La entrada Adelanto: Cómo será el sistema para gestionar cartas de porte electrónicas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los comprobantes electrónicos, tanto para transporte ferroviario como automotor de granos, podrán ser gestionados en el sitio de la Afip siempre y cuando, claro, el usuario se encuentre en una zona con conectividad.
La carta de porte automotor tendrá una validez máxima de 5 días, mientras que la ferroviaria contará con hasta 30 días de vencimiento. Ambos períodos podrán extenderse en caso de declarar “contingencias”, para lo que será necesario detallar los inconvenientes, como puede ser, por ejemplo, un paro de transportistas o la suspensión de cupos por protestas sindicales.
Todas las partes intervinientes en el traslado de granos tendrán acceso a la visualización del documento –mediante clave fiscal–, aspecto esencial para estar al tanto en tiempo real de cualquier inconveniente que pudiese surgir.
Los pasos para hacer la gestión digital del documento son bastante sencillos –con conectividad, claro– y constan de aportar los datos del solicitante, de la carga y del destino al cual se dirige la mercadería. Nada más.
Entre las ventajas del documento digital, se encuentra el hecho de que se generará en un solo paso y en una misma aplicación la solicitud, carga y emisión del comprobante, el cual contará con código de barras y QR para que pueda ser auditable en controles de ruta y en destino.
La desventaja es que las emisiones de cartas de porte se realizarán en función de la disponibilidad de granos en stock declarados por el empresario agropecuario en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), con lo cual, si llega a ocurrir alguna falla en el algoritmo del sistema de la Afip, de manera tal que el cálculo realizado no se corresponda con la producción por transportar, el trámite para subsanar ese error podría llegar a transformarse en un “inferno burocrático”.
Aquellos productores que tengan una planta de acopio propia, tendrán la posibilidad, al momento de trasladar granos hacia la misma, de solicitar un comprobante especial denominado “Carta de Porte Automotor Flete Corto”.
Para solicitar la “Carta de Porte Automotor Flete Corto, el productor debe estar inscripto en el RUCA con la categoría “acopiador”, además de tener un estado “1” ó “2” en el SISA. El CUIT del sujeto emisor debe, por supuesto, coincidir con el CUIT del sujeto destino.
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]]>La entrada No está nada claro el alcance de los nuevos controles de Agricultura: Los grupos de ganaderos y consignatarios serían los más afectados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En principio, de la consulta de Bichos de Campo con diferentes actores del negocio surge la casi plena certeza de que los más castigados por esta nueva medida del gobierno serán los grupos de productores, criadores o consignatarios que se han organizado para exportar carne, así como los matarifes que requieren el servicio de faena a una planta frigorífica. Es que son muy numerosos esos casos. En 2020 eran 319 las empresas habilitadas por el RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) para exportar carne, de los cuales 193 firmas no tenían planta propia.
En ese largo listado figuran, por ejemplo, las asociaciones de criadores de Angus, de Hereford y de otras razs bovinas, como incluso una firma especializada en el ganado japonés Wagyú. Hasta casas de remate como Etchevehere Rural SRL, perteneciente a la familia de luis MIguel Etchevehere, el ex ministro de Agroindustria del macrismo. Su hermano Juan Diego escribió: “Las últimas medidas del gobierno son un nuevo menoscabo al campo y sus libertades. Trabar nuestras ventas no es otra cosa que buscar llevarnos a la agonía”.
Las últimas medidas del gobierno son un nuevo menoscabo al campo y sus libertades. Trabar nuestras ventas no es otra cosa que buscar llevarnos a la agonía. Debemos analizar firmemente una medida de protesta clara. https://t.co/k8gqJmNCD6
— Juan Diego Etchevehere (@JEtchevehere) April 19, 2021
La resolución que impone nuevas exigencia a este tipo de sociedades, que gozan de todo el derecho constitucional de comerciar aunque sea con productos de terceros, estaba prevista inicialmente para el negocio de la carne vacuna. Pero sorpresivamente al publicarse la norma se extendió también al sector de granos y al sector de lácteos.
En el primer caso, el enorme territorio agrícola, el RUCA contabilizaba a la fecha un total de 857 matrículas de exportador granos. Aunque las empresas de ese listado que son dueñas de instalaciones portuarias y elevadores para exportar son mucho menos, apenas unas 20, aquí surgía el primer gris de la normativa, pues una mayoría de firmas de ese listado si cuenta con instalaciones para el acopio o el procesamiento de cereales y oleaginosas. Así las cosas, se dudaba si las nuevas exigencias correrían también para un acopio de pueblo que también está inscripto como “exportador”.
“La medida en principio afecta a empresas, cooperativas y corredores agrícolas registrados como exportadores que no cuentan con establecimientos propios, los cuales suelen hacer ventas externas esporádicas. De todas maneras, la resolución no es clara al respecto, porque no especifica qué incluye el concepto de “establecimiento propio”, dado que puede hacer referencia a industrias procesadoras, plantas de acopio o depósitos”, explicó una fuente.
En el caso de los lácteos, el universo de empresas anotadas como exportadoras es mucho más modesto. En 2020 el sector exportó productos por 1.164 millones de dólares desde un total de 95 empresa, pero la inmensa mayoría de los negocios (99,5%) se concentraron en 53 empresas que sí son dueñas de sus plantas de elaboración. El resto es el que podría sufrir algún inconveniente con las nuevas exigencias.
“En lácteos no sería un problema serio esta Resolución (siempre que no avancen más). Los 4,7 millones de dólares que quedan afuera son unas 45 empresas que exportaron muy poquito, y de los 4,7 millones, 3,1 se exportaron a Uruguay como leche cruda. Esta Resolución no debería hacer mucho daño al sector, pero está claro que están mostrando los dientes”, indicó un conocedor de ese negocio.
De todos modos, aparece un segundo gran agujero negro en la resolución firmada por Luis Basterra: no se establece si los nuevos requisitos se exigirán solamente a los operadores que se inscriban de aquí en adelante o si también correrán con cualquier todo de empresa que (en los tres rubros) debe acudir al RUCA para hacer su trámite de rematriculación todos los años.
En los considerandos de la Resolución, Agricultura dio por entendido que la exposición de cuentas, balances y el plan de negocios correrá para todos, los nuevos y los que se reinscriban. “Ante la imperiosa necesidad de alcanzar una más amplia formalización, transparencia y control de una actividad tan sensible como la exportación dentro de la matriz de producción agropecuaria nacional, se estima conveniente establecer nuevas exigencias, que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el RUCA y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio”, escribieron los funcionarios. La palabra “permanencia” resulta clave.
Luego añade: “Con vistas a alcanzar los objetivos propuestos se ha juzgado conveniente que los operadores inscriptos o interesados en registrarse en el RUCA, para desempeñarse en el mercado exportador, deberán informar para su evaluación, anualmente y acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica-financiera”. Una vez más, regirán las demandas adicionales para quien ya estuviera inscripto.
Pero la verdad es que la norma no establece con claridad esta cuestión, dejando un nuevo gris que habrá que subsanar de algún modo.
Pero la gran pregunta frente a esta nuevo requerimiento de información (alguna sensible, como los clientes de cada empresa en el exterior) es si realmente tenía sentido todo este embrollo leguleyo.
En ese sentido, la principal objeción la planteó Marcelo Rossi, un médico veterinario que hasta marzo pasado manejaba la Dirección Comercial de Control Comercial Agropecuario, que es el área de gobierno encargada de manejar el RUCA, y quien fue despedido de mal modo luego de varios años de reconstruir ese registro público de empresas alimentarias.
La Resolución 60 del día de hoy en el BO, no era necesaria. El estado cuenta a través de la AFIP, La Aduana, El Banco Central y el Ruca con los elementos para ejercer un riguroso control de la subfacturación y del ingreso de divisas que generan las exportaciones.
— Marcelo Rossi (@marcelorossi52) April 19, 2021
“La Resolución 60 del día de hoy no era necesaria. El Estado cuenta a través de la AFIP, La Aduana, El Banco Central y el Ruca con los elementos para ejercer un riguroso control de la subfacturación y del ingreso de divisas que generan las exportaciones”, explicó el ex funcionario, conocedor a fondo del asunto. Incluso hace algunos meses la propia Aduana emitió precios de referencia para evitar maniobras de subfacturación en los embarques de carne a China. Ningún operador puede exportar por debajo de esos valores.
Rossi añadió que a su juicio el resultado de estas mayores exigencias será una “mayor concentración y una invitación a la discrecionalidad”. es decir, como no está claro quién deberá cumplir con las nuevas exigencias, podría ser el funcionario de turno quien defina quién puede exportar y quién no pueda hacerlo.
Pero por otro lado es apabullante la cantidad de papeles que deberán presentar las empresas tratando de caer en gracia a esos funcionarios. “Tendrán que presentar los mismos requisitos en el RUCA que ya deben acreditar ante la AFIP, la Aduana, El Banco Central, y en algunos casos Comercio y SENASA. Cuatriplican requisitos, y exigen un año antes que operaciones se van a realizar. Una locura”, definió el ex funcionario.
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]]>La entrada Luciano Zarich, quien debe controlar a las exportadoras, ya lo hizo en el pasado: Las empresas truchas que recibían ROE le pasaban por delante de los ojos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Cómo era ese mecanismo? El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manejaba la UCESCI, un organismo que se hizo cargo de algunas tareas residuales de la ex ONCCA, eliminada en 2011 por Cristina para ocultar los casos de corrupción denunciados allí. Entre esas tareas estaba la administración de los permisos de exportación. Las empresas de granos, carnes y lácteos debían ir a la UCESCI para pedir un ROE, ya sea Verde, Rojo o Blanco, cuando querían exportar.
En la UCESCI había quienes hacían su trámite normalmente, por ventanilla, y muchas veces no conseguían el permiso. Pero también había un ducto muy aceitado a través del cual los ROE salían sin el menor control. Y es que Moreno, años antes, había encomendado a su amigo empresario Ider Peretti, un ruralista K a quien ungió como presidente de la vieja CGE (Confederación General Económica), crear una cámara especial de “cerealeras nacionales”. Luego, a este grupo le asignaba especialmente a ellos el 30% de los embarques de trigo y maíz. Una fortuna en exportaciones.
Entre 2012 y 2015 la CAPECO, tal el nombre de esa entidad, se pobló de nombres desconocidos para el comercio de granos. Y la Argentina, de golpe y porrazo, pasó de tener unos 40 exportadoras de trigo a más de cien. Un éxito de la política agroexportadora acuñado en base a… pagos en efectivo que se debían hacer directamente en el edificio de la CGE por los ROE asignados a cada empresa.
Esta historia es vieja y, por supuesto, la justicia casi no investigó a pesar de la abundancia de pruebas. Los dedos quedaron marcados por todos lados. A punto tal que en 2016, cuando cambió el gobierno, Íder Perettoi se fugó de la CGE y lo primero que hizo es comprarse un campo, en dólares y en efectivo.
¿Por qué traemos a la memoria este recuerdo? Básicamente porque en estos días se ha vuelto a hablar de la aplicación de estos ROE y porque este lunes el Ministerio de Agricultura impuso nuevas exigencias a los exportadores de granos, lácteos y carnes que no tengan planta ni instalaciones. Se las pedirá para que mantengan su matrícula en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Y esa es una condición si quieren trabajar en regla y exportar.
Entre 2011 y 2015, en aquel momento en que los ROE se repartían a empresas amigas de Peretti a cambio de jugosas comisiones, también era un requisito indispensable para recibir esos permisos estar matriculado en el RUCA, un registro que depende del Ministerio de Agricultura y es administrado por la ex ONCCA residual que quedó en esa cartera. Ese filtro es el mismo que ahora exige condiciones abusivas solo para algunos operadores: mostrar sus cuentas bancarias o declarar a quién le van a vender con un año de anticipación.
Lo curioso es que quien maneja el RUCA ahora es el mismo que lo administraba antes, en tiempos del festival de ROE truchos de Guillermo Moreno.
La última trinchera: Una pequeña guía para entender los cambios en Agricultura
Se trata de un contador que desde hace rato es empleado del Estado. Se llama Luciano Zarich, quien en marzo pasado fue designado como nuevo titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), el organismo del cual depende la administración del RUCA. Antes tuvo un breve momento de fama en 2020, cuando el Ejecutivo lo envió a Avellaneda, Santa Fe, para comandar el malogrado desembarco estatal en la aceitera Vicentin, que la justicia finalmente rechazó.
Unos años antes Zarich había sido nombrado, por decreto 659 del 7 de mayo de 2014 como Director Nacional de Matriculación y Fiscalización del Ministerio de Agricultura. Es decir, se ocupaba directamente de la gestión del RUCA.
Como parte de mis investigaciones en torno a las empresas sospechosas de recibir ROE a cambio de coimas, tuve que preguntarme varias veces por qué algunas firmas que claramente no producían granos ni eran cerealeras exportadoras sí habían sido habilitados para figurar en el RUCA. La responsabilidad sobre ese trámite recaía directamente sobre Zarich, quien ahora vuelve a tener la misma función e incluso más importante.
Un año antes del cambio de gobierno, en diciembre de 2014, publiqué en Clarín, el medio para el cual trabajaba, la historia de Josema Group. Desde entonces que le pregunto públicamente a Zarich con cierta frecuencia cuáles fueron los argumentos para incorporar esa firma en el RUCA, ya que la misma había recibido ROE para exportar 520 toneladas de arroz y 400 toneladas de soja. No era un gran volumen, pero la pregunta correspondía: Josema Group sido creada en 2012 por dos mujeres que declararon domicilios falsos. Su sede social era un domicilio, la calle Vilarino 2458 Piso 2 CABA, que tampoco existía.
Siguiendo los nombres de dichas mujeres, las direcciones declaradas y la de los contadores que participaron de los trámites aparecieron nuevas empresas truchas: Zulona SA, Artciru SA, Zulona Group SA, La Duquesa Group SA. Alguna de ellas también había sido habilitada en el RUCA que administraba Zarich.
El contador entronizado ahora en la ex ONCCA no respondió nunca a mis preguntas. Pero a los pocos días de aquellas notas, todos los rastros sobre Josema Group y sus primas fueron borrados del registro que él manejaba, y que servía de base para la posterior asignación corrupta de los ROE.
Hay otro ejemplo. Lo presenté en el Congreso de CRA de 2015, en Santa Fe, durante charla al que fui convocado junto al prestigioso Hugo Alconada Mon, un periodista de investigación en serio que finalmente me ganó el tercer premio FOPEA con su investigación sobre Cristóbal López y le evasión de miles de millones en impuestos a las naftas.
Se trataba del caso de la empresa WEAR SRL, que también había recibido de la UCESCI los permisos para exportar 2.000 toneladas de trigo en abril de ese mismo año. Era una firma recontra trucha, que también había atravesado milagrosamente todos los filtros. Si quieren reconstruir esa presentación, aquí va:
No puedo decir que el contador Zarich haya sido parte de esas maniobras. No tengo pruebas ni ánimo de acusarlo. Pero sí puedo afirmar que cuando le tocó hacer el trabajo de administrar el RUCA y controlar a los operadores allí matriculados, como vuelve a hacerlo ahora con mayores exigencias, lo hizo mal, muy mal. Por lo visto controlaba poco y nada. Se le cruzaron por delante de los ojos algunas empresas a todas luces truchas, que después terminaban siendo parta del festival de corrupción en la venta de ROE que habían impulsado Guillermo Moreno y su socio privado de la CAPECO.
No es un buen antecedente como para poder confiar en que los nuevos controles que ahora impulsa el Ministerio de Agricultura conducirán a un buen puerto. Todo lo contrario.
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]]>La entrada Habrá que ser vidente para exportar alimentos desde la Argentina: Obligan a informar un año antes a quién se le venderán los productos se publicó primero en Bichos de Campo.
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La normativa firmada por Luis Basterra a sugerencia del ex subinterventor de Vicentin, Luciano Zarich (foto), ahora a cargo de administrar el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentraria), parece escrita por quienes quieren que la Argentina exportadora no prospere, ya que impone condiciones rídículas a quien sacar del país carne vacuna, lácteos o granos y sus derivados.
¿Por qué ridículas? Porque en los tres casos, para tener su matrícula como exportación de esos rubros otorgada por el RUCA, se obliga a los empresarios sin planta (es decir a quienes compran un producto a otra empresa porque tiene un cliente en el exterior interesado en ella) a hacer futurología.
Los exportadores sin planta, según la resolución, deberán presentar un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos”.
Es decir, para pasar el filtro oficial tendrán que contarle al gobierno sus planes de negocios hasta con doce meses de anticipación. Es algo casi imposible de hacer. Habilita la puerta para la discreción de los funcionarios encargados de leer esos planes.
No es lo único que se exigirá y que parece abusivo. Para mostrar solvencia, “los interesados (en exportar) deberán informar, detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”. Esa información ya está en poder del Banco Central y bastaría un cruce de información para conocerla en caso de que el Estado quiera investigar un caso particular.
También hay una superposición en otro punto que se exige a los exportadores “sin planta”: una constancia de ingresos de divisas, del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación.
Se supone que con esta exigencia el RUCA, que es administrado por la ex ONCCA, evitaría maniobras especulativas de las empresas exportadoras que están obligadas a ingresar sus dólares comerciales al país, en plazos establecidos y a valor del “oficial”. Pero esa exigencia ya se estableció a fines de 2020: no podía figurar en el registro ningún operador si el BCRA informaba que debía liquidaciones de divisas.
Fue esa la razón que provocó la suspensión de Díaz & Forti, la cerealera que manejaba a fasón las instalaciones del grupo Vicentin, y a la que se dio de baja del RUCA por supuestamente deber unos 400 millones de dólares comerciales que debía canjear por pesos en el mercado único de cambios.
Desde febrero pasado, además, la ex ONCCA está obligada a suspender del Registro Único a los operadores (con planta o sin planta) que no cumplan con los planes de precios cuidados establecidos por Comercio Interior. Esta nueva resolución redobla esa imposición.
Un exportador, con planta o sin planta, debe figurar obligatoriamente en el RUCA, pero ese no es el único filtro. También debe figurar en el registro de exportadores e importadores que lleva la Aduana (el ámbito natural para este tema), estar debidamente registrado como empresa ante la AFIP, y atravesar los controles sanitarios del Senasa para cada carga de alimentos.
Ahora además deberá hacer futurología y anticipar sus negocios con al menos un año de plazo.
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]]>La entrada Efecto espejo: Las mayores exigencias para exportadores (como con los viejos ROE) no regirán solo para carnes sino también para granos y lácteos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Desde el vamos una sorpresa. Aunque el jueves el Gabinete Económico anunció que impondría nuevos requisitos solo a los exportadores de carne vacuna, en la flamante Resolución 60/2021 firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, estos ítems adicionales (algunos de ellos muy severos) se extienden a otros dos sectores claves de la vida agropecuaria: los granos y los lácteos.
Aunque Paula Español se empeñe en decir lo contrario, es todo igualito a lo que pasaba con los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) que instauró el kirchnerismo y que eliminó el macrismo a la semana de llegar al poder en diciembre de 2015, porque se habían convertido en una canilla para cerrar el comercio agropecuario y había también muchas sospechas de discrecionalidad y corrupción. Hubo, hasta ese momento, ROE Blanco para los lácteos, ROE Verde para los productos agrícolas y ROE Rojo para la carne vacuna.
El Ministerio de Agricultura, al extremar las exigencias para los exportadores que se matriculen en el RUCA (una suerte de padrón general obligatorio de todos los operadores del sector), casi que parte de considerar la exportación como un acto delictivo, ya que intima a las empresas que incurran en el comercio de productos argentinos al exterior a que “informar para su evaluación, anualmente y acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica-financiera” de sus operaciones.
Estos nuevos requisitos regirán para el caso de empresas que no tengan una planta propia y que se dediquen solamente al comercio de bienes producidos por otros o producidos por ellos mismos pero en plantas de terceros. Esto que es una modalidad habitual en cualquier país del mundo, aquí parece ser motivo de sospecha.
Así las cosas, sorprende también una nueva exigencia para figurar en el RUCA: las firmas de esos tres sectores mencionados (carne, lácteos y granos) deberán, para poder operar, informar a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) el “detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”.
No es el único requisito novedoso:
Los exportadores sin planta también deberán presentar a las autoridades un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos”. Es decir, para obtener su licencia para ejercer un negocio lícito casi que deberán hacer futurología, adivinando por anticipado su flujo de negocios. Las Pymes, en esta escenario, parecen estar condenadas a no poder exportar más.
Además, como si fuera el Ministerio de Trabajo que debe controlar el trabajo informal, se exige a los exportadores que presenten un “detalle del personal en relación de dependencia y compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores”.
Si un intermediario logra cerrar una buena venta a China desde su escritorio y compra la mercadería a otra empresa para poder exportarla, quizás no pueda realizarla porque le exigen tener personal a cargo. Una rareza.
Además, como nuevo filtro, se exigirá a quienes quieran ser simplemente exportadores que presenten a la ex ONCCA el “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.
Este área del Ministerio de Agricultura, que administra el RUCA para velar por la transparencia de los mercados agropecuarios, también hará la tarea del Banco Central, ya que pedirá a los exportadores sin planta que presenten una “constancia de ingresos de divisas del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación”.
En el caso de granos, carnes y lácteos se aclara que todos estos requerimientos “no serán de aplicación si el exportador tiene un establecimiento propio ya inscripto en el RUCA”.
“Las medidas adoptadas mediante la referida regulación tienen el objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales”, explica la resolución firmada por Basterra, que debería complementarse en las próximas horas con la creación de un nuevo registro de exportadores, pero administrado por Comercio Interior.
Los primeros en poner el grito en el cielo por la presencia de exportadores de carne sin planta (es decir matarifes que estaban queriendo incursionar en el comercio exterior) fueron los grandes frigoríficos del Consorcio ABC, varios de ellos extranjeros. Son los mismos que están negociando con el gobierno la extensión de un acuerdo para colocar en el mercado cortes bovinos más baratos.
Estas nuevas exigencias no pueden analizarse sin un detalle: en marzo pasado Basterra echó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un técnicos de extracción radical que supo en 2007 enfrentar a Guillermo Moreno cuando éste comenzó a utilizar los ROE para regular las exportaciones. En su lugar colocó a un contador llamado Luciano Zarich, que tuvo su breve periodo de fama el año pasado al ser designado subinterventor de la aceitera Vicentin, cuando el gobierno todavía soñaba con una expropiación.
Zarich ya había manejado el RUCA hasta 2015, y en ese periodo han sido visibles varios casos de discrecionalidad a la hora de matricular empresas truchas que luego terminaban recibiendo los permisos de exportación que distribuía Moreno desde Comercio Interior. Ya recordaremos esos casos.
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]]>La entrada Para exportar o importar alimentos, el Senasa controlará que las empresas estén inscriptas en el RUCA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) acaba de protagonizar una de esas volteretas que confunden más que aclarar. En el lapso de apenas dos años, primero eliminó un registro de empresas exportadoras e importadoras, luego estableció que se manejaría con el de la Aduana y ahora agregó un segundo requisito para las firmas interesadas en participar del comercio exterior de alimentos: deben además estar inscriptas en el RUCA (El Registro Único de la Cadena Agroalimentaria).
Vamos por partes, diría Jack el destripador.
En enero de 2019 el Senasa emitió la Resolución 79/19. Era todavía gobierno de Cambiemos y tiempos de una furiosa “simplificación” de trámites en el organismo sanitario, donde la gestión de Ricardo Negri derogó y abrigó cientos de normativas. En dicha resolución, el Senasa eliminó su propio “Registro de Exportadores y/o Importadores de animales, vegetales, material reproductivo y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que contengan, entre sus componentes, ingredientes de origen animal y/o vegetal”, que había sido creado en 2001.
La norma parecía tener todo el sentido común: ¿Para qué hacía falta que el organismo de control sanitario tenga un registro de empresas exportadoras e importadoras si para controlar a ese universo ya existía la Aduana? En rigor, a partir de ese momento el Senasa decidió consultar el registro aduanero cada vez que se le requirieran los servicios.
Este jueves en el Boletín Oficial, el Senasa volvió a publicar una resolución sobre el asunto, la 151/21. Por suerte, no reimplanta el registro que había sido anulado en 2019, pero sí pone una nueva condición para el cruce de informaciones por internet que el Senasa debería realizar ante cada requerimiento de una empresa exportadora o importadora de alimentos. Ahora, además de convocar a la base de datos de la Aduana, también consultará con el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial).
Es decir que los exportadores o importadores también deberán estar necesariamente inscriptos allí para pedir los servicios de certificación sanitaria del Senasa.
El RUCA depende de la ex ONCCA o la actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura. Se suponía que allí deben estar registradas todas las firmes con actividad en el sector agroalimentario, sean o no exportadoras o importadoras. Pero al parecer en Senasa encontraron que había algunas que aparecían en la Aduana pero no en el RUCA.
“Había muchos exportadores sin RUCA. La vinculación es a los efectos de exigir dicha inscripción. En 2019 se eximió de ese requerimiento y muchas sociedades anónimas simples sin RUCA con solo estar inscriptas en AFIP exportaron. Nuestro objetivo es solo buscar que estén inscriptos como cualquier exportador de productos agropecuarios”, dijeron desde Senasa para explicar la nueva exigencia a las empresas que intervienen en el comercio exterior. Una nueva exigencia que en realidad era vieja, porque se suponía que esas firmas ya debían estar inscriptas tanto en el RUCA como en la Aduana.
Llaman la atención los momentos elegidos para reforzar esta exigencia de doble inscripción por parte del Senasa.
Hace un mes, de muy mal modo, el Ministerio de Agricultura eyectó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un veterinario de conocida militancia radical que había sido convocado por Cambiemos en 2016 para reorganizar ese área (eliminada por Cristina Kirchner en 2011 luego de resonados casos de corrupción). Rossi, apoyado por todo el arco de las actividades productivas que debía controlar, permaneció un año más en su puesto a pesar del cambio de gobierno. Como debería suceder en cualquier país normal, donde los funcionarios técnicos de carrera no sufren los avatares de la política.
Es vox pópuli que Carlos Milicevic, un santacruceño que ahora es vicepresidente del Senasa y que era jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura (en tiempos de Javier De Urquiza) cuando estalló el conflicto con el campo en 2008, fue uno de los grandes promotores del desplazamiento de Rossi. En su lugar en la ex ONCCA, el ministro Luis Basterra designó a un contador llamado Luciano Zarich. Es el mismo que fue nombrado como subinterventor en la fallida intentona de expropiar Vicentin.
Zarich, que ahora tendrá control directo sobre el RUCA, ya fue encargado de manejar ese registro de empresas en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, hasta fines de 2015. En aquel momento ese registro público mostró varias inconsistencias, como la habilitación de empresas inexistentes que recibían ROE Verde, los permisos de exportación de trigo o maíz que distribuía el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
El de Josema Group es un caso testigo que Zarich jamás pudo explicar en su anterior gestión: fue anotada como exportadora y recibió ROE para vender arroz y soja al exterior.
Ahora vuelve a tener a cargo ese registro, el RUCA, donde deben estar inscriptos todos aquellas empresas que quieren producir alimentos en este bendito país de tantas idas y vueltas.
Allí deben estar inscriptas, a partir de ahora, aquellas firmas que quieran exportar o importar y necesiten para hacerlo los certificados sanitarios del Senasa.
La entrada Para exportar o importar alimentos, el Senasa controlará que las empresas estén inscriptas en el RUCA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Luego de quince días supendida, Díaz&Forti podrá volver a operar gracias a un recurso de amparo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El magistrado ordenó que tanto el Banco Central (BCRA) como la AFIP y el Ministerio de Agricultura, que había actuado en este caso a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNNCA), que “levanten todo tipo de restricción” sobre la operatoria de Díaz&Forti, una empresa cerealera que creció geométricamente en sus operaciones este año, a partir de haber tomado el control, mediante un contrato de fazón, de las plantas aceiteras de la malograda Vicentin en San Lorenzo y Ricardone.
La firma había quedado suspendida del Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que administra la DNNCA, luego de que el Banco Central informara a Agricultura que la firma en cuestión adeudaba cumplir con el 97% de sus liquidaciones de divisas fruto de sus exportaciones de exportación de granos y subproductos. Suspendida del Registro, una empresa queda impedida automáticamente para operar. Es lo que el juez subrogante ordenó retroceder ahora.
Pero previamente, el BCRA había recomendado a los bancos que operan en el mercado de cambios pedir autorizaciones especiales a la autoridad monetaria en casos de giros vinculados a dicha empresa. Y a la par, ordenó a la Aduana que “no dar curso a los despachos a plaza” da pedido de esta firma, que forma parte del grupo rosarino Olio.
El principal argumento de la autoridad monetaria para pedir estas sanciones fue que había unos 450 millones de dólares faltantes por operaciones de exportación concretadas por dicha firma, que opera no solo desde la plantas de Vicentin sino también usando la elevación de otros importantes jugadores, como Renova y Cofco.
Justamente por ese tipo de operaciones, previamente Díaz&Forti había sufrido una primera suspensión de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, luego de una inspección que detectó que unas 60 mil toneladas de soja que le empresa había enviado a esas dos empresas cerealeras, y que habían sido declaradas para “molienda” a pesar de que la firma del Grupo Olio no tenía matrícula como operador industrial, finalmente habrían sido exportadas sin procesar. Esto podría haber implicado una maniobra de elusión de las retenciones adicionales que tributa el poroto por sobre los subproductos.
Aunque desde la compañía cerealera investigada se victimizaron en varios medios y hasta se argumentó con la existencia de un complot o “mano negra” en su contra, para dejar fuera de competencia a Vicentin y beneficiar así a otros grandes operadores del mercado aceitero, en ningún momento Fernando Jurado, su CEO, desmintió las irregularidades. Por el contrario las confirmó. En el caso de las liquidaciones de divisas para el BCRA, se admitió la demora, pero se argumentó que la cifra sería de la mitad de la reclamada por el Central. En el caso de la soja, Díaz&Forti reconoció la falta, aunque habló de un error administrativo generado en las plantas en las que operó.
Ambos temas seguirán bajo investigación oficial a pesar de esta orden judicial tomada en tiempo récord por el juez subrogante Seminara. Díaz&Forti, en su presentación ante la justicia, argumentó que la suspensión del RUCA le había sido aplicada en forma retroactiva, ya que la exigencia del gobierno de condicionar a las empresas exportadoras para que liquiden efectivamente sus divisas ante el BCRA se tomó por resolución de Agricultura recién en los primeros días de diciembre, cuando a al firma se le reclaman deudas asumidas con anterioridad a esa fecha.
La admisión de las faltas, de todos modos, salta a la vista. Hace una semana, Díaz&Forti había emitido un comunicado de prensa contando que esperaba resolver los temas pendientes con el Banco Central en el término de 24 o 48 horas. Pero los días pasaron y nada de eso sucedió. Por eso la vía de amparo como último recurso.
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]]>Pero algo sucedió la semana pasada: el Ministerio de Agricultura suspendió la matrícula de Díaz & Forti por presuntas irregularidades en sus operaciones. Ningún operador del mercado de granos puede operar sin la correspondiente matrícula del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Y por lo tanto, las plantas aceiteras que pertenecían a Vicentín, y que funcionaban gracias a mercadería originada por el Grupo Olio, tuvieron que apagar sus calderas hasta que se esclarezcan las sospechas.
Fuentes de Agricultura argumentaron que son varias las irregularidades que deberían explicar los directivos de Díaz & Forti en relación a lo sucedido. Desde la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) especialmente se investigó algunas operaciones del grupo Olio con las empresas Renova (propiedad de una sociedad entre Vicentin y Glencore) y la cerealera de capitales chinos Cofco, de las cuales el grupo Olio también sería proveedor de soja. Se sospecha que parte de esa mercadería ingresada a dichas plantas nunca se industrializó.
El mismo viernes, conocida la sanción, desde Díaz & Forti prepararon un descargo con la información que aclararía algunas de las dudas. Las otras empresas involucradas harían los propio en los próximos días. De todos modos, desde Agricultura las fuentes dijeron que las explicaciones no han sido suficientes. Y adelantaron que abrirán una nuevas instancia de requisitoria.
En el anticipo de esta sanción a Díaz & Forti, el medio Rosario 3 reveló que la suspensión de su matrícula del RUCA por estas supuestas irregularidades sorprendió a la empresa del Grupo Olio en un pico de actividad, ya que “tenían previsto recibir 1.500 camiones” este fin de semana largo. Según ese medio, en la firma aseguraron que “la sanción les llegó por un error administrativo de mayo por operaciones con Cofco y Renova”.
En esa breve crónica, también se insinuó que había una mano negra interesada detrás del operativo del gobierno, ya que “el crecimiento que está teniendo el grupo genera recelos de los grandes exportadores, más aún cuando desde la empresa no ocultaron que están sobrevolando la posibilidad de ir por los activos de Vicentin”.
En rigor, tras haber firmado una extensión del contrato de fasón para operar en las plantas del grupo fundado hace 90 años en Reconquista, y que en diciembre de 2019 ingresó en default con una deuda superior a 1.400 millones de dólares, los voceros del Grupo Olio hicieron saber que estaban a la búsqueda de un socio, para ver si podían hacer una oferta ventajosa en el marco del concurso de acreedores de Vicentin.
Bichos de Campo consultó al menos dos fuentes oficiales para saber si en serio esta suspensión podía subsanarse rápidamente y la respuesta fue bastante drástica: habría cerca de 75 mil toneladas de soja originadas por Díaz & Forti que ingresaron a las plantas de Renova y de Cofco y luego no habrían salido de allí como producto procesado, por lo que se requirió una justificación de esos movimientos.
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]]>Esa política, además de forzar a todos los matarifes a tener una matrícula visible, activó un sistema por el cual los operadores debían anticipar impuestos para poder faenar, lo que multiplicó la recaudación desde esa actividad que mueve millonadas de dinero. Como corolario, entre AFIP, el INAES y la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) se logró poner en caja a varias cooperativas de faena, que actuaban como prestanombres para esos malandras y constituían un núcleo potente de competencia desleal en la cadena.
Los malandras pueden ilusionarse con un cambio de gobierno, pero si el Estado mantiene continuidad de las políticas públicas más allá de quiénes las apliquen no habría nada que temer.
Pero hay temor. Y debe ser grande como para que dos cámaras que agrupan a empresas del sector frigorífico (Cadif más enfocada en el AMBA y Fifra en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) expusieran ese miedo en público. Pienso: si los frigoríficos, que se las saben todas, sienten miedo al regreso de los malandras, algo grave debe estar pasando.
El primero en visibilizar esta inquietud fue Daniel Urcía, presidente de FIFRA. En una nota escribió que a pesar de los avances logrados hasta aquí “es necesario trabajar en la formalidad del sector y para ello se necesitan avanzar con una mirada integral, sanitaria, fiscal, comercial, laboral, con información en tiempo real y capacidad de actuación en igual tiempo”.
Urcía esquivó hablar en concreto de las cooperativas de trabajo que se dedican a la faena de vacunos. Pero remarcó que, según datos oficiales, en el país hay caldo fértil para la competencia desleal ya que existen 199 establecimientos, la mitad del total registrado, que faenaron menos de 1.000 animales por mes. “Con ese número de faena tan reducido es difícil suponer que puedan generar los recursos suficientes para su debido funcionamiento y para el cumplimiento de las normas sanitarias, laborales y fiscales correspondientes y necesarias”, apuntó el directivo de FIFRA.
El cálculo es que 1.000 animales representan una producción de 225.000 kilogramos de carne equivalente res con hueso. Con la venta de esa carne, según Urcía, no se llega a cubrir el costo de las treinta personas que se necesitan para que una planta de faena “cumpla las debidas condiciones”. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada uno de esos trabajadores debería tener un costo cercano a los 100 mil pesos.
Esta lógica económica (ingreso que no llegan a cubrir los costos) dio pie a que CADIF, la segunda cámara, expresara su temor a que determinados malandras diluyan esos costos laborales bajo la figura de las cooperativas de trabajo. En esos casos, interviene un matarife que es el capitalista, pone las vacas para faenar y se lleva la carne. No paga los 100 mil pesos que corresponderían a un trabajadores regulares sino que maquilla su operatoria detrás de esa figura de la economía social: los laburantes aparecen como socios de una cooperativa. Son “dueños” aunque cobren apenas 20 mil pesos en negro y una bolsita de carne por semana.
“Desde CADIF venimos sosteniendo desde hace años y con sólidos argumentos que el uso espurio de la figura de las cooperativas de trabajadores explotando plantas faenadoras, regenteadas por pseudo empresarios privados, conforma la base de la pirámide de la informalidad del sector”, señaló un comunicado de esa entidad, que le puso nombre concreto a los temores.
¿Por qué estas expresiones en este momento? Fuentes consultadas por Bichos de Campo en el sector dijeron que existe una sorda disputa dentro de los funcionarios que acompañan al ministro Luis Basterra en Agricultura. Mientras un ala más “política” pretende flexibilizar las reglas vigentes para permitir una mayor participación de las cooperativas de trabajo en la faena de bovinos, hay un ala “técnica” que se opone a esa decisión.
De allí que los malandras se ilusionen con el cambio de gobierno. Entre los nuevos funcionarios aportados por el semillero peronista hay muchos que compran fácil el verso de las empresas recuperadas a manos de sus trabajadores. Que las hay, puede ser. Pero que muchas veces esconden casos de competencia desleal, también sucede.
La discusión dentro del gobierno pasa concretamente por una posible modificación de la Resolución 21/2017, que fue firmada por el ex ministro Ricardo Buryaile y entre otras cosas prohíbe otorgar a las cooperativas una matrícula de “matarife abastecedor” dentro del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Desde que esa medida se aplicó, la participación de las cooperativas en el total de la faena se redujo de casi 20% a cerca del 5%.
En el comunicado de CADIF hay una buena explicación de por qué los frigoríficos no quieren que las cooperativas puedan recibir matrículas como “matarife abastecedor”, lo que las habilitaría vender la carne que producen. “El motivo es simple: las ventajas económicas del uso espurio de la figura cooperativista otorgarán mayor poder de compra a los reales operadores que indebidamente la utilicen”, argumentó la cámara.
CADIF describe cómo operarían los malandras que están detrás de esas cooperativas:
- Hoy esos matarifes faenan con su propia matricula en plantas operadas por cooperativas. Es decir están visibles. Pero si se modifica la Resolución 21, “podrán dejar de usar la matrícula propia para ocultarse tras la matrícula de la planta cooperativista”.
- Las cooperativas bendecidas por ese matarife capitalita, “se convertirán en muy importantes faenadoras”, aunque solo en los papeles.
- Los matarifes detrás de estas máscaras “gozarán de absoluto anonimato, con todo lo que ello implica a su favor”.
- Dado que las cooperativas están exentas de Ingresos Brutos, al faenar a nombre de ellas, los matarifes ocultos se beneficiarán de manera indebida a la hora de pagar los anticipos de faena. “Los VEP para desbloqueo de faena serán la mitad del valor que actualmente pagan. Eso es una ventaja de aproximadamente 1 pesos por kilo faenado”, apuntó CADIF.
- Las facturas de carne, al ser emitidas con membrete de cooperativas, tampoco incluirán las percepciones de Ingresos Brutos, lo que “implica otra ventaja de aproximadamente 3,50 pesos por kilo faenado”.
- La brecha con los operadores formales se agranda con los costos laborales. CADIF los calcula en un equivalente de 4 pesos por kilo de carne, a favor de las cooperativas. “Para una planta tipo que faena 10.000 cabezas/mes esa descompetencia implica no menos de 100 millones de pesos al año”, apuntó.
“Por lo tanto, en la nueva situación, la competencia desigual/desleal será para una planta tipo de 8,50 pesos por kilo faenado”, resumió el documento de esa cámara frigorífica, que reclamó “reglas igualitarias que sienten las bases de un desarrollo armónico, fomenten la inversión y el empleo genuino”.
Empleo genuino. Eso es algo que debería ser fundamental para un gobierno de signo peronista.
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]]>“De conformidad con las tareas de control que está llevando a cabo esta Dirección de Fiscalización, se detectaron prácticas llevadas a cabo por usuarios de faena relacionadas con la mala administración y utilización de la matrícula habilitante, que atentan contra la transparencia en el comercio de ganados y carnes”, avisó en una carta a los frigoríficos el equipo de la ex ONCCA liderado por Marcelo Rossi. Luego se les recordó a las empresarios que hay “responsabilidades compartidas”. Forma elegante de decirles que los frigoríficos que utilicen estos “matriculines” para eludir las leyes también serán sancionados.
Como señal de que la cosa viene en serio, y que no se admitirán a operadores escondidos detrás de estos ‘matriculines’, la ex ONCCA (ahora rebautizada como DNCCA) decidió en las últimas horas suspender al menos tres matrículas que de no tener operaciones en los últimos meses pasaron a representar el 75% de la faena de mayo en Industrias Frigoríficas Sur, ubicado en Loma Hermosa.
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Sergio Pedace, de la flamante Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), salió a bancar esta ofensiva contra las matricular irregulares que existen en el RUCA, y sobre las cuales se anticipa algún plan de depuración. “Es una buena noticia, que estábamos esperando, porque la mayoría de los frigoríficos volvieron al ejercicio viejo de tener matrículas alternativas. Hay carniceros y matarifes abastecedores que no existen y estábamos quedando muy mal parados los matarifes que estamos en blanco”, dijo el empresario a Canal Rural, en el programa de Alfredo Guarino.
Pedace, en este contexto, felicitó a las autoridades por dar de baja las primeras matrículas truchas detrás de la que se esconden algunos frigoríficos. “Ellos tienen que explicar por qué le abrieron las puertas de su cada a ciertos matarifes. ¿Son realmente matarifes? ¿O son personas de muy bajos recursos que no tienen la menor posibilidad de operar como matarifes?”, preguntó.
Según fuentes del mercado, las tres matrículas vinculadas al ex frigoríficos Augusti que se suspendieron son las de Conangus (RUCA 18346), la de Salvador Basile (RUCA 35919) y la de Silvio Alejandro Cabrera (RUCA 31854).
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