“Estos ámbitos son para plantear las cosas que nosotros pensamos, y desde Córdoba hay cosas que no nos gustan. No podemos repetir que tenemos por objetivo transformar la materia prima en origen y en este caso siendo nosotros primeros productores de maíz, y no lo dijimos ahora”, referenció Busso en diálogo con Bichos de Campo, en alusión a que Solmi también había hecho referencia a que Argentina tenía dos terceras partes de la cosecha de maíz sin procesar y que había que agregarle valor.

Mirá la entrevista completa a Sergio Busso:

“Las políticas de estado se construyen a partir de leyes. El oficialismo construyó mayoría, y en eso también tuvo el acompañamiento de 10 o 12 diputados de Cambiemos, en apoyar una ley de Biocombustibles que nos parece pijotera, porque en lugar de ir por un camino virtuoso de producir y transformar más, cuidando el ambiente, luchando contra el cambio climático y cumpliendo con los compromisos firmados en el Acuerdo de París, definimos una ley que involuciona”, se lamentó Busso al respecto de la ley de biocombustibles que reduce los cortes obligatorios para el biodiésel y regula el del bioetanol.

El ministro de agricultura cordobés comentó que “hemos dejado el corte del etanol en manos de la discrecionalidad de una autoridad. Ahora creo que va a ser corregida con un decreto reglamentario pero no es lo mismo una ley que defina un panorama mucho más cierto de cara al futuro que dejarlo a merced de un decreto reglamentario que hoy puede estar y mañana no”.

Son varias las provincias que de acuerdo a Busso están comprometidas con el desarrollo y la transformación del maíz, de la caña de azúcar y de la soja en bioenergía: Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Córdoba. “Veníamos trabajando juntas y es por eso que nos había parecido bien ese acuerdo al que había arribado el senado allá por el mes de agosto, cuando sancionó, casi por unanimidad, una prórroga de la ley anterior por 4 años, lo que nos daba tiempo para pensar en una nueva legislación que avanzara en un mayor corte y en asegurar una ecuación económica que les diera seguridad y rentabilidad a los que invirtieran, pero después nos encontramos con una nueva legislación”, consideró.

En relación a la prolongación del cepo exportador para la carne vacuna, Busso explicó: “Más allá de quién toma o no la decisión- en referencia a que se había dejado traslucir que sería Máximo Kirchner el responsable-, es mala”.

“Nosotros en Córdoba no estamos en contra de que al gobierno le vaya mal pero también debemos decir las cosas que no corresponden y que no son convenientes con la producción. Hacer un Plan Ganadero sin los productores y con restricciones a las exportaciones es casi un despropósito. Esa es una mala señal”, explicó.

“Este cierre de exportaciones no responde a la realidad que se dice porque la carne no ha bajado y la mesa de los argentinos no esta asegurada. En Córdoba vimos que se rompió la confianza en la inversión ganadera y ha pegado muy duro, sobre todo en los productores más pequeños, que representan el 80% de los que hacen ganadería, con menos de 100 animales”, remarcó.

El ministro cordobés también apuntó que este cepo afectará también a la industria frigorífica del país en general. “En Córdoba tenemos un solo frigorífico que exporta a China pero igual esto le va a afectar y no quiero pensar en Buenos Aires o Santa Fe, que tienen muchos frigoríficos más, en cómo les pegará si continúan estas restricciones. China era un mercado interesante. Estamos perdiendo 100 millones de dólares mensuales de exportación, es decir, 1200 millones de dólares anuales es lo que nos estamos privando, como si nos sobraran recursos”, indicó.

Otro contrapunto de Busso fue acerca de las retenciones impuestas a los productos agropecuarios. “No queremos naturalizarlas y son un despropósito”, resumió sobre ese tributo aduanero.

“Cuando repasamos qué países tienen retenciones, tenés a Rusia o algunos países de África y con porcentajes mínimos. Acá las retenciones son realmente importantes. Hicimos un estudio técnico por medio del cual se determinó que en los últimos 14 años se fueron 33 mil millones de dólares de Córdoba en concepto de retenciones y este año en marcos Juárez e habrán ido 540 millones de dólares que si estuvieran en el bolsillo de los productores pagarían más Ganancias y eso favorecería a la nación, a las provincias y a los municipios, porque las retenciones no son coparticipables y Ganancias sí”, desarrolló.

Con más dinero en el bolsillo, Busso reflejó que “invertirían más en su zona, en maquinaria agrícola, en fertilizar el suelo, en hacer inversiones inmobiliarias, porque el productor es el único sector capitalista por excelencia que tiene nuestra economía, porque casi todo lo que gana lo invierte en el lugar en que vive. Cuando al campo le va mal se siente muchísimo acá”.

-¿Siempre ha dicho lo mismo o es porque se vienen las elecciones?- le preguntamos.

-El que vive acá sabe que yo no hago esto por una cuestión electoral, lo decimos porque lo sentimos. Es cierto que es un momento importante para hablar de propuestas, pero hay que llevarlo a la práctica. Nos hemos comprometido con los diputados de Hacemos por Córdoba y con otros senadores en llevar un proyecto que elimine las retenciones de modo gradual en un plazo de 5 o 6 años y por ley, pero no como Macri que lo anunció por un tiempo y luego cuando necesitó plata volvió a meter mano ahí.

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Para quien no esté en tema, en nuestro país el precio mínimo de la yerba mate se define por un acuerdo de los miembros del directorio del INYM. La mesa está formada por doce directores que representan a todos los actores de la cadena: productores rurales que venden la hoja verde, secaderos y cooperativas que preparan la materia prima y, finalmente, el sector industrial que pone el producto terminado en la góndola. También están incluidos representantes de los trabajadores rurales.

Según la normativa vigente, el acuerdo debe ser unánime entre todos los directores del INYM . Sin embargo, teniendo en cuenta que hay intereses contrapuestos, muchas veces eso no se logra y la decisión tiene que ser tomada por el secretario de Agricultura de la Nación en conjunto con su par de Comercio Interior. Eso se conoce como un laudo de precios o arbitraje.

“Creo que después de 18 años de funcionamiento del instituto, se merece una revisión. Es el único grupo colegiado que conozco que las decisiones se toman de manera unánime. Con que uno de los doce directores se oponga, se rompe la posibilidad de cualquier acuerdo o negociación”, dijo a Bichos de Campo Ricardo Maciel, vicepresidente del INYM.

Según el funcionario, en el tiempo en que la normativa ha estado vigente, aproximadamente un 60% de las negociaciones requirieron del arbitraje de Agricultura y el 40% restante se logró por votación unánime.

“Muchas veces lo que ofrece el sector industrial por la materia prima no satisface al que la ofrece. Muchas veces ocurre también que se hace un análisis de costos, para llegar a ver cuánto cuesta el kilo de hoja verde canchada, y la industria considera que el precio lo debe desagregar a partir del producto que ya colocó en góndola, teniendo en cuenta las condiciones de precios máximos impuestas por el gobierno”, agregó Maciel.

-¿Qué problemas acarrea la falta de acuerdos?

-Principalmente, la posibilidad de tener certeza. El precio que se fija, ya sea por acuerdo del instituto o por el arbitraje de Agricultura, es un precio mínimo. Es garantizarle al productor cuál será el valor base de su materia prima. A partir de allí cada comprador sale a competir.

En lo que respecta a este año, dado que no se llegó a un acuerdo y que el laudo de precios de la Secretaría de Agricultura aún no llegó a una definición, se está cosechando sin precio oficial y, en cambio, se toman de referencia los números del mercado.

 -¿Por qué considera que Basterra ya no quiere encargarse de definir el precio de la yerba?

-Es para que el directorio del instituto, en donde están representados todos los actores desde trabajadores rurales hasta los industriales, sea quien defina, porque son los involucrados en la actividad. No lo tomamos como que se quieren desprender de un problema, sino que lo que se pretende es que haya más instancias de negociación y acuerdos, para que toda la cadena pueda estar más unida en la definición del precio.

Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación informaron a Bichos de Campo que en los próximos días se oficializará el precio mínimo de la yerba para este año.

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Este sábado el Ministerio de Agroindustria abrirá sus puertas a la comunidad durante lo que ya se está transformando en un clásico: la noche de los museos. Las autoridades de la casa han preparado una serie de actividades para contar una larga historia de 119 años. En efecto, el Ministerio de Agroindustria (o de Agricultura, como se llamó hasta antes de que los políticos inventaran ese versito de “industrializar la ruralidad” o ser “supermercado del mundo”), fue creado el 12 de octubre de 1898 por Ley 3727.

Mientras las oficinas de altos techos (y sobre todo los choferes tomando mate) aguardan la llegada de quien será el nuevo ministro, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, la Noche de los Museos ofrecerá a la gente de a pie la chance de enterarse que el primer ministro también pertenecía a las filas de esa institución gremial. Fue Emilio Frers, uno de los principales impulsores de la siembra de alfalfa en el país. Sí, alfalfa. La soja llegaría muchísimo después.

Más allá de estas historias fascinantes, para los visitantes que esta noche vayan a Paseo Colón 982, la gran atracción será recorrer los pasillos de la vieja construcción diseñada por el estudio Kimbau y Cía. Fue a partir de un decreto de 1911 que designó la mitad sur de la manzana comprendida entre las calles Paseo Colón, Carlos Calvo y Azopardo para la construcción de un Asilo Nocturno para la ciudad. Tenía 51,96 metros de frente. El sueño del pibe, pero para albergar un grupo de menesterosos que no tenían donde caerse muertos.

Dicho edificio se proyectó para dar albergue a 100 mujeres, 25 niñas, 45 niños y 370 hombres, es decir, en total a 540 personas. Se proyectó con “oficinas, comedores, baños, peluquerías, cocinas, depósitos varios, casita para el administrador, una enfermería, talleres, escuela y otros anexos necesarios; también lavadero y caballerizas; estos dos últimos en edificio aparte”.

¡Mirá si había lugar! De todos modos, actualmente no da abasto para los más de 7.000 empleados que tiene esa cartera y hubo que salir a alquilar otros edificios vecinos. Y eso que había varios “empleados” de le gestión de Julián Domínguez que hasta hace poco ni aparecían o iban a trabajar apenas unas pocas horas cada semana.

De estilo neogótico, con algunos retoques vinculados al estilo Tudor y otros renacentistas, el primer edificio que actualmente alberga a Agroindustria demandó varios años. Luego vino un segundo edificio idéntico, que se inauguró en 1931 y que ocupó originalmente una empresa llamada YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), bastante chica por ese entonces.

Recién en 1938 ambas construcciones pasaron a ser la sede de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Pero volvamos a esta noche, la noche de los museos. Quienes concurran a la sede del Ministerio de Agroindustria posiblemente puedan cruzarse con algunos de los fantasmas que, es vox pópuli, merodean por los pasillos de ese Ministerio.

Hay muchos fantasmas, pero los más populares de todos, por sus alaridos y gritos de desolación, son los famosos “secretarios fantasmas del 2001”.

Se trata de criaturas casi mitológicas: personas que en medio de la crisis institucional más profunda que vivió la Argentina estuvieron a punto de asumir en el principal cargo de la política agropecuaria local, pero finalmente o no pudieron hacerlo o lo hicieron durante apenas unas pocas horas.

De allí los lamentos que todavía se escuchan por las noches en el viejo edificio de Paseo Colón.

Uno de esos fantasmas todavía pulula por allí y hasta se lo menciona para ocupar una silla en la nueva gestión de Etchevehere. Se llama Bernardo Cané, es veterinario y se hizo conocido en la década de los noventa, cuando en la gestión de Carlos Menem el país lograba dominar la fiebre aftosa. Cané estaba entonces a cargo del Senasa y pocos recuerdan que estuvo a punto de ser secretario de Agricultura en marzo de 2001, cuando Domingo Cavallo regresó a la vida pública como hombre fuerte del gobierno de la Alianza. ¿Recuerdan?

Hagamos memoria. A principios de marzo de ese año, después de meses de ocultamiento por parte de la gestión de Antonio Berhongaray, estalla la crisis de la aftosa. En simultáneo también estalla la crisis económica y asume el “bulldog” Ricardo López Murphy. Tan fuerte era el ajuste que proponía que su gestión duró apenas una semana: el 21 de marzo era reemplazado por Cavallo. Pero, en medio, el área de Agroindustria vivió una gran zozobra: fue reducirda apenas a una Subsecretaría que iba a depender de la Secretaría de Producción que durante esos escasos días estuvo al mando de Víctor Savanti, un ex presidente de IBM.

De esa semana son los primeros fantasmas que hoy pululan sin destino por la sede de Agroindustria: para ocupar la degradada Subsecretaría surgieron entonces nombres como los de Eduardo Manciana o la economista Beatriz Nofal. Ambos se quedaron con las ganas.

Con el desembarco de Cavallo y el alejamiento de López Murphy, Agricultura recuperó su rango y el nombre de Cané comenzó a sonar fuerte para ser secretario. Durá apenas unas horas, pues finalmente asumió Marcelo Regúnaga y Cané fue enviado nuevamente al Senasa para hacer lo que sabía hacer bien: arreglar con el monopolio, vacunar y a otra cosa mariposa.

Cané es desde entonces como un alma en pena. A los pocos meses hasta se lo vio refugiado como ignoto asesor de un ex ministro de la Producción de Eduardo Duhalde, un tal Aníbal Fernández.

No son los únicos “secretario fantasmas” que dejó la crisis de 2001, que como todos sabemos desencadenó en el cacerolazo, las marchas de diciembre, la mortal represión, la renuncia de Cavallo y la huida del ex presidente Fernando de la Rúa.

Quienes concurran a la noche de los museos quizás puedan encontarse en un pasillo también con Jesús Leguiza. Un avezado economista correntino.

Leguiza tuvo dos experiencias que lo llevaron a ser “e eterno candidato”. La primera data de abril de 1999, cuando de la economía se ocupaba un economista llamado Roque Fernández. En aquel momento los cordoboses de Juan Manuel De la Sota (que había apoyado la reelección del caudillo Carlos Menem, aunque ahora se haga el distraído) habían copado el viejo asilo de Paseo Colón y uno de ellos, llamado Gumersindo Alonso, era el secretario. Pero Roque Fernández decidió reemplazarlo sin pedir permiso a Menem. En aquel momento Leguiza era subsecretario y su nombre sonó para asumir durante un par de días.

Casi dos años después, tras la violenta crisis de fin de 2001 y cuando comenzaba la reconstrucción institucional de la Argentina, le llegó el turno de la revancha a este correntino, un técnico muy eficiente que conocía al dedillo los pliegues de la política agropecuaria, pues había acompañado casi todas las gestiones desde que Felipe Solá habitara el museo de Paseo Colón.

El 23 de diciembre de 2001, la asamblea legislativa proclamó como nuevo presidente al puntano Adolfo Rodríguez Saá. De inmediato surgió el nombre de Jesús Leguiza para hacerse cargo de Agricultura. Era número puesto y su nombre formó parte de los anuncios.

Pero la ilusión duró apenas ocho días. El 30 de diciembre de 2001 el Adolfo renunciaba y 48 horas después era reemplazado por Duhalde.

Sordos sapucai de dolor pueden escucharse desde entonces por las noches en el palacio de Agroindustria.

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