Para eso también servía exportar, parece: para mejorar los ingresos de los trabajadores.

“Las empresas exportadoras pagan a sus empleados salarios mayores que las empresas que solo venden su producción en el mercado local”, define un informe elaborado por el Centro de Estudios para la
Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Luego amplía: “Si bien esta diferencia se puede explicar en parte por el hecho de que estas compañías obtienen ingresos en divisas internacionales, este fenómeno encuentra diversas explicaciones en la teoría económica. En primer lugar, las firmas exportadoras generalmente poseen una ventaja tecnológica, organizativa o de escala que las vuelve más productivas y es precisamente por eso que sus salarios son, en promedio, mayores”.

En otras palabras, pueden pagar mejores salarios porque sus incursiones en mercados mucho más exigentes las han hecho ganar eficiencia. “Penetrar mercados internacionales implica desafíos notorios (conocer marcos regulatorios diferentes a los de Argentina, patrones de consumo distintos, y afrontar exigencias diferentes), de modo que es razonable pensar que solo puede afrontar ese costo una empresa que ya parte de cierta ventaja inicial”.

El documento precisa que “en promedio, las empresas exportadoras pagan salarios 125% más altos que el resto”.

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De todos modos aclara que la exportación no es el úinico elemento para justificar semejante diferencia. Y para demostrarlo, cita que “muchas firmas del sector de minas y canteras (básicamente, petróleo y minería) exportan y pagan salarios elevados, mientras que lo contrario ocurre en sectores como por ejemplo la construcción, en donde las remuneraciones son menores a la media y la exportación es muy infrecuente”.

“De esta manera, la diferencia salarial entre esos dos grupos no responde sólo al carácter exportador de las firmas sino a otras variables adicionales, como por ejemplo la productividad sectorial (el valor agregado por puesto de trabajo es 16 veces más grande en el primer sector que en el segundo)”.

Otro apunte señala que algo similar ocurre con las firmas grandes versus las más pequeñas: las firmas exportadoras son de mayor tamaño que la media (el 76% de las no exportadoras son microempresas, mientras que solo el 27% de las exportadoras lo son).

Por este motivo, el trabajo computa la prima salarial por trabajar en una firma exportadora aislando el efecto de otras variables que también inciden en el salario (como el tamaño y el sector de la empresa, así como el género y la edad del trabajador, o la provincia en que se ubica la firma).

Así concluye que la diferencia real de salarios atribuible a la exportación es de casi el 30% (29,8%).

“En otros términos, si se tomaran a dos personas del mismo género, la misma edad, que trabajan en el mismo sector, en una empresa de mismo tamaño y en la misma provincia, y una trabaja en una firma exportadora y otra en una no exportadora, la que trabaja en la empresa exportadora tiene un salario 30% mayor que la que está empleada en una empresa que solo abastece al mercado local”, se explicó en un lenguaje muy llano.

El trabajo del CEP-XXI fue realizado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de Aduana sobre 2019. Relevó 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras formales que se desempeñan en firmas exportadoras.

La difusión de este documento se produce en medio de una discusión entre Matías Kulfas, el ministro del área, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que responde a los sectores más duros del kirchnerismo y ha dicho que quiere “desacoplar” todavía más los precios internos de los externos.

Para el área de Kulfas, de quien depende Feletti en los papeles, está claro que “el crecimiento de las exportaciones es condición necesaria para aliviar los recurrentes problemas de balance de pagos que la economía argentina ha enfrentado de manera casi continua a lo largo de las últimas cinco décadas, los cuales inciden sobre los salarios de toda la economía”.

Pero además remarca que “exportar más no solo es benéfico en términos de obtener divisas para evitar crisis de balanza de pagos, sino también para incrementar los salarios de los trabajadores que se desempeñan en firmas exportadoras, paso fundamental en la reducción de la pobreza y las privaciones sociales en Argentina”.

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La inflación sigue carcomiendo los ingresos de todos los trabajadores, y mucho más los de más bajos ingresos. Los trabajadores rurales lo son: aunque tienen otros beneficios (como la vivienda) sus sueldos están siempre en las posiciones más bajas entre las distintas escalas salariales.

La inflación de 2021 se estima en torno al 50%, pero Voytenco ya anticipó en el ámbito del Ministerio de Trabajo que para este año pretende nuevamente un bono de fin de año para los trabajadores del agro, pero esta vez de 50.000 pesos, dos veces y media de lo que había reclamado el año pasado o cinco veces de lo que finalmente logró sacarle a las patronales agropecuarias.

Este es el pedido de la UATRE:

Sabido es que a la hora de negociar hay que empezar pidiendo demasiado para luego desandar el camino de esa demanda. Es lo que parece estar haciendo la UATRE con este pedido de un bono no remunerativo de 50 mil pesos, que además pretende sea pagado en una única vez dentro de los primeros quince días de diciembre.

El pedido ya está formulado ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que es la que define los salarios del sector y que debe convocar ahora a los sindicalistas y los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más la CAME.

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Entonces, ¿A dónde fue a parar la cantidad descomunal de divisas generadas por el agro? En diálogo con Bichos de Campo, David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), respondió que “una parte importante de las divisas del agro fueron destinadas a pagar importaciones del resto de los sectores económicos tales como energía, automotriz, textil, turismo, entre otros”.

“Parte de esas divisas fueron enviadas a incrementar las reservas del Banco Central (BCRA); otra parte fue para pagar intereses de deuda; otra parte fue a las compras de los 200 dólares mensuales de las personas; y otra parte fue a la intervención del Banco Central para intentar bajar el ‘dólar bolsa’ o MEP (Mercado Electrónico de Pagos)”, agregó Miazzo en relación a esta última opción que tiene gran popularidad entre ahorristas y empresas, dado que permite acceder a la compra legal de dólares a un tipo de cambio mucho más conveniente que el “blue” o informal.

Enfriar al dólar MEP o el CCL (Contado con Liquidación) –este último fue directamente intervenido– es esencial para poder mantener “a raya” al tiempo de cambio oficial, el cual, con un valor actual de 102,5 $/u$s está a precio de “outlet”, aunque probablemente por tiempo limitado (consultar después de las elecciones legislativas de noviembre próximo).

Según el economista, en lo que va del año “el incremento de reservas netas líquidas del Banco Central fue de 4300 millones de dólares y sólo queda un superávit de balance cambiario de 9060 millones de dólares”. Esa cifra, si bien no es alta comparada con la de otros países, sí es importante en la Argentina.

“Hasta el 2018 veníamos con déficit, es decir, todo lo que generaba el agro no llegaba siquiera a cubrir todo el resto de las erogaciones”, añadió Miazzo, para luego indicar que a fines de 2019, con la introducción del “cepo cambiario”, las reglas de juego cambiaron al establecer un cerco para evitar la salida de divisas del sistema.

Por su parte, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres & Asociados y del Instituto de economía (Ineco) de la UADE, explicó que “es cierto que el agro alcanzó un récord en liquidación de dólares en los primeros meses del año, pero eso no se vio tan así porque básicamente es la única entrada de divisas que está mostrando la Argentina en medio de un cepo cambiario”.

Spotorno coincidió con Miazzo en que gran parte de las divisas del agro fueron a parar al BCRA y que éste las está usando para intervenir el mercado del dólar MEP. “Entre 4000 y 5000 millones de dólares fueron al Central, que va usándolos para intervenir el mercado de dólar MEP o el CCL; el resto fue a parar al pago de importaciones y vencimientos de deudas”, explicó.

“Si tomamos los tres meses previos a la liquidación fuerte del agro, podemos ver que se estaban autorizando importaciones de unos 3800 millones de dólares mensuales, lo que es un número muy bajo para lo que importa usualmente la Argentina. Una vez entrada la cosecha gruesa, a partir de marzo ese número pasó a ser de 5300 millones de dólares mensuales de importaciones, que no sólo fueron necesarias para recomponer un poco los inventarios, sino que además fue un nivel más adecuado para el país”, agregó Spotorno.

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¿Cuál es la estrategia económica del gobierno de acá a fin de año? Miazzo consideró que hay que mirarla desde tres elementos: tipo de cambio, inflación y la política electoral de ingresos. “Por el lado de la estrategia cambiaria, en el segundo semestre suelen entrar menos dólares que en el primer semestre, aunque sin dudas serán más que los del año pasado, y en particular vendrán del campo, lo que genera un desafío, ya que la principal estrategia por ese lado es tratar de mantener lo mas tranquilo posible al dólar MEP, y eso el gobierno lo está haciendo mediante dos vías: endureciendo el cepo y vendiendo dólares, que cada vez entran menos, para mantener estable el tipo de cambio libre y evitando que el dólar MEP se dispare de los 170 pesos en los que se encuentra”, respondió.

Por el lado inflacionario, Miazzo explicó que “el gobierno trata de poner paños fríos a través de dos medidas: dejar planchado el valor del dólar oficial, que está cerca de los 100 pesos y que desde principios de año viene creciendo dos puntos por abajo de la inflación- pero esto de planchar o atrasar el dólar oficial para mantener los precios es algo de muy corto plazo, porque tarde o temprano los valores se acomodan-; y la otra medida del gobierno es congelar las tarifas de servicios públicos y de combustibles, luego de que a principios de año se hicieron varias actualizaciones en el precio de los mismos. Estos tres elementos: combustibles, tarifas y dólar, aunque te frenan la inflación hoy, terminarán generando inflación mañana”.

Para el economista de FADA, la estrategia económica del gobierno “es muy a corto plazo” y opta por calmar la inflación atrasando tarifas, combustible y dólar, pero “ni bien termine el periodo de elecciones, tendrán que acomodar esas variables, porque no da para transitar dos años más de acá a las siguientes elecciones con semejante atraso de tarifas y del dólar, dado que ese atraso luego se cubre con subsidios”.

Hay otro aspecto importante que tiene que ver con los salarios. “Lo que vemos ahí es la reapertura de paritarias, las cuales, a principio de año se habían cerrado en torno al 30% y 35%, pero ahora se están renegociando en torno al 45%; también buscan adelantar subas de salarios, por ejemplo en el sector público están planteadas, y poner más planes sociales como un extra incentivo, al igual que hicieron con la suba de la jubilación mínima, o los créditos a los monotributistas o la elevación del piso en el impuesto a las Ganancias, pero son todas medidas de corte electoral que no alcanzan con una inflación anual del 52%”, resumió Miazzo.

“Poner pesos en los bolsillos es un problema porque esos pesos se cubren con emisión monetaria ya que no hay un financiamiento genuino; por ende, lo único que generarán mas tarde es inflación; ahora la quieren mantener calmada, pero es el corto plazo”, concluyó.

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Se acordó corregir las remuneraciones correspondientes al pasado mes de marzo en función de la inflación acumulada, para lo cual deberá abonarse, de manera retroactiva, un adicional remunerativo de 8.503 pesos. Ese adicional se mantendrá para la liquidación del presente mes de abril.

Entre mayo y julio próximo se realizará un ajuste del 8% aplicable tanto sobre el salario básico como sobre el adicional, para luego aplicar otro ajuste del 15% en los meses de agosto y septiembre y del 20%, 25% y 30% para los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente.

Además se acordó abonar a los trabajadores una suma adicional no remunerativa, a modo de bono compensatorio, de 12.500 pesos, que se abonará en cinco pagos iguales y consecutivos de pesos dos mil quinientos 2500 pesos.

El valor del litro de leche se estableció en 71 pesos. El Convenio Colectivo de Atilra (CCT 2/1988) establece que la empresa debe proveer durante todos los días del mes un litro de leche al trabajador soltero, dos litros al casado con cargas de familia y tres litros cuando se trate de un trabajador con familia numerosa a cargo. Las cifras en cuestión para las tres situaciones son de 2130, 4260 y 6390 pesos por mes.

Con tales ajustes, el salario básico de la categoría más elevada del Convenio Colectivo (F) pasará a superar los 100.000 pesos a partir del presente mes de abril. Dicha categoría corresponde a capataces o encargados de procesos con experiencia.

Los trabajadores afiliados a Atilra reciben un reconocimiento por antigüedad del 1,5% –sin tope– por cada año de trabajo. Y la hora extra del empleado efectivo de Atilra se paga con un adicional del 150%.

El acuerdo de la paritaria 2021 también señala que “a los efectos de compensar la menor recaudación de fondos destinados a salud, educación formación profesional y acciones solidarias indispensables que Atilra, financia, las partes acuerdan, como complemento del acuerdo salarial alcanzado un aporte con destino a Atilra, que cada empresa de la actividad abonará a la entidad sindical por cada trabajador, comprendido en el convenio CCT 2/88, una suma extraordinaria y por única vez  de 15.000 pesos por cada trabajador, la que se pagará de la siguiente forma: seis pagos mensuales de 2500 cada uno, pagaderos hasta los días 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre de 2021 y 15 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo de 2022”.

Las empresas deben además aportar un “fondo solidario” del 5% y un “fondo de subsidio” del 1,5%, calculado sobre el haber básico inicial de la categoría A.

Los representantes de la industria láctea y de Atilra volverán a reunirse en la primera semana del mes de octubre de 2021 para revisar el acuerdo en función de la evolución de la inflación minorista.

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“Se trata de un proyecto de ley que busca que los trabajadores rurales que tengan algún beneficio no lo pierdan con el blanqueo. Se terminará el problema de las altas y bajas”, explicó a Bichos de Campo el diputado por el Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro.

La iniciativa del misionero ya contaría con el apoyo de Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja; Sergio Massa, presidente de esa Cámara; y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación.

“El problema que tenemos hoy con el trabajador rural es que el que está cobrando una asignación, se da de alta y luego por ahí no cobra durante dos meses el beneficio. No hay una continuidad y no es práctico. Al final no quiere blanquearse porque pierde. Inclusive pierde la tarjeta alimentar”, aseguró el legislador.

Aún así, Bárbaro distribuyó las culpas y afirmó que parte de la responsabilidad también los tienen los sectores productivos, como el yerbatero, ya que pagan poco.

“Tenemos que empezar a discutir con los distintos sectores porque tenemos hoy 150.000 trabajadores temporales en negro. Más allá de los planes, de la incompatibilidad, no es sólo por ese motivo que no se consiguen trabajadores. También puede ser por los malos pagos.”

Indicó en este sentido que actualmente se paga 3.000 pesos por tonelada de yerba y que el trabajador sólo obtiene un 10% de ese monto. “Para sacar mil kilos tenés que hamacarte dentro de un yerbal”, dijo.

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El diputado confirmó que se realizarán negociaciones con las distintas provincias que concentran el mayor índice de trabajo rural temporario y llamó al diálogo. “Si vos facilitás que esos tipos se registren, el Estado dejará de pagar los aportes y el patrón es quien los pagará. Es una mejora para el Estado. Si sale esta ley termina el problema”.

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El gremio y las patronales conviven no solo en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) sino también en organismos mixtos, como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre). Desde hace mucho tiempo que los acuerdos en todos esos ámbitos han sido la moneda corriente. Pero tanta paz se alteró al declararse el gremio en estado de alerta y movilización por un reclamo salarial.

Temprano, en conferencia de prensa, el sindicato de peones rurales emitió un primer gruñido y se declaró en estado de alerta y movilización, una instancia que precede las tormentas. A la una había negociación con las cuatro entidades tradicionales: la UATRE reclamó un bono de 15 mil pesos por fin de año a todos los trabajadores registrados, que son unos 350 mil en todo el país.

En esa reunión, según contó el gremio en un comunicado, “la patronal se plantó en no” mientras que el Estado “hizo una propuesta alternativa que la UATRE aceptó, con reparos, y ya planea seguir con sus reclamos”. Esa alternativa es un bono de 10 mil pesos, pagadero en tres cuotas mensuales.

La CNTA funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y es el órgano tripartito en el que discuten y se aprueban las condiciones salariales y trabajo para el sector rural. La reunión de este lunes fue la tercera en la que se discutió la solicitud de este pago adicional al salario habitual, que es uno de los más bajos de la grilla salarial en el sector privado.

“La parte empresaria, representada en la oportunidad por CRA y CONINAGRO, mantuvo una cerrada oposición”, describió el comunicado del sindicato. “Ante esa realidad, los representantes del Estado (ministerios de Trabajo y Economía) propusieron la alternativa de un bono de 10 mil pesos a pagar en tres cuotas mensuales”, amplió. Aún así, “la posición empresaria se mantuvo negativa”.

A la hjora de votar, los porotos de la UATRE se sumaron a los de los representantes oficiales, por lo quie quedó establecido -por 4 a 2- este bono alternativo de 10 mil pesos.

La CNTA resolvió entonces que lo cobrarán los trabajadores de las actividades avícola, porcina, conductor tractorista, maquinista de cosechadoras y agrícolas que se desempeñen exclusivamente en las tareas de
recolección y cosecha de granos y oleaginosas, aplicación de productos fitosanitarios, y personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario. Como se ve, quedan excluidas muchas economías regionales.

Pese al avance que consiguió, la UATRE informó que continúa en “estado de alerta y movilización” porque “el bono aprobado está muy lejos de constituir el reconocimiento a la labor que tuvieron los trabajadores rurales en todos estos meses de pandemia”.

“Si esta es la actitud del sector empresario, las decisiones gremiales serán aún más graves. Es una vergüenza escuchar argumentos que solo se sustentan en una ideología elitista que considera a los trabajadores como personas de segunda categoría. Lamentamos la grosera insensibilidad en los grandes empresarios del campo argentino”, definió el gremio. Es la frase más grave en por lo menos ve3inte años de buena relación, en la que la conducción sindical estuvo ejercida primero por Gerónimo “Momo” Venegas y luego por Ramón Ayala, ambos fallecidos en uso de su cargo sindical.

Ahora el gremio es conducido por el chaqueño José Voteyco, quien ya se mostró mucho más cerca del gobierno peronista y el sindicalismo más tradicional.

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En octubre de 2017, en la Argentina había un total de 12.289.892 trabajadores registrados, según un trabajo de Economía y Regiones basado en datos oficiales. En realidad hay más gente que trabaja en el país, pero estos lo hacen desde la informalidad, sin derechos reconocidos y sin posibilidad cierta de mensura.

El 54% de los trabajadores registrados cobra salarios del sector privado y el 21% en el sector público. El resto son autónomos o monotributistas.

En el tercer trimestre de 2017, el salario promedio pagado por los empresarios a sus trabajadores “privados” fue de 24.958 pesos en todo el país y para todas las actividades, incluidas las del agro. No está mal, aunque no siempre alcance. En la última medición los salarios privados habían crecido en promedio 29,1% respecto del último trimestre de 2016. Habían subido más que la inflación.

Dijimos que el promedio de los salarios privados es de unos 25.000 pesos mensuales. Pero esto varía según el lugar y la ocupación de cada uno de los empleados. En Santa Cruz, por ejemplo, se pagan los salarios más altos, con 47 mil pesos mensuales. En la otra punta aparecen Santiago del Estero y Misiones, con cerca de 17.000 pesos en promedio. Por suerte allí no necesitan tanto abrigo.

Es más escabrosa la diferencia de los salarios según la actividad. Hay dos grandes rubros: empresas del sector productor de bienes y empresas que brindan servicios. En el primer grupo los salarios promedio superan los 40 mil pesos. En el segundo se ubican mucho más cerca del promedio, en unos 24 mil pesos.

Con 313.318 empleos registrados, el agro pertenece al primer grupo, el que produce bienes y luego los vende. De hecho, el agro es la principal usina de bienes de la Argentina. No se luce tanto dentro del PBI, ya que su aporte ronda el 13/14% del total. Pero en materia de exportaciones, con 55% del total, la rompe.

En este primer gran grupo, sin embargo, no son los trabajadores rurales los que mejores salarios ganan. No, no lo son. Los que se llevan las pagas más elevadas son los empleados de las petroleras (69.643 pesos), los de las pesqueras (57.690 pesos) y los de gas y electricidad (51.444). Todas estas actividades más que duplican el promedio nacional de 25.000 pesos.

Los asalariados declarados del agro no duplican ese promedio nacional sino que prácticamente lo dividen a la mitad. En el promedio del último trimestre de 2017, los rurales ganaron 13.388 pesos. Menos que todos. Incluso los obreros de la construcción les sacaron varios cuerpos, con 18.779 pesos.

Los trabajadores del campo incluso ganan menos que los que menos ganan en el sector servicios, que son los empleados de hoteles y restaurantes (con 14.382 pesos en promedio). Un venezolano de los que ahora abundan como mozos y te ofrecen un “cafecillo” ganaría más que Don Zoilo, si ambos estuvieran bien registrados.

No es fácil de creer, pero hasta los olvidados maestros tienen un mejor salario que los rurales, pues entre octubre y diciembre cobraron un promedio de 15.383 pesos, unos 2.000 pesos más que la peonada. Claro que a los docentes no se los convida con casa ni tortas fritas.

Ya hemos establecido entonces que en el último trimestre de 2017, en todo el país, los trabajadores del sector Agro han sido los peores pagos de todos, con un promedio de 13.288 pesos mensuales de salario. Pero se puede estar peor todavía. Todavía pior.

No resulta lo mismo ser trabajador de campo en la provincia de Buenos Aires, donde el promedio salarial llegó a 17.166 pesos, o en San Luis, con 17.028 pesos, en en otras partes del país. La estadística dirá que los peones rurales de la Ciudad de Buenos Aires ganan todavía más que eso, unos 27 mil pesos, pero nos parece que ese dato es muy poco serio, porque no abundan en la ciudad los trabajadores de este rubro.

Hay muchas provincias donde los trabajadores del agro cobran menos que el promedio del sector: Los empresarios de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero pagan por debajo de los 13.288 pesos mensuales del promedio nacional.

Pero los casos más extremos son los de Misiones y Tucumán. En el primer caso los trabajadores del sector agropecuario cobraban a fin de año solo 8.278 pesos mensuales y en el segundo solo 8.153 pesos. Es la mitad de lo que cobraba un trabajador rural en la provincia de Buenos Aires.

Es decir que con el salario de un petrolero, en el extremo más alto, podrían contratarse a nueve o más cosecheros de yerba mate en Misiones, o a igual número de cosecheros de la caña de azúcar en Tucumán, changuito cañero.

Eso si no se los contrata en negro, porque entonces la diferencia podrían ser todavía mayor.

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