“El bloqueo de todos los puertos por parte de la UOCRA es una medida absolutamente desmedida e ilegal. Cortan todos los puertos y piden un aumento del 105%. Nadie puede pagar eso. Si el Estado no interviene, no tenemos garantías para seguir trabajando y exportando”, advirtió bien temprano el presidente de la Cámara de la industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras.

En plena cosecha gruesa se paralizaron las exportaciones agroindustriales desde el Gran Rosario por una protesta de la Uocra

El gremio que a nivel nacional conduce Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas dinosaurios (lleva varias décadas en ese puesto) que ha sido aliado de todos los últimos gobiernos de signo peronista, ya había bloqueado el acceso a las terminales de San Lorenzo el 7 de julio, afectando con esta decisión la operatoria de las fábricas que muelen soja y de los puertos agroexportadores. Aquel conflicto, que en realidad involucraba a las contratistas de obras que trabajan dentro de esos complejos portuarios, fue resuelto un día después por una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Santa Fe.

Pero vencieron los plazos, la negociación no prosperó y los sindicalistas volvieron a la carga. Según fuentes de la industria aceitera, que se ve afectada, “el fracaso de la negociación se debe a que el sindicato de la construcción pide un 104% de aumento”.

Lo curioso es que al pedir la intervención de las autoridades, la CIARA difundió un gráfico hecho desde su prima hermana Acsoja, que agrupa a la cadena de la oleaginosa. Allí se muestra que el más afectado por este tipo de bloqueos a las estaciones portuarias ubicadas a la vera del Río Paraná no son las propias empresas sino el Estado (es decir, todos los argentinos), que es el que recauda el grueso de cada barco de soja que recorre esa hidrovía para llevar la soja y sus derivados hacia los mercados globales.

En efecto, según el gráfico de Acsoja,  el 41% del valor de la carga de cada buque corresponde a tributos e impuestos (en especial las retenciones del 33%) que recauda el Estado, mientras que el 43% es el precio pagado al productor, 3% los gastos de acopio, 7% los costos del flete y solo 6% el margen que le queda a la industria que procesó y exportó el poroto.

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¿Pero cuál fue la principal terminar exportadora? Una completa estadística de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) da cuenta del ránking de puertos cerealeros. Con casi 5 millones de toneladas, el 8% del total, el puerto de ADM en Arroyo Seco, dentro del Gran Rosario, ocupó la delantera. Hay que aclarar que esa compañía estadounidense se especializa en la exportación de granos, pues no tiene plantas procesadoras en el país.

Las 10 terminales portuarias líderes en volumen de grano despachado (ocho del Gran Rosario y dos de Bahía Blanca) sumaron en conjunto embarques por 32 millones de toneladas, o un 57% del total nacional.

De ellas, los 7 primeros puestos corresponden a plantas localizadas en el nodo Gran Rosario (y que embarcaron en conjunto 24,9 millones de toneladas.

Por localidades, San Lorenzo (nodo que agrupa las localidades de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) concentra el 42% de los despachos totales, y Rosario (que contiene los puertos de Arroyo Seco, General Lagos, Punta Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) registró el 25%.

En conjunto, el nodo Gran Rosario dio cuenta del 68% de los embarques totales de granos de la Argentina en el año 2020, en línea con sus máximos históricos. Este es el registro general.

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Grabois llegó a la zona de San Lorenzo junto al dirigente Mario Santucho y posó con los trabajadores aceiteros en el frente de la planta de Dreyfus, una de las aceiteras paralizadas. Allí, el dirigente cercano al Papa Francisco y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, calificó al sector exportador como “los más malos de los malos”.

Frente a la planta de Dreyfus, con @DanielYofra, Mario Santucho y los trabajadores aceiteros que le están haciendo frente a los más malos de los malos. La navidad con los que luchan. @FTCIODyARA pic.twitter.com/xbe5BkjbOX

— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 26, 2020

Grabois, que viene de protagonizar junto al denominado Proyecto Artigas y a Dolores Etchevehere un grotesco intento de reforma agraria nada menos que en la estancia entrerriana de la familia del ex ministro de Agricultura del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, cargó así contra un grupo de 15 empresas que dominan el comercio exterior de granos y derivados. En este 2020 atípico, ese grupo de firmas representó más del 40% del total de las exportaciones del país.

Las firmas agroexportadoras, algunas multinacionales y otras de capitales locales, están nucleadas en Ciara-CEC (Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales). Esa cámara empresaria y los gremios del sector mantienen desde principios de diciembre una durísima pulseada salarial que no logra cauce. Las negociaciones en el marco del Ministerio de Trabajo recién se retomarán el martes 29.

El miércoles pasado, luego de rechazar una nueva propuesta de las patronales, los trabajadores aceiteros y los recibidores de granos informaron que pasarían la Navidad en huelga. Hasta allí llegó Grabois, que expresó su apoyo concreto a uno de los gremios en conflicto, La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, que es conducida por Daniel Yofra.

Desde esa organización sindical también difundieron el apoyo de otros dirigentes sociales a su plan de lucha.

Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se solidariza con la Huelga Nacional en la industria aceitera y de exportación de granos! Gracias compañera por tu abrazo solidario!!! pic.twitter.com/P7O1e0OTun

— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) December 18, 2020

Como la adhesión al paro es fuerte y algunas plantas están a la vez bloqueadas, continúo entonces restringida la posibilidad tanto de concretar embarques como de enviar camiones con granos a terminales portuarias.

El paro aceitero se está llevando a cabo desde hace más de dos semanas en los accesos de las industrias y terminales portuarias de Cargill, Bunge, ADM, LDC Commodities (Dreyfus), Glencore (Oleaginosa Moreno), Cofco, Terminal 6, Molinos Agro y Aceitera General Deheza (AGD).

Las pérdidas denunciadas por esas empresas por la imposibilidad de concretar los embarques pactados son multimillonarias.

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Pero todo depende del juez Hernán Lorenzini, que debería definirse en las próximas horas.

La operación permitiría reducir el nivel de pérdidas acumulados por Vicentin desde que se inició el concurso de acreedores. Según el balance operativo presentado por la sociedad, “la diferencia resultante en el periodo marzo-octubre 2020 entre el total de ingresos y egresos de la empresa es de -9.197.331 dólares”. Parece poco dinero frente al multimillonario pasivo que Vicentin declaró poseer cuando se ingresó en default, un año atrás, y que asciende a unos 1.300 millones de dólares.

Descarga aquí el Informe de Vicentin (Feb2020 a Oct2020)

Al contar las novedades de este año complicado, Vincetín recordó que “solicitó al juez del Concurso Preventivo la aprobación para la venta del 25% del paquete accionario de Emulgrain SA. El comprador del 50% del paquete accionario de Emulgrain sería Lekigos SA”.

Para entender, Vicentin SAIC vendería la cuarta parte de la planta de lecitina que nació en 2006 como fruto de una cuerdo con el fabricante de emulsionantes Lasenor, originario de España. Vicentin proveía materias primas para ese emprendimiento, las lecitinas de soja y girasol.

La participación del grupo Vicentin en Emulgrain es del 50%, pero esa mitad se integra de un 25% de la firma concursada y otro 25% que están en manos de la empresa Sir Cotton SA, que forma parte del holding Vicentin Family Group, radicado en Uruguay.

En su informe, la aceitera originaria de Reconquista añadió que “el precio de compra se fijó en la suma total de 1.000.000 dólares, correspondiendo a la sociedad el cobro de la suma de 500 mil por su participación del 25% del total del paquete accionario de Emulgrain”. Y agregó que “de no aprobarse la operación la Sociedad se liquidaría”.

Será una decisión difícil para Lorenzini. El juez está investigando si el desprendimiento de otras sociedades vinculadas originalmente con el grupo Vincetin, como el frigorífico Friar de Reconquista, no forman parte de una estrategia de vaciamiento de la empresa concursada, de modo de reducir el volumen de los activos expuestos a una posible quiebra.

De esto escribió bastante el periodista Raul Dellatorre este domingo en Página/12. “Los representantes legales del Banco Nación y de los trabajadores de Vicentin SAIC intentaron una vez más, en vano, que el juez del concurso involucre al conjunto de las empresas del grupo empresario en las obligaciones que tiene la cerealera exportadora ante sus acreedores, y actúe de modo tal de evitar que continúe el vaciamiento del capital con el que deberá responder la concursada”, contó el artículo.

Esta visión, alimentada sobre todo por la venta de Friar al grupo ARSA, contrasta con la que tiene la propia Vicentin, que desde el vamos trató de establecer que se trata de sociedades diferentes que no tienen vínculos entre sí. “Desde la apertura del concurso, no ha habido desprendimiento o cambios en la tenencia accionaria en relación con sociedades controladas o vinculadas”, insistió en el escrito enviado a sus acreedores.

Lorenzini tiene poco tiempo para expedirse sobre el caso de Emulgrain. “La oferta se encuentra sujeta al cumplimiento de que la sociedad obtenga la conformidad del juez concursal antes del 15 de diciembre de 2020 y  que se obtenga la correspondiente autorización judicial a efectos de levantar la medida cautelar de prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición de la misma”, explicó la compañía.

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Fernando Jurado, desde principios de este año CEO de este grupo, es un veterano del agronegocio: viene de trabajar en Cargill, Los Grobo y Paladini. Más allá de la talla de cada una de esas firmas, son todas empresas familiares. Otra casualidad. Jurado nos relata la historia del Grupo Olio como “la historia de una clásica familia italiana que llegó a Santa Fe” y progresó a costa de trabajo y esfuerzo.

El abuelo de Ariel comenzó todo y siendo carrocero pudo comprar las primeras hectáreas de campo en los años 50 o 60. El padre de Ariel, más cerca en el tiempo, se involucró más en el negocio agrícola y logró consolidar un capital propio de unas 2.000 hectáreas. Luego llegó Ariel, que “empezó a querer comercializar el producto del campo familiar, y a partir de ahí también empieza a originar”, es decir a actuar como un intermediario en el comercio de granos.

Según el relato que Jurado hace a Bichos de Campo, en cierto momento la empresa familiar decidió comprar una porción de la corredora Díaz & Forti y el joven Ariel se instala en su nueva base de operaciones en la ciudad de Rosario.

Mirá la entrevista con Fernando Jurado:

“Ariel es una persona con una visión de negocios impresionante. Ya en 2018 empieza a pensar de qué manera puede entrar en el negocio de exportación”. Así describe Jurado al presidente del Grupo Olio. Cuenta además que con ese objetivo el empresario realizó dos emisiones de capital en la Bolsa de Viena, para obtener el financiamiento necesario para pegar ese salto. Eso le permite consolidar el grupo, que está integrado por las firmas Los Reartes, más dedicada a la producción; y por Díaz & Forti, más enfocada en la intermediación de granos y también en la exportación.

“Diaz & Forti se convierte en una originadora importante y Olio se hizo muy fuerte en el mercado del FAS, para hablar en la jerga de la industria”, nos cuenta Jurado. La empresa comenzó a manejar el puerto Barranqueras, en el Chaco. Pero rosarinos de cabo a rabo, los de Grupo Olio acaban de firmar acuerdos para sponsorear a los dos grandes equipos de futbol de la ciudad, Rosario Central y Newells.

-Estas historias de crecimiento tan rápido despiertan todo tipo de suspicacias. Sobre todo porque en este mismo contexto en el que crece Olio hay un montón de corredoras o correacopios que se vienen cayendo…

-La familia Olio tiene un rara combinación. Por un lado la agresividad de querer crecer, pero por otro lado una fuerte impronta de familia italiana, que le dice doy solo el paso que puedo dar. El año pasado originó por 200 millones de dólares de granos, pero exportó muy poquito. Lo hizo porque no había margen en el negocio FOB (de exportación).

Jurado cuenta que el se incorporó a principio de año, cuando Olio estaba en conversaciones para tomar a fazón la planta de Buyatti en el puerto de San Lorenzo. Se trataba de una planta bien conservada y de mediana capacidad, que de todos modos tenía una contra: al estar alejada del río no tenía elevación propia. “Ese era el paso que estábamos dispuestos a dar para empezar a cambiar nuestra originación por exportación”, describe el directivo del grupo.

Esa negociación coincide con la caída también vertiginosa de Vicentin, una de las agroexportadoras nacionales líderes, que también era propietaria de una planta aceitera en San Lorenzo, además de ser dueña en sociedad con Glencore de Renova, la otra megaindustria sojera ubicada en esa localidad.

“La mala suerte de unas personas puede ser la buena suerte de otras”, sostiene Jurado. Dicho y hecho, pues la desgracia de Vicentin -que entró en concurso de acreedores en febrero pasado- habilitó para el Grupo Olio la posibilidad de hacer un mejor negocio que trabajar en la planta de Buyatti.

“Nos acercamos a Vicentin a pedir la elevación que no teníamos en Buyatti. Pero ellos nos dijeron que por el mismo precio nos daban capacidad de molienda con elevación incluida. Eran 3 a 4 dólares de ventaja en el costo, una fortuna de plata. Por eso frenamos con Buyatti y en marzo empezamos a hablar con Vicentin. A los dos meses el juzgado del concurso homologó un primer contrato hasta fin de este año”, continúa Jurado. Aquel acuerdo es por un piso de 60 mil toneladas hasta un techo de 200 mil toneladas de molienda de soja por mes.

Según el empresario, “hoy estamos cerca de las 200 mil toneladas y honestamente nos encontramos con un mercado FOB en el que le hemos vendido a todos los grandes exportadores de la Argentina. Empezamos a sentir que esos volúmenes los podíamos manejar bien”.

En septiembre pasado ya había quedado atrás el intento expropiador lanzado por el gobierno y el concurso de acreedores seguía su marcha. “Vicentin redobla la apuesta y nos dice que nos bajan 2 dólares más el valor del fazón, pero tomando el 70% de obligación de la fábrica de San Lorenzo. Y además nos ofrece la otra fábrica de Ricardone para girasol”, rememora el CEO del grupo Olio. Se firmó un nuevo contrato para seguir y ampliar las operaciones durante el transcurso de 2021, que ahora está a la espera de una nueva y necesaria homologación del juez.

-Mientras tanto el concurso sigue y en algún momento el juez deberá decidir qué sucede con esos activos de Vicentin en los que ustedes ahora están operando…

-Por eso estamos deshojando la margarita. Pensamos que a futuro podemos entrar en el concurso mostrando interés por alguna de estas fabricas en las que estamos operando.

-Eso implicaría que el Grupo Olio debería dejar de operar a fazón y convertirse también en una industria.

-Bueno, acá no te voy a revelar parte de nuestra estrategia. Pero podría decir que si tenemos interés en encontrar algún socio industrial con el cual entrar al negocio. Sabemos de nuestras limitaciones. Probablemente busquemos incorporar a alguien que aporte el conocimiento industrial que por ahí nosotros no tenemos.

-¿O sea que en definitiva están interesados en al menos las plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone?

-Si todo tiene un cariz empresarial, dentro de una convocatoria razonable, sin ribetes políticos o cosas que empiecen a enturbiar el proceso, esas plantas pueden ser de nuestro interés, dentro de las posibilidades que tenemos nosotros. Pero ese es un capitulo para mediados de 2021- responde el CEO. Jurado además advierte que ellos primero apuestan a mantener las fábricas funcionando. Sospecha que algunas otras empresas del sector agroexportador preferirían verlas cerradas, para que su cotización baje a la de un conjunto de fierros oxidados.

En este punto, el ejecutivo admite que tras su vertiginoso crecimiento en el negocio de la originación de granos primero y en la exportación después, el Grupo Olio ahora apunta a consolidarse como “una exportadora nacional” que pueda competir por parte de la cosecha argentina de granos.

“El sueño es ese. Para nosotros originar, moler y exportar 4, o 5 millones de toneladas es un objetivo desafiante. Si el año que viene hacemos 3 millones de toneladas habremos dado un primer paso sólido. Después pensar en 4 millones y más adelante en 5 millones. Nuestra ambición es alta, pero nuestra racionalidad es concreta”, se despide el directivo.

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¿Por qué? Porque de nada servirá una Vicentin pública o privada si no se consigue recuperar la confianza de los productores. Vicentin no es YPF que tiene el crudo a disposición, porque tiene la concesión de los pozos petroleros. Vicentin tampoco produce soja. Tiene que conseguir quién quiera vendérsela.

Entonces, más allá de quien sea el dueño, lo fundamental es que el plan de negocios de la firma sea atractivo para los 1.500 productores, acopios y cooperativas a los que clavó con una deuda de 400 palos verdes. Mientras ese pasivo no se pague, difícilmente se logre reactivarla.

Algunos dicen: al ser estatal puede pagar más por la soja. Yo contesto que la Argentina casi no incide en el mercado internacional de granos, es “tomadora” de precios. Desde Chicago nos dicen que la soja vale tanto. Una empresa que maneja 10% del mercado local jamás podría incidir en la configuración de los precios internacionales de la soja o el maíz.

Además, y en esto coinciden todos los expertos, el de los commodities agrícolas es un negocio donde la plata se gana moviendo grandes volúmenes, pues los márgenes son de pocos puntos sobre los granos vendidos. Vicentin deberá trabajar entonces a tope si pretende ser una firma rentable.

Ya contamos que Vicentin tiene “teóricamente” el 22% de la capacidad de molienda del país. Digo teóricamente porque la mitad de eso corresponde a Renova, la planta sojera más grande del mundo. Es una sociedad entre Vicentin y Glencore que por ahora no entraría en la expropiación.

Si el Estado se queda (sin contar Renova) con las otras dos plantas que pertenecen a Vicentin, contaría con una capacidad de molienda de unas 20.000 toneladas día. Es decir que necesitaría por lo menos 600 camiones de soja por día para poner a funcionar sus motores a tope.

¿Cómo hace un Estado que no tiene mucho margen para pagar más por la soja (salvo que subsidie) para tentar a los productores a venderle 600 camiones por día? Sobre todo cuando la inmensa mayoría de chacareros desconfía del kirchnerismo y está en contra de la expropiación…

¿Cómo evitar que las dos plantas que supuestamente el Estado expropiaría (las de San Lorenzo y Ricardone) no terminen siendo fierros viejos y los 1.500 empleados terminen en la calle? Esa debería ser la primera pregunta que tendrían que hacerse quienes quieren expropiar a toda costa: ¿Cómo llenarlas de soja?

En ese sentido, a mi juicio la opción santafesina suena mucho más potable que la expropiación, porque pretende sumar a cooperativas (ACA es la mayor originadora del país) y porque quedaría en cabeza de YPF Agro, que puede aportar granos del canje por insumos. Adempas la nueva firma mixta podría ser capitalizada por otros actores del sector privado.

Todas estas preguntas son pertinentes por un detalle que marcó bien Martín Melo en una nota de Infobae: acaba de terminar la cosecha de soja 2019/20 y nadie -pero nadie- extrañó la ausencia de Vicentin en el mercado. Esto señala que pese a ser importante, no hace falta.

¿Qué quiere decir que no hace falta? Que a pesar de que Vicentin tenga una elevada capacidad industrial para moler soja, que esté en actividad no ha sido necesario y que la rueda puede seguir girando sin ella. No es claramente un servicio esencial. Podemos prescindir de ella.

Los números son contundentes: A trazo grueso, la Argentina cosechó 50 millones de toneladas de los cuales exportó 10 millones como porotos en 2019. A los 40 millones que ingresaron a la industria se le suman 3/4 millones más de Paraguay y Bolivia. Muele unos 45 millones de toneladas, con mucho empuje.

Frente a esta oferta de 45 millones de toneladas de soja para alimentar plantas como la de Vicentin, el conjunto de la industria oleaginosa cuenta con una capacidad para procesar 65/70 millones de toneladas. Sobra capacidad para 20 millones aproximadamente. La capacidad ociosa es muy alta.

Dicho de otro modo, si las dos plantas de Vicentin necesitan para funcionar 600 camiones de soja por día, o el doble de camiones si se suma la planta de Renova, ¿cómo espera el Estado atraer esos camiones si la capacidad instalada es de 7.000 camiones/día?

La industria más poderosa de la Argentina puede moler unos 7.000 camiones de soja por día

Por eso es muy endeble el proyecto oficial de expropiación y también es débil cualquier proyecto de salvataje: la capacidad ociosa de la industria aceitera es muy elevada y nada garantiza que Vicentin sea atractiva (y segura) para los dueños de la soja, que son los productores.

Entonces ahí, si siguieron este razonamiento hasta aquí, aparecen todos los temores… ¿Qué podrá hacer la Vicentin estatal para conseguir soja? ¿Saldrá a expropiar campos para producirla ella misma? ¿Obligará a los productores a venderle con otros artilugios y presiones?

Mi recomendación a los que impulsan este proyecto, entonces, es que más allá de discutir sobre soberanía alimentaria empiecen a contarnos realmente cómo harán para reactivar la empresa. Porque si no tienen un plan lo más probable es que las plantas terminen cerradas y la gente en la calle.

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Viernes 22, a poco del mediodía. Pablo Reguera, el secretario general del Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo, donde funcionan diez de las empresas exportadoras de soja más importantes de la Argentina, aguarda para ingresar a una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, ya que las empresas de ese complejo se han negado este año a pagar un bono de fin de año que los trabajadores ya consideran como “un derecho adquirido”. Por este asunto, en tiempos de déficit fiscal galopante, los principales puertos de exportación de la Argentina estuvieron parado varios horas la semana pasada, con pérdidas millonarias.

“Yo no creo que aflojen”, nos dice Reguera antes de entrar a la reunión con el sector empresario. Se lo nota mucho mas tranquilo que días atrás, cuando declaraciones poco felices del gerente de comunicaciones de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-Cec), Andrés Alcaraz, desencadenaron una semana de furia en la estratégica zona portuaria ubicada a las afueras de Rosario. Ahora la situación está bajo Conciliación Obligatoria, pero el gremialista advierte que si sale con las manos vacías de la negociación, “los muchachos allá me van a recibir con un humor de perros”.

La saga es digna de recorrerse. El sindicato de Reguera, que es parte más que importante de la Federación de Trabajadores Aceiteros y tiene una enorme capacidad de presión, ya que 75% de las exportaciones agrícolas salen de los puertos ubicados en su zona de influencia, había comenzado a pedir a las empresas de la zona el pago del bono de fin de año equivalente a un salario básico del escalafón, pues esa gratificación se había convertido en una tradición de los últimos años.

Ante las primeras respuestas negativas, el 14 de diciembre el sindicalista se presentó  en los estudios del sitio local SL24 para comentar la situación. “Los empresarios usan a los trabajadores para pedirle a Gobierno un dólar más alto”, fue una de las declaraciones más altisonantes de Reguera en esa entrevista, en la que dio a entender que la negativa de las empresas aceiteras a pagar el bono este año apuntaba a generar un conflicto para mostrar la situación de retraso cambiario. En criollo, las empresas argumentaron tener una baja rentabilidad y no poder hacer frente al compromiso.

Ese mismo 14, unas horas después, quien se comunicó con la redacción de SL24 fue Alcaraz, quien se presenta como en avezado profesional de la comunicación y trabaja para Ciara-Cec desde hace varios años. Quería aclarar la situación. Lo que dijo básicamente el vocero de la industria es que no era cierto que el sector estuviera pidiendo una devaluación. “Nosotros no somos los que nos podemos llegar a beneficiar con una devaluación sino que es el productor, porque el exportador ya tiene todos sus valores dolarizados”, explicó.

Pero también lanzó la frase que menos querían escuchar los trabajadores: “No podermos pagar dos veces lo que ya se pagó”, dijo, dando a entender que el bono de fin de año había sido cancelado con anterioridad, a mitad de año, en el marco de la paritaria firmada con la Federación. En ese sentido, Alcaraz explicó que, a diferencia de otros años, aquella mejora salarial (que incorporaba el famoso bono) había sido del 31%, cuando la inflación anual había sido de solo 23%. Es decir, argumentó que el bono compensador no se justificaba en el presente ejercicio donde el salario le había ganado a la inflación.

Puede ver la teleconferencia con Alcaraz aquí.

Lo que siguió fueron días de furia en esa zona portuaria. El viernes 15 de diciembre, luego de los primeros sucesos de violencia en la Plaza

Congreso, Reguera comentó en una radio las declaraciones del vocero de Ciara-Cec: “Lo que hicieron ayer es feo. La gente está muy lastimada dentro de las fábricas. Las empresas con esta actitud no se dieron cuenta que generaron violencia, por que al decirte ‘no hay más diálogo’, se genera violencia”.

Luego explicó: “Si no pagan el bono no la van a pagar nunca más, vamos a luchar para que el bono quede escrito en el Ministerio de Trabajo. Este bono se va a pagar de una y otra manera, no importa el tiempo que lleve. No estará Reguera, porque a lo mejor toman alguna medida para que Reguera salga. Aquí es muy fácil meterte preso”, expreso, hablando de sí mismo en tercera persona, como hace Diego Maradona.

Pero fue todavía más allá y criticó a la industria aceitero por querer provocar este conflicto para forzar a Macri a definir una devaluación. “Las empresas necesitan un dolar de 28 pesos y ahora no quieren usar a nosotros, que generemos una situación en la región más importante del país, para que el presidente se de cuenta que les tiene que levantar el dólar. Son una manga de cagones porque no se animan ellos, que le pusieron 6.000 millones de dolares cuando arrancó Macri, a decirle ‘loco me estas cagando'”.

Con el diálogo cortado, el lunes 18 arrancaron los primeros conflictos, las asambleas y las reuniones entre delegados. De nuevo mientras sucedían los violentos incidentes mientras el Congreso debatía y aprobaba la reforma previsional. Paro de la CGT, al cual los aceiteros rápidamente se plegaron.

El martes 19 al mediodía terminó el paro de la CGT, pero los aceiteros de San Lorenzo decidieron continuar con las medidas de fuerza en reclamo del bono de fin de año.

El miércoles 20 continúa el cmplejo paralizado: los barcos no cargan y se pierden millones de dólares cada hora. Un dolor de cabeza para todos, hasta que el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación.

Viernes 22 cerca del medidía. Reguera ingresa algo más tranquilo a la reunión con los empresarios del sector aceitero, que por dentro están furiosos por la escasa pericia de su vocero y no solo lamentan el dinero perdido sino que los hayan escrachado de ese modo, como impulsores secretos de una devaluación.

Reguera sabe que a fin de año hay poco ánimo para protestar y que además las medidas de fuerza tendrán ahora poco impacto, porque ya hay muchas plantas que iniciaron las paradas técnicas debido a la baja actividad de esta época del año. “El conflicto va para largo”, avisa, y no descarta una judicialización del reclamo para incorporar el bono de fin de año a la masa salarial. Nos pide paciencia, que esperemos a cuando comience la cosecha de granos grueso. Nos recuerda que a las plantas de San Lorenzo ingresan 30 mil camiones cargados de soja por día, y hasta una decena de trenes también abarrotados de granos.

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“Mucho de ese acopio hoy está en manos de la industria, mientras que la capacidad de almacenaje en manos del productor, está estimada en 16 millones de toneladas”, explicó Patricia Bergero, subdirectora de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el programa Bichos de Campo.

La especialista acotó que Agroindustria colocó en un mapa los distintos acopios comerciales, y “el embudo se concentra en las zonas portuarias, sobretodo en las terminales cercanas al up river. Si sumamos Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, el 86% de la capacidad de almacenaje fija comercial está condensada allí”.

Escuchá el reportaje completo a Patricia Bergero:

Bergero remarcó que “mientras Santa Fe reúne 23 millones de toneladas, y Buenos Aires unas 21, en sólo 2 departamentos de Santa Fe, San Lorenzo y Rosario,  tenés 14 millones, lo que representa el 23% de la capacidad comercial de la Argentina. Esto habla del nudo de terminales portuarias bien direccionadas hacia la exportación, más todo el sector agroindustrial que está aledaño a esas terminales.

Al respecto de la producción almacenada en silobolsas, Bergero enunció que “la capacidad de almacenaje de Argentina siempre se caracterizó por ser corta para los niveles de producción que supo tener. Para el productor fue un gran adelanto la incorporación de silo bolsa para guardar grano seco, hace casi 15 años atrás, lo que le permitió tener flexibilidad de almacenaje y comercial”.

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