esos cinco palos verdes hubieran permitido afrontar la importación de algunos de los insumos claves que le están faltando por estos meses a los productores agropecuarios.

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En ese grupo fundador estaba Walter Tombolini, aunque por ese entonces era solamente agricultor y recién se convirtió en ganadero en 2013, porque “el mercado granario es cardíaco”, graficó. Ahora Tombolini acaba de ser elegido como nuevo presidente del Rosgan.

Tombolini llegó a la titularidad del mercado ganadero (que se especializa en invernada) con empuje y muchas ganas de hacerlo crecer. Por eso espera sumar a nuevos operadores, ya que ahora lo conforman solamente una docena de casas consignatarias además de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Se llegó hasta acá, se hizo un mercado grande e importante, ahora hay que producir un cambio. Uno es abrir el mercado, lo que está previsto por estatuto. Nos estamos preparando para crecer, la bolsa nos dio bandera verde”, indicó el agricultor reconvertido a ganadero. Indicó que ya son varios los que están negociando para sumarse.

Escuchá la entrevista con Walter Tombolini:

El productor entrerriano explicó que el Rosgan se apoya sobre tres patas. Una y fundamental son los consignatarios que dan vida a la relación entre la oferta y la demanda. Otra es la tecnología (los remates vía televisación e internet) que permiten la llegada a todo el país. Por último está la financiación, un aspecto que también espera mejorar.

“No podemos tener un mercado ganadero sin las herramientas suficientes para hacer que esto sea más dinámico. No tenemos previsibilidad en precio ni previsibilidad financiera, la gente no sabe que esto es un ciclo de un año y medio, el producto se genera hoy tendrá precio en un año y medio”, señaló.

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Tombolini agregó que para dotar de mayor certidumbre a los negocios dentro del Rosgan es necesaria una mayor interacción con los otros mercados que funcionan dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario, como es el caso del Matba-Rofex y el Mercado de Valores. “Hay que interactuar con otros jugadores externos como financieras o bancos”, aseguró.

Al respecto, dijo que es conveniente y hasta necesario desarrollar herramientas que permitan tener referencias de precios futuros como los que cuenta la agricultura.  “Hoy sembrás un lote de soja, haces tus cálculos, venís al Rofex, lanzas un put, cubrís tus costos y tenés asegurado un piso a mayo. ¿Puede ser que en mi campo insemino una vaca y que eso implique esperar 9 meses hasta la parición, 6 meses para el destete y recién en ese momento voy a vender un ternero? Casi dos años de espera para no saber a qué precio se va a negociar la hacienda y eso sin tener en cuenta que además juega el contexto político y económico”, explicó.

“Hay que sacarse el sombrero ante los ganaderos que producen a ciegas, por eso estamos hablando con el Rofex para poner en el mercado un futuro de carne, novillo o ternero” que le de referencia de precio al sector”, indicó.

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“Nos encontramos en una ubicación estratégica dentro de la provincia y del país. Estamos en el corazón de la pampa húmeda, donde confluyen el mayor porcentaje de granos, minerales y productos que salen  al mundo. Por la importancia de la región y por la crítica situación del campo y de nuestro país, los invito a que cambiemos la actitud de pasiva a activa, y de reactiva a propositiva”, redactó Aramendi.

A nivel provincial, la rural de Rosario integra la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) junto a otras 33 filiales, que a su vez se nuclean dentro de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

En este sentido, la productora señaló: “La fortaleza de nuestra rural, junto al trabajo en equipo de  todas las rurales provinciales, es lo que da la fuerza necesaria a CARSFE para incidir a nivel provincial y nacional. Tenemos que rever el vínculo con la cadena de la que somos parte. No basta con  trabajar tranqueras adentro, ser eficientes y lograr una gran producción. Es imprescindible trabajar tranqueras afuera en la propia localidad, vincularnos con otras instituciones y solucionar los problemas regionales”.

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A continuación también se refirió a la necesidad de mejorar la comunicación entre el campo y la ciudad, para “informar y educar con la verdad”.

“Necesitamos contar con el acompañamiento de la sociedad, que lo vamos a obtener en la medida en que nos acerquemos a ella. Para que nos apoyen debemos mostrar el polo de trabajo, el desarrollo económico y la provisión de alimentos que da el campo, que además puede participar en la satisfacción de la demanda mundial de alimentos y productos. Sólo lo conocido puede ser querido y defendido, entre todos”, concluyó Aramendi.

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¿Y cómo lo hicieron? Nada más y nada menos que con moscas.

Luego de ser seleccionados por Xerendip Venture Builder como modelo viable para ser puesto en marcha, se conformó Mosquita Feed Co, la startup que hoy tiene a Ubieta y Speciale como coordinadores de un equipo de ocho personas, que reúnen lo mejor de la ciencia y los negocios.

Todo el trabajo gira en torno a la Mosca Soldado Negra o Hermetia illucens, que ya en el mundo está dando de qué hablar por su gran capacidad para reciclar varios sustratos orgánicos, como los estiércoles, alimentos y desechos de cultivos. Aún así, este proyecto se centra por el momento únicamente en el bagazo.

“La mosca soldado tiene capacidad para elegir cualquier tipo de desecho orgánico, pero apuntamos a esto porque encontramos una necesidad por parte de las cervecerías. El bagazo tiene casi un 80% de agua y transportar un residuo de poco valor con esa proporción termina siendo muy costoso. Mediante nuestro proceso lo revalorizamos. La economía circular es parte del alma de Mosquita”, dijo a Bichos de Campo Juan Ubieta.

El proceso consiste básicamente en criar las larvas de estas moscas que serán las encargadas de consumir el bagazo. El proceso biológico es de entre 9 y 14 días, y los residuos obtenidos de las larvas serán aquellos que se destinarán a la fabricación de subproductos como fertilizantes, biogás y hasta suplementos proteicos para animales.

“Las larvas se filtran en grandes tamices y todo el residuo que queda, el bagazo mezclado con los restos de larva, etc., eso se separa. Esa la Fracción Frass, es decir aquello que utilizamos para fertilización, biogás y complemento de alimentación animal, tanto mono como multigástricos: peces, pollos, gallinas vacunos”, afirmó Ubieta.

Ese subproducto puede ser utilizado como fertilizante o vendido a empresas que quieran fermentarlo para obtener biogás. También se lo somete a distintos procesos de centrifugado que dan lugar al aceite de mosca por un lado o Mosquita Oil, y al residuo o polvo proteico de mosca, el Mosquita Meal.

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“Argentina tiene un potencial de revalorización de los desechos de la industria cervecera enorme, siendo este aproximadamente 81.000 toneladas de Mosquita Meal, 23.000 toneladas de Mosquita Oil y 365.000 toneladas de Feed & Frass”, indicó el emprendedor.

Hasta el momento el proyecto lleva invertidos 150.000 dólares gracias al apoyo de inversores privados. El objetivo es llegar a fin de año con una biofábrica en marcha y en 2022 empezar a trabajar a escala industrial.

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“La investigación está a cargo del fiscal (Miguel Salvador) Moreno y se desarrolla sin la participación de los presuntos delitos investigados, por lo cual al día de hoy nosotros no sabemos de qué se nos va a imputar mañana en la audiencia”, explicó Alberto Macua, ex vicepresidente de Vicentin e integrante del directorio de la empresa al momento en que la misma se presentó en concurso, en una reunión con distintos medios de prensa de la que participó Bichos de Campo. En el encuentro estuvieron también presentes Omar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentin, y Máximo Padoán, otro director al momento de la entrada en concurso en febrero de 2020.

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Según indicaron los ejecutivos, la convocatoria para la audiencia fue recibida hace apenas una semana. “Paralelamente, nosotros estamos en una etapa del concurso muy decisiva. Desde el 25 de septiembre estamos discutiendo con los distintos acreedores, bancos internacionales, productores, acreedores granarios, acreedores comerciales y bancos locales la propuesta, que todavía no fue presentada formalmente al expediente. Los bancos internacionales pidieron detalles acerca de los términos legales de la propuesta y la semana pasada se les presentó un resumen ejecutivo. Por eso es que esta audiencia imputativa, que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, nos agarra en pleno trabajo y avance del proceso concursal”, señaló Macua.

En ese sentido, Scarel indicó que “estamos pensando en dolarizar a los pesificados. Para ello necesitamos la aprobación de los bancos, y mientras tanto estamos trabajando ‘a full’. No se ha despedido gente, no hay deudas post concursales. Vamos a llegar a una caja de 70 millones de dólares para hacer frente a los gastos concursales y a este pago inicial que hacíamos (según la propuesta en elaboración) a los acreedores pequeños. El momento en el que llega es inoportuno, pero estamos dispuestos a cursarlo, estamos a derecho”.

Agregó a continuación que hasta el momento se realizó una auditoría forense ordenada por el juez del concurso, que implicó más de 11.000 horas de trabajo, la cual, según dijeron, fue abonada por la empresa. “No podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”, consideró Scarel.

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“La particularidad del derecho argentino es que el querellante no tiene ninguna obligación de probar nada: simplemente hace la acusación. Nosotros vamos a recibir mañana las imputaciones y vamos a empezar el proceso de defensa. Eso no debería influir en el concurso, porque esperamos para ese momento estar totalmente afuera, pero no se nos escapa que puede haber medidas cautelares normales o agravadas”, afirmó Macua.

La audiencia se realizará en Rosario, y los ejecutivos de la aceitera estarán representados por los abogados Jorge Larrecondo y Daniel Cuenca. Todavía se desconoce si la causa ampliará su carátula de estafa a otros cargos como falsificación de balances o asociación ilícita, según se sugirió en algunos trascendidos de los últimos días.

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Desde el año pasado, las entidades rurales han denunciado unos 150 casos de vandalismo contra estos silobolsas e incluso en la Cámara de Diputados debería debatirse un proyecto de ley de Sergio Massa para endurecer las penas de quienes cometen este tipo de ilícitos. Pero Blanco, que no proviene del agro, prefirió en su mensaje tratar de concientizar a los posibles atacantes. Luego de argumentar por qué la rotura de un silobolsa es atentar contra toda la comunidad, tildó a quienes llevan a cabo esos actos como “unos extraordinarios pelotudos”.

Mirá el video:

-¿Por qué se te ocurrió grabar este video?- le preguntó Bichos de Campo a este concejal que comenzó a incursionar en política en 2007 pero recién diez años después logró acceder al cargo que hoy ocupa.

-Tiene que ver con la bronca, con la indignación que me producen estos hechos. Esa bronca viene de lo que uno mamó, del formateo cultural que tuve desde chico. Mis padres eran dos inmigrantes españoles que antes de llegar a la Argentina vivieron de la tierra. Los dos labraron la tierra desde chiquitos y todas sus familias vivían de esa actividad. Cuando llegan a la Argentina no se dedican a eso sino a otra cosa. Mi padre arrancó con una piedra de afilar, luego se dedicó a la actividad gastronómica y luego a la construcción. Es el oficio que yo aprendí de él. A eso me dediqué durante 30 años antes de involucrarme en política.

-Entonces te impactan las imágenes de silos rotos a pesar de que nunca te dedicaste a la actividad agrícola…

-Crecí viviendo con historias de vacas, caballos, patatas, de caldos que se hacían con productos que ellos sacaban de la tierra. Cuando tuve 10 años tuve la suerte de conocer la aldea donde habían nacido e involucrarme durante un mes en el trabajo de la tierra. Me sirvió para entender el sacrificio con el que ellos habían crecido. Comprendí como todo un pueblo, desde el herrero, el pintor, el albañil, todos ellos vivían de lo que se producía en el campo, porque a partir de ahí se generaba una cadena virtuosa de evolución económica para todos.

-¿Y tus padres qué dicen cuando ven un silobolsa roto?

-Cuando todavía vivían mis padres y veían los silos vandalizados les daba muchísima indignación. Supongo que es eso lo que me motivó a grabar el video siendo concejal de una urbe como Rosario. Pero también tiene que ver conmigo, que estuve 30 años en la construcción, donde he sido empleado y empleador. Durante todos esos años, diría que el 60/70% de las construcciones en las que me involucré tenían un denominador común, que era el derrame del campo. Es que la mayoría de los productores no se llevaban las divisas fuera del país, sino que invertían en Rosario para tener una alternativa de renta o para que sus chicos fueran a estudiar y tuvieran su departamento. Todo eso generaba un derrame muy virtuoso en la ciudad.

-¿Y por qué llamaste a los que rompen silobolsas como unos “extraordinarios pelotudos”?

-Primero me pareció oportuno dejar plasmado en un video que desde lo citadino también hay una comprensión de lo que se vive en el campo. El calificativo final tiene que ver con esa línea de pensamiento, que entiende que al tipo que se le ocurrió tajear un silobolsa no está entendiendo que es de lo que él mismo vive, aunque en su caso fuera de un plan social o incluso de la actividad delictiva. Todo tiene que ver con lo que produce la gente, la riqueza en términos de construcción de valor. Creo que un tipo que atenta contra quien produce un valor del que él mismo se beneficia, en definitiva está atentando contra si mismo. Atenta contra la canilla de agua, contra el dispensario, contra el pavimento, contra el hospital y la  escuela. Me pareció que alguien que atenta contra si mismo, contra su propia familia o su comunidad, linealmente es un pelotudo. Y cuando atentan en esta escala, son unos extraordinarios pelotudos.

-¿Pero no incentivan los políticos este tipo de acciones?

-Desde la política hay que ponerse del lado del que labura, del que hace. Hay un sector político que discute qué hacer con el patrimonio y la riqueza de las personas, cuando la discusión pasa por qué se debe hacer con los impuestos que ese patrimonio y esa riqueza generan. Si todos los sectores nos pusiéramos de acuerdo en no atentar -aunque sea discursivamente- contra aquellos que producen valor, creo que se desalentaría a aquellos que se fanatizan cada vez que alguien dice oligarquía, empresarios, industriales o comerciantes, Son palabras que en otras partes del mundo tienen significados virtuosos, pero acá las bastardeamos. Todo aquel que produce trabajo y riqueza en este país está mal visto.

-Insisto, ¿no hay culpa de la política para que eso suceda?

-Obviamente aquellos que nacen y se educan escuchando la retórica política en contra de este sector, la termina incorporando como concepto básico, como una cultura. Es cierto que la política se ha construido durante décadas a partir del odio y la división. Siempre los problemas son culpa del otro. La política se pone en el medio mezquinamente y usufructuando esa división. Obviamente creo que ahí está el pecado original que nos acerca más a ser Etiopía que a ser Australia.

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“Dentro de 48 horas se van a quedar sin stock de cereal para cargar los barcos a los que ya les dieron turno”, declaró ayer para la prensa José María Ramón, capataz de estibadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), que trabaja en las terminales portuarias de San Lorenzo, al norte del Gran Rosario.

Según los informes diarios brindados por la empresa de logística Williams Agroservicios, este miércoles no ingresaron camiones a las terminales de Necochea y Bahía Blanca, y en Rosario llegó sólo el 20% de lo que se recibió hace una semana.

CAMIONES Y VAGONES ARRIBADOS A PLAYA DIA 20/01/21 pic.twitter.com/AiKeEFzWkk

— Williams Agroservicios (@WEntregas) January 20, 2021

El miércoles 13 de enero, tres días antes de que comience la medida de fuerza, ingresaron a Necochea 443 camiones y 22 al puerto de Bahía Blanca. Por su parte Rosario recibió a 1786 unidades contra las 358 que ingresaron en el día de hoy.

CAMIONES Y VAGONES ARRIBADOS A PLAYA DIA 13/01/21 pic.twitter.com/Tl6s1u89Q1

— Williams Agroservicios (@WEntregas) January 13, 2021

Esto refleja la contundencia de los cortes que se están realizando al momento de forma aleatoria en la Ruta Nacional A012, en la 19 –altura Josefina- y en las Rutas provinciales 18 y 14 –altura Piñero-, en la provincia de Santa Fe. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FEDEEAC) también informó de cortes en Necochea y Quequén, en las rutas 228, 88, 227 y 86 en toda la zona de rotondas

A pesar de que Santiago Carlucci indicó ayer a Bichos de Campo, que no se busca frenar el tránsito sino practicar retenes, los estragos por las demoras provocadas ya se empezaron a notar.

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La de Coto es una inversión de 25 millones de dólares en diferente tipo de adecuaciones en dicha planta, pensadas para incrementar la capacidad de congelamiento y depósito de carne, que se incrementa a 2.000 toneladas instantáneas. Además incorpora el congelado continuo de cajas para 700 toneladas.

La capacidad de faena de esa planta nunca fue un problema: puede procesar hasta 1.000 cabezas por día sin dificultades. La situación a resolver era el depósito final de la mercadería producida, que es lo que se subsana con este desembolso.

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Coto, de este modo, busca tener todo más aceitado para atender tanto al consumo interno pero sobre todo la creciente demanda de la exportación y más precisamente al mercado de China desde esa planta, en la que tienen empleo alrededor de 700 personas.

Además posee otras dos plantas en provincia de Buenos Aires: una Ciclo 1 (donde sólo faena) para el consumo interno, y otra donde además de la faena también desposta y la carne se exporta. Tiene también un frigorífico avícola.

Esta inversión en carnes de la cadena de supermercados forma parte del relevamiento que hizo en su momento el Gobierno de Santa Fe. De allí surgió que durante la pandemia en la provincia el sector agroindustrial realizó inversiones por cerca de 1.900 millones de dólares. En este sentido, funcionarios provinciales se mostraron muy optimistas con el desempeño del sector agropecuario en un año tan difícil como este en el que se garantizó sin mayores problemas el abastecimiento de alimentos a la población.

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“Después de semanas de negociaciones nos vemos forzados a retomar el conflicto con los empresarios portuarios que pretenden ganancias extraordinarias y llenarse los bolsillos mientras nuestros compañeros están poniendo el pecho a la pandemia en los puertos o lamentando la falta de trabajo en el sector más pujante del país. No podemos permitir que la situación siga así”, dijo Pablo Palacio, Secretario General de la URGARA.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazaron la medida y la tildaron de “ilegítima e irresponsable” en medio de este escenario de pandemia. Martín Brindici, gerente general de la CPPC dijo: “Pretenden, sin ningún fundamento objetivo, reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Cuando todos los argentinos piden trabajo, hay dirigentes que van a un paro buscando trabajar menos.”

Desde URGARA indicaron que las paritarias vencieron en julio al igual que la Conciliación Obligatoria dictada el pasado 27 de agosto por el ministerio que dirige Claudio Moroni, y se dirigirán mañana –martes 29 a las 15 horas- a la cartera laboral para ratificar sus pedidos: “recomposición salarial, reducción de jornada laboral, horas extras, licencias, seguridad e higiene, sistema de relaciones laborales, condiciones de vida, Impuesto a las Ganancias y jerarquizar la tarea de nuestros compañeros”.

https://twitter.com/urgaracom/status/1310341441307189251

URGARA argumentó que según datos oficiales de la Bolsa de Cereales de Rosario, las exportaciones de soja, maíz, trigo, girasol y cebada alcanzaron un nivel histórico en el primer semestre del año, llegando a los 52,5 millones de toneladas.

Del mismo modo, remarcaron que, según cifras del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), en los primeros seis meses de este año los muelles de Ingeniero White y Galván comercializaron 8.383.000 toneladas, récord respecto a 2019. Por otro lado, el Puerto Quequén superó los dos millones y medio de toneladas en el acumulado anual de los primeros cuatro meses del año.

Si bien desde la CPPC afirmaron que los salarios de los empleados de URGARA son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país, en la vereda contraria piden que los empresarios “cesen en su intransigencia y mezquindad de querer maximizar ganancias a cuesta de los trabajadores”.

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