Nada es como muestra ese infame meme surgido de la política de cuarta que moredea hace décadas por este país. Ni todo el kirchnerismo podía resumirse en un travesti feo, retacón y morocho ni la imagen de Cambiemos es precisamente la de una joven muchacha esbelta y de senos prominentes.

A esta altura de la historia, por el contrario, son más las cosas que asemejan a ambos movimientos políticos que las diferencias entre ellos. Para empezar, los suele igualar un preocupante desprecio hacia la función pública. El Estado, sea rubio o morocho, termina casi siempre a merced de la militancia.

Durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, desde la oposición se acusaba con virulencia al Movimiento Evita, del líder piquetero Emilio Pérsico, de haber copado todos los casilleros de la ex Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente de Agroindustria, para colocar allí a sus dirigentes territoriales. Bastaba entonces con hurgar un par de horas en el asunto para comprobar que había mucho de cierto en esas denuncias. La situación de los agricultores familiares de todo el país, unos 150 mil familias, no mejoró. Pero si la pasaron mejor decenas de militantes kirchneristas que pasaron a ser funcionarios rentados del Estado.

Cuando se produjo el recambio de gobierno a fines de 2015, una de las principales promesas de Cambiemos era desandar ese camino. Al mando del nuevo secretario de Coordinación Política y Agricultura Familiar, Santiago Hardie, un militante del PRO que ahora aparece en la lista de precandidatos a diputados nacionales en Buenos Aires, esa repartición sufrió una drástica sangría de cargos y se produjeron en 2018 dos grandes tandas de despidos. Hubo varios militantes que volvieron al llano, pero también hubo muchos más estatales genuinos que perdieron su puesto de trabajo.

¿Cambiaron las cosas realmente? Una rápida recorrida por los antecedentes de quienes ocupan desde 2016 las coordinaciones de Agricultura Familiar en las diferentes provincias del país permite saber que poco ha cambiado. Al parecer, la chica tetona también se abusa de un debilitado Estado. Casi todos los coordinadores son activos militantes del oficialismo. Y lo que es peor, pocos de ellos tienen lauros profesionales como para merecer esos cargos.

Chaco: Ya mencionamos a Rafael Gustavo Nuñez, el coordinador memero de Agricultura Familiar de esa provincia designado en 2016. Ex intendente de Machagai, Nuñez y asesor de la bancada de la UCR en la Legislatura provincial, asumió el cargo flanqueado por dos diputados radicales, Livio Gutiérrez e Irene Dumrauf.

Chubut: El señor Fernando Martín Ferrera es el coordinador provincial de Agroindustria. Militante del PRO en la localidad de Gaiman, en enero pasado mezcló su función pública con la militancia: anunció su candidatura a intendente en una reunión con productores. En esa reunión Ferrera estuvo acompañado por el joven dirigente de Cambiemos Ignacio Torres, quien dijo a los medios: “Queremos nuevos dirigentes que entiendan que hay que trabajar para la gente y no solamente para un partido atravesado por intereses personales de quienes lo integran, como hemos visto en el pasado”.

Entre Ríos: El coordinador desde 2016 es Cristian Fabián Schreiner, quien acaso sea el más adecuado de todos los actuales coordinadores para ocupar ese puesto, pues proviene de una larga militancia dentro de la Federación Agraria Argentina. Productor de Colonia Bertozzi, departamento La Paz, tiene sin embargo un padrino de peso que le facilitó mucho las cosas para llegar al puesto: el senador del PRO y ex caudillo Alfredo De Angeli.

Córdoba: El coordinador de Agricultura Familiar es el ingeniero agrónomo Juan Pablo Vecchi, quien fue designado en el puesto en 2016, luego del arrollador triunfo del árbitro Héctor Baldassi. Para ese entonces, Vecchi ya era un reconocido militante del PRO.

Formosa: Carlos Raúl Ortiz de la Tabla es maestro mayor de obras y ofrece otras rarezas: se denomina como peronista pero integra en esa provincia el Frente Amplio Formoseño, aliado de Cambiemos. Según denunciaron los dirigentes de ATE luego de la primera tanda de despidos, “De la Tabla eligió a quien echaban y quien se quedaba en Agricultura Familiar”. En declaraciones política recientes, este militante dijo: “Al Peronismo le vendría muy bien una cuota de Republicanismo y Democracia que permita entender la división de poderes y sobre todo dejar de ver al Gobierno como un botín de guerra”.

La Pampa: Aquí la coordinadora es una mujer, María Laura Trapaglia, una de las más entusiastas militantes del PRO en la provincia e incluso acompañó en la fórmula a Martín Maquieyra en las internas de Cambiemos. 

Catamarca: El coordinador se llama Humberto Esteban Jerez y si uno abre su Facebook lo verá de entrada abrazado al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sin relación visible con el sector agropecuario, fue designado en abril de 2018, apenas diez días antes de que se produjeran los primeros despidos en Agricultura Familiar. “Tu primera gestión: seis despidos”, lo acusaron los gremialistas injustamente. Jerez es un reconocido militante de Cambiemos en Catamarca e incluso compitió en la interna de ese partido realizada en marzo pasado.

La Rioja: El coordinador de Agricultura Familiar es Diego Nicolás Castro. Fue nombrado en 2016 y al menos tiene tiene el título de Ingeniero de Recursos Naturales y Renovables para Zonas Áridas. Es productor de olivos y ganadería caprina, pero también ostenta una vasta militancia política. Fue concejal hasta 2015 y candidato a diputado provincial por Cambiemos en 2017 por su departamento Castro Barros. En esa elección denunció que el distrito tenía más electores que habitantes, pues existían alrededor de 500 personas con domicilios falsos en el padrón.

Mendoza: La coordinación la ocupaba el ingeniero agrónomo Martín Alejandro Balliro, quien recientemente fue ascendido a director de Tierras Agropecuarias en la Secretaría de Agroindustria. También es un ferviente militante del PRO. En abril de 2018, por ejemplo, participaba de los timbreos en el departamento San Martín junto a su principal referente político, el presidente departamental de ese partido Luis Bellevile, que ocupa una gerencia de ANSES y lidera un grupo llamado “Generación PRO”.

Misiones: Jerónimo Raúl Roberto Lagier fue designado en abril de 2018 como coordinador de Agricultura Familiar en esta provincia. Tiene ligazón con el sector productivo y fue representante de los productores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). De la mano del empresario Claudio Wipplinger, Lagier formó parte en 2009 de la primera camada de militantes del PRO en Misiones, que impulsaban a Mauricio Macri a nivel nacional y a Ramón Puerta como líder provincial. En 2011 fue candidato a vicegobernador. Ahora, desde su nuevo cargo en Agroindustria es el autor de un plan muy debatido a nivel provincial, que propone implantar cientos de miles de hectáreas con maíz “transgénico”.

Neuquén: El coordinador es el licenciado Guido Pedro Bruveris, quien milita activamente -y no lo esconde en las redes sociales- junto al diputado nacional de Cambiemos Leandro López. Otra integrante de ese grupo político es Marcela Iñareta, directora regional de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en la Patagonia Norte.

Río Negro: Domiciliada en Bariloche, Ana Fabiola Salvador es la coordinadora de Agricultura Familiar en esa provincia. No registra una militancia publica visible, pero el gremio ATE la fustigó con dureza porque la funcionaria avaló el despido de Lihuel Castillo, un delegado gremial de esa repartición.

Salta: El coordinador de Agicultura Familiar no tiene ninguna experiencia visible en materia productiva. Se llama Kenji Alejandro Gómez Matsumoto y se presentaba como “líder de la juventud macrista” de Salta. “Somos una forma de hacer política muy diferente, estamos cerca de la gente durante todo el año”, aseguraba Kenji meses atrás. Un medio llamado BUUFO detectó que Matsumoto llegó a aportar 4.000 pesos para la campaña de Cambiemos en 2017.

San Juan: El contador Ángel Eduardo Salinas Pérez ocupa el cargo de delegado nacional. Fue nombrado en 2016 y es dirigente de Cambiemos en la localidad de Albardón, donde cada tanto se lo presenta como candidato a intendente.

San Luis: El ex ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte en la gestión de Claudio Poggi, Federico Trombotto, asumió en agosto de 2018 en la delegación de la Subecretaría de Agricultura Familiar. También fue candidato a diputado provincial por el frente aliado a Cambiemos en la provincia de los Rodríguez Saá.

Santa Cruz: Desde septiembre de 2017, Luis “Cuchi” Vera es el delegado de Agroindustria en la provincia de Cristina Kirchner. Administrador rural, el joven Vera es un referente de la UCR en Santa Cruz y tiene una larga trayectoria partidaria. Es el candidato de Cambiemos para intendente de Las Heras, su ciudad natal.

Santiago del Estero: El coordinador de Agricultura familiar es el señor Osvaldo Carlos Cejas Lescano. También es el coordinador del partido oficialista PRO en esa provincia.

Santa Fe: Sergio Daniel Minniti, de San Javier, es el delegado nacional en la provincia. Es un activo militante del PRO e incluso también ocupó una candidatura a senador provincial por ese departamento en 2015.

Tucumán: Rafael Edmundo Sánchez es el coordinador provincial y tuvo un gesto cuando en mayo de 2018 declaró, en medio del conflicto por las cesantías en Agricultura Familiar, que muchos de sus empleados estaban siendo “mal despedidos”.

En otras provincias, como en Buenos Aires, el cargo estaba vacante, según el último organigrama consultado por Bichos de Campo y disponible en las páginas del gobierno que dan cuenta de los nombramientos.

Hace un tiempo, en uno de sus informes de gestión ante el Congreso, diputados kirchneristas preguntaron al jefe de Gabinete por estas designaciones. Marcos Peña contestó por escrito: “En cuanto a los criterios de selección de los delegados provinciales, el Ministerio de Agroindustria ha considerado en todos los casos el profesionalismo y solvencia técnica de todos ellos, así como sus conocimientos tanto en relación a la problemática particular de la región, como a la experiencia de campo en cada una de las zonas”.

Como antes, como siempre. Da lo mismo…

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El autor de la investigación es el periodista Alan Longy, que también lo emitió por el canal C5N. Todos sabemos que ambos medios, tanto el diario como esa señal televisiva, tienen una clara vinculación con el anterior gobierno. Pero en el trabajo hay datos y citas textuales suficientes como para que haya una explicación de los actuales funcionarios macristas. No escapa tampoco el dato que Hardie se asomó recientemente a los medios por su decisión de eliminar a partir de fin de año el Monotributo Social Agropecuario, que había sido ideado por el líder piquetero kirchnerista Emilio Pérsico.

Ver Santiago Hardie: “Agroindustria gastaba $ 30 millones al mes en el Monotributo Social Agropecuario”

¿Qué dice la nota?

Parte de recordar que en 2002, Hardie “creó la empresa Wenance SA, que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy”. Y aclara que “si bien el secretario de la cartera agraria se desprendió de Presto Hoy en 2014, en la actualidad es dueño junto a Molas de otra empresa financiera, Naola SA, en la cual Dreyssig es la abogada patrocinante. De acuerdo con su última declaración jurada (de 2016), Hardie cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos”.

Según la denuncia, Presto Hoy (PH) “acumula en la actualidad un sinnúmero de denuncias públicas y judiciales por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes que se suceden hasta vaciar las cuentas sueldo en cuestión de horas”. ¿Cómo sucedería? “Esta empresa denuncia sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos”, responde el periodista. No hace referencia a PH sino a la firma Naola, que tanto Hardie como Molas reconocen como propia en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

La nota cita el caso de Andrea Colamarino. “La mujer se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo. Pero no se sorprendió: contó que es víctima de Presto Hoy desde que, para iniciar un emprendimiento personal, solicitó un préstamo de 8 mil pesos. Por ese dinero le debitarían 18 cuotas de 3 mil, pero en PH no cumplieron”.

“Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10 mil pesos y estimo que en total extrajeron demás una cifra superior a los 60 mil pesos”, denunció. En diciembre, Colamarino cerró su cuenta para ponerle fin al calvario, pero la pesadilla continúa. Sin saber cómo, la empresa ubicó su nuevo CBU y volvió a extraerle su sueldo el mes pasado.

“Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI”, reveló el abogado Juan Manuel Baya Casal. El abogado representa a 150 damnificados de la empresa y está listo para presentar una serie de acciones contra la compañía, tras el fracaso de la mediación legal.

Ver El Gabinete de Agroindustria: ricos y pobres, empresarios y “toyoteros”

“Existe el delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente y en tercer término se procede con el hurto, porque les sacan el sueldo”, enumeró.

Pero si Colamarino no es clienta de Naola, ¿por qué esa empresa la denuncia? La nota de Página/12 deja entrever que ambas firmas estarían vinculadas. “Los clientes nunca tuvieron contacto con Naola SA, nunca le pidieron un crédito a esa empresa, nunca firmaron un pagaré para esa empresa, tampoco le dieron copia de su recibo de sueldo, ni le firmaron papel alguno. Sí lo hicieron para Presto Hoy”.

Según esta versión, entonces, “en Naola toman algunos de los datos y los documentos que las víctimas le dieron a Presto Hoy y los usan para completar un pagaré que, en el mejor de los casos, fue firmado en blanco por los solicitantes del crédito a PH. Con esos datos, en Naola completan el pagaré con un monto aleatorio que nada tiene que ver con el préstamo original”.

“Un pagaré es un título que se basta a sí mismo y para ejecutarlo no hay que dar el origen de la deuda. Lo llamativo de la operación en este caso, y que se reitera, es que quien termina ejecutando no es con quien se firmó ese contrato. La variación de los montos demuestra la vulnerabilidad de quien va a buscar el préstamo”, analizó Carlos Biezhun, abogado de la ONG La Alameda.

“Que no figure la dirección correcta lleva a pensar que, como la notificación se hace en ese domicilio, el afectado no se entera del proceso hasta que se procede con el embargo. Muestra la mala fe en función de perjudicar al deudor”, añadió.

Ver advertencia de Usuarios y Consumidores Unidos: Mucho cuidado con “PRESTO HOY”

En la presentación contra Colamarino, la empresa de los funcionarios Hardie y Molas, representada legalmente por Dreyssig, le asigna un pagaré impago por un monto de 24.180 pesos, supuestamente vencido en agosto de 2017. Solicita el embargo del 20% de su sueldo hasta cubrir el monto con los correspondientes intereses y costas. La demanda indica que la supuesta deudora vive en la calle Avenida Chenaut 1957 piso 11º depto. A de la CABA, pero en realidad vive en Cañuelas. Nunca residió en ese domicilio.

“Al momento de firmar los papeles quería leer en detalle y los empleados me apuraban. Me decían que atrás había otras personas esperando, que me podía ir y volver mañana si necesitaba pensarlo. No presté mucha atención y firmé, no lo hice a conciencia. Necesitaba la plata rápido, no podía perder tiempo”, se sinceró Andrea. Y recordó: “Después de firmar un contrato extenso me dieron un papelito chiquitito del tamaño de un ticket. Salí sin nada, sin ningún comprobante”.

“Es violatorio a la Ley de Defensa del Consumidor no darte una copia de lo firmado”, explicó Baya Casal. El abogado estimó que el universo de afectados puede ascender hasta 6 mil personas.

Según se trascendió en artículos periodísticos, Presto Hoy tiene más de 80 mil clientes en los últimos años. Las denuncias por débitos indebidos comenzaron a multiplicarse a partir de 2016 y continúan hasta el presente.

Ante las presentaciones judiciales colectivas e individuales, PH va modificando las condiciones de los préstamos. De acuerdo con la denuncia periodística, se pudieron comprobar cuatro formas de otorgarlos: mediante la firma de un contrato en las oficinas de la empresa, por teléfono, a través de su página web y mediante un contrato que llega por correo a domicilio, se firma y devuelve en el momento. Siempre sin copia ni registro para el cliente.

Los pagarés y los recibos de sueldo de los clientes de Presto Hoy que terminan en posesión de Naola son el nexo que une a los actuales y a los anteriores dueños de Presto Hoy.

“Existe un vínculo entre las dos empresas. PH es el mascarón de proa para ver la operación encubierta de la otra empresa que realmente es la que hace el negocio y libera el dinero, por eso termina ejecutando el pagaré”, confirmó Biezhun.

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Entrevistado por Bichos de Campo, Hardie recordó la génesis del MSA en tiempos de la gestión de Cristina Kirchner, y luego del conflicto por la Resolución 125. “En 2009 se firmó un convenio (vencido hace tiempo y que veníamos revisando) entre el Ministerio de Agroindustria (en aquel momento Secretaría de Agricultura) y el Ministerio de Desarrollo Social, sobre los ‘efectores sociales’, que es una determinación del Ministerio de Desarrollo Social y para los cuales hay una herramienta que es el Monotributo Social, y se generó el monotributo social agropecuario”.

“¿Qué lo que hace? El monotributo social paga el 75% del monotributo (de cada beneficiario) y cada efector social debe pagar el 25% restante (que es el 50% del componente de la obra social). Pero no lo hacía sino que se lo pagaba el Ministerio y la Secretaría. O sea que terminaba siendo gratis”, explicó el secretario.

Escuchá la entrevista completa a Santiago Hardie:

La cuestión es que a partir de fin de 2018, según se dispuso en una resolución, el MSA dejará de existir y las competencias volverán al sector de Desarrollo Social. Hardie aclaró que, de todos modos, en Agroindustria “estamos realizando un reempadronamiento para aquellos que realmente lo utilizan. Ellos pueden dirigirse a cualquier oficina de la Secretaría de Agricultura Familiar, que están en todas las provincias para hacer la actualización de datos, presentando el DNI y algún comprobante de que hayan facturado en el último año (algún talonario de factura o lo que sea para que podamos ver que utilizan la herramienta). En este caso, seguirán con el MSA sin pagar nada hasta fin de año y a partir de 2019 pasan a ser monotibutistas sociales y solamente pagan el 50% del componente obra social. El otro 50% más todo el componente impositivo sigue a cargo del Estado”, explicó.

Ver: “Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi”

“Creemos que el productor que realmente lo necesita, algo puede pagar. El que lo tiene gratis ni lo usa ni le importa. Lo que estamos haciendo es emprolijar, haciendo un uso más eficiente de los recursos”, enfatizó el funcionario.

Todos estos cambios apuntan al plan de austeridad al que se comprometieron los Ministerios. “Para Agroindustria implicaba (un gasto) 30 millones de pesos por mes y para Desarrollo Social lo mismo”, precisó Hardie.

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Monotributo no, monotributo sí. Lo que se está discutiendo aquí en realidad es si es responsabilidad del Ministerio de Agroindustria tener políticas específicas para los pequeños productores y la agricultura familiar, o si en cambio eso corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que atiende naturalmente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

Está más que claro que la decisión de la cartera que dirige Luis Miguel Etchevehere es concentrarse en trabajar con los que algunos funcionarios denominan”agricultores capitalizados” y que sea Carolina Stanley, en Desarrollo Social, la que se tenga que hacer cargo de las gran cantidad de desposeídos que vive en y gracias al campo. Que son muchos pero poco visibles.

Ver Qué es el Monotributo Social Agropecuario

Con el anuncio de la desaparición del MSA, quedó claro que la decisión del gobierno macrista es reducir al máximo la injerencia de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en su momento el kirchnerismo había llevado a su máxima expresión unos años atrás, cuando convirtió ese área en Secretaría y la puso al mando del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico. La definición es que los pequeños productores sean atendido por las áreas sociales, porque la responsabilidad primaria de Agroindustria debe ser dedicarse a las políticas productivas.

Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi.

En este cambio de lógica dentro del gobierno, incluso se desconoce que el Congreso sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas establecía la obligación al Ejecutivo de asignar un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales para promover a los minifundistas del agro. En tiempos de ajuste, eso nunca se cumplió, claro.

La excusa oficial para desmantelar este tipo de programas, como en muchos otros casos, es que el kirchnerismo se pasó de la raya y de modo muy poco transparente utilizó este sector de la política pública para hacer política partidaria. Es decir, que de la mano de Pérsico se convirtió a la Secretaría de Agricultura Familiar en una unidad básica kirchnerista.

Las denuncias oficiales tienen mucho sustento, las irregularidades existen y se han detectado los casos de muchos militantes que se hacían pasar por pequeños productores y entonces accedían a los beneficios del Monotributo Social. Pero como casi siempre, en vez de corregir, transparentar y sancionar estos casos, el Gobierno eligió el atajo más directo: cerrar el programa.

Ver: Carlos González: “Había 350 taxistas de Formosa en el monotributo social agropecuario”

En concreto, Agroindustria informó que los productores de la agricultura familiar deberán reinscribirse entre el 2 de julio y el 10 de agosto. Este trámite, según el propio Ministerio, “habilita al beneficiario del MSA a continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018″.

Pero de inmediato se aclara que “a partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del setenta y cinco por ciento (75%) del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”.

Es decir, el MSA desaparecería y continúa solo el programa de “Monotributo Social” de la cartera de Stanley, sin hacer distingos a que el sujeto a beneficiar pertenece a comunidades rurales y se sustenta de una actividad productiva. 

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Esta es la extensa nota de Rofi:

“Los técnicos que trabajan bien, que están comprometidos y cuyo principal interés es la agricultura familiar no tienen nada de que temer”, dijo a LA NACION el 27 de marzo pasado Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Para Raúl Gorritti, ingeniero agrónomo y técnico de territorio de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Misiones, con 21 años de trabajo desde el Estado en la zona de Eldorado, Puerto Piray y de Colonia Delicia, la del viernes 27 de abril era la jornada en la que, junto con el grupo de productores azucareros Madre Tierra, avanzarían con la construcción de una descascadora manual de maní, con el objetivo de emplear una parte de la producción en la elaboración de confituras de maní y de rapadura, que es una especie de alfajor de maní con azúcar rubia.

Pero la actividad quedó trunca por el impacto provocado por la llegada de una carta documento fechada el 19 de abril en la Capital Federal, que le notificaba la no renovación de su contrato. Se había quedado sin trabajo.

Raúl Gorritti (gorro de lana), uno más en el trabajo de corte y recolección de caña de azúcar junto a productores del grupo de cañeros Madre Tierra, en Eldorado, Misiones.

En Embarcación, en el departamento General José de San Martín, en pleno Chaco Salteño, Raúl Marinconz, veterinario y técnico de territorio de la SAF, con 15 años de trabajo en la región y, en particular, en el corredor de la Ruta 81, había coordinado con la comunidad wichi de Misión Salim visitarla el martes 24 de abril para avanzar con el proyecto de la obra de provisión de agua para que las familias tuviera acceso al recurso para consumo, para regar los cultivos y para sus animales.

El encuentro no logró concretarse tras la llegada, en la mañana de ese mismo día, de una carta documento fechada el 19 de abril en la que le comunicaban que se rescindía anticipadamente su contrato. Tres días antes, el sábado 21, sin conocer aún la decisión oficial que ya lo había dejaba sin trabajo, partió hacia el predio de la feria campesina de la localidad Juan Solá (distante a 150 kilómetros de su casa) con su auto y con el costo del combustible a su cargo, para reunirse con familias campesinas y avanzar con el proyecto de cavado de cerca de 25 pozos de agua y red domiciliaria para abastecer a más de 50 familias de parajes rurales.

Raúl Marinconz (primero de la derecha), junto a Alfredo Riera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, y a Alejandro Paz, presidente de la Asociación Unidos del Bermejo, en el tractor adquirido con fondos del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente 

En la patagónica Gaiman, en Chubut, el lunes 23 de abril Ruth Guerrero, técnica de terreno de la SAF, con un radio de acción entre Biedma y el Valle inferior del Río Chubut, volvía a su casa tras una jornada de trabajo de esas que menos disfrutan quienes desarrollan su acción en los territorios: la carga de informes en los escritorios virtuales de Agroindustria.

Y esa vuelta a casa no era la más feliz, ya que le habían avisado que Nadia, su compañera de trabajo en Madryn, había sido despedida. Ya en su casa, encontró una notificación del correo, en la que le pedían que pasara a retirar una documentación. Con la convicción de que la mala suerte de su compañera sería también la suya, fue hasta la oficina del correo y allí se anotició que desde la Capital Federal prescindían de sus servicios tras más de 17 años de trajinar la provincia junto a pescadores artesanales, agricultores familiares y a grupos de artesanas y artesanos.

Ruth Guerrero, en plena tarea de inscripción de campesinos en el Registro de la Agricultura Familiar

Desde el desierto lavallino, en el nordeste de la provincia de Mendoza, el lunes 23 de abril Raimundo Laugero, ingeniero agrónomo con cerca de 8 años de trabajo en la SAF, e integrante de la organización campesina Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), estaba listo para iniciar la semana. La misión sería reunirse con familias campesinas crianceras de caprinos para evaluar la juntada de cueros que serían enviados a la Cooperativa de Trabajo Curtidores de Mendoza y avanzar con el proyecto de venta de cabras de refugo. Pero las actividades debieron ser canceladas luego de recibir una carta documento, fechada el 18 de abril, en la que le comunicaban el fin de su vínculo laboral con el organismo.

“Con la comunidad huarpe de Lagunitas, en el secano del norte mendocino, trabajamos para hacer el piso del galpón de acopio de alimento para cabras y vacas. Entre 2016 y 2017 esa comunidad comercializó unas 1200 cabras de refugo”, contó Raimundo Laugero (tercero desde la izquierda).

Casos como los anteriores se multiplican desde mediados de abril, ya que siguen llegando cartas documento con la resolución 30/218 adoptada por Hardie (según consta en las misivas), de rescindir contratos de técnicos y de técnicas de territorio de la SAF. Según se informó desde la Mesa de Coordinación Nacional de ATE SAF, hasta el momento suman cerca de 150 los despedidos en el área sobre los más de 330 despidos registrados en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación desde el 20 de abril. Para el caso específico de la SAF, los actuales se suman a los cerca de 160 despidos registrados en 2016.

Tras sus dichos de fines de marzo, LA NACION volvió a hablar con Hardie. El funcionario explicó: “Lo que pasó (los despidos) no te lo podía adelantar porque no estaba bajo mi órbita, sino que vino de más arriba y tuvo que ver con un trabajo de dotación óptima hecho por Modernización, que fue para todo el Ministerio, no sólo para la SAF”.

Agregó que “hay una clara diferencia entre cumplir el horario o ir a prestar servicio, que muchas veces eso pasa y es cierto, con agregar valor con el trabajo que se hace, en un momento en el que tenés -como lo dijo el ministro (por Luis Miguel Etchevehere)- un presupuesto determinado, con lo cual tenés que empezar a reordenar y a simplificar tareas y a volver eficientes trabajos que se repiten. La SAF está en un período de permanente revisión, porque no hay una medición del impacto de las tareas que se hacen. Quizás lo que para vos es bueno, no necesariamente tenga una manera de ser medible. Y lo que no podés medir no vale”.

-¿Qué significa eso? 

-Las acciones que vos haces, pero no tienen indicadores para poder medir el éxito, el alcance, el resultado y el cumplimiento de las metas, no valen.

-Pero, en general, los trabajos que se hacen se pueden medir. 

-Algunos sí y otros no.

“Me cuesta mucho entender cómo después de 21 años de trabajar en el territorio y de tener resultados medibles me despiden”, expresó Gorritti. Contó que hace unos meses recibió un mail de la coordinación provincial en el que le avisaban que habría una evaluación de desempeño de 2017. “Yo me quedé tranquilo, porque tenía muchas cosas para mostrar en esa evaluación. Pero resulta que al final de cuentas no me hicieron ninguna evaluación de desempeño; no hubo ningún llamado de atención, y ahora me dicen que prescinden de mis servicios. Encima, como justificación de la reducción de planta, en la carta documento me dicen que entre 2013 y 2015 se incrementó la dotación en el Minagro, cuando que yo comencé a trabajar en 1997”, explicó.

En Misiones, donde según el relevamiento de ATE se despidieron a 17 técnicos y técnicas de territorio, muchos destacan a Gorritti como uno de los mayores impulsores de las ferias francas, espacios donde los pequeños productores pueden comercializar sus productos de manera directa, sin resignar valor a manos de los intermediarios.

“Comenzamos el trabajo con el impulso a ferias francas como la de Puerto Rico, de Mado o la de Colonia Delicia. Pero en paralelo, ya desde 1997, empezamos a desarrollar ferias de semillas, donde se generan espacios de intercambio de semillas criollas locales, con cientos de variedades de cultivos anuales. Estos espacios se siguen haciendo, por suerte”, explicó con satisfacción Gorritti. Recordó que de esos encuentros varias veces participaron como invitados grupos de pequeños productores de Paraguay, “con quienes nos une el río Paraná. Ellos después adoptaron estas ferias y nos invitaron a participar con ellos a su país”.

Con particular entusiasmo, el técnico contó su trabajo junto al grupo de agricultores familiares cañeros denominado Madre Tierra, que forma parte de la Red Cañera de Misiones y que, entre otros productos, generan azúcar rubia y azúcar mascabo. “Se trata de gente muy pobre, pero con mucho empuje, que está desarrollando esta alternativa productiva”. Y sumó como otro logro de estos productores en lo que va del año con “una cosecha de maní maravillosa, que, además, contó con un muy buen precio, por lo que hubo mucha alegría, por la mejora en los ingresos de las familias. El maní no es nuevo en la zona, más bien es tradicional, pero en lo que estamos trabajando es en tomar cultivos que siempre se han hecho para fortalecer procesos productivos, comerciales y organizativos, para mejorar la forma en la que se desarrollan las cadenas de valor de esos productos”.

En referencia a quienes sostienen que el trabajo no cuenta con mediciones que lo avalen, Gorritti aseguró que “son medibles los miles de kilos de azúcar rubia que los productores azucareros han logrado vender en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y, localmente, en Misiones, o los miles de kilos de maíz, zapallo o mandioca que producen los Productores Independientes de Piray (PIP), o cada una de las iniciativas que estamos generando para sumar valor a las diversas producciones regionales, como la producción de almidón de mandioca. ¿Por qué no vienen a medir todo esto al territorio? Esta actitud de subestimación de mi trabajo de parte de las autoridades la veo también en las historias de vida de mis compañeros y compañeras despedidos en Misiones y en otras provincias”, lamentó.

Y recordó una anécdota que hoy, a la luz de los acontecimientos sucedidos, adquiere un relieve particular: “En 2016, cuando Walter Kunz era coordinador provincial de la SAF en Misiones (hoy, este abogado es director Nacional de Programas y Proyectos para la Agricultura Familiar, según la designación publicada en el Boletín Oficial el 17 de abril pasado), visitó al grupo de productores azucareros Madre Tierra. Frente a una productora campesina que le mostraba un trapiche manual y le contaba cómo se logró evolucionar de eso a una sala de industria con trapiches eléctricos, conmovido, él le dijo: Ustedes quédense tranquilos, que los técnicos que los acompañan van a seguir acompañándolos. Hoy, resulta que ese funcionario fue el encargado de hacer la lista de quienes fuimos dejados sin trabajo en la provincia”.

El trabajo de los técnicos y de las técnicas de territorio muchas veces excede el propio trabajo con los productores. “Desde 2009 recibimos todos los años a estudiantes de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires que pasan una semana de trabajo y capacitación junto a las comunidades. Y a raíz de estos encuentros, los docentes de la UBA crearon la cátedra de Agroecosistemas Campesinos. Así, todos los años vienen a Misiones, como también van a otras provincias, a incorporar conocimientos sobre los sistemas de producción y sobre los modos de vida de las familias campesinas e indígenas. Tras los despidos, los estudiantes y los docentes nos enviaron una carta porque no pueden entender lo que está pasando. En esa carta, ellos hacen la evaluación de desempeño que no hicieron las autoridades que resolvieron dejarnos sin trabajo”, expresó Gorritti.

Como síntesis del momento que atraviesa dijo: “Hoy, cerca de cumplir 58 años, soy despedido de un día para el otro, sin ningún tipo de indemnización, tras 21 años de trabajo en el ámbito de la SAF en Misiones y luego de otros 9 años en la exSecretaría de Agricultura, en Buenos Aires. El golpe sobre mi economía familiar es tremendo. Estoy atravesando el peor momento que puede vivir un trabajador. Y el pronóstico es malísimo, porque esto es disciplinador para el resto de mis compañeros, que día a día están recorriendo las chacras, en un trabajo que para muchos parece invisible, pero que en cada objetivo cumplido con los productores modifica realidades tangibles. Esto se puede medir, sólo hay que tener el interés por medirlo y, sobre todo, por valorarlo en su justa magnitud”, agregó.

En Salta, con los despidos de 18 técnicos y técnicas de campo quedaron desarticulados los equipos de Aguaray, Tartagal y de la Ruta 81, en la región del Chaco Salteño, que trabajaban con cerca de 2500 familias. “Yo hace 15 años que trabajo en la zona, primero fui parte del Programa Social Agropecuario y después pasé a la SAF. Llevo toda una vida trabajando en la región, con campesinos y con comunidades indígenas”, precisó Marinconz.

Y añadió: “Nos dicen que lo que no se puede medir no vale, pero nuestro trabajo de tantos años se puede medir, podemos dar cifras. Hemos perforado más de 80 pozos de agua con red domiciliaria en parajes rurales donde nadie llega, hemos cerrado y alambrado predios rurales por más de 20.000 hectáreas para que los campesinos lograran mejorar sus sistemas productivos y el manejo ganadero, y para que optimizaran sus resultados. Hace cinco años hicimos el primer remate ganadero de cría (la zona es típicamente de cría) de pequeños productores del Chaco Salteño, al que vinieron empresarios y feedloteros a comprarle los animales a los pequeños productores. En ese momento pasamos de vender el ganado en pie de 10/11 pesos por kilo a 16/17 pesos. En promedio, aumentamos el ingreso de las familias por encima del 45% con nuestro trabajo en el manejo ganadero y en el remate”.

Esa subasta anual se continúa haciendo y ya pasó a formar parte de la grilla de remates especiales de la región, algo impensado hasta aquella primera edición de 2013, donde la venta conjunta y organizada les posibilitó a los productores conseguir el precio completo por sus animales. Allí también medió la gestión de los técnicos para que todos los productores contaran con el Monotributo Social Agropecuario (MSA), una herramienta gestada durante el gobierno kirchnerista que, junto con el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), les posibilita a los pequeños productores salir de la informalidad y poder facturar, además de pasar a contar con una obra social.

El veterinario explicó que la región del chaco salteño es muy fuerte en cuanto a producción pecuaria y enumeró que allí se maneja el 12% del stock bovino de la provincia, el 46% de stock porcino y el 24% del stock caprino. “Esos miles y miles de animales están en manos de pequeños productores, de familias campesinas y de comunidades de pueblos originarios”, explicó. Y detalló que en estos momentos debían comenzar con la segunda etapa del feedlot campesino, una iniciativa pensada para mejorar el estado corporal de los terneros antes de su venta, con un engorde de 30 a 60 días.

Ese trabajo cuenta con el apoyo del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (Proderi), que aprobó el proyecto presentado y les financió a los productores la adquisición de un tractor, un acoplado y los corrales móviles. “Tras la primera etapa, en octubre de 2016, logramos vender 300 terneros a un comprador importante de Orán y contra los 20/21 pesos por kilo que se obtenía en la zona logramos entre 26 y 27 pesos por kilo, lo que marcó el potencial del trabajo para mejorar los ingresos de las familias campesinas”, señaló.

Añadió que también se estaban desarrollando proyectos para abastecer los mercados locales y regionales con cortes porcinos y caprinos, “de manera que al consumidor le llegaran productos a precios más bajos que los de los centros de consumos y, a la vez, al productor le quedara una mayor ganancia por su trabajo que la que obtiene de parte de los intermediarios”.

Como Gorritti, Marinconz remarcó que todo el trabajo que desarrolla en los territorios se puede medir. “Pero eso sólo puede hacerse si realmente quienes tienen poder de decisión quieren hacerlo y si, de verdad, se hubieran preocupado por mirar, por leer los informes mensuales que nosotros presentamos al delegado zonal. Tenemos todo lo necesario para fundamentar cada uno de los trabajos que hemos venido realizando”, indicó.

Explicó que, en la zona de los Valles, donde también hubo despidos, se logró constituir cooperativas de pimenteros y de vitivinícolas. “Esos compañeros que trabajaron para formarlas fueron borrados”, dijo. Y relató que en Salta, cuando llegó la nueva administración desplazaron a la coordinadora de la SAF, Cristina Sanz, que tenía 20 años en el cargo, una ingeniera agrónoma con posgrado en Córdoba. “Primero la reemplazaron con un abogado, que dejó su cargo 4 meses atrás, y desde entonces quedó a cargo de la SAF provincial un joven de menos de 30 años, sin experiencia en la actividad y sin ningún título universitario”, señaló.

El trabajador explicó a LA NACION que no hubo ningún proceso de evaluación del trabajo de los técnicos y señaló que tanto la zona del Chaco salteño como la de los Valles son las regiones donde las organizaciones campesinas e indígenas tienen el mayor grado de protagonismos, movilización y empuje. “No nos queda otra que pensar que esto no fue al azar, sino que fue una decisión política de sacarnos a quienes de alguna manera impulsamos el protagonismo de estos pequeños productores, pensando que, quizás, así podrían aplacar el impulso de esos campesinos”, dijo Marinconz.

Remarcó que “en medio del desprecio de los funcionarios, nuestro trabajo sí es reconocido por la gente que hoy nos acompaña, con un mensaje, con una imagen, con movilizaciones y hasta con la toma pacífica en algunas de las sedes de la SAF”.

En ese sentido, el martes pasado marcharon hacia la Casa de Gobierno provincial, en Salta capital, las asociaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas del Chaco Salteño, para reclamar la restitución en sus puestos de trabajo de los técnicos y las técnicas despedidos.

En 2013 se hizo el primer remate de pequeños productores del Chaco Salteño, donde tras la venta conjunta coordinada por Raúl Marinconz y por el resto de los técnicos y técnicas de la SAF en la región se lograron mejores valores para las haciendas presentadas por campesinos, criollos e indígenas En 2013 se hizo el primer remate de pequeños productores del Chaco Salteño, donde tras la venta conjunta coordinada por Raúl Marinconz y por el resto de los técnicos y técnicas de la SAF en la región se lograron mejores valores para las haciendas presentadas por campesinos, criollos e indígenas

Para Laugero, todos los despidos vistos en el ámbito de la SAF, que en lo que va de 2018 en Mendoza suman 11, parten de la subjetividad de cada responsable provincial. “Ninguno de nosotros tuvo nunca un apercibimiento y nunca fuimos sometidos un proceso de evaluación, en el que alguien nos dijera si algo de lo que hacíamos era incorrecto. No existe ninguna instancia de evaluación abierta e imparcial, para determinar el cumplimiento o no de los objetivos y todo se dirimió en si le caíste bien o mal al coordinador puesto por Cambiemos. No tengo dudas que en la mayoría de los casos lo que primó fue el criterio político, pero a ciencia cierta, nadie sabe cuáles fueron los parámetros considerados para dejar sin trabajo a tanta gente”, lamentó y añadió: “Es muy duro lo que está pasando y genera mucha angustia. Es ver otra vez una política de vaciamiento del Estado, justo ahí donde más se lo necesita”.

En el raconto de los hechos concretos desarrollados en el territorio, este ingeniero agrónomo detalló el diseño y la puesta en funcionamiento de la cadena caprina en los departamentos del sur y del norte mendocino, con la venta de cabritos en forma conjunta y asociativa, lo que les posibilitó eliminar la figura del intermediario, la recolección y venta de cueros caprinos para darle valor a un producto que tradicionalmente se desechaba, a partir de articular la iniciativa con la Cooperativa de Trabajo Curtidores de Mendoza, y la venta de cabras de refugo (hembras que se descartan tras cumplir su ciclo como madres), con la cual se revalorizó una categoría que quedaba en los campos sin valor comercial y bajando la productividad de los rodeos.

“Ahora estábamos comenzado a trabajar de manera coordinada con el ProHuerta, del INTA, en el desarrollo de una incubadora de huevos de gallina de la raza desarrollada por el INTA denominada Negra INTA. El organismo nos proveyó material genético muy bueno; armamos los gallineros, la incubadora, la fábrica de balanceado, y generamos toda una cadena de desarrollo, de la cual yo soy, o era, el técnico a cargo por parte de la SAF en el proyecto, que resultó el primero de este tipo financiado por el ProHuerta en Mendoza. El objetivo es tener en el norte de la provincia un centro de multiplicación que provea a las familias rurales de gallinas ponedoras que sean rusticas y adaptadas a las condiciones culturales y climáticas de la región. Habíamos logrado ejecutar un trabajo coordinado”, expresó.

La historia de Laugero con la SAF es particular. Fue convocado en 2010 a trabajar en el organismo por los logros productivos y organizativos construidos dentro de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, una organización campesina formada en 2001, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Previamente fue técnico del INTA, despedido en 2003 por su activa participación en dicha organización campesina (por resolución, el Inadi determinó entonces que el despido fue “arbitrario” y por “discriminación ideológica”).

Desde el Estado, como responsable de la Dirección de Programas y Proyectos de la SAF, fue quien coordinó y ejecutó la creación del Sello de la Agricultura Familiar, una política que fue tomada y continuada por la actual gestión. Trabajó con el Senasa para adaptar resoluciones del organismo a la realidad de la agricultura familiar. De igual modo, a través de una resolución ministerial logró la ampliación de la categoría de “pequeño matarife productor” que les facilita a los agricultores familiares faenar sus animales (cabras, ovejas, bovinos y porcinos) en frigoríficos habilitados.

Y, entre otras iniciativas, también fue quien diseñó la primera experiencia de comercio exterior para el sector de la agricultura familia, que tuvo su punto más importante en noviembre de 2015, cuando cuatro cooperativas de agricultores familiares viajaron con apoyo del Estado a Dubai para participar en una misión de negocios con productos concretos y con reuniones establecidas con potenciales compradores. Esa iniciativa fue la primera desarticulada por el nuevo gobierno, que en enero de 2016 resolvió no renovarle el contrato al especialista en comercio exterior responsable de coordinar todos los contactos con los empresarios en Dubai.

Poco tiempo después, esta persona se convirtió en el presidente de la Cámara Argentino Emiratí. Así, todo el trabajo realizado y las expectativas puestas en esas gestiones por los grupos de pequeños productores quedaron truncas tras la decisión oficial. Desde entonces, y hasta su actual despido, Laugero volvió a trabajar en Mendoza como técnico de terreno.

Según la opinión de Laugero, “uno piensa y gobierna como tiene los pies en la tierra. Evidentemente, la agricultura familiar no es un sector que a las actuales autoridades les interese, dado que no genera divisa y que no son sus socios. No han sabido o no han querido ver la potencialidad actual y futura en cuanto a la producción de alimentos de este sector, que provee más del 65% de los alimentos que todos consumismos, pero cuyo origen es invisibilizado por el sistema concentrado de comercialización. El sector del campo que hoy conduce Agroindustria tiene a la agricultura familiar, campesina e indígena como algo folclórico, pero fuera de su estructura de políticas de gobierno. Una familia campesina no puede desarrollarse sin la presencia de un Estado fuerte y presente. Si todos los beneficios que se les están dando a las empresas y a los grandes productores los tuviera este segmento la historia sería otra”.

En Chubut, entre los trabajos de campo concretados por Guerrero en los cerca de 17 años desandados desde el Estado para los agricultores familiares se destacan las primeras experiencias en su Esquel natal con los grupos de artesanas, como parte de su paso por el PSA. Con ellas, desde las localidades Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Futalaufquen, Nahuel Pan, Taquetren y Epulef, diseñó capacitaciones específicas de comercialización, mercadeo, tinturas naturales, hilado y tejido. Más tarde, ya instalada con su familia en Gaiman y dentro de la recientemente formada SAF, su acción se concentró en Biedma (Madryn y Península Valdes) y en el Valle inferior del Río Chubut (Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio).

“Lo primero que hice en esa segunda etapa de mi trabajo fue relevar la situación de ambos departamentos. Presenté la SAF ante comunas y municipios, y me reuní con todos los referentes de las áreas de producción y con los intendentes. Una vez relevadas todas las organizaciones de pequeños productores, diseñamos talleres de encuentro para que todas las voluntades individuales existentes se conocieran y coordinamos los primeros plenarios del Foro de la Agricultura Familiar en ambos departamentos”, relató.

Dadas las necesidades del Estado de ampliar su cobertura, debió dejar parte de su trabajo en el Valle Inferior del Río Chubut para sumarse como técnica de apoyo en el departamento Telsen, zona de meseta patagónica. “Sostuve Madryn, donde venía trabajando con pescadores artesanales, y empecé a viajar de Telsen a Gastre y de allí a Gangan, relevando las organizaciones existentes y trabajando en capacitaciones para fortalecer el funcionamiento de las mismas, siempre en coordinación con otros organismos, como el Ministerio de Agricultura de la provincia y el equipo de la Pastoral Aborigen (Endepa). En la época de la erupción de los volcanes chilenos estuve a cargo de la recorrida por todos los campos afectados y de las entrevistas con todas las familias del perfil de la agricultura familiar, en función de la entrega del subsidio que se les brindó”, explicó.

De la tarea de campo, o más bien de mar, Guerrero detalló la conformación de dos organizaciones de pescadores artesanales. “La primera, la Asociación de Recolectores Costeros del Riacho San José, en un pequeño paraje donde históricamente residieron familias recolectoras. Hoy ellos son quienes tienen prioritariamente el permiso para trabajar en la zona, para la recolección de pulpo y de mejillones, y para la pesca artesanal. Y la segunda, la Asociación de Pescadores Artesanales y Maricultores de Pequeña Escala, que son rederos de costa, que obtienen cornalitos, lisas y magrú, entre otros peces, que después se fasonean en las plantas habilitadas de la zona y se comercializan”.

Agregó que, en paralelo, participó de la conformación de la Mesa de Desarrollo Local del departamento Madryn, conjuntamente con el INTA, el INTI, universidades, el Centro Nacional Patagónico, que responde al Conicet, con representantes de distintos programas nacionales y provinciales, con empresarios y con las organizaciones que representan a la agricultura familiar. Lamentó que hoy todo sea incertidumbre en la región, porque Madryn quedó huérfana de técnicos, dado que tanto ella como su compañera veterinaria fueron despedidas. En lo que va del año, en Chubut hubo 5 despidos, por lo que hoy cuenta con 24 técnicos y técnicas para cubrir las necesidades de los agricultores familiares en toda la provincia, según la información brindada por ATE.

“Los técnicos somos como un puente entre los agricultores familiares y el Estado. Somos nosotros los que vamos a lugares donde muchas veces no hay posibilidades para que las familias accedan a herramientas de gestión, somos nosotros quienes los asesoramos frente a las diversas problemáticas que atraviesan, desde lo productivo y hasta lo social, y somos nosotros quienes alentamos la formación de organizaciones para que los intereses pasen a ser colectivos y dejen de ser individuales y para que esa unión los beneficie al momento de tener que comercializar sus productos o de hacer compras comunitarias”, detalló con orgullo y con la certeza de que el camino recorrido es el correcto.

Coincidió con sus colegas al afirmar que todo el trabajo hecho es medible. “Es un error decir que no se mide el impacto de nuestro trabajo porque está todo medido. Nosotros permanentemente realizamos mediciones y las enviamos al Ministerio. Ellos tienen toda la información que generamos en los territorios. En cambio, lo que no hay hoy son líneas propias de financiamiento. Por eso, los técnicos debimos salir a gestionar recursos afuera, a formular proyectos para presentar en las provincias o ante el Ministerio de Desarrollo Social o a las organizaciones locales. Nos han empujado a convertirnos en gestores de recursos, cuando que, históricamente, lo que se buscaba desde la época del PSA era contar con líneas de financiamiento propias para infraestructura, capacitaciones y para difusión. Con la actual gestión de gobierno llegó un total desfinanciamiento, donde si se rompe un vehículo no se repara y donde nos quitaron los recursos mínimos para funcionar y para estar más tiempo presentes en los territorios”, se quejó.

En el caso específico de la pesca artesanal, y frente a quienes sostienen que lo que no se puede medir no vale, Guerrero subrayó que previo al trabajo de campo no existían las dos asociaciones hoy consolidadas en Madryn. “Se formaron a instancias de nuestro trabajo y de su propia voluntad por progresar. Ganaron visibilidad, se fortalecieron y consolidaron un cluster de pesca artesanal en la provincia. Actualmente se ganaron una instancia de representación frente a las autoridades de pesca, a partir del impulso que el acompañamiento del Estado les venía dando y a su propio empuje. Hoy se reúnen, discuten precios, formas de trabajo, y modos de establecer los acuerdos con la provincia. Para mí, todo esto es un indicador clave de la mejora en las posibilidades de los pescadores y es fruto del proceso organizativo. Nada de ello se hubiera logrado si continuaba trabajando de manera individual. El crecimiento de ambas asociaciones da orgullo verlo”, subrayó.

La técnica contó el difícil momento que atraviesa y reclamó su restitución en el trabajo, como la de todos sus compañeros y compañeras desvinculados de la SAF. “El coordinador provincial nos asegura que él no estaba al tanto de lo que ocurriría; que nuestro desempeño siempre fue eficiente, que no sabe cuáles fueron los criterios para las desvinculaciones, y que va a hacer lo posible por nuestra reincorporación. Yo soy sostén de familia, despedida sin indemnización a los 55 años, tras más de 17 años de trabajo precarizado. Tengo una hija que estudia en la Universidad de La Plata y un hijo adolescente que se forma aquí, en Gaiman. Hoy debo pensar cómo afrontar los gastos que antes sobrellevaba con un sueldo. Es tremendo”, afirmó.

En diálogo con Hardie, LA NACION le indicó que los técnicos describieron resultados medibles de su trabajo de campo y que alertaron sobre la inexistencia de una instancia transparente de evaluación de su desempeño.

“Mirá, se los evalúa en el tratamiento cotidiano, en sus resultados, de un montón de maneras. Lo que decís corre por tu cuenta y por la cuenta de quienes te lo dijeron. Hay una revisión permanente. El Estado tiene mucha cantidad de gente, Modernización ha hecho una evaluación sobre una dotación óptima; nos pide el cumplimiento de metas, y obviamente lo tenemos que hacer”, respondió.

Y añadió que “muchas veces hay técnicos que tienen una manera de trabajar muy independiente, que están trabajando con los mismos productores desde hace años, que no hacen caso, que tienen una mirada muy particular y que no responden a una estrategia. Obviamente todo eso se evalúa, no sé cómo quieren que se los transmitan. Hay coordinadores en cada provincia que han estado trabajando todo este tiempo y evaluando permanentemente. Claro que esta es una decisión antipática”.

Hardie aseguró que “si nos equivocamos en alguna decisión la revisaremos”, pero aclaró que, según su visión, una SAF eficiente no significa llena de gente. “Durante todos estos años, con tanta gente, con tantos técnicos, yo no vi que el sector de la agricultura familiar haya estado en mejores situaciones; ni siquiera podemos medirlo, no sabemos si las políticas aplicadas tuvieron valor. Todo lo que vos crees, o lo que ellos creen, que vienen trabajando bien, es muy relativo”, dijo el funcionario.

La entrada Crónicas Robadas: “Cuatro historias detrás de los despidos en Agricultura Familiar” se publicó primero en Bichos de Campo.