A las cero horas del día de hoy, trabajadores de Atilra comenzaron una protesta en el centro de distribución de la filial de SanCor en Don Torcuato, produciendo un corte sobre la colectora que interfirió con el tránsito. Según indicaron fuentes gremiales a Bichos de Campo, la protesta se replicará en todas las dependencias de la empresa, aunque su alcance y tiempo de duración aún no está definido.

Por lo pronto y sin un comunicado oficial de la entidad gremial, lo único que circuló por redes sociales fue un breve mensaje que convocaba a los cuerpos de delegados y a la comisión directiva a reunirse en dicha sede. “Vamos con todo. SanCor somos todos”, acusa el recado.

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A casi dos meses de la firma de un compromiso para lograr la “reactivación definitiva y sustentable” de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas -del que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el secretario General del gremio Atilra, Héctor Ponce, y el presidente de SanCor José Pablo Gastald, entre otros- la asamblea de la cooperativa todavía no se expidió al respecto.

El texto firmado proponía la creación de un fideicomiso que recibiría fondos estatales, cuya finalidad sería la de facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la empresa. El mismo sería administrado por un grupo de empresarios y auditado por los sindicalistas de Atilra.

Además, SanCor recibirá créditos oficiales para la adquisición de materia prima y bienes de capital que permitan llevar el nivel de producción a 1.000.000 de litros diario promedio (hoy se encuentra en 650.000).

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Recordemos que dada su situación y antecedentes, la empresa láctea no dispone de financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva.

Según afirmaron fuentes extraoficiales a este medio, la Asamblea de Socios de SanCor no ha mostrado una clara intensión a pronunciarse favorablemente en torno a este proyecto, y no ha fijado una fecha para reunirse.

En paralelo continúan los reclamos de los trabajadores por el pago de sus aportes, que en algunos casos no se han efectivizado.

Foto de portada: Nota al Pie – Crédito Damián Morais

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El documento se firmó este lunes en una reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el secretario General del gremio Atilra Héctor Ponce, José Urtubey de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras del laboratorio Richmond, el abogado Leandro Salvatierra, el consultor lácteo Jorge Estévez y, por supuesto, el presidente de SanCor CUL José Pablo Gastaldi.

La cuestión es que el texto del compromiso –cuya propuesta final debe ser aprobada por la asamblea de socios de SanCor– deja más dudas que certezas.

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El documento indica que “es voluntad de los presentes crear un patrimonio de afectación, el cual sería administrado por personas físicas y jurídicas designadas por el grupo empresario, constituyéndose un fideicomiso, cuya finalidad será facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial del conjunto y que tenga entre sus objetivos principales generar un negocio empresarial sustentable”.

Y luego se expresa que se propone “destinar partidas específicas implementadas por el Estado nacional, consistentes en fondos con destino exclusivo a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial, con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad”.

Además se señala que “SanCor transferirá al fideicomiso del grupo empresario, una vez que se haya concretado la recepción por parte de dicho grupo de los fondos provenientes de las líneas bancarias oficiales ya mencionadas, aquellos bienes que este último indique como necesarios para cumplir con los objetivos industriales y comerciales del proyecto de puesta en valor de la empresa, consistiendo los mismos, conceptualmente, en aquellos bienes e instalaciones que estén al servicio de la elaboración de la totalidad de los productos que SanCor tiene la posibilidad actual o futura de producir y comercializar”.

Por si faltaba algo más para completar tan exótica ensalada, el compromiso además establece que “Atilra tendrá participación dentro del Fideicomiso, la que se determinará oportunamente y ejercerá el contralor del destino de los fondos provenientes de las herramientas financieras provistas por el Estado nacional a fin de asegurar que los mismos no sufran desvíos de los objetivos trazados”.

Además el acuerdo indica que el gremio verificará que el “producido de la venta por parte de SanCor de los activos accionarios que posee de otra u otras empresas” se destine “a colocar a la empresa en un nivel de equilibrio operativo, el que se encuentra en los aproximadamente 1.000.000 de litros diarios promedio, nivel que deberá alcanzarse en el menor plazo posible”. Por supuesto, mientras todo eso sucede, SanCor no deberá despedir a ni uno solo de los 1450 trabajadores afiliados a Atilra.

Repasemos. Para salvar la situación de SanCor, se creará un fideicomiso que recibirá fondos estatales –no se indica de dónde ni en qué condición– y que será administrado por un grupo de “empresarios” y auditado por los sindicalistas de Atilra.

Luego SanCor recibiría créditos oficiales (aparentemente los “empresarios”, más bien “empresaurios”, no pondrían un solo peso de la suya en la cooperativa láctea). Y en el siguiente acto –¡chan!– SanCor tendría que vender activos para capitalizar el fideicomiso que, recordemos, sería gestionado por los “empresaurios” y los dirigentes de Atilra.

¿Y los socios de SanCor? Obviamente, deberían seguir entregando leche a la cooperativa calladitos y sin decir ni “mu”.

La cooperativa, luego del proceso de reestructuración encarado entre 2017 y 2019, que incluyó la venta de buena parte de sus activos y un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para abonar una porción de una enorme deuda comercial, actualmente dispone de seis plantas industriales que procesan diariamente 650.000 litros de leche, que son empleados para elaborar leche fresca y en polvo, manteca, crema, dulce de leche y quesos. Cuenta con unos 1700 empleados que vienen cobrando sus salarios con importantes atrasos.

La cuestión es que, debido a sus antecedentes, SanCor no cuenta con financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva. De hecho, los directivos de SanCor apuntan a procesar al menos 1,2 millones de litros diarios de leche, casi el doble que en la actualidad.

Los directivos de SanCor estuvieron buscando socios y financiamiento sin mayor éxito, hasta dar con la propuesta diseñada por el gobierno nacional, que implicaría perder por completo el manejo de la cooperativa láctea.

La última vez que SanCor hizo negocios con el Estado nacional no le fue nada bien. La cooperativa cuenta con una importante deuda dolarizada generada por operaciones impagas que se realizaron en el marco de un acuerdo firmado a fines de 2006 con la entidad estatal venezolana Bandes, por medio del cual, además del envío de partidas de leche en polvo a modo de pago de un crédito de 80 millones de dólares concedido por esa entidad bolivariana, SanCor se comprometía a abastecer con ese producto al gobierno venezolano.

La cuestión es que el cobro de esas exportaciones no se efectuaba de manera directa, sino a través del fideicomiso “Néstor Kirchner”, el cual era gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos. Buena parte de las exportaciones de leche en polvo destinadas a Venezuela se hacían además con sobreprecios superiores al 50%.

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Pero todos cometieron un error: se olvidaron a llamar a algún referente de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas para ver de qué se trataba el asunto.

Para saldar esa deuda, los representantes de la cooperativa difundieron un comunicado titulado “Todos hablan de SanCor, pero nadie habla CON SanCor” (¿será una indirecta?) en el cual aclararon que “el Consejo de Administración de SanCor no ha recibido ninguna comunicación ni propuesta de administración, apoyo financiero y/o de reestructuración de la cooperativa”.

“Desde 2017, SanCor realizó un importante proceso de reestructuración operativa, financiera y societaria que le permitió sostener sus operaciones productivas y comerciales. Lo hizo con el compromiso y la participación de los productores asociados, empleados, proveedores, clientes y consumidores a quienes agradecemos”, indica el comunicado.

La cooperativa recordó que, luego del proceso de reestructuración encarado entre 2017 y 2019, que incluyó la venta de buena parte de sus activos y un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para abonar una porción de una enorme deuda comercial, actualmente dispone de seis plantas industriales que procesan diariamente 650.000 litros de leche que son empleados para elaborar leche fresca y en polvo, manteca, crema, dulce de leche y quesos. Cuenta con unos 1700 empleados que vienen cobrando sus salarios con importantes atrasos.La cuestión es que, debido a sus antecedentes, SanCor no cuenta con financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva. De hecho, los directivos de SanCor apuntan a procesar al menos 1,20 millones de litros diarios de leche.

“Para lograr ese mayor volumen de operatoria, es imprescindible acceder al financiamiento del capital de trabajo destinado a la mayor adquisición de materia prima e insumos”, se señala en el comunicado, para luego añadir que eso podría lograrse a través de “aportes financieros o de inversión de organismos y/o instituciones públicas y/o privadas” o bien por medio de “la constitución de un fondo de garantías (con recursos estatales) destinado exclusivamente a la compra de materia prima e insumos”.

Una tercera alternativa es –según indicaron– contar con “apoyo gubernamental para el cobro de la deuda contraída por la República Bolivariana de Venezuela, por la provisión de leche en polvo. En este sentido, se solicitó la gestión pertinente a las autoridades nacionales, a través de la Cancillería”.

SanCor cuenta con una importante deuda dolarizada generada por operaciones impagas que se realizaron en el marco de un acuerdo firmado a fines de 2006 por la cooperativa con la entidad estatal venezolana Bandes, por medio del cual, además del envío de partidas de leche en polvo a modo de pago de un crédito de 80 millones de dólares concedido por esa entidad bolivariana, SanCor se comprometía a abastecer con ese producto al gobierno venezolano. La cuestión es que el cobro de esas exportaciones no se efectuaba de manera directa, sino a través del fideicomiso “Néstor Kirchner”, el cual era gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos. Buena parte de las exportaciones de leche en polvo destinadas a Venezuela se hacían además con sobreprecios superiores al 50% (es que la leche que se enviaba allá era de muy buena calidad).

“Cabe destacar que el plan al que se alude fue revisado y validado por consultores designados por organismos oficiales, y fue presentado a las autoridades sindicales y de los gobiernos nacional y de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Aún no hemos tenido  respuestas concretas en materia de financiamiento y de recupero de la deuda del exterior”, explica el comunicado de SanCor.

“Si bien la cooperativa mantiene sus operaciones corrientes, es indispensable aumentar en el corto plazo el volumen de procesamiento de leche para evitar sobresaltos y dudas sobre sus posibilidades de éxito”, advierte.

“Desde el inicio del proceso de reestructuración, SanCor continúa siendo una cooperativa de productores lecheros, se mantiene abierta al diálogo y a escuchar ideas y propuestas dirigidas al logro de los objetivos establecidos. En este sentido, SanCor recibirá, analizará y definirá toda iniciativa que le sea presentada y que resulte útil y beneficiosa para sus asociados y partícipes del sistema pero que, a la fecha, no hemos recibido”, concluye el texto publicado por la cooperativa.

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¿A qué dramática situación se refiere el sindicalista? A que SanCor no estaría cumpliendo con su promesa de crecimiento en el procesamiento de leche, y que eso podría conducir a una “eventual desaparición” de la cooperativa tambera.

“Implicará consecuencias negativas cuya magnitud no puede ni debe ser ajena a la responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino también a las Cámaras Empresarias del sector como a nuestro Gobierno Nacional”, sostuvo el dirigente gremial. Atilra, en los últimos tiempos, estuvo pidiendo un plan de salvataje con ayuda oficial para la ex líder del mercado lácteo.

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Esto, sin embargo, no es leído de la misma forma por la empresa, que aseguró días atrás a Bichos de Campo que Sancor “llegó a un resultado operativo neutro y ya no está en una situación crítica”. Si bien es cierto que hoy procesa cerca del 10% de la leche que llegó a procesar en sus momentos de gloria, desde 2019 ha mostrado una estabilidad sostenida.

“La idea es no solamente estar con resultados operativos neutros sino tratar de ganar dinero, certeza y seguridad”, habían indicado desde la cooperativa, haciendo especial hincapié en la necesidad de conseguir nuevo capital de trabajo para crecer en producción.

Para SanCor, este mensaje de Atilra esconde en verdad un descontento ligado al número fijado en la última paritaria de marzo, que fue de un 30% y que quedó desactualizado por la inflación.

Bichos de Campo intentó comunicarse con fuentes de Atilra para confirmar si existen otras intensiones detrás de “la preocupación” de Ponce, y si hay efectivas posibilidades de nuevas medidas de fuerza por parte del gremio.

De forma breve respondieron: “Estamos en plena paz. No hay ninguna medida de fuerza a la vista, de ninguna naturaleza y por ningún motivo. La apertura de paritarias está escrita, en octubre se abren paritarias. Así está pactado desde marzo.”

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Aún con estas aclaraciones, el sector empresario está más que inquieto aunque afirman no temerle al aumento salarial. Sin embargo, los antecedentes en las negociaciones con Atilra y la situación económica actual aportan al temor de un nuevo pedido de aporte solidario o compensación adicional.

Habrá que seguir esperando.

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Fue en 2016 cuando se combinaron varios factores -como la mala gestión interna y el deterioro del mercado lechero argentino-, que enfrentaron a la cooperativa láctea a una crisis financiera y productiva muy aguda, al punto tal de tener que frenar sus operaciones a principios de 2017. Entonces no había capital para poner a producir las plantas y la leche debía ser derivada a otras industrias.

Eso empujó la primera ficha de un dominó de cierres y venta de plantas, de un verdadero proceso de desmembramiento. SanCor se despidió en primer lugar de las plantas de Charlone, Pozo del Molle y Centeno. Luego se desvinculó de la producción de yogures, flanes y postres, que actualmente quedaron en la órbita de la empresa ARSA, del grupo Vicentín. Por su parte Adecoagro se quedó con las plantas de Morteros y Chivilcoy, donde hoy produce la leche Las Tres Niñas.

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¿Qué le quedó a SanCor? La producción de quesos, crema, dulce de leche, manteca, leche en polvo, leches saborizadas e infantiles.

Hasta que logró poner orden a sus finanzas, la cooperativa láctea estuvo manejada por dos fideicomisos: el primero fue con el Banco Nación y el segundo con el BICE. Se aplicó además un “plan de salvataje” que consistió en reestructurar las tres patas de la empresa: la operativa, la financiera y la societaria.

En primer lugar se realizó un acuerdo preventivo extrajudicial con proveedores, en donde se pagó lo adeudado, y acto seguido se reacomodó la deuda mantenida con los organismos fiscales, tanto nacionales como provinciales. En cuanto a la parte societaria, se modificaron los estatutos para cambiar la relación con los productores, al punto tal de que hoy SanCor compra leche por fuera de los asociados, algo que antes tenía prohibido. Además se redujeron a la mitad las áreas gerenciales y los consejos de administración.

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Finalmente en la parte operativa, la enorme planta de empleados que en 2017 era de 5100 personas, se redujo a menos de la mitad y quedó en 1750 empleados. Hay que aclarar que de ese número, muchos trabajadores se encuentran en la modalidad “libre” o con jornadas reducidas ya que la empresa, que además de área industrial incluye a la parte de distribución logística, repositores y venta al público, aún continúa con capacidad ociosa.

¿En qué situación quedó SanCor hoy? Según indicaron fuentes de la empresa a Bichos de Campo, la cooperativa “llegó a un resultado operativo neutro y ya no está en una situación crítica”. Vale aclarar que desde una posición mucho más reducida: hoy procesa cerca del 10% de la leche que llegó a procesar en sus momentos de gloria.

Teniendo en cuenta el carácter estacional del mercado lácteo, en el que se registran bajas entre los meses de febrero y marzo y subas hacia octubre y noviembre, en 2020 la cooperativa procesó 300.000 litros de leche a principio de año y lo cerró con una cifra de 800.000. La facturación del período 2019-2020 llegó a los 8.009.018.433 pesos. El mercado interno implicó 7.020.447.856 pesos y el externo 988.570.577 pesos.

Este año la empresa registró una leve mejoría y comenzó procesando entre 380.000 y 400.000 litros. Se espera que en noviembre se llegue a los 900.000.

Las plantas que continúan operativas son las de Súnchales, Gálvez y San Guillermo, en Santa Fe, donde se produce leche en polvo, formulas infantiles, dulce de leche y quesos. También las de Devoto, La Carlota y Balnearia en Córdoba, donde se fabrica leche en polvo, manteca y quesos.

Las marcas comerciales que SanCor todavía mantiene en su poder son “San Regim”, “Tholem”, “Santa Brígida”, “Granja Blanca”, “Mendicrim”, “Quesabores” y la homónima “SanCor”, una de las joyas de la abuela por su penetración en el consumidor argentino.

Luego de cumplir con esta fase de consolidación, desde la empresa informaron a este medio que se viene trabajando para conseguir nuevo capital de trabajo y lograr crecer en volúmenes productivos. “La idea es no solamente estar con resultados operativos neutros sino tratar de ganar dinero, certeza y seguridad”, afirmaron.

En ese sentido indicaron que se ha mantenido el diálogo con distintas instituciones, pero que la situación del país no ayuda a tener proyecciones claras y las tasas ofrecidas no son razonables.

Como espada de Damocles pende sobre ella una abultada deuda, en especial con el fondo de inversiones BAF (Buenos Aires Finantial), que supo socorrerla en los tiempos en que apremiaban las necesidades de financiamiento.

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La iniciativa supone la creación, en una primera etapa, de cursos prácticos formativos para la producción de alimentos inscriptos en este modelo alternativo. En un segundo momento la escuela ofrecería cursos educativos más prolongados, aunque todavía no está claro si serán o no de grado. En todos los casos, la Municipalidad de Sunchales, que trabajará en articulación con entidades como el INTA, será la encargada de emitir los certificados.

“El desarrollo de la Escuela de Agroecología se inscribe en un proyecto cuyo norte es la creación de un espacio agroecológico periurbano, que permita un autoabastecimiento local de hortalizas y frutas, dejando a un lado el actual modelo”, indica el documento de presentación al que accedió Bichos de Campo.

De eso se desprenden varias cuestiones. En primer lugar supone dejar de lado el modelo extendido en esa zona, vinculado a prácticas agrícolas tradicionales que hacen uso de fitosanitarios. En segundo lugar deja entrever que se dará pie a la realización de un nuevo ordenamiento territorial.

“La pérdida de nutrientes del suelo -demostrada por estudios científicos del INTA- causada por la agricultura sostenida con agroquímicos, implica una sostenida baja de micronutrientes en frutas y hortalizas, base de nuestro sistema de defensas contra virus y enfermedades. Por ello, prácticas agrícolas que regeneren el suelo son cada vez más necesarias”, afirma el documento.

Y asegura además que “lo que estamos viendo en las investigaciones es que los alimentos de origen ecológico, si incorporan fertilizaciones de materia orgánica, poseen concentraciones vitamínicas y minerales más altas que las de los alimentos de la producción convencional. De un 20% hasta un 60% más dependiendo de la fruta o verdura comparada”.

Por tal motivo, esta nueva escuela -que dará módulos vinculados a las verduras y hortalizas de estación, nutrición de suelo, compostaje, rotación de cultivos, citrus y frutales nativos, gallinas y huevos, floricultura y conservas- vendrá acompañada también de la creación de un “anillo verde” alrededor del periurbano.

¿Qué supone este “anillo”? “Delimitar el avance de la agricultura tradicional sobre la ciudad, y el avance de lo urbanístico sobre lo rural”, explicaron fuentes municipales a este medio.

Actualmente Sunchales cuenta con la ordenanza municipal 2405/14, que define un área restringida para la aplicación de agroquímicos de 200 metros; un área protegida de 300 metros desde el área restringida, en la que solo podrán aplicarse productos banda verde u aquellos catalogados como orgánicos; y un área controlada de 2500 metros en dónde solo podrán realizarse aplicaciones terrestres.

Si bien en principio este nuevo espacio no supondría la modificación de dicha ordenanza, sino simplemente su “blindamiento”, la misma no deja de encender alarmas entre los productores de la zona.

“El anillo sería para esos 200 metros. No hablamos de modificar la normativa sino en principio de aprovechar la oportunidad que nos genera esa normativa, y de trabajar pedagógicamente generando conciencia para producir alimentos sanos”, señaló Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales, a Bichos de Campo.

“El objetivo es promover un cambio cultural. Tenemos que cuidar el suelo y el ambiente para poder contar con un futuro”, agregó el funcionario.

Otra arista interesante de este proyecto es que la escuela y su campus se enmarcarán dentro de los terrenos denominados como “La Uno”. Se trata de entre dos y tres hectáreas que albergaron a la primera cooperativa de SanCor, y que fueron entregados a la municipalidad como parte de pago de las deudas que se ocasionaron luego de su crisis económica.

“Fue forma de buscar una salida y compensar con ese inmueble que está cargado de historia e identidad. Lo queremos rescatar para mantener en alto los valores que hacen a nuestra identidad. A partir de eso queremos construir este nuevo futuro”, sostuvo Toselli.

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La operación se viene gestando desde hace meses y por la inhibición de bienes que pesa sobre los dueños de la concursada agroexportadora, no pudo concretarse formalmente el traspaso de acciones, pero lo cierto es que este grupo inversor comandado por el empresario argentino Claudio Rafaniello y los venezolanos Manuel y Alfredo Fernández ya comenzó a gerenciar la empresa que Vicentin le había comprado a SanCor en 2016 y por la que pagó cerca de 100 millones de dólares.

En la actualidad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) cuenta con dos plantas industriales, una ubicada en las cercanías de la ciudad de Córdoba, camino a la localidad de Montecristo, y otra en Arenaza, en el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Emplea en forma directa a alrededor de 600 personas y, según señalan fuentes del sector lácteo, cuenta con una cuota de mercado en el segmento de los postres del 32% y del 16% en los yogures.

En tanto, el grupo que finalmente compró a ARSA es conocido en la industria láctea local porque siete años atrás también tomó la mayoría accionaria de la local La Suipachense, que a partir de ese momento comenzó un proceso de expansión, con mayor presencia en las góndolas locales, lo que le permite actualmente estar procesando alrededor de seis millones de litros de leche al mes.

En este marco, los integrantes del directorio de Vicentin también estarían en negociaciones con otros grupos inversores para vender más activos de empresas relacionadas con el grupo.

La empresa concursada busca alivianar su situación financiera mientras espera una resolución por parte del trío compuesto por Viterra, Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) respecto a una eventual oferta concreta de compra de la agroexportadora. Una decisión, por cierto, que se sigue dilatando mucho más de lo previsto.

Otra empresa íntimamente relacionada a ARSA que sigue en problemas es justamente la cooperativa láctea SanCor. La compañía que llegó a tener 17 unidades industriales y más de 4000 empleados, no logra salir de su laberinto.

Esta semana la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), el gremio que conduce Héctor Ponce, anunció que iniciará medidas en todo el sector lácteo del país ante la crisis que atraviesa la empresa y “en defensa de las fuente de trabajo”.

Concretamente desde el gremio señalan que la actual conducción de la empresa láctea incumplió “promesas de reactivación”. En este marco confirmó que procederá “instrumentando acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan”.

De esta manera, las principales empresas del sector están en alerta ante posibles medidas de fuerza que podrían afectar a la producción de sus plantas industriales.

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El mercado lácteo –como casi todos los agroindustriales– se encuentra intervenido por el gobierno nacional. Pero las autoridades entienden que el “consenso” logrado en el sector lácteo es un ejemplo a seguir por el resto de los integrantes del ámbito agroindustrial.

Basterra destacó “el campo de acción conjunta del sector lácteo para generar un horizonte de crecimiento” a partir del “acuerdo lácteo” firmado a fines de mayo pasado entre la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

De hecho, la reciente recuperación del precio recibido por los tamberos vino de la mano de la recomposición de la rentabilidad en la industria luego de que el gobierno nacional procediera, en el marco del “acuerdo lácteo”, a flexibilizar el “cepo” vigente tanto en el mercado local como externo.

Eso se logró gracias al compromiso de las industrias lácteas por vender ciertos productos básicos a precios subsidiados a cambio de que el gobierno no interfiera en los precios del resto de los productos lácteos ni en las exportaciones.

La consecuencia de ese “acuerdo”, que en realidad fue una imposición indirecta para mantener abierta la posibilidad de exportar, es que los lácteos con precios “liberados” se transformaron en un artículo de lujo, como pueden ser el caso de los quesos semiduros y duros.

No podría ser de otra manera, porque al subsidiar con recursos propios los precios mayoristas de ciertos productos de consumo masivo, la pérdida que esa imposición genera debe ser compensada con aumentos extraordinarios en el resto de la canasta de lácteos. No existe magia en economía.

Afortunadamente, en el último año se registró un clima mayormente benigno en las principales cuencas lecheras, el cual permitió sostener productividades de leche sin tener que recurrir al uso intensivo de granos o balanceados.

En ese marco, la oferta de leche viene creciendo junto con la mayor eficientización de las empresas tamberas sobrevivientes a cada fase de crisis de precios –las cuales vienen siendo cada vez más recurrentes–y golpes climáticos.

En la jornada virtual coordinada por Basterra participaron los presidentes del CIL, Ercole Felippa; de la JIPL, Danny Lorenzatti; y de Apymel, Pablo Villano; junto con representantes de La Lácteo, Mastellone Hnos, Brawley, Nestlé, Verónica, Molfino (Saputo), García Hnos (Tregar), La Ramada, Capilla del Señor, Tonutti, Punta del Agua, Canut, Lactear, Pampa Cheese, La Sibila, Alfredo Williner, Vacalin, Santa Clara, SanCor, Manfrey, James Craik, AUT, San Isidro y Charles Gide, entre otras.

Diagnóstico lechero: Cuando estar mejor no necesariamente significa estar bien

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Luego de meses de negociaciones aparece como posible comprador los dueños de la empresa láctea La Suipachense, que en los últimos años comenzó un proceso de expansión, con mayor presencia en las góndolas locales, lo que le permite actualmente estar procesando alrededor de 6 millones de litros de leche al mes.

A partir de las inhibiciones judiciales que tiene la familia Vicentin, luego del default de la agroexportadora, en la práctica no podría vender ninguno de sus activos. Pero señalan fuente del mercado lácteo que a través del cambio de management en ARSA se concretaría el traspaso de mando. Buena parte del valor de esa empresa son las viejas marcas heredadas de Sancor.

Totalmente descartado parece haber quedado el proyecto que pretendía llevar adelante la cooperativa láctea SanCor para recuperar esta unidad de negocios que vendió por 100 millones de dólares en 2016.

Concretamente, en aqeul momento desde la firma láctea buscaban retomar la explotación de su negocio de postres y yogures, mientras el Gobierno intentaba intervenir la compañía agroexportadora. En ese contexto, aprovecharon para poner en escena al fondo de inversión BAF Capital, que en la práctica fue la palanca financiera para que Vicentin pueda comprar ARSA y en el mercado sonaba como su socio en este negocio en particular.

Lo cierto es que el plan de SanCor finalmente quedó en la nada y tiempo después BAF Capital volvió a aparecer en escena cuando le compró otra unidad de negocios a Vicentin: el frigorífico Friar de la ciudad de Reconquista.

En tanto, el Grupo Vicentin también estaría intentando vender otras de sus firmas, mientras se espera que a fin de mes se conozca el resultado de la auditoría que iniciaron las firmas Viterra (ex Glencore), Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para evaluar la posible compra o explotación de las plantas aceiteras de la agroexportadora.

La concreción de esta operación marcaría finalmente la salida de la familia Vicentin de la empresa madre del grupo, tal como vienen solicitando los bancos internacionales que en la práctica son los mayores acreedores de la empresa, con deudas por cobrar por más de 530 millones de dólares.

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Capítulo 1. Pensar en ATILRA es tener en mente a su secretario general, Héctor “Etín” Ponce, que ingresó a la Asociación en las elecciones de 2002, luego de desplazar a su jefe, Vicente Troncoso, por el 93.83% de los votos. Los números alientan a pensar que se trató de una victoria muy esperada por los afiliados, pero lo cierto es que fue la única lista que se presentó. Teniendo en cuenta que Ponce sigue en el cargo desde entonces, decanta de esta forma el primer rasgo distintivo del sindicato: no es sencillo consolidar una oposición.

El poder de este secretario se concentra en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde otrora brillaba la sede central de SanCor. En 1987 ingresó a la planta de la cooperativa de esa localidad, donde logró convertirse en delegado.

Aunque muchos cargan responsabilidades en la crisis de SanCor, que se empezó a vislumbrar en 2007, a los altos costos laborales en esa actividad industrial, también es cierto que Etín jugó fuerte a favor del primer rescate de la principal empresa láctea argentina de entonces por parte del gobierno de Venezuela, que aportó 70 millones de dólares a cambio de envíos de leche en polvo. En la historia del gremio, una página ilustre sucedió en marzo de ese año, cuando el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa Cristina y el presidente venezolano Hugo Chávez, interrumpieron el almuerzo que estaban compartiendo en la quinta de Olivos y salieron a saludar a los más de mil afiliados de Atilra que los esperaban con gorros, banderas, bombas y redoblantes para agradecerle por ese rescate a SanCor.

Chávez se puso un sombrerito amarillo, color que caracteriza el márketing del gremio. Todavía estaba muy lejos el macrismo, que también se apropio de ese color.

La consolidación del poder ATILRA se dio luego del 2008, con el recordado “conflicto del campo”.  Si bien Etín brindó algunas entrevistas en las que se posicionaba en contra de aquella ofensiva de Cristina Fernández, un acuerdo firmado entonces para dar el primer pago de compensaciones a las empresas lácteas hizo que su timón cambiara de rumbo.

Ésto se cristalizó con el acuerdo firmado en 2009 para instaurar el famoso “aporte solidario”, que todas las empresas –sin importar su tamaño- deben pagar al gremio por cada trabajador afiliado. Recién durante el gobierno de Mauricio Macri, (y luego de varios rounds que enfrentaron a ATILRA con las pymes lácteas en la justicia, ya que muchas denunciaban que este aporte compulsivo las llevaba a la quiebra), con la firma del convenio laboral de 2017, este montó se diferenció entre las pymes y las empresas grandes. Las primeras comenzaron a pagar un 50% menos.

“Supo repartir el fuego”, comentaron las fuentes a Bichos de Campo. El trabajo de Ponce consistió en mostrar el poderío económico alcanzado por ATILRA, ya sea con fiestas realizadas a todo trapo de las que participaban figuras del mundo artístico, como el auspicio a clubes de fútbol (en la actualidad es Colón de Santa Fe, el que lleva la sigla sindical en la camiseta) o a boxeadores diversos. Incluso montó un centro de salud de último nivel en Sunchales, y construyendo el Centro Educativo Tecnológico (CET).

La proyección del gremio fue tal que en 2015 hasta propuso hacer un acuerdo con APLA (una asociación de productores lecheros sin personería jurídica) para levantar una planta de secado de leche. El proyecto nunca se concretó. Hubiera mostrado a los sindicalistas convertidos en patrones.

Capítulo 2. Pensar en ATILRA también es pensar en la relación que mantiene con el sector empresarial. Desde hace años existe un tironeo con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Láctea (Apymel), y en menor medida con el Centro de la Industria Lechera (CIL).

Los pequeños productores nucleados en Apymel insisten en conformar un convenio laboral pyme que tenga en cuenta que su realidad económica, tecnológica y productiva no es la misma que la de las grandes empresas. Para los empresarios, el convenio de ATILRA es de los más caros que existe y es puesto en discusión cada año durante las paritarias. En 2019 este sindicato cerró la paritaria récord, con un 55% de aumento, por encima de la inflación.

Ver ¿Cuánto gana un trabajador de la industria láctea afiliado a Atilra?

A pesar de los pedidos del sector pyme al Ministerio de Trabajo, ese convenio diferencial no se ha podido concretar aun y según fuentes consultadas se relaciona en parte con la posición del CIL. Dado que las grandes empresas tienen mayor espalda para afrontar los aumentos de cada año, un convenio diferencial implicaría un trato más competitivo en función de los pequeños empresarios.

Esa observación no debe opacar las disidencias que también tienen las grandes empresas con el gremio. Uno de los puntos conflictivos ha sido el pago a las obras sociales. Durante las paritarias de 2020, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ATILRA exigió un doble aporte solidario –además del ya acordado- para contribuir con OSPIL, la Obra Social del Personal de la Industria Lechera. Los reclamos llegaron de parte de empresas como Mastellone que tenía a sus empleados enmarcados en MediFé.

Capitulo 3. Ahora bien, ¿cómo encara ATILRA sus reclamos? Todas las fuentes consultadas coincidieron en que se hace a través de un método sistemático de aprietes, amenazas y huelgas. “El gremio no lo va a blanquear porque es el famoso ‘de ésto no se habla’. Lo que hay que hablar es grave y es un problema estructural en Argentina”, señaló un conocedor a Bichos de Campo.

Fue, palabras más o palabras menos, lo que denunciaron los integrantes de la familia Mayol, que se dedican a industrializar leche en una pequeña planta de Udaondo, que lleva más de 85 años en el negocio, y que estuvo bloqueada varios días por integrantes de ATILRA.

“Estamos frente a un gremio mafioso. Me robaron implementos de la fábrica y me rompieron aparatos”, denunció Dardo Mayol, que luego presentó una denuncia penal contra los sindicalistas. La respuesta del gremio fue que los dueños de la empresa violaron “de manera sistemática y recurrente los derechos de los trabajadores”. Incluso Ironizaron llamando a los Mayol como “la familia Ingalls”.

Como sea, venciendo el miedo, la asociación Apymel llegó a protestar en un comunicado contra los modos de acción del gremio. “La situación atravesada por este socio de nuestra entidad preocupa por los métodos empleados”, blanqueó en un comunicado.

A veces las cosas se han desbordado. En 2008, unos 150 miembros de ATILRA viajaron a Rosario para protestar contra la seccional del gremio, que estaba manejada por opositores a Ponce. El encuentro derivó en una violeta pelea que terminó con un muerto y diez heridos.

En la relación con el gremio, la debilidad más grande de la industria láctea es trabajar con un producto perecedero, la leche. Una huelga o bloqueo en una fábrica supone una pérdida de dinero muy importante. Sin embargo, en un intento por evitar la mala publicidad, ATILRA agregó una clausula en la que habilita el procesamiento de la leche por parte del personal jerárquico. A todas luces se trata de un truco, ya que no cualquiera puede operar la maquinaria necesaria ni descargar los camiones.

Hay que aclarar que estos “métodos” gremiales no son aplicados con todas las empresas y que las peleas son estratégicas. En el caso de Mayol parece no haber quedado más remedio. “Hay una irregularidad hace mucho tiempo que se trato de solucionar con el diálogo y no se logró”, dijo el abogado Alberto Coronel, apoderado de ATILRA, al medio Tranquera.

Esto no es sin embargo el tratamiento que aplican sobre SanCor, que mantiene a más de 500 empleados en la categoría de “suspensión indefinida”, cobrando 10.000 pesos por mes. Varias veces Ponce se ha pronunciado a favor de un nuevo rescate oficial a la malograda cooperativa de Sunchales, que ya tuvo que vender buena parte de sus plantas. En ese caso, no se hacen los bloqueos en defensa de los trabajadores y sus derechos. Algunos deslizan incluso que el gremio podría llegar a ser uno de los socios capitalistas que están detrás de BAF, el fondo de inversiones que es el principal acreedor de SanCor.

Como sea, hay cientos de empleados con sus derechos vulnerados. “ATILRA avaló que esto suceda. Se presentó junto a SanCor en el Ministerio de Trabajo, manifestó que conoce de la crisis financiera y facilitó este régimen de suspensiones. La empresa Verónica es otro caso testigo”, dijo un empleado de la planta de distribución de SanCor en Don Torcuato.

La entrada Una radiografía de ATILRA, el gremio de la industria láctea del que muchos dicen sentir “miedo” se publicó primero en Bichos de Campo.