Ya está. Listo. Fue. Kaput.

El salvataje más importante protagonizado por la actual administración de Cambiemos terminó en un nuevo y estrepitoso fracaso. En las próximas horas, según confiaron a Bichos de Campo fuentes que siguen de cerca las negociaciones, la empresa Proteinsa SA se presentará a concurso de acreedores y la avícola Cresta Roja -en algún momento, la segunda mayor del mercado- cambiará de operador.

Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos (GTA), está dispuesto a poner hasta 80 millones de dólares que ofreció tiempo atrás para hacerse cargo de esa compañía y pasaría a manejar un emporio avícola que manejaría cerca del 25% de la faena total de pollos de la Argentina, sumando la capacidad instalada de ambas empresas.

Lo anticipamos hace unas semanas, pero recién ahora este proceso está cerca de un desenlace. Sería el segundo gran fracaso oficial en la saga de Cresta Roja, una empresa fundada por los hermanos Rasic que entró en su primera convocatoria de acreedores en julio de 2014, después de patinar en los negocios de exportación de pollos a Venezuela. Como en aquel momento se venían las elecciones, el primer fracaso correrá por cuenta de Daniel Scioli (entonces gobernador y candidato a presidente) y Aníbal Fernández (entonces ministro y candidato a gobernador). Esa primera aventura costó 200 millones de pesos al resto de los argentinos. Algunos billetes fueron para pagar alimentos para los pollos. Otros no se sabe…

Ver: La última carta de Cresta Roja: un fideicomiso y dos posibles nuevos accionistas

Cuando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal asumieron en los cargos que los K crecían suyos, en diciembre de 2015, se decidió el segundo salvataje. En febrero de 2016 se fundó Proteinsa SA de la mano de Santiago Perea, un empresario “amigo” del nuevo gobierno. En abril de 2016, ya con parte de la planta en funcionamiento, se hicieron sendos actos en las plantas de Cresta Roja para festejar esta resurrección. La pesadilla había terminado. macri se abrazaba con los obreros y Vidal decía que ése era el mejor ejemplo de que “sí, se puede”.

Todo marchaba. A los pocos meses, en octubre de 2016, el juzgado que entendía en la causa realizó una subasta en la que puso un piso de 110 millones de dólares. Perea ofertó 121 millones de dólares y se quedó con todo el paquete, dejando con las ganas a De Grazia, que ofertó los mismos 80 millones que debería desembolsar ahora, en el tercer salvataje que ahora se inicia.

Aquel Perea se comía los chicos crudos. Pero a partir de julio de 2017 Cresta Roja se puso de nuevo a patinar y comenzó un festival de cheques sin fondo. En estos momentos, ahora que finalmente se pide la convocatoria, Proteinsa tiene un pasivo bancario de 804,2 millones de pesos, de los cuales 141 millones que corresponden al HSBC están en categoría 3. Además acumula el último año 3.751 cheques rechazados por otros 500 millones de pesos.

Esta nueva crisis arrastró además a dos de los tres socios de Proteinsa SA. Ovoprot (la empresa madre de los Perea) acaba de pedir también una convocatoria de acreedores con 1.445 cheques sin fondos (por 66,6 millones de pesos) y un pasivo bancario en categoría 3 y 4 por 237 millones. Tanarcosa SA, otra socia, debe casi 10,6 millones a los bancos en categoría 3 y 4 y tiene 334 cheques rechazados por otros 21 millones. La única que zafa es la firma de los Lacau, La Suerte Agro, que permanece sin pasivos incobrables.

Los actores más afectados por el “pagadios” protagonizado por Perea y sus amigos son los propios trabajadores de Cresta Roja (se tomaron más de 2.000 de los 3.500 que pertenecían a la ex Rasic), a los que se les debe todo el sueldo de febrero, vacaciones y muchos etcéteras. A la lista de acreedores se suman unas 80 empresas Pyme del interior que en una primera etapa le proveían a Proteinsa el alimento para los pollos. Y también la AFIP, que no recaudó ni un peso por aportes patronales desde al menos comienzos de 2017 (aunque hay mucha de esa deuda en distintas renegociaciones).

El banco brasileños BCT Pactual, que al principio aparecía como brazo financiero de la operación, ahora no sabe cómo hará para recuperar los 40 millones de dólares que dice haberle prestado a Perea para financiar buena parte de la adquisición de Cresta Roja.

Y no se hagan ilusiones, porque los contribuyentes también volvimos a perder plata, ya que al menos desde comienzos de 2018 el Estado Nacional está poniendo dinero público (habría qué averiguar bajo qué concepto) para comprar alimentos balanceado y evitar así la dramática fotografía de una matanza mortandad de pollos.

Las partidas, según pudimos averiguar, salen del Ministerio de Producción que comanda Francisco “Pancho” Cabrera. Buena parte de esa mercadería se compró al Grupo Los Grobo, de Gustavo Gobocopatel y sus hermanas.

La dificultad de justificar ese presupuesto (como hicieron en su momento Scioli y Aníbal, investigados ahora por la justicia por la desaparición de unos cuantos millones de pesos destinados al primer salvataje de Cresta Roja), provoca ahora una urgencia en el Gobierno de Cambiemos, desde donde se fue a buscar a De Grazia para que se haga cargo de la empresa que no pudo ganar allá por 2016.

Perea ya fue. El mismo empresario comenzó a decir por todos lados que cede todo el control de Cresta Roja a quien quiera tomarlo sin poner un peso. Solo pide recuperar sus bienes y los de su familia, que al parecer han servido de garantía para este irracional proceso de endeudamiento.

Quien tiene a su cargo la gestión para que GTA comience a operar en las instalaciones de Cresta Roja en la zona de Ezeiza es el actual subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, un joven abogado de la UBA que es el interlocutor oficial ante el juzgado que tramitaba el concurso de la vieja Rasic Hnos SA y otras dependencias del propio Gobierno, como el Ministerio de Trabajo.

En la cartera laboral se estaría decidiendo por estas horas volver a apelar a los viejos y queridos REPRO para hacer viable el cambio de manos de Cresta Roja, que se formalizaría recién una vez que Proteinsa SA, la actual operadora, se presente formalmente a concurso. Y es que es muy probable que, mientras se acepta su oferta (repetimos, por los originales 80 millones de dólares), GTA decida trabajar a media máquina manteniendo operativa solo la Planta 1. En Planta 2 las instalaciones de faena son más grandes y modernas, pero allí también hay un núcleo duro de delegados sindicales de izquierda, que han sido un hueso difícil de roer para las diferentes administraciones.

Una complicación adicional que tendrá el concurso de acreedores de Proteinsa SA es que cuando Santiago Perea se hizo cargo del salvataje había una deuda laboral cercana a los 1.100 millones de pesos. El empresario elegido por Cambiemos justamente convirtió gran parte de ese pasivo en acciones que cedió a los trabajadores que las pidieron, y que ahora se convertirán en acreedores de la misma compañía que no les abona los salarios. El juzgado ya le hizo saber al gobierno que no aceptará que sean la variable de ajuste, y que cualquier propuesta que surja de GTA deberá contemplar una oferta para ellos.

En la actualidad, alternativamente entre las dos plantas de Cresta Roja -y gracias al alimento que paga el gobierno- se están faenando poco más de 60 mil pollos por día. En la mejor época de los Rasic la firma faenaba unos 400 mil cabezas por día y cuando llegó al lugar Santiago Perea prometió que iba a llegar a las 420 mil. Macri, en el acto de abril de 2016, exageró que llegarían a los 800 mil pollos por día.

Pero las únicas que crecieron fueron las deudas de los empresarios y las angustias de cientos de familias vinculadas a la avícola.

La entrada Fracasó el salvataje más promocionado por el Gobierno y Cresta Roja cambiará de operador se publicó primero en Bichos de Campo.

Santiago Perea es apenas una mueca del empresario exitoso que supo ser. Perea es la cara visible de grupo Proteinsa, que fue bendecido primero por el gobierno de Mauricio Macri y después por la justicia comercial. Gracias a esas dos bendiciones, en febrero de 2016 quedó al mando de la “recuperada” avícola Cresta Roja. Ahora, don años después,preferiría esfumarse, porque todos van a reclamarle a él la inmensa montaña de plata que les debe esa compañía. Perea promete y promete, pero rara vez  cumple sus promesas. “La semana que viene”, les dice a unos y otros. Ya  casi nadie le cree. Le han perdido el respeto.

Recién había asumido el nuevo gobierno y esta firma se había convertido en el mejor ejemplo de lo mal que había manejado la economía el kirchnerismo. Por eso ni Macri ni María Eugenia Vidal dudaron cuando Perea los invitó a la reinauguración de la planta. Hubo acto, medalla y beso. El de Cambiemos iba a ser un “salvataje” en serio. No como aquel fallido intento de reapertura impulsado en 2015 (antes de las elecciones) por Aníbal Fernández y Daniel Scioli, que terminó con la desaparición de modo algo oscura de unos 200 millones de pesos del presupuesto bonaerense.

Perea tocó el cielo con las manos unos meses después, cuando en octubre de 2016 la jueza a cargo del concurso de la ex Rasic , Valeria Pérez Casado, dio por ganador a Proteinsa en el concurso judicial para quedarse con las dos plantas de faena, las granjas, las incubadoras y la marca perteneciente a Cresta Roja.

El grupo bendecido por la varita mágica, el que iba a recuperar la avícola sin ayuda oficial y para siempre, presentó una oferta por 121 millones de dólares, con el supuesto respaldo del banco brasileño BTG Pactual, que nunc amás apareció en escena. Le ganó esa puja a Avícola del Plata (conformada por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen), que sugestivamente ofertó solo 80 millones de dólares al contado (por debajo de la base fijada en 110 millones) aunque prometía otros 60 millones en inversiones.

En aquel momento, Granja Tres Arroyos, de la familia De Grazia, se quedó con la sangre en el ojo. Líder en el mercado local de carne de pollo, GTA ya había ofrecido hacerse cargo de su principal competidora bastante tiempo antes, en 2014, pero esa “ayuda” fue rechazada con altivez propia del croata Milenko Rasic. En la compulsa judicial, volvía a fracasar.

“La semana que viene te pago”, les comenzó a prometer Perea a sus proveedores de alimento balanceado en julio de 2017, apenas ocho meses después, cuando comenzaron a registrarse atrasos en los pagos y apareció una primera tanda de cheques rechazados por falta de fondos. Luego los empezó a derivar hacia una financiera de Corrientes al 530, y así los fue bicicleteando. Eran 35 o 40 pequeñas fábricas de expeller de soja que le iban achicando los plazos de pago a medida que iba creciendo su desconfianza. Algunos le llegaron a ofrecer saldar los crecientes pasivos con pollo congelado o pollitos BB, pero ni siquiera con esas fórmulas Perea cancelaba.

Hacia fines de 2017, Proteinsa y sus principales socios acumulaban una deuda por cheques rechazados superior a los 600 millones de pesos. Proteinsa tenía 3.495 cheques rechazados por 448 millones de pesos. Ovoprot, una de sus principales accionistas, sumaba otros 1.415 cheques sin fondos por 141 millones de pesos. Tanarcosa, otra de las socias, completaba este desquicio con 310 cheques que sumaban otros 50 millones incumplidos.

Su endeudamiento con el sector financiero, en tanto, trepa actualmente a unos 804 millones de pesos, entre los cuales hay préstamos del Credicoop, el HSBC y el BBVA Francés que ya ingresaron en mora, en las categorías 2 y 3.

Huelga decir que la empresa no registra pagos de aportes patronales desde hace varios meses.

Ya algunos de sus proveedores han presentado nuevos pedidos de quiebra que por ahora, por el tenor político que tiene esta caso, los jueces todavía no definen.

Ver La avícola Cresta Roja inició 2018 caminando sobre la cuerda floja

A los trabajadores, Santiago Perea también les fue aplicando una intensa bicicleteada.

Para empezar incumplió la promesa hecha al gobierno, de que iba a ir tomando gente en la medida en que se fuera reactivando la actividad de las plantas de Cresta Roja. Los que quedaron definitivamente afuera superan el millar de personas.

A los que sí pudieron volver a calzarse el mameluco, con el correr de los meses Perea les comenzó a regatear los pagos de indemnizaciones y por antigüedad, como se había comprometido en sede judicial. Finalmente a fin del año pasado, el empresario empezó a escamotear también las sumas correspondientes por vacaciones. “No tengo plata. Si les pago vacaciones no tengo para el alimento. Y si no hay alimento no tenemos pollos para faenar”, les decía a los delegados sindicales.

En un ejercicio casi siniestro que se repetía semana a semana, Perea sometió a los 2 mil trabajadores que quedaron en Cresta Roja a la difícil encrucijada de pelear por sus derechos o poner en peligro su única fuente de trabajo. “No tengo plata. Te pago la semana próxima”, les prometía. Y los laburantes agachaban la cabeza. Casi sin alternativa, eligieron muchas veces por la esperanza.

Sin embargo, desde principios de año las dos plantas de faena de Cresta Roja operaron apenas unos pocos días. Aquellas jornadas de faena de enero pasado, además, se mataron pollos muy chicos de tan sub-alimentados que llegaban. “La semana que viene van a estar gordos y todo se va a normalizar”, prometían desde Proteinsa. Pero nada.

Llegó febrero y los empleados no cobraron su salario completo, apenas una fracción. La semana pasada, en una conciliación en el Ministerio de Trabajo, Perea les volvió a prometer a los representantes de los trabajadores que les iba a cancelar esa nueva deuda en tres cuotas, comenzando el 14. Pero pasó San Valentín y nada de nada.

Por eso este jueves 15 los empleados de Cresta Roja volvieron a cortar el tránsito en la autopista Ezeiza-Cañuelas y se manifestaron en el centro de la ciudad. El viernes piensan llegarse hasta La Plata a ver si logran ser recibidos en audiencia por Vidal. Muchos, la inmensa mayoría, piensan que se acerca el final definitivo y quieren una definición política. A Perea, el empresario bendecido por el gobierno de Cambienos, ya nadie le cree nada.

¿Cómo puede haber sucedido? ¿Cómo pudo haberse desencadenado una nueva crisis de estas proporciones tan rápidamente?

Sobran las preguntas. ¿Cómo puede haberse adjudicado los bienes de una de las avícolas más importantes de la Argentina a una firma que nacía ahí mismo con un capital social de solamente 1 millón de pesos? Porque eso es lo que pusieron los socios de Proteinsa al crear ese grupo en febrero de 2016, cuando alguien los tocó con la varita mágica y de buenas a primeras quedaron al mando de la segunda mayor productora de pollos de la Argentina. Un capital de solo 1 millón de pesos reunido entre tres empresas de fuste en el mercado agropecuario local: Ovoprot (la empresa de huevos de los Perea), Tanarcosa (una planta de balanceados de Chivilcoy) y La Suerte Agro (la empresa lechera del grupo Lacau).

A esta altura de la historia, habría que comenzar a revisar algunas de las relaciones entre este grupo de empresas y algunos funcionarios del gobierno nacional, que son varias y variopintas. Que un vicepresidente del INTA es accionista de tal; que otro de los directivos de Proteinsa era compañero de banco del jefe de Gabinete en el colegio. Nada serio todavía y mucho menos comprobado. Quizás el Estatuto de Proteinsa SA y la siguiente nota ayuden a comenzar esa indagación.

Ver: “Crónica de un vaciamiento anunciado”

¿Estamos delante de un vaciamiento? ¿Cómo puede ser que la jueza haya otorgado los bienes de Cresta Roja a un consorcio que, hacia fines de 2017, cuando se produjo ese trámite judicial, ya acumulaba miles de cheques rechazados? ¿Cómo puede suceder que Perea siga prometiendo a todos que en las granjas de engorde de la firma hay pollo suficiente como para retomar la faena en los próximos días? ¿Qué cartas se esconden y cuántas de ellas deberían ser explicadas por el propio Gobierno?

¿Está el gobierno nacional ayudando en secreto a mantener la actividad de Cresta Roja a pesar de que esa firma ya no deja a nadie sin defraudar?

Es una pregunta más que válida a esta altura de la historia.

En los últimos días, Perea sigue prometiendo a todos una solución mágica. “La semana que viene”, repite como un zombie. Ahora habla a sus acreedores de un fideicomiso que se está armando y que contaría con ayuda oficial y nuevos accionistas. ¿Quiénes serán?

Con las plantas de faena del conurbano cerradas hace ya un par de semanas, quizás la respuesta haya que buscarla en las instalaciones de San Miguel del Monte, donde empieza la cadena avícola. Si se para eso, se para todo y será casi imposible volver a empezar.

El área de reproductores e incubación anda bien, pero las cosas comienzan a flaquear en las granjas de engorde de parrilleros. Cansados de las deudas, los productores integrados o “tercerizados” ya se borraron y a Cresta Roja solo les queda albergar sus pollos en granjas propias. Allí “hay mucha mortandad por la intermitencia en la alimentación”, avisa una fuente.

¿Y quién está proveyendo de alimento a esos pollos? Desde que la mayoría de proveedores dejó de enviar sus camiones de balanceados por la falta de pago y las promesas incumplidas de Perea, la mayoría de los equipos que llegan a ese lugar lo hacen con mercadería perteneciente a la empresa Los Grobo. Se rumoréa con insistencia que esa firma podría estar cobrando directamente ese alimento desde el Gobierno y que probablemente termine formando parte del fideicomiso que se haría cargo de Cresta Roja.

La segunda empresa que suena para participar del tercer salvataje de la avícola es la misma que siempre había mostrado interés: Granja Tres Arroyos. Al menos tres fuentes diferentes confirmaron que algunos lotes de pollos que no pudieron en enero ser faenados en las plantas propias de Ezeiza fueron a parar a las instalaciones de GTA en Capitán Sarmiento. Y que desde allí salieron los pollos eviscerados embolsado con la marca Cresta Roja.

“La semana que viene podría haber novedades sobre este fideicomiso”, nos dice una fuente, que no es Perea.

La entrada La última carta de Cresta Roja: un fideicomiso y dos posibles nuevos accionistas se publicó primero en Bichos de Campo.

Esta es una crónica con audios. Los mensajes de WatshApp que circulan por los teléfonos y llegan a decenas de personas en muy pocos minutos sirven para entender el contexto en el que este miércoles desde las 11, en sendas asambleas, los trabajadores de la avícola Cresta Roja podrían definir la suerte de esta firma recuperada en los primeros meses de la gestión macrista, y cuyos bienes acaban de ser traspasados por la justicia al consorcio Proteinsa.

El 27 de diciembre, según afirma este facsímil, la jueza a cargo del concurso de la ex Rasic, Valeria Pérez Casado, adjudicó definitivamente a Proteinsa las propiedades y marcas pertenecientes a la  que supo ser hasta 2015 la segunda avícola argentina. Liderado por Ovorpot, Proteinsa se había impuesto en un concurso judicial a otro consorcio liderado por Granja Tres Arroyos, la líder del mercado.

¿Hizo bien la jueza? La pregunta resulta inevitable sabiendo lo que sucedió apenas horas después de esta adjudicación. Las plantas industriales 1 y 2 arrancaron el año sin faena y sus trabajadores eran enviados nuevamente a sus casas. El último viernes de 2017, además, se habían incumplido ciertos pagos al personal.

En el campo, mientras tanto, las granjas que son propiedad de Cresta Roja tenían los galpones llenos. Pero muchas granjas “integradas” decidieron romper sus contratos con la firma debido a los persistentes retrasos en sus pagos. Lo mismo hicieron varios proveedores de alimentos balanceados a Proteinsa, hartos de la falta de dinero para cancelar sus envíos.

¿Por qué los nuevos dueños de Cresta Roja no dejaron entrar a la gente a trabajar esta semana? En este audio un trabajador de la Planta 2, donde los delegados provienen de las alas más “combativas” del sindicalismo, anticipa una asamblea muy dura a partir de las 11. “Los delegados anunciaron que iban a ir por todo. Además salen 260 persona de vacaciones y el chabón dice que no tiene plata para depositar vacaciones. El chabón tiene la guita, pero se hace el boludo y no quiere invertir en nada”.

El “chabón” no es otro que Santiago Perea, el titular de Proteinsa y quien maneja la avícola desde enero de 2016, por decisión de la jueza y con la anuencia del gobierno de Cambiemos. En tono de fiesta por la recuperación, el propio Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal participaron del acto del reapertura.

“Ya uno ya se cansa de esperar si va a estar la plata o no. El chabón te da vueltas y vueltas. Uno ya se pudre esperando si aparecen los depósitos”, relata el trabajador, que además describe cómo los Perea festejaban el viernes la última resolución de la jueza Pérez Casado.

Pero lo más inquietante surge sin duda de este nuevo audio que circuló el martes por todos los teléfonos. Quien habla es el propio Santiago Perea, que admite que no tiene el dinero suficiente como para asegurar al mismo tiempo la continuidad de la faena y los pagos correspondiente a las vacaciones de los trabajadores. “Si se la ponemos a la gente, mañana los pollos siguen sin comer y se terminó la empresa y no hay producción”, reconoce el empresario.

Cresta Roja, es evidente, comenzó el 2018 caminando sobre la cuerda floja. Y una vez más son los trabajadores los que se encuentran entre la espada y la pared por malas decisiones de los empresarios, de los funcionarios judiciales y del actual gobierno, que avaló todo lo sucedido hasta ahora.

A partir de las 11 se sabrá. Como ha sido habitual en esta larga historia, la asamblea de la Planta 2 será la más ruidosa y posiblemente disponga medidas de fuerza. En la de la Planta 1, en tanto, seguramente se escucharán voces más proclives a agachar la cabeza y seguir laburando, porque más allá del abismo no parece quedar otra alternativa.

La entrada La avícola Cresta Roja inició 2018 caminando sobre la cuerda floja se publicó primero en Bichos de Campo.