En efecto, este miércoles fueron procesados tres de los cuatro productores agropecuarios imputados por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en esa causa. Se les impuso además un embargo millonario sobre sus bienes.

Según información publicada por el diario La Capital de Rosario, la medida fue dispuesta por el magistrado por considerar en primera instancia a los productores como “coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)”.

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El juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de San Nicolás dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de tres productores imputados en la causa caratulada “Sobre Infracción al artículo Nº 55 de la ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”. Asimismo determinó el embargo de sus bienes por 3 millones de pesos para cada uno de ellos, fijado en forma provisional para el pago de costas, la pena pecuniaria y efectividad de su responsabilidad civil. Además dictó la falta de mérito respecto de un cuarto imputado.

Para la semana que viene, por otro lado, Villafuerte Ruzo dispuso la indagatoria del jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, el área encargada del control de las fumigaciones. Ante esta citación, el intendente Javier Martínez decidió separar a los funcionarios de sus cargos y habría negado la colaboración municipal en el asesoramiento jurídico del veterinario y el ingeniero agrónomo llamados a indagatoria.

Hace unos meses, Bichos de Campo habló con los protagonistas de este caso:

En esta causa han pasado otras cosas. A principios de octubre Villafuerte Ruzo ordenó que se fijara un límite restrictivo y de exclusión total para aplicaciones de agroquímicos de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 mil metros para las aéreas en torno a toda la ciudad de Pergamino. De esta manera, la Justicia Federal amplió una medida anterior que sólo protegía a tres barrios de la ciudad.

El procesamiento de los productores partió del pedido del fiscal federal Matías Di Lello, quien había solicitado a Villafuerte Ruzo que investigue si había propietarios de campos que estaban en la zona de exclusión que, junto con los funcionarios municipales y el intendente, habían incurrido en el delito de desobediencia.

En su argumentación, Di Lello indicó que posteriormente a que el Juzgado Federal dictó la suspensión parcial de las aplicaciones de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos en la zona crítica de Pergamino, en el campo de uno de los imputados se habría realizado una pulverización con glifosato y dicamba, desoyendo la resolución judicial.

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El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. “En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal”, explicó el abogado Fernando Cabaleiro a La Capital.

“Se trata de un hito trascedental de la lucha judicial de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y del país, es la primera vez que se logra procesar a productores agroindustriales, que violando normas de protección aplican agrotóxicos a metros de las viviendas de vecinos y vecinas. Los agrotóxicos son venenos pueden producir cáncer, daño genético, afectar el sistema hormonal y nervioso humano, no se biodegradan y contaminan el agua de consumo de la población”, resaltó Cabaleiro.

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La decisión judicial se adoptó dentro del marco de la causa penal iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, de la ONG, Naturaleza de Derechos, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, por las “fumigaciones con agrotóxicos” en las inmediaciones de tres barrios  La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad de dicha localidad Bonaerense. Sabrina denunció haber padecido ella misma las pulverizaciones sobre su casa, con efectos dañinos para la salud de toda su familia.

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En abril pasado, el mismo juez Villafuerte Ruzo había hecho lugar a una medida cautelar que restringía las fumigaciones terrestres con agroquímicos hasta los 600 metros del límite urbano pero que solo alcanzaba a los barrios mencionados. Ahora se tomará todo éjido de la ciudad y las zonas porhibidas serán bastante mayores.

Bichos de Campo, después de ese primer fallo, recorrió la zona y habló con los diferentes protagonistas del caso, que evidentemente no pudieron llegar a consensos básicos para evitar restricciones mayores al uso de agroquímicos en ese partido bonaerense que es estratégico, pues cuenta con las tierras de mayor aptitud agrícola del país. Mirá aquel programa especial:

Según informaciones recogidas de medios de la zona, durante estos meses la investigación penal siguió su curso y “se logró acreditar como prueba que toda la familia de Sabrina Ortiz (ella, su compañero y los hijos de ambos) presentan daño genético” por las aplicaciones. A los menores “se les detectó glifosato en el cuerpo”.

En función de ese supuesto diagnóstico, la parte querellante representada por la propia Ortiz solicitó al Juez Villafuerte Ruzo que extendiera la protección cautelar ya establecida en abril a toda la población de Pergamino y de todas las localidades del interior del partido, incluidas las escuelas rurales. Asimismo le solicitó al magistrado, que ampliara la medida de resguardo de 600 metros hasta los 1.095 metros. La medida es antojadiza y no tiene por ahora una explicación racional. En general, en este tipo de medidas restrictivas los municipios asumen una distancia precautoria de 1.000 metros.

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La comprobación del daño genético se realizó no a trave´s de estudios oficiales, sino por investigaciones de la especialista doctora Delia Aiassa, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se le sumó un informe en una causa judicial sobre la misma problemática en Dique Chico (Córdoba), y un trabajo científico de investigación sobre genotoxicidad y agrotóxicos, denominado  “Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas”, publicado en la revista “Arch Argent Pediatr”, en el año 2015. En esas pruebas se basó el nuevo fallo.

La nueva medida judicial, a pesar d elos pedidos, solo comprende a la zona urbana y periurbana de la localidad de Pergamino, pero resta que se resuelva la situación de las escuelas rurales y localidades y pueblos del interior del Partido. Para expedirse sobre esto, el juez federal solicitó al Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino, que adjunte un informe en el cual conste la “cantidad de habitantes y establecimientos rurales educativos asentados en ese partido, a los efectos de fijar los parámetros de distancia que resulten más adecuados”.

Desde la querella se avisó que se va a sostener que los criterios de resguardo sobre las fumigaciones aéreas y terrestres establecidos en relación a la planta urbana de Pergamino, deben ser los mismos para las escuelas rurales y pueblos del interior de dicha jurisdicción, ya que la distancia de protección funciona como una medida eficaz  de resguardo que no puede ser valorada según que se trate (planta urbana, escuela o pueblo rural) dado que la exposición a los agrotóxicos  a menos de 1.095 metros es tal de peligrosa cualquiera sea el lugar donde se encuentren las personas.

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En su fallo, el magistrado sostiene la “necesidad de dar respuesta a la cuestión planteada por las querellantes y la viabilidad de la medida conforme se solicita, en orden a la prevención de daños futuros. Es que justamente el acento debe ser puesto allí, en el entendimiento de que no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional. Y si bien, el cese de la actividad fumigadora, aunque reconocidamente contaminante, no resulta posible, no sólo por ser lícita sino además imprescindible para la agricultura, deviene necesaria la fijación de una distancia prudencial desde el límite de los lotes a fumigar hasta las escuelas rurales”.

El juez concluye, en una discusión donde la política pública ha sido una gran ausente, que “el sistema jurídico tiene que reaccionar y tomar todas las precauciones para evitar que el daño se consolide o propague”.

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Bichos de Campo fue a Pergamino y habló con todos los sectores envueltos en este conflicto. Aquí el testimonio completo de Sabrina:

Según la resolución vigente en Pergamino, la aplicación de agroquímicos (cualquiera sea su toxicidad) está totalmente prohibida hasta 100 metros de distancia de las zonas urbanizadas y además debe se fija una zona de amortiguamiento (donde la aplicación debe ceñirse a reglas muy estrictas) de 500 metros. “Esto no se ha cumplido. Y no se ha cumplido tampoco el sistema de vigilancia que tiene que tener el municipio”, dice Sabrina, quien trabaja en los servicios de salud de la ciudad.

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Según este testimonio, en la Villa Alicia no solo era común ver mosquitos fumigando sino también avionetas. “A raíz de esto comenzamos a hacer denuncias, no solo yo sino también otros vecinos de la zona, porque venimos teniendo problemas de salud desde hace mucho tiempo. Concretamente en el cuerpo de mis hijos y en el mío han encontrado altos niveles de glifosato y AMPA”, afirma Ortiz.

“Mi nené de 6 años tiene 120 veces más de lo que su cuerpo tolera. Y mi hija tiene 100 veces más, y yo tengo 58 veces más. Y ls tres tenemos problemas de salud muy fuertes”, denuncia luego. Todos son tratados en el Hospital Austral.

Los análisis médicos que presentó Ortiz fueron suficientes para que el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, decidiera prohibir el uso de agroquímicos en áreas rurales vecinas a esas barriadas e imputara a cuatro productores. Mientras la causa judicial prosigue y se realizan nuevas averiguaciones, Pergamino ha estallado en una polémica mucho más integral, donde incluso se cuestiona el nivel de contaminación del agua potable que se bebe en la ciudad.

Sabrina dice que hubo ocasiones donde “se respiraba veneno, el olor fuerte se sentía adentro de su casa. Abría las ventanas y se seguía metiendo”. Con los productores era imposible hablar. Y ante las denuncias al Municipio, la denunciante dice que “no hizo nada y por eso terminamos de esta manera”.

–¿Cuánto hay de ideología en tu denuncia?- le preguntamos a Sabrina.

-Nosotros fuimos descalificados mucho por esta denuncia en el Partido de Pergamino, donde son pocas las personas que se preocupan. Yo particularmente soy docente en salud y también como abogada también me interioricé mucho. Estoy viendo la división que existe y la falta de conocimiento de la gente. Pero nosotros llegamos a esto a través de los análisis de salud de mis hijos. No es algo que yo digo. Lo dice la ciencia.

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