“Lo vemos en las zonas de mayor producción como Mar del Plata, La Plata, Berazategui y Florencio Varela, en Buenos Aires, o Santa Lucía en Corrientes, Recreo en Santa Fe, o Embarcación en Salta. Y hablamos de explotaciones comerciales, no solo a las referidas a agricultura familiar. Sólo en estas cuatro provincias hay más de 150 mil trabajadores. Pero solos no podemos como gremio hacerle frente. Necesitamos de la ayuda de los gobiernos provinciales”, reclamó Ayala.

Escuchá el reportaje completo realizado a Ramón Ayala:

El gremialista se refirió particularmente a un operativo de fiscalización que se realizó en varios departamentos de la provincia Corrientes por parte del Renatre, hacia inicios de marzo, en establecimientos dedicados a la actividad forestal y de extracción de resina. “Estaban viviendo prácticamente en la total indigencia. Hicimos la inspección, incluso salió la noticia en varios medios, y a partir de allí es que los trabajadores comenzaron a animarse cada vez más a llamar y hacer denuncias”, declaró Ayala al respecto de la explotacion laboral en la que encontraron a 176 trabajadores.

Ver ¿Cuántos trabajadores registrados existen en el sector agropecuario?

Para el ex presidente del registro mixto entre trabajadores y empleadores, lo que ocurrió en Corrientes “no es una realidad nueva, ya que hace tiempo que veníamos denunciando estas cosas”. El actual presidente es Orlando Marino, el representante de la Federación Agraria. 

Esas denuncias llegaron “inclusive al gobierno provincial, que es quien tiene el poder de policía en este caso, pero siempre hizo oídos sordos a nuestras quejas, y por eso nos encontramos con esta realidad. Obviamente, hicimos denuncias ante la Justicia y Gendarmería salió a hacer allanamientos”, manifestó Ayala.

Este es el informe que emitió el Renatre sobre aquel operativo:

Ayala advirtió que “hay muchos más casos de trabajadores así”, por lo que prometió que el Renatre insistirá con las inspecciones, aunque ahora harán una pausa debido al Coronavirus. “Lógicamente, dada esta situación tenemos que hacer un parate, pero luego que esto se supere, saldremos con las inspecciones como corresponde”, explicó.

Ayala aclaró que estos casos no son una generalidad. “Quiero también resaltar que encontramos trabajadores de otros cuatro establecimientos en muy buenas condiciones. Por eso debemos apoyar a este tipo de empleadores que tienen a su gente registrada con todos sus beneficios como corresponde”, enfatizó el sindicalista.

Por otro lado, el Renatre informó que a partir del primero de abril los trabajadores rurales que queden sin empleo podrán requerir el subsidio por desempleo que quedará en 11 mil pesos mensuales. La cifra representa un aumento del 47,5% en comparación con abril de 2019.

“Esas prestaciones cubren asignaciones familiares, obra social, servicios de sepelio. Prácticamente, en lo que hace a seguridad social, tienen los mismos beneficios que un empleado en actividad”, declaró a Bichos de Campo Ramón Ayala, el director del Renatre y a la vez titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el principal gremio del sector.

La prestación por desempleo es un derecho de todos los trabajadores que hayan sido inscritos en el organismo que preside Ayala, que son unos 300 mil. De todos modos hay grises. Como por ejemplo el de los trabajadores temporarios o zafreros. Al respecto, Ayala aclaró que “para ellos también tenemos un programa especial de cobertura. O sea que tratamos de hacernos cargo de todos los que trabajan en el campo”.

Según fuentes del Renatre, el año pasado en total se pagaron aproximadamente unas 65.000 prestaciones por desempleo. Este año, en tanto, en enero ya se pagaron 6.713,en febrero unas 6.847,y en marzo 6.970 seguros de desempleo.

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En una zona rural aledaña a La Plata, dentro de un predio que comparten el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y el Inta, se realizó hace unos días la “Expo-Gorina”, la primera exposición dedicada 100% al sector hortícola. Fue una idea del ministro bonaerense Leonardo Sarquís y de su equipo. Comentó el funcionario que todo nació cuando alrededor de una mesa pensaban en cómo darle “visibilidad” a un sector escondido, pero al cual ellos le ven un enorme potencial. Entonces convocaron a todos los actores y diseñaron un programa llamado Plan Hortalizas 2020. La idea central es demostrar que la horticultura no es tan chica ni tan tonta como parecía.

“Buenos Aires produce más del 37% de la verdura del país y si sumamos la papa llegamos al 41%. Pero es cierto que muchos ven a este sector como ‘el patito feo’. Lo que queremos es empezar a cambiar de a poco esa etiqueta, porque aunque hay mucho que corregir, muchos productores hacen las cosas bien. Nosotros sabemos que la horticultura pueden generar nuevos empleos, más arraigo y más valor agregado Y que es posible dentro de 6 años exportar hortalizas por us$ 300 millones anuales solo desde la Provincia”, se entusiasma  Sarquís, que ya confirmó la realización de una segunda Expo-Gorina en 2018.

Entre los coquetos stands de las empresas que proveen insumos para estas actividades y los humildes puestos de algunas de las organizaciones de pequeños agricultores de esta zona que llevaron sus verduras para vender, sobrevuela la convicción de que el camino a recorrer será largo y problemático, pero que la receta debe ser siempre ir “nivelando hacia arriba”. ¿Qué significa? Generar las condiciones para que los pequeños productores que abundan en el sector puedan subirse al tren de esta modernización, porque ello será provechoso para el conjunto.

En el cinturón hortícola platense conviven unos 8 mil productores que cultivan sobre 10 mil hectáreas, de las cuales 7 mil hectáreas son bajo cubierta, en invernaderos. Este dato da cuenta de la enorme fragmentación y la poca escala que reina en el sector. Pero no avisa de su importancia: de estos cinturones verdes sale la verdura que consumen más de 14 millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires.

“Acá existe el productor capitalizado, generalmente inmigrante de la comunidad italiana y portuguesa, que tienen invernaderos, emplea gente y tienen productos de buena calidad y volúmenes. Convive con el pequeño agricultor que alquila la tierra en superficies muy pequeñas. Normalmente son miembros de la colectividad bolivianas. No contratan gente sino que se dividen dentro de las quintas por grupos familiares”, describe Pablo Lima, director provincial de Agricultura Familiar.

Luego añade: “Los bolivianos son personas sumamente trabajadoras. Pero por tener tan poquita escala suelen manejarse dentro de un sistema de producción muy distinto al que nosotros conocemos y con el cual no siempre (como Estado) podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, muchas veces se auto-explotan como mano de obra para poder seguir compitiendo en el mercado. Y al trabajar en familia, no es que haya trabajo infantil, pero muchas veces se exponen a los chicos a una situación de riesgo”.

Los propios bolivianos del Gran La Plata reconocen su situación de precaridad. Fernando, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Olmos, dice que todos ellos alquilan de 2 a 5 hectáreas, por cifras que van de $ 2.500 a $ 5.000 pesos mensuales por hectárea. “Cada seis meses te lo van subiendo. Y no hay ninguna regulación que evite los abusos de parte de las inmobiliarias”, cuenta. Como muchas de las otras organizaciones de esa zona, el MTE exige algún  plan oficial “con el fin es que cada productor pueda tener su pedacito propio de tierra, para empezar a construir allí una casa digna para su familia”.

Dos mujeres vestidas de uniforme verde atienden el puesto de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la organización que aportó la mayor cantidad de personas al “verdurazo” que hace unas semanas se realizó en Plaza de Mayo para pedir políticas para el sector. Ellas reconocen que la mayor parte del movimiento económico en el sector se hace “en negro”, sin tributar impuestos ni cargas sociales. Por eso piden la reimplantación de un “monotributo social agropecuario” que les permita comenzar a blanquearse.

Ceferina, otra boliviana, pertenece a la Cooperativa Moto Méndez. Llegó hace 12 años a la Argentina y junto a otras 32 personas de esa misma nacionalidadc trabajan sobre un mismo terreno, además de alquilar individualmente pequeñas fracciones. “Nosotros no le sacamos el trabajo a los argentinos. Nosotros pagamos alquiler, trabajamos mucho y a veces vendemos, pero a veces no vendemos. Muchas veces tenemos que tirar nuestra verdura porque el precio nunca lo ponemos nosotros y tenemos que entregarla como ellos quieren”, relata. ¿Quiénes son ellos? Los intermediarios que recorren las quintas y compran “a culata” de camión.

Agustin Benito, un ingeniero agrónomo que se recibió en la UBA, está en el otro extremo. Desde hace 24 años produce en Pilar, bajo la marca “Sueño Verde” verduras especiales para gastronomía, que además se venden lavadas y empaquetadas en los supermercados, para su consumo directo. “Hoy el mercado horticola es 70% marginal, a nivel impositivo, sanitario y laboral. Lo sé yo, lo sabe todo el sector y todos los gobiernos desde hace 40 años”, sostiene.  Apoya la idea de que la Argentina tiene muchas chances de crecer y hasta de exportar, pero exige de las autoridades un compromiso más serio con ese plan.

Quienes más padecen la competencia desleal son los productores radicados en la zona desde hace años. Sus abuelos “tanos” comenzaron como los bolivianos de ahora, sin tierra propia, como medieros. Es el caso de Pablo Coltrinari, un “tercera generación” que ahora preside la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata, que agrupa las empresas más grandes. “Convivimos bien con los bolivianos, aunque culturalmente son dos estilos distintos de producción. De lo que renegamos es de la informalidad y por eso pedimos al Estado que controle, pero sin perjudicar a nadie porque todos somos productores”, aclara.

Artículo publicado en el suplemento Agro de la agencia Télam el viernes 24 de noviembre de 2017.

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