Es visible en este giro, y sin esforzarse demasiado, un cambio de los matices de la política agropecuaria que conducen el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y su jefa de Gabinete, Diana Guillen, con una suerte de corrimiento hacia un Estado más dispuesto a intervenir y menos proclive a conciliar con los dirigentes actuales de la Mesa de Enlace. Echazarreta, por cierto, era un dialoguista y se opuso a medidas como el cierre de las exportaciones de maíz de fin de 2020. Solmi, en cambio, proviene de las filiales del combativo distrito 7 de la FAA, que reclaman políticas más activas a favor de políticas de segmentación a favor de los pequeños chacareros. Hace rato que estaba peleado incluso con la actual conducción de su entidad.

El viernes pasado, Basterra, Diana Guillen y el propio Solmi (actual viceministro de Agricultura), dieron pruebas concretas de este nuevo alineamiento, al visitar en patota la la planta de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en la localidad de Rueda, en el sur de Santa Fe. AFA es la otra gran cooperativa agrícola que tiene el país, y ha estado históricamente ligada a la Federación Agraria, aunque -como Solmi- estaba alejada de la conducción.

Una gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura mostró a un Basterra muy elogioso para con AFA y su vocación de diálogo con el actual gobierno. “Cuando tenés un interlocutor que vivencia cotidianamente la posición de su representado, el diálogo es franco”, afirmó el ministro. Y agregó: “Por eso es importante respaldar proyectos como éste, que invierten en una economía regional con posibilidades”.

En el último párrafo de ese parte oficial, se dio cuenta de una segunda actividad realizada por la plana mayor del Ministerio de Agricultura ese mismo día, pero sin entrar en detalles: “Luego del encuentro en AFA, Basterra, la comitiva del Ministerio y la senadora María de los Ángeles Sacnun participaron de un almuerzo con pequeños productores de la zona”

Por suerte, los propios productores se ocuparon de enviar su propia gacetilla. Se presentaron como la Filial Regional Sur de Santa Fe de la propia FAA. Sus referentes más visibles son Daniel Bongiovani, Fernando Príncipe y Cristian Tato Roca. Los acompañaron varios presidente comunales de esa zona y del norte bonaerense, incluido el Intendente de Villa Constitución.

Decimos “por suerte” porque lo que omitió el comunicado del Ministerio sí fue expresado por los propios federados que participaron del encuentro con el ministro y con Solmi, quien hasta hace poco tiempo militaba en sus propia filas. Esto permite saber que los chacareros del sur santafesino y el norte bonaerense mantienen intacta su agenda de reclamos, a pesar de que uno de los suyos haya pasado a desempeñarse en un alto cargo.

“Chacareros del norte de Buenos Aires y del sur de Santa Fe tuvieron un mano a mano sincero y respetuoso, donde el ministro escuchó de propia voz de los productores la situación y las inquietudes del sector”, relató esta segunda gacetilla. Allí, el mencionado Bongiovani explicó: “Para nosotros es importante la presencia del ministro, estamos ante una cosecha magra y había que poner en agenda temas centrales que hoy están invisibilizados y que merecen debatirse y atenderse”.

Sabemos entonces que la agenda que los nuevos aliados políticos del ministro formoseño y su jefa de Gabinete -ligada directamente al Instituto Patria de Cristina Kirchner- es la siguiente:

• Profundizar el esquema, corregir detalles y agilizar el pago del Fondo de compensaciones y segmentación de las retenciones agropecuarias como mecanismo de diferenciación de los actores que conforman el sector
• Impulsar la diversificación productiva financiando la siembra de cultivos regionales.
• Apostar al agregado de valor transformando granos en carne vacuna o porcina
• Afianzar el arraigo con planes de conectividad y mantenimiento de caminos rurales
• Contemplar un nuevo régimen de contratación eventual de trabajadores del sector
• Líneas de financiamiento crediticia que contemple a los pequeños productores
• En lo inmediato, la declaración de emergencia agropecuaria provincial de la zona por estrés hídrico.

“Además, muchos de los presentes le solicitaron al ministro el urgente debate del uso de la tierra y el arrendamiento rural como principal elemento de desaparición de chacareros y concentración de la producción”, se extendió la comunicación de las filiales díscolas de la Federación Agraria.

Aquí, en esta segunda comunicación, aparecen otras declaraciones diferentes de parte de Basterra, elogiando a los chacareros. “Se ve cuando la institucionalización de los reclamos tiene representación genuina. Esta es una filial que siempre apostó al diálogo como método de construcción y entendió que hay otra Argentina y que quedo en el pasado la confrontación y la división de la sociedad. Los productores tienen que pedir y demandar para que nosotros hagamos política que beneficie al conjunto”. Basterra prometió tomar estos temas como una nueva “agenda de trabajo”.

Buenísimo. Esperaremos…

La entrada Reunión de Basterra y Solmi con los chacareros de FAA: La agenda de reclamos sigue siendo la misma más allá de que quién esté en el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.

Esta suerte de segmentación fue la gran promesa que hizo el ministro Luis Basterra y al final pudo cumplirla antes de que finalice el año. Según pudo averiguar Bichos de Campo, mañana a la noche empezarán a cobrar los productores que vendieron su cosecha hasta el 30 de septiembre. Con el recorte de los beneficiarios que hizo el gobierno (productores de hasta 400 hectáreas de soja sembradas y hasta 20 millones de pesos de facturación), el dinero llegará automáticamente a unos 38.000 CBU.

Ese primer listado de beneficiarios fue aprobado por Resolución 237/2020.

Serán 6.754 millones de pesos los que se pagarán este fin de semana, correspondientes a 5,8 millones de toneladas de soja. El promedio a compensar por tonelada es de unos 1.180 pesos. Es poco dinero respecto de más de 100 dólares que el productor deja en las arcas del fisco cuando vende su soja y se le descuentan las retenciones. Pero cierto es también que nunca antes se ha visto un operativo de devolución de dinero del Estado a los productores por estos montos.

Basterra, que cumplió así con le devolución de retenciones que le había impuesto el Congreso al Poder Ejecutivo en diciembre de 2019, al aprobar la Ley de Emergencia Económica que incluía una suba de 3 puntos en las retenciones a la soja (del 30 al 33%), dictó la semana pasada una segunda resolución vinculada a este sistema. Esta norma permitía a los productores que quisieran renunciar al beneficio hacerlo en un lapso de 48 horas, que ya concluyó. De todos modos, quienes reciban el dinero y quieran devolverlo al fisco tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para hacerlo.

“Otórgase un plazo de dos días hábiles administrativos para que las y los productores beneficiarios renuncien a las compensaciones y su consiguiente pago en el marco del Programa de Compensación y Estímulo”, definía el primer artículo de la Resolución 243/2020, firmada por el propio Basterra el 3 de diciembre.

Esta vía de escape o de fuga se planteó como respuesta oficial a un pequeño debate que se produjo en los medios y entre los  dirigentes agropecuarios: el dilema entre algunos ruralistas era cómo iban a cobrar esos dineros públicos luego de haber sido tan críticos siempre con la suba de las retenciones a la soja y con la aplicación de este esquema de compensaciones. En rigor, solo la Federación Agraria se había manifestado a favor de esta política para diferencias grandes de pequeños. También grupos opositores de esa entidad, como Bases Federadas, bregaron por crear un mecanismo de ese tipo.

En el dilema se encontraban algunos dirigentes históricos de la Mesa de Enlace que enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner en el conflicto de 2008, como el ex presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, y su par de CRA, Mario Llambías, que figuraban en la extensa lista de 38 mil beneficiarios. Pero también en esa nómina había gremialistas del campo actualmente en actividad, como el presidente de CRA, Jorge Chemes.

El portal Infobae incluso llegó a consultar a Chemes por este controversial asunto. “Desde CRA nos hemos manifestado en contra de este sistema de segmentación. Nos negamos a aceptarlo. El Gobierno lo decidió y lo ha aplicado en una situación que nos obliga a entrar en forma compulsiva, ya que no hay que llenar ningún formulario, sino que uno si está encuadrado inmediatamente ingresa al sistema. Es incómodo y a uno lo hace sentir mal, porque la situación es discriminatoria”, sostuvo ese dirigente.

Pero con el mecanismo de renuncia habilitado y visible en la página web del Ministerio de Agricultura, ningún dirigentes que ocupa cargos en las entidades agropecuarias renunció al beneficio. En las oficinas encargadas de seguir ese trámite se mostraban sorprendidos porque una sola persona había decidido renunciar a cobrar el dinero que le correspondía, unos nada despreciables 200 mil pesos.

Era solo uno entre 38.000. ¿Quién sería?

“Son compensaciones que está otorgando el gobierno. Y aunque yo no participe del diseño del programa sino Basterra, estaba en condiciones de cobrar porque produzco soja en pequeña escala. Pero se me planteó un dilema de inmediato, porque no tengo ningún cargo formal en el Estado (incluso ahora estoy en uso de licencia sin goce de sueldo), pero tengo mucho vínculo con el equipo económico y entonces hubiera quedado expuesto. ¿Cómo le explicó yo a la gente que cobre esta compensación, sobre todo en medio de este contexto de pandemia?”, confirmó a Bichos de Campo la persona que decidió en absoluto soledad renunciar al dinero que le correspondía.

“Lo consulté con mi esposa y estuvo de acuerdo, aunque mi contador me decía que estaba loco por renunciar a todo ese dinero. Pero insisto, ya que me parecía medio una obsenidad cobrar esa plata por mi cercanía al gobierno y en medio de esta situación de crisis. A mi me parece que, en estas cosas, hay que tener un poco de sensibilidad social. Lo que pasa es que nunca pensé que iba a ser el único en renunciar”, completó.

Gabriel Delgado, con un pequeño campo familiar en Coronel Suárez e histórico economista del INTA, es quien decidió desistir de cobrar el beneficio que le correspondía. Estuvo a punto de ser ministro de Agricultura de Alberto Fernández hasta que la feroz interna oficial lo desplazó (a 48 horas de asumir) por el formoseño Basterra, con quien de todos modos mantiene une muy buena relación. Luego el gobierno lo convocó a un intervención y el kirchnerismo lo utilizó en un fallido intento de expropiación de Vicentín con el que nunca estuvo de acuerdo. Cansado del manoseo, decidió pedir licencia y asumió un puesto como representante del IICA en Brasil.

“Jamás pensé que iba a ser el único”, repitió.

La entrada ¿Quién será? Solo una persona renunció a cobrar las compensaciones a los productores de soja y no es un dirigente rural se publicó primero en Bichos de Campo.

Por otro lado, en una larga entrevista con la agencia Télam, el funcionario indicó que el cobro de las compensaciones por parte de los pequeños y medianos productores podrían comenzar entre el miércoles y el jueves de esta semana y que los beneficiarios totalizan 37.818 en esta primera tanda.

-¿Qué expectativas tiene para esta campaña?

-Las expectativas son muy buenas, pero condicionadas al clima. Es buena porque se ha invertido mucho en fertilizantes, fitosanitarios, semillas y diría que tiene una buena preparación. Se va a sembrar con muchas ganas, pero, ciertamente, asustado por el pronóstico de Niña. Posiblemente, en algunos sectores se sembrará más soja que maíz en función de la mayor plasticidad de la oleaginosa. Creemos que también va a crecer un poco el área de sorgo. Si bien hemos tenido algunas lluvias para asegurar la siembra y habría alguna prevención respecto a la acumulación de humedad por debajo, existe la amenaza de una Niña moderada que nos haga mezquinar humedad en diciembre y enero.

-¿Qué esperan de las subas en los precios de los granos?

-Estamos ante muy buenas perspectivas. El rally que nos regaló el mercado internacional en relación a los ajustes stock/consumo en función de la previsión de que se está concibiendo que el crecimiento y la demanda de China están aseguradas y la superación de la pandemia nos dan un panorama que tanto desde el punto de vista de los fundamentals y technicals, el mercado está sano y fuerte. Eso mejora todo, pero también tiene su parte estresante hacia nuestra economía, porque los precios internacionales suben y eso tiene un reflejo en nuestra molinería, en la industria del etanol y la ganadería. Nunca la felicidad es completa. Las tendencias nos indican que el sector productor y el industrial, al que se le restituyó el diferencial, tienen perspectivas de una buena campaña.

-El viernes se aprobó el pago de compensaciones a pequeños productores de soja. ¿A cuántos beneficia y cuándo podrán cobrar?

-Son 37.818. Sin embargo, hay todavía más productores hasta totalizar un poco más de 41.000 que tienen derecho a percibir, pero esta diferencia responde a que algunos no han vendido o no tenemos todavía registro de sus ventas. No más allá del miércoles o jueves empezarán a cobrar. Hay algunas tramitaciones de índole bancario que hay que resolver y no más.

-Cuando se anunció este plan hubo una suerte de desconfianza de algunos sectores, ¿Por qué cree que se dio?

-Es una año muy difícil. Cuando se pensó esto que era para compensar este segmento de productores estábamos en una dificultad de una economía que estaba pendiente de ordenar, que aún lo está, y no estaba acordado nada con los acreedores ni el FMI. Había ciertas razonables causas de tener alguna reserva. También había algunas discusiones, mensajes políticos de algunos sectores que podían dar lugar a no tener demasiada esperanza. Pero el ministro Luis Basterra cumplió con su palabra.

-Hubo ciertos incentivos para que los productores comercializarán su producción, pero no se dio ¿Qué es lo que lo impidió?

-Son muchos factores. Ante no tener una alternativa de inversión que sea atractiva, si el productor que defiende su ahorro que es la cosecha con un mercado en alza se queda en su posición. Es razonable, legítimo y su forma de ahorrar para llegar a la campaña. No es menos cierto que hay una brecha importante en materia cambiaria que genera incertidumbre o mayores expectativas de alza. Es una medida defensiva, pero es una cuestión circunstancial, ya se normalizará y retomará un camino de diálogo como el que hay. No olvidemos que hay una cuestión cultural, que cuando sube el mercado no vende y se maneja con la estacionalidad.

-¿Qué se prevé en este sentido para los próximos meses?

-Son varios factores los que están haciendo mejorar la cosa. Ahora, el proceso de la toma de confianza lleva su tiempo, una maduración. Con una buena cosecha, vamos a tener una comercialización mucho más racional. Ya el año pasado, en diciembre, se comercializó en forma anticipada muchísimo. Hoy estamos volviendo a los guarismos más normales.

-¿Se pueden esperar alguna medida en el corto plazo en las negociaciones con el Consejo Agroindustrial?

-El compromiso es tener medidas positivas e importantes en el corto plazo. Pero ¿cuánto es el corto plazo? No son días, pueden ser semanas o meses. Transitar el camino ha sido muy positivo y creo que lo que se va a lograr en el corto plazo también va a ser positivo.

-¿Se puede hablar de la baja de alguna retención a algún producto?

-Los derechos de exportación son un tema permanentemente discutido y hablado. En el medio de los derechos de exportación hay una serie de tributos y costos que se pueden mejorar. Eso es lo que se está trabajando. También está el impuesto a las ganancias, cuestiones de amortizaciones aceleradas. Hay muchas cuestiones que pueden resultar una mejora y un atractivo para la inversión productiva, incremental y mayor exportación y provisión al mercado doméstico.

La entrada Julián Echazarreta, el secretario de Agricultura, se ilusiona con una buena cosecha para 2021: “El mercado está sano y fuerte” se publicó primero en Bichos de Campo.

El impacto de estas devoluciones de retenciones ordenadas por el Congreso a fines de 2019, cuando asumió Alberto Fernández y se lo autorizó a subir las retenciones a la soja del 30 al 33% vigente en la actualidad, será todavía menor si se las compara con la recaudación total obtenida por el Estado por el “peaje” aplicado al principal cultivo del país, frente al gasto que significa esta erogación. El Estado recaudó unos 5.700 millones de dólares y devolvería finalmente unos 140 millones, el equivalente a unos 6.700 millones de pesos.

Dicho todo esto, ahora hay que decir que habrá algo más de 37.000 pequeños y medianos productores (con hasta 400 hectáreas sembradas con la oleaginosa la campaña pasada) que serán objeto de una pequeña reparación del Estado por el daño que les provocan las retenciones (un pésimo impuesto, a los ojos de todos los gobiernos. Aunque sea muy poco dinero respecto del que le sacaron, la mayoría de ellos seguramente recibirá esta devolución de buena gana.

Luis Basterra, el ministro de Agricultura, también celebró al poner su firma en esta resolución. El político viene prometiendo estas devoluciones, con distintas fórmulas y con diferentes fechas, desde que en marzo pasado el Ejecutivo decidió hacer efectiva la suba de 10% en los derechos de exportación de soja, que pasaron del 30 al 33%. Quedaban apenas dos días para el fin de noviembre, el mes que el propio ministro había puesto como límite para pagar la primera cuota a estos 37.000 productores sojeros que vendieron su cosecha (sin acaparar) hasta el 30 de septiembre. La segunda cuota se pagará en diciembre. Y los que vendieron después del 30 de septiembre deberían cobrar en los primeros meses de 2021.

Cada vez menos plata para la devolución de retenciones: En tres semanas la cifra prometida se achicó en 5.000 millones de pesos

“Apruébase, en el marco del Programa de Compensación y Estímulo implementado mediante Resolución Conjunta 1 (…) la nómina de las y los productores beneficiarios de acuerdo a la información proporcionada por la AFIP relacionada con las Ventas de granos de soja realizadas en el período 1 de febrero de 2020 al 30 de septiembre de 2020”, define la resolución publicada finalmente el 27 de noviembre, justo antes del vencimiento de los plazos. Luego sigue el anexo I con el largo listado, en el cual figuran los nombres y los CUIT de quienes cobrarán. Pero los montos asignados a cada uno figuraban en el Anexo 2, que no fue publicado.

Estos montos serán variables de acuerdo a la cantidad de soja producida por cada uno de ellos y por la región donde estén ubicados. Es que para este operativo de “segmentación” se definieron dos zonas y cuatro categorías.

La primera zona será Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, es decir la zona pampeana. Allí se compensarán “las ventas de granos de soja realizadas en el período 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y con un tope de hasta 2,9 toneladas por hectárea”. Si el productor pequeño logró un rendimiento de 45 quintales, se jorobará. Deberá ajustarse a este tope.

“El monto en pesos a percibir por cada beneficiaria o beneficiario del Programa será determinado multiplicando las toneladas de granos de soja vendidas en cada Liquidación Primaria de Granos, en la que figure como vendedor, por los siguientes montos de acuerdo con la cantidad de hectáreas declaradas de soja en el SISA al 31 de julio de 2020 y su zona de producción”, había definido una resolución previa del Ministerio de Agricultura. El coeficiente es:

Productoras/es que produzcan en las provincia pampeanas:

• CERO (0) hasta CIEN (100) has. $1.543,50
• Más de CIEN (100) has. hasta DOSCIENTAS (200) has. $1.102,00
• Más de DOSCIENTAS (200) has. hasta TRESCIENTAS (300) has. $661,50
• Más de TRESCIENTAS (300) has. hasta CUATROCIENTAS (400) has. $441,00

La segunda zona es el “resto del país”. En ese caso el monto por tonelada es del doble a la región pampeana, con el siguiente estrato. Pero solo hay unos 2.600 productores en la zona extrapampeana.

• CERO (0) hasta CIEN (100) has. $2.205,00
• Más de CIEN (100) has. hasta DOSCIENTAS (200) has. $1.543,50
• Más de DOSCIENTAS (200) has. hasta TRESCIENTAS (300) has. $882,00
• Más de TRESCIENTAS (300) has. hasta CUATROCIENTAS (400) has. $661,50

La mayor parte de los productores se ubica en la franja de la región pampeana y en el renglón  de hasta 200 toneladas de producción, por lo que cobraría entre 1.000 y 1.500 pesos por tonelada.

De 41.293 productores que podrían recibir algo de dinero, según los cálculos originales de la AFIP, hay 37.548 que ya vendieron sus granos antes del 30 de septiembre. Representan el 91%. Son los que deberían haber aparecido en este primer listado de beneficiarios.

Una gran duda, de aquí en más, pasará por saber si este programa de devolución de retenciones que el gobierno anuncia como  un “Programa de Compensación y Estímulo” se repetirá en la campaña 2020/21. Agricultura, trabajosamente, demostró que es posible aplicar este tipo de políticas de segmentación con la información disponible en la AFIP. Y el Congreso Nacional fue taxativo en ordenar al Ejecutivo que implemente este tipo de programas de segmentación por la escala productiva. Las retenciones a la soja continúan siendo de 33% y no pinta que nadie vaya a reducirlas. La lógica indicaría que, en consecuencia, este tipo de reintegros debería seguir… Pero hasta aquí nadie ha dicho nada.

La entrada En tiempo de descuento, Basterra metió el gol que buscó todo el año: Salieron las compensaciones a pequeños productores de soja se publicó primero en Bichos de Campo.

El 30 de septiembre es el día que puso Agricultura para premiar con una devolución más rápida de algunos puntos de retenciones a los productores de soja. El compromiso oficial fue que quienes ya hubieran vendido a esa fecha su cosecha correspondiente a la campaña 2019/20, cobrarán el dinero que les corresponde en el transcurso del último bimestre del año. Para el 9% de beneficiarios que no llegó a vender se demorarán para 2021 las órdenes de pago. Eso siempre y cuando entreguen su cosecha antes del 31 de diciembre. De lo contrario directamente se perderán esta devolución.

¿Y de cuánto es la devolución? Todo depende de si el productor se encuentra en la denominada zona pampeana (que incluye Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) o en la zona extrapampeana, que serán beneficiados con una devolución mayor.

Pero a no ilusionarse porque no son muchos los que producen soja en pequeña escala fuera de la pampa húmeda. De los 41 mil que entrarían en el sistema (si venden su soja antes de fin de año), hay 38.687 en la región central y solo 2.606 en las provincias más alejadas del puerto. Para los primeros se deberían destinar 146,4 millones de dólares (equivalentes a 10.248 millones de pesos, a un tipo de cambio establecido en 70 pesos). Para los segundos, apenas 14,5 millones de dólares, o 1.018 millones de pesos.

La suma de estos desembolsos es de unos 160 millones de dólares. Cuando el Congreso elevó a fin de 2019 en tres puntos las retenciones a la soja (30 al 300%) y obligó al Ejecutivo a implementar un esquema de segmentación como el que ahora presentó Basterra, la recaudación adicional estimada era de unos 300 o 400 millones de dólares. Es decir que el Estado estaría devolviendo solo la mitad de lo que obtuvo por aquella suba.

Pero es mucho más ingrata la devolución si se compara con los 5.775 millones de dólares que el Estado recaudará por las retenciones del 33% aplicadas sobre la soja de la campaña 2019/20 (que por cierto, es la única que se compensaría aunque la retención del 33% permanezca para la nueva siembra). En este caso, el dinero que regresa al sector representa solo el 2,7%.

Quien más dinero recibirá serán 2.205 pesos por tonelada de devolución, lo que equivale a 8% de su valor actual de 25.350 pesos. Pero ese es el dinero que cobrarán quienes hayan producido menos de 100 toneladas de soja en la región extrapampeana. Según el detalle presentado por Basterra, al que pudo acceder Bichos de Campo porque no se distribuyó a la prensa, esos serán solamente 1.573 productores.

En el otro extremo, quienes menos dinero recibirán serán los que hayan producido entre 300 y 400 hectáreas de soja en la región pampeana. En ese caso les corresponderán 441 pesos por tonelada, apenas el 1,7% del valor actual de ese cultivo. Son solo 766 productores.

Las franjas más numerosas de productores son las de hasta 100 y hasta 200 hectáreas de soja en la región pampeana En conjunto suman unos 35.500 productores, que recuperarán entre 7% y 5% del valor de su soja. En el primer caso cobrarán unos. 1.500 pesos por tonelada vendida. En el segundo, unos 1.100 pesos. Pero en ambos casos con un límite: solo cobrarán hasta 2,9 toneladas por hectárea.

La entrada Con la devolución de retenciones, Basterra ofreció la mejor prueba de que los productores chicos no retuvieron su soja se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero este 1° de octubre al menos le puso una cifra tope al dinero a repartir: serán 11.550 millones de pesos. Igual hay que ver… En toda su comunicación el gobierno aclaró que sería “hasta” esa suma, lo cual indica que podría ser menos.

Esa cifra, equivalente a unos 140 millones de dólares al tipo de cambio oficial, es apenas una migaja respecto de los 5.700 millones de dólares que el gobierno cobraría este año por las retenciones a la soja. Pero al menos será un consuelo para muchos pequeños productores. Es lo que prometió el gobierno.

Al hacer el anuncio de esta segmentación, que había sido ordenada por el Congreso en la ley que habilitó en diciembre de 2019 la suba de retenciones a la soja, los ministros Martín Guzmán y Basterra no dieron muchas precisiones. Por el contrario, confundieron todo al agregar otros condimentos, como la ubicación de cada productor (en la zona núcleo o fuera de ella) para la determinación del beneficio. En marzo pasado, cuando Agricultura anunció por primera vez el esquema de devolución, esa situación no era contemplada.

Más tarde, la cartera agropecuaria trató de explicar un poco mejor cómo funcionaría el nuevo sistema llamado ahora “Programa de Compensaciones y Estímulo para Pequeños y Medianos Productores de Soja”. Explicó que:

“¿Quiénes pueden recibir el beneficio? Todos aquellos productores que hayan facturado durante el 2019 hasta 20 millones de pesos por todo concepto (otro requisito novedoso) y que este año hayan declarado al 31 de julio hasta 400 hectáreas de superficie destinadas a cultivo de soja para la campaña 2019/20 en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA)”.

“¿Cómo instrumentamos el sistema de compensaciones?  Para que el beneficio tenga un amplio sentido federal y un verdadero objetivo redistributivo establecimos un sistema escalonado por cantidad de toneladas vendidas. Además, y escuchando la preocupación de los productores, dispusimos de dos grandes zonas en relación a la distancia de los campos con los principales puertos de la Argentina”.

Según este sistema, aquellos productores que por ejemplo hayan sembrado y declarado ante SISA hasta 100 hectáreas en la zona extra pampeana, recibirán de compensación 2.205 pesos por tonelada vendida o a vender, con tope de producción de 2,5 toneladas por hectárea. Ese sería el mejor caso, pues el productor recuperaría 10 puntos de retenciones. Estos cálculos se realizaron con una soja de 315 dólares y con un valor de dólar de 70 pesos.

El cuadro de devolución de retenciones sería como sigue:

La última pregunta que intentó contestar el Ministerio fue:

“¿Cuándo van a recibir los productores y productoras las compensaciones? Para que el sistema sea ágil, dinámico y que todos puedan acceder, dispusimos que estarán habilitados aquellos que cumplan con los requisitos y hayan registrado o registren ventas hasta el 31 de diciembre de este año”.

Pero una fuente oficial volvió a encender la mecha de la ilusión de este cronista, que preguntó cuándo comenzarían los desembolsos. “Arranca en octubre”, prometió.

La entrada El gobierno ya sabe cómo devolverá a pequeños chacareros unos 140 millones de dólares de los 5.700 millones que cobrará por retenciones a la soja se publicó primero en Bichos de Campo.

“Hasta ese momento todos pagaban lo mismo, no importaba cuánto campo tuviese un productor. Había una concentración muy grande y nos parecía injusto”, dijo a Bichos de Campo Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa. La primera segmentación que se realizó hace 7 años, distinguiendo entre productores chicos, medianos y grandes, tuvo su actualización el mes pasado.

“Creemos que los tributos tienen que ser progresivos, que el que más tiene más debe pagar. Y consideramos que no es lo mismo un productor local de uno de afuera”, aseguró Goyechea.

La nueva segmentación tributaria se define bajo dos criterios: la cantidad de hectáreas que tiene el productor –que distinguen entre las que son productivas y las que no- y si reside o no en el distrito. “No es lo mismo una persona que le da actividad económica al pueblo, cuya familia trabaja en el campo, que participa en las instituciones y colabora socialmente, a un productor que vive en otra localidad”, agregó.

A partir de allí se calcula la tasa rural, que no es un impuesto sino una contraprestación de servicios. Este aporte le permite a la comuna hacer, por ejemplo, tareas de vialidad y mantenimiento de caminos.

Hasta principios de septiembre, la tasa se calculaba por unidades tributarias, cuyo precio equivalía a un litro de gasoil, y se dividía en tres segmentos: hasta 250 hectáreas se pagaba un equivalente a 7 unidades tributarias por hectárea; entre las 251 y las 800 hectáreas se pagaban 11.9 unidades tributarias por hectárea y los establecimientos de más de 800 pagaban 14 unidades por hectárea.

Para que sea igualitario, María Teresa aplicó un sistema de subsidios por el cual todos pagaban lo mismo en una primera instancia, y a partir de este cálculo diferencial se define un porcentaje de reintegro. El valor total de la tasa se divide en seis meses y se abona de manera bimestral.

La nueva segmentación mantiene este criterio, pero agrega más categorías permitiendo diferenciar aun más a los pequeños productores. Por ejemplo, aquel productor que tenga menos de 50 hectáreas deberá pagar 3 unidades tributarias por hectárea, lo que representa un 78.57% de subsidio. En cambio, si se tiene entre 200 y 250 hectáreas, se deberán pagar 7 unidades tributarias y el subsidio será sólo de un 50%.

Ahora bien, para poder mantener esa promoción que ofrece la comuna, se debe cumplir con dos ordenanzas que hacen al buen estado de los caminos. En primer lugar no se debe circular los días de lluvia durante 24 horas, para evitar su deterioro. En segundo lugar, el ingreso a la tranquera debe tener tubos para que el agua de las cunetas circule y no produzca obstrucciones.

“Esta promoción que da el subsidio es siempre y cuando no incumplan estas dos ordenanzas. Si vos decís ‘yo salgo con el tractor igual’ y destrozás todo te sacamos el subsidio. Es tratar de evitar la viveza”, comentó Goyechea.

Aunque este sistema tributario ha demostrado tener buenos resultados, María Teresa es el único distrito en la zona que aplica esta segmentación. “No es algo común. Hemos expuesto en diferentes paneles y ponemos siempre a disposición la ordenanza pero nunca nos han consultado”, confirmó el presidente comunal.

La entrada Caso único: La localidad santafesina de María Teresa aplica una tasa rural segmentada para proteger a las pymes agropecuarias locales se publicó primero en Bichos de Campo.

La Filial Regional Sur de Federación Agraria y la Asociación de Productores del Sur de Santa Fe, por un lado, solicitaron al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que contemple la situación de los pequeños y medianos productores cuando vaya a aplicar la reciente comunicación A7018, que es la que restringiría el acceso al crédito a tasas subsidiadas para los productores que decidan conservar más del 5% de su cosecha de soja o de trigo.

Este grupo de productores díscolos de la conducción nacional de la FAA, que ya habían promovido la segmentación de las retenciones, cree que esa exigencia no puede aplicarse “a quienes este año cosecharon hasta 600 toneladas de soja”.

“Es una resolución que carece de equidad: el 5% de Cresud o Adecoagro no es lo mismo en cuanto capacidad económica que ese mismo porcentaje en un chacarero arrendatario de nuestra zona, que para colmo debido a la sequía; tuvo rindes que no alcanzaron a cubrir los costos de producción y necesita financiamiento para encarar la siembra de cultivos de invierno”, expreso Marcelo Mariani de la Filial Regional.

Retenciones bajo la lupa: ‘Tato’ Roca, chacarero y arrendatario, defiende los reintegros porque “no todo el campo es lo mismo”

“Reconocemos que hay actores que a medida que se agranda la brecha cambiaria especulan con retención de granos y se resisten a vender su soja a  68 pesos por dólar. Son los mismos sujetos, que los gerentes de Bancos iban a buscar para ofrecerles créditos subsidiados, para que cuenten con liquidez de efectivo y apuesten a la especulación. Pero podemos asegurar que esos actores no somos los chacareros”, coincidió Cristian Tato Roca, dirigente local de la FAA disidente.

Por otro lado, también en Santa Fe, el jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados provincial, Leandro Busatto, informó que está impulsando una reducción de impuestos especial para los pequeños productores

El proyecto de ley presentado por ese legislador establece la desgravación del 50% del Impuesto Inmobiliario rural para “las chacras mixtas y los agricultores familiares”, a la vez que se propone un recargo adicional para los propietarios de grandes extensiones. De este modo, la alícuota del impuesto provincial se incrementaría de manera progresiva, según el tamaño del inmueble.

“No es justo que pague la misma alícuota alguien que tiene 300 hectáreas que alguien que tiene 10.000. Mucho menos en una provincia en la que el 60% de las tierras están en manos del 0,06% de la población”, expresó el legislador.

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A continuación seleccionamos algunos tramos de ese reportaje, en el que Basterra volvió a elogiar el aporte del sector productivo en el marco de la pandemia por el Covid-19 y el aislamiento forzoso. La buena noticia es que el entrevistador logró sacarle algunas definiciones sobre cómo sigue la película más allá de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, que no apoyan un proyecto para recrear la Junta Nacional de Granos. O que antes de discutir la Ley de Semillas habrá que legislar sobre algunos derechos ancestrales:

-¿Cómo quedó la relación después del paro con la Mesa de Enlace?

-El cese de comercialización no fue homogéneo, porque Federación Agraria no adhirió. Además, la movilización que se hizo en Expoagro fue muy escasa y salvo algunos puntos muy limitados en los cuales se intentó interrumpir la circulación de vehículos, el paro no se sintió. El único rubro que lo sintió fue el de las carne,s porque los consignatarios adelantaron las compras para frigoríficos y estos adelantaron sus compras porque había incertidumbre de cómo podía llevarse adelante el paro. Después del cese y ante la pandemia nosotros convocamos a todos los actores y a la Mesa de Enlace para comentar cuál iba a ser el abordaje de lo que veíamos venir, porque todavía no se había definido el aislamiento. En función de eso, tuvimos muy buena receptividad de las cuatro entidades, pero también de las cadenas, los frigoríficos, pesqueros. Sin intentar minimizar el rol de la Mesa de Enlace, el sistema agropecuario comprende mucho más que las cuatro entidades.

-¿Hay en estudio un nuevo esquema de retenciones?

-No.

-El sistema de segmentación, ¿para cuándo está?

-Está muy avanzado. Tenemos que terminar de chequearlo con AFIP que es la que nos provee los datos de la evolución de entrega de los sujetos que estaban incluidos en la segmentación. Estamos en la faz instrumental, para que sea aplicado a los sujetos que efectivamente estaban comprendidos dentro del marco de la Ley.

-¿Se puede esperar una nueva Ley de Semillas a la brevedad? ¿Está en estudio algún proyecto?

-Entendemos que es un tema de debate. Hay opiniones que entienden que es necesario rediscutir la forma en que se remunera, se retribuye, a distintos actores de la generación de lo que son los materiales genéticos. Nosotros entendemos que hay campos que deben ser normados.

En lo que son los recursos genéticos, se requiere una legislación, a nuestro entender previa a la discusión de una Ley de Semillas, que garantice que los recursos genéticos son de propiedad del Estado Nacional y de los estados provinciales de acuerdo a la Constitución Argentina.

Aquellos que son producto del mejoramiento ancestral por parte de las comunidades indígenas o del mejoramiento a lo largo del desarrollo de la agricultura familiar y los mejoramientos por selecciones masivas tienen que ser reconocidos a la agricultura familiar, campesina e indígena.

Con ese marco de garantías de esos derechos, nosotros podemos discutir lo que es el reconocimiento a los obtentores de variedades y ajustar lo que es el reconocimiento a la propiedad intelectual que se aplica sobre los eventos genéticos que hoy están regulados por una ley, que es la Ley de Patentes y no la de Semillas. Entendemos que tiene que haber un sola norma que regule todo lo que son las creaciones fitogenéticas incluidas los eventos y los términos en qué se hagan.

-Salió a luz un proyecto que presentó la senadora Silvia García Larraburu para la creación de un símil de lo que en su momento fue la Junta Nacional de Granos ¿Qué opinión tiene?.

-Ese es un proyecto que presentó una senadora por Río Negro y que lo hizo en 2013. En todos estos años no ha logrado el consenso parlamentario. Desde el Ejecutivo nosotros no tenemos previsto promover ninguna institución de esta característica. No obstante, eso está en el campo del Poder Legislativo y creo que éste se expreso bastante claro. El oficialismo se expresó diciendo que no forma parte de la agenda parlamentaria.

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“Mucha gente, y hasta el mismo Gobierno, muchas veces no entiende a este sujeto productivo y sus necesidades. Son aquellos que viven en el campo o en los pueblos y le dan vida a las localidades”, describió Roca, dando pie a la discusión que sigue: cómo impactan las retenciones, ese impuesto presente en todos los debates sobre el campo.

Bichos de Campo consultó a Roca por una razón: Desde su filial Regional Sur de Santa Fe de Federación Agraria, mantuvo reuniones con el gobierno nacional y con varios intendentes de la zona .para elaborar una propuesta de segmentación, de modo tal que los pequeños productores sintieran menos el impacto de las retenciones que los grandes grupos agrícolas. Roca es claro que se trata de un impuesto que critican como todo el resto del arco productivo. Pero como saben qué va a durar mucho tiempo más, su intención es que hagan el menor daño posible sobre el entramado productivo. “No todo el campo es lo mismo”, asegura.

Mirá la entrevista con Cristian Tato Roca:

Esta bien repetir ese concepto. Consultado por el impacto de las retenciones -o los derechos de exportación- que deprimen el precio de venta de los granos y cómo le impacta sobre la economía del pequeño productor, Roca dijo que “claramente mal, como a todo el mundo”.

Pero luego explicó: “Venimos de cuatro años de macrismo, donde no se ayudó en nada al pequeño productor, y ahora con la situación de emergencia, y como se plantea en un artículo en la Ley que habla de las devoluciones a los pequeños, plantemos como corresponde un proceso de dialogo con el nuevo Gobierno, porque no todo el campo es lo mismo”.

Roca amplía el abanico y no habla solo de segmentación de las retenciones -diferente alícuota deducida según escala productiva-, sino que propone categorizar a los productores, a los que debería aplicárseles una política diferencial. “Al productor pequeño, el que vive en los pueblos, hay que asistirlo además con políticas crediticias, rever el precio de alquiler de los campos y de los insumos, como el gasoil”, propuso.

“A los pequeños nadie los atiende en los bancos, cuando son los más afectados. El grande puede bancarse las retenciones”, mencionó.

En cuanto a la segmentación, según Roca, para que sea factible su articulación, los pequeños productores se les debe calcular ese precio diferencial en la misma cooperativa cuando entregan el grano. “Planteamos la deducción directamente ahí. Saludamos la segmentación pero ahora el Gobierno debe armar bien el modelo”, subrayó. Por cierto, el Ministerio de Agricultura todavía no brindó precisiones del modelo de reintegros de retenciones que planteó desde diciembre pasado.

Por último, Bichos de Campo le preguntó a Roca si con el 22% de retenciones (que es el mejor escenario que establece la propuesta oficial) un ‘chacarero arrendatario’ que produzca soja quedaría en mejor situación. “Claramente que no, hay que corregir otras cosas como el costo de los insumos, alquiler y gasoil”, insistió Roca.

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