“No, no veo conflicto con el campo. Hay algunas entidades políticas agropecuarias que tienen una posición política”, respondió Cafiero a una pregunta que le hicieron los periodistas del portal Infobae. Y agregó: “Lo primero que hay que entender es que la Mesa del Enlace no es la representación del campo”, sino que “representa a una parte del sector agropecuario”.

Más clarito echale agua. El razonamiento es que si de algo se quejan los dirigentes de las cuatro entidades gremiales más tradicionales del agro es porque sus dirigentes son opositores y no porque puedan tener argumentos en contra de las decisiones del gobierno.

En este marco, imposible no notar que el miércoles va a suceder otra cosa que se oriente en el mismo sentido de confrontar políticamente con la Mesa de Enlace que forman la CRA, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Coninagro.

Sucederá que se lanza otra “Mesa” agropecuaria, mucho más cercana a los intereses del oficialismo. La provocación al ruralismo tradicional es más que evidente, pues la convocatoria se produce bajo la consigna “la mesa del campo que faltaba”.

“Las organizaciones integrantes del otro campo lanzaremos este miércoles 9 de junio, a las 14, nuestro propio espacio: la Mesa Agroalimentaria Argentina, bajo el lema ‘El campo que alimenta y construye Soberanía Alimentaria’, adelantaron referentes de los sectores involucrados.

Esta mesa, por ahora, tiene solo tres patas. Son tres entidades que vienen trabajando juntas desde hace un tiempo, que han hecho campaña contra Mauricio Macri en 2019 y que han colocado a varios funcionarios en el gobierno nacional. Se trata de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe).

Esta otra Mesa más oficialista se presentará desde una finca recuperada de la provincia de Mendoza, en un acto que se transmitirá en vivo vía streaming. Son los mismos sectores que en febrero pasado fueron recibidos por el Presidente Alberto Fernández.

Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y presidente del Mercado Central de Buenos Aires, es una de las figuras más visibles de este bloque, que de todos modos mantiene distancia de otras organizaciones ligadas al gobierno, que se han abroquelado en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura. Allí talla sobre todo el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico.

Levaggi no disimuló que quieren confrontar de algún modo con la Mesa de Enlace que hasta aquí todos conocemos. “Actualmente, se encuentra en tensión la visión sobre qué modelo agroalimentario debemos construir. El alimento y su acceso están en el centro de la escena, y hoy varias voluntades unidas y organizadas nos damos la tarea de dar respuesta a esa situación”, explicó el dirigente social y funcionario. Según esta mirada, las entidades tradicionales representan un modelo agroexportador, que no los incluye.

El presidente de Fecofe, Juan Manuel Rossi, militó históricamente dentro de la Federación Agraria, pero la abandonó a partir del conflicto de 2008. “Creemos en un campo poblado, con acceso a la tierra, con arraigo, con producción y comercialización local, fortaleciendo un esquema tecnológico sustentable y agroecológico, con cooperativas y PyMEs fortalecidas, y generando trabajo digno que active las economías regionales”, enumeró.

La tercer pata la ocupa Diego Montón, referente nacional del MNCI-ST, quien se preguntó “¿cuánto más vamos a sostener un modelo extranjerizado y dependiente?”.

Es en este marco de deslegitimación de la Mesa de Enlace nacida en el conflicto por las retenciones móviles, que ahora acaba de protagonizar un contundente paro ganadero en contra del cierre de las exportaciones de carne vacuna, que debe entenderse también los esfuerzos de Cafiero por minimizar la representatividad del ruralismo tradicional.

“Con el campo nosotros venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino. Venimos trabajando también con todo lo que son los enclaves productivos del sector agropecuario”, indicó el jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Incluso llegó a decir Cafiero -tergiversando la realidad- que “nunca se cortó el diálogo” con los referentes del sector en medio de la aplicación del cepo exportador.

“Creemos que del diálogo constructivo con los sectores se va a poder avanzar en acuerdos. Y esos acuerdos, cuando se generan a partir del consenso, son políticas pública más duraderas y efectivas”, dijo el jefe de Gabinete mientras las exportaciones de carne siguen cerradas y las negociaciones están suspendidas.

En rigor, el propio Presidente prometió el miércoles pasado al Consejo Agroindustrial que convocaría a una negociación para poder levantar la suspensión de las exportaciones. Pero hasta ahora no lo han hecho.

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A diferencia de lo que sucede en los demás sectores agroindustriales –como puede ser el caso del aceitero, molinero y avícola–, en el sector cárnico vacuno los principales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández siguen sin comprender la dinámica del funcionamiento de la actividad y eso impide que puedan entender quiénes son y qué poder de influencia tienen los múltiples interlocutores del sector.

Los primeros pasos, en ese sentido, consistieron en negociar con el sector exportador, el cual, a cambio de restricciones orientadas a dificultar la viabilidad del negocio de los matarifes, se comprometió a colocar una cierta cantidad de cortes bovinos en el mercado interno a precios subsidiados.

Cuando comprendieron el limitado alcance de esa negociación, los funcionarios del gobierno optaron por cerrar las exportaciones de cortes que no se consumen en el mercado interno y sumar nuevos actores a la mesa de negociación –frigoríficos consumeros y matarifes–, pero éstos son tantos y están tan desagregados regionalmente que los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, acostumbrados a “bajar” órdenes en una estructura de mando vertical, se marean con facilidad.

La desorientación presente en el núcleo duro del gobierno argentino quedó en evidencia con las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en lo que respecta a la cuestión cárnica.

“La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas”, aseguró Cafiero en una entrevista concedida a Radio 10.

Pero Cafiero juzgó insuficientes tales negociaciones porque “el precio de la carne venía creciendo indebidamente y entonces la decisión que tomó el presidente fue cerrar las exportaciones y esperar ahí sí que el sector exportador traiga una propuesta para resolver una ecuación que es muy sencilla, que haya exportación, que mejore la calidad exportadora (sic), que generen ingresos genuinos de divisas, que es muy valorable, pero no a costa de poner en crisis la mesa de los argentinos y alimentación de nuestra gente. Lo que necesitamos es que el sector traiga una propuesta y que sea contundente”.

Pero, nuevamente, el sector exportador está muy lejos de poder ser un interlocutor válido para las pretensiones de “comando automático” de la lógica gubernamental, dado que, por ejemplo, los principales diez frigoríficos argentinos representan un 18,8% del total de la faena realizada en el primer cuatrimestre del año en un sector que tuvo en el período a 3616 operadores, 2475 de los cuales faenaron menos de 300 cabezas en los primeros cuatro meses de 2021. Adicionalmente, la mayor parte de lo que vienen faenando los frigoríficos exportadores en los últimos años son vacas para elaborar cortes que no se consumen en el mercado interno.

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El jefe de Gabinete indicó –mostrando lo poco que conoce del tema– que el cese de comercialización de hacienda se hizo “con intenciones políticas del sector agropecuario; nosotros con los que venimos trabajando son con los que realmente tienen la participación en la exportación y en el mercado cárnico; los otros están haciendo política”.

El propio presidente, por su parte, ratificó el razonamiento de Cafiero al afirmar que no está dispuesto a dar marcha atrás con la medida hasta que no bajen los precios de la hacienda. “Yo lo que quisiera es que los formadores de precios se den cuenta de que los argentinos no tienen porqué pagar la carne al mismo precio que se paga afuera”, manifestó el presidente sin advertir que el mercado cárnico bovino es, en términos de teoría económica, un mercado de “competencia perfecta” en el cual ninguno de los miles de participantes tiene poder suficiente para imponerle un precio de compraventa a otro.

Los integrantes de la Comisión de Enlace, Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA) Carlos Iannizzotto ( Coninagro) y Carlos Achetoni (FAA), prevén entonces que tendrán que extender la medida de fuerza si los principales funcionarios del gobierno siguen sin comprender la dinámica del asunto e insisten en cerrar el mercado exportador con el propósito de deprimir el valor de la hacienda liviana que no se destina a mercados externos.

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Cafiero, junto al ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a Manzur junto a directivos de la Asociación de Cítricos del NOA, que están arrancando la campaña de limón, uno de los estandartes productivos de Tucumán. Pero en la agenda se coló la caña de azúcar, el cultivo más tradicional de esa provincia y que sirve de base para la producción de bioetanol, que se utiliza para cortar en 12% las naftas que se venden en el mercado interno. A los ingenios les toca la mitad de ese negocio con las petroleras, ye que el etanol también se elabora a partir de maíz. Para cortar el gasoil, en tanto, se utiliza el biodiesel originado de la soja.

El Jefe de Gabinete @SantiCafiero y el Ministro @LEBasterra, se reunieron con @JuanManzurOK y la Asociación de Cítricos del NOA (ACNOA). Juntos analizaron la situación actual de la producción y las exportaciones de limones tucumanos. → https://t.co/tQhb34MeO4 pic.twitter.com/9dOqLhomRe

— Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (@AgriculturaAR) April 29, 2020

Luego de la reunión, los diarios tucumanos daban por hecho el aval de Cafiero a la extensión de la Ley 26.093. Y es que el propio portal oficial del Gobierno de Tucumán la dio por firme. Incluso citó declaración del empresario azucarero y dueño del grupo Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, quien valoró las gestiones realizadas por el gobernador Juan Manzur ante Cafiero. “Nos da una previsibilidad ya que se extiende el cupo de corte obligatorio del 12% de alcohol que tienen las naftas”, explicó el también titular de la Unión Industrial de la provincia norteña y de la Cámara Sucroalcoholera Argentina.

“Destaco la ejecutividad del Gobernador, que el lunes recibió una nota de la industria azucarera, hoy se lo presentó al jefe de Gabinete y obtuvimos esta respuesta favorable”, apuntó Rocchia Ferro.

La ley que busca prorrogarse hasta más allá del fin del mandato de Alberto vencerá en abril de 2021. Los ingenios azucareros -que de este modo destinan parte de la producción a un nuevo subproducto y no saturan el mercado del azúcar-  ya habían pedido su postergación en noviembre del año pasado al ex presidente Mauricio Macri, pero no encontraron respuesta.

Rocchia Ferro contó que Manzur lo puso directamente en comunicación este miércoles con Cafiero, quien le dio la noticia. “Tenemos un gobernador que se está preocupando no sólo por la cuestión sanitaria sino también por la económica”, lo ensalzó.

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En un comunicado, ratificando declaraciones de Cafiero al diario La Nación, el ministerio de Agricultura explicó que la “adecuación” de las retenciones dispuesta por el Gobierno responde a que las alícuotas habían quedado “desactualizada a raíz de sucesivas devaluaciones”.

“Uno de los ejes centrales del gobierno del presidente Alberto Fernández es lograr rápidamente la consistencia macroeconómica necesaria para revertir la angustiante y delicada situación social y productiva que vive nuestro país”, planteó en un comunicado la cartera que conduce Luis Basterra. Y explicó: “En ese marco se definió una actualización de los derechos de exportación que acompañe los movimientos del tipo de cambio peso-dólar”.

“Esta medida no es más que una adecuación de esa relación que, a toda luces, quedó desactualizada a raíz de las sucesivas devaluaciones desde la implementación de la norma”, específicó. Y resaltó que a partir de las reuniones que se llevarán adelante con los diferentes actores del sector, “se trabajará conjuntamente y en el marco del diálogo propuesto por nuestro Presidente, en un nuevo esquema que incentive e incremente la producción y exportación de productos de alto valor agregado”.

La explicación del gobierno es mitad mentira y mitad verdad. La media verdad es la que le toca a los granos. Al eliminar los 4 pesos por dólar las retenciones quedan en el 12% (30% para la soja) que había aprobado como topes el propio Mauricio Macri en septiembre de 2018. La devaluación tan intensa había pulverizado la recaudación por esta vía al reducir las alícuotas de los cereales al 6,7% y la de la soja al 24,7%, las más bajas desde 2007.

Tan cierto es esto que el gobierno de Macri estuvo a punto de hacer esta misma modificación en octubre pasado, cuando se fue Nicolás Dujovne (el autor intelectual de los 4 pesos) e ingreso Hrnán Lacunza. Pero Macri desistió de hacer esta corrección porque todavía aspiraba a la reelección y era una mala señal para sus votantes.

Pero una falsedad oficial es que si es una “adecuación” quedó a medio camino, ya que si el criterio hubiera sido solamente actualizar las retenciones, también deberían haber quitado los 3 pesos por dólar para las economías regionales y los bienes industriales. Y no lo hicieron. Aplicaron una doble vara, beneficiosa en este caso.

Otra mentirilla del gobierno es que a un conjunto de productos, como las carnes, la pesca y algunos regionales (como las legumbres y al arroz), se les impusieron retenciones del 9%, lo que implicó un aumento a casi el doble. Aquí no sé busco actualizar nada, sino recaudar un poco más.

Hechas estas salvedades, lo claro que el gobierno salió a explicar que no habría nuevas subas (algo que se temía porque Agricultura cerró el registro de declaraciones DJVE para los granos este lunes) muchas horas despúes de haber mantenido un silencio de radio en torno a la medida que había tomado insólitamente publicado una edición del Boletín Oficial un día sábado.

La apuesta oficial a bajar el tono polémico de la medida se adoptó luego de que la Mesa de Enlace anuciara una reunión de urgencia pare este lunes. Las entidades rurales criticaron fuere la medida pero sobre todo el hecho de que no fueron consultadas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, indicó que “cuando estuvimos con el candidato Alberto Fernández, nos convocó al diálogo y nos dijo que gustaran o no, iban a consultar las medidas. Esto no ha sido consultado”.

Pelegrina consideró que “la medida en sí, está aislada de un plan económico integral que aun no se conoce, y tendrán un fuerte impacto negativo sobre el campo estimado en 1.800 millones de dólares, pero sobre todo en los márgenes de cada productor, que ya se proyectaban muy estrechos especialmente de aquellos con largas distancias a puerto y de zonas mas difíciles, con creciente impacto de una sequía”.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que la noticia fue poco “halagüeña por el contenido y la forma”, y agregó que “el doctor (Alberto) Fernández se comprometió a que este tipo de cosas las íbamos a conversar primero”.

En la misma línea el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que “encontrarnos con está situación y enterarnos por el Boletín Oficial es algo que no teníamos en órbita. (Alberto) Fernández dijo en campaña que no iba a tomar ninguna medida que no estuviera consensuada”. También dijo algo parecido el flamante presidente de CRA, Jorge Chemes. “Empezamos mal”, sentenció.

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