El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.

Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.

Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.

“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.

Se agudiza el conflicto con los “mapuches” y los productores se sienten abandonados: “Es un escenario difícil si el gobierno apoya estas cosas”, dijo Leonardo Jones de la Rural de Esquel

En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.

Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.

Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.

Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.

El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.

El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.

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“El amparo es concebido como garantía, no solo para la defensa de derechos individuales sino también de los derechos colectivos, reconociendo entre éstos últimos el derecho a un ambiente humano de vida saludable y ecológicamente equilibrado e imponiendo el deber de conservarlo”, indicó el senador en los fundamentos del proyecto.

Está acción legal puede ser interpuesta por cualquier persona residente en el país; por el Defensor del Pueblo de la Nación o por órganos análogos de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto al daño ambiental que se produce; por asociaciones relacionadas a la protección ambiental, o por el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

Mirá el proyecto completo acá:

Si la iniciativa prospera, en cualquier etapa del proceso y a petición del amparista o de oficio, un tribunal podrá dictar medidas precautorias con carácter de urgencia.

En los casos en que el acto o situación generada provoque efectivamente la degradación de los recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal por lo que la acción de amparo ambiental podrá interponerse ante cualquiera de los tribunales de primera instancia de la Nación, cualquiera sea su competencia material.

Una vez aceptada la demanda, el tribunal deberá pedir un informe de la situación, que tendrá carácter de pericia y un plazo de tres días para presentarse. Si la sentencia es a favor de quien presentó el amparo, la contraparte deberá realizar su condena de forma inmediata, según lo definido por la Ley General de Ambiente 25.675,  el régimen común del amparo y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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Se refieren puntualmente al proyecto presentado por el senador del peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que ya obtuvo media sanción en esa Cámara y fue girado a Diputados. Con muy pocos fundamentos, dicha iniciativa propone que, ante el crecimiento del ejido urbano de San Fernando de Catamarca, el Estado provincial tome ese lote perteneciente al INTA y lo destine a “un centro tecnológico, educativo y de esparcimiento”.

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“La Estación Experimental Catamarca del INTA está radicada en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, desde hace más de 60 años. Primero como Delegación del Ministerio de Agricultura de la Nación y luego como Vivero Nacional Oficial Olivícola, aportando al gran impulso que tuvo la olivicultura, a partir de Ley Nacional de 1930 cuyo punto cumbre fue el desarrollo de más de 80.000 hectáreas de olivo en todo el país”, indicaron quienes rechazan esta avanzada sobre los terrenos del organismo en un documento al que tuvo acceso Bichos de Campo.

Allí se expresa con claridad que “la Dirección de la EEA (Estación experimental) no acuerda con los términos y fundamentos expresados en el proyecto de Ley en cuestión, ya que nuestra Institución valora fuertemente la importancia de la interface urbano-rural en el crecimiento sustentable de la calidad de vida de las comunidades”.

Vayamos a los argumentos. Lo primero que se afirmó desde el oficialismo es que el terreno en cuestión está en una zona “de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”, y que por ello “ss conveniente diseñar políticas e instrumentar programas y proyectos destinados al planeamiento urbano y a la ejecución de obras públicas en ese preciado terreno.”

¿Qué respondió la gente del INTA? Que no se debe tratar la cuestión solamente desde el punto de vista del diseño de políticas de planeamiento urbano, “sino de gestionar un plan de ordenamiento territorial” que desde el gobierno provincial ya se vendría gestionando.

“El proyecto de ley presentado por el senador parece no contemplar o desconocer la integralidad de dicho plan, donde el INTA también tiene un rol activo. Este nuevo plan debería permitir congeniar la convivencia de espacios rurales y urbanos, desmotivar el hacinamiento, generar pulmones verdes y acercar la tecnología de la producción agropecuaria a todos los sectores”, sostuvieron.

A continuación, agregaron que “el INTA Catamarca ha desarrollado proyectos para el ambiente urbano-rural fomentando la convivencia de ambos sistemas en armonía, lo que significa que consideramos permanentemente los criterios ambiental, económico y social, y tenemos en cuenta las transformaciones territoriales relacionadas al avance de la urbanización”.

Este es el documento completo:

En cuanto al segundo fundamento, el senador Mera sostuvo que los “criterios de sustentabilidad aconsejan desplazar del inmueble el funcionamiento de INTA y así diseñar una localidad, donde el vecino sea el principal beneficiario” con esos terrenos estatales.

La gente del INTA, que desde hace años realiza numerosos estudios para analizar la manera de transicionar hacia sistemas agropecuarios mas sustentables, indicó que “desde los instrumentos programáticos con los que se cuenta, se aborda el desarrollo de sistemas productivos para áreas de amortiguamiento e interfaces urbano-periurbano-rural, que promuevan el resguardo ambiental y la producción de calidad”.

En ese sentido, remarcaron que la experimental se encuentra en permanente contacto con productores y sus familias, contribuyendo al arraigo rural, a la equidad social y al agregado de valor en origen.

“Estamos convencidos que no solo la urbanización es la que genera innovación y creatividad. No debe desmerecerse ni desconocerse la importancia de la interface urbano-rural en el crecimiento sustentable de la calidad de vida. Por ello creemos que a la hora de implementarse el ordenamiento de los territorios se debe limitar el cambio de usos del suelo rurales a usos urbanos (pérdida irreparable de las tierras más fértiles y productivas para desarrollos inmobiliarios) y promover los asentamientos que optimicen las infraestructuras existentes, mejorar la conectividad, refuncionalizar espacios y ocupar vacíos urbanos”.

El documento incluyó también un racconto de los antecedentes vinculados a esa parcela ahora amenazada. Desde 1987 se realizan allí ensayos experimentales con frutales: uva primicia, poda corta de higueras, durazneros, ciruelos, almendros, nísperos y palmeras datileras. Además contó con un vivero forestal, en el que se trabajó hasta 1995.

Más cerca en el tiempo, el predio contó con plantas madres de olivo, que se mantuvieron hasta que iniciaron los problemas de abastecimiento de agua asociados al inicio de una obra aledaña.

“En suma a la falta de agua de riego, el capital humano del INTA Catamarca (a raíz del decrecimiento de la planta de personal por distintas políticas que llevaron a ello) y los recursos presupuestarios, destinados al mantenimiento de parcelas de investigación y experimentación, no han sido suficientes para dar continuidad a planes de trabajo que se mencionan en párrafos anteriores”, señalaron los trabajadores.

Frente a eso, desde 2008 a 2019 se presentaron múltiples propuestas para mitigar esa realidad, relacionadas principalmente a obras para riego.

¿Cómo concluye el documento que pide a los diputadosmrechazar este tintento de expropiación? Con el pedido del INTA EEA Catamarca de continuar con las acciones institucionales posibles que ayuden a resolver esa problemática, para “preservar las tierras agrícolas de la Institución e incorporar prácticas de agricultura urbana y periurbana, poniendo en valor las funciones ecosistémicas de estos espacios para las ciudades,  y ofreciendo diferentes oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano-rural”.

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Ahora la rapiña de tierras del INTA empezó a consumarse desde el lugar menos sospechado: el propio Congreso Nacional. Y es que en la última sesión maratónica del jueves se aprobó, con votos del oficialismo y de la oposición, un proyecto que le quitaría al INTA un generoso lote ubicado en Sumalao, una localidad que quedó pegada a San Fernando de Catamarca, la capital provincial, por la expansión del éjido urbano. Tanto creció que hay un nuevo barrio llamado “INTA Sumalao”.

“Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Catamarca el inmueble que detenta el Estado Nacional, ubicado en la ruta provincial 33 Kilómetro 4, Sumalao, departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca. Matrícula catastral 16-24-17-7580, Folio Real 135, inscripto el 25/01/1941”, dice el proyecto que votaron en esa sesión ómnibus los senadores, y que ahora -con media sesión- va camino a Diputados.

El campo depende de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA que tiene un perfil de investigación volcado a las actividades intensivas bajo riego (frutales y hortalizas) en zonas áridas y las actividades ganaderas que suelen hacer los productores de dicha región (caprinos, ovinos y camélidos). El campo que quedó en la mira se destina “principalmente a las actividades con rumiantes menores y citricultura”.

Quien logró que sus pares, los senadores, aprobaran el jueves esta silenciosa transferencia de un activo tan valioso fue Dalmacio Mera, del Frente para la Victoria, quien tiene mandato hasta el próximo 9 de diciembre. El objetivo que expone este legislador para llevar a cabo la “transferencia” del campo (que ni siquiera permitirá al desfinanciado INTA contar con una compensación económica como para reubicar sus instalaciones) es casi insólito: “Se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.

En realidad, y debido a la falta de políticas de planificación territorial por las que este senador nunca parece haberse preocupado, lo que sucedió en Sumalao es lo mismo que amenaza la paz del INTA en muchas otras localidades, que es que las poblaciones han crecido desordenadamente hacia las zonas rurales, acorralando luego a productores e investigadores. En Pergamino, por ejemplo, los investigadores del INTA quedaron en medio de la zona de prohibición dispuesta por la justicia para la aplicación de agroquímicos. Es decir, no pueden experimentar con dichos insumos.

Lo más grave es que no parece haber reacción de la conducción nacional del INTA frente a esta avanzada que sufren sus investigadores en muchas regiones. Silencio de radio frente a este tipo de casos.

¿Y qué propone hacer el senador Mera en esos campos en casos de que prospere la iniciativa en Diputados? Lo contó él mismo en un video para sus redes sociales:

“La idea que persigue la transferencia es incluir el extenso inmueble al radio urbano, a fin de evitar molestias para la población y otorgarles beneficios como la construcción de una escuela, un centro deportivo y espacios verdes. Criterios de sustentabilidad aconsejan desplazar del inmueble el funcionamiento de INTA y así diseñar una localidad, donde el vecino sea el principal beneficiario”, explica el senador peronista sin tomarse la molestia ni siquiera de pensar una alternativa para las actividades del INTA.

El predio que se le quitaría al instituto de investigación agropecuaria de la forma más legal posible -con una ley del Congreso, nada menos-, está ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 33. Tampoco parece tener muy claro el senador catamarqueño qué hacer en ese extenso terreno rural.

Mera habla apenas de crear un incierto “centro tecnológico, educativo y de esparcimiento” y le otorga a la provincia de Catamarca un plazo de 10 años para hacerlo. Pero no dice cómo.

Si todo sale bien, la zona quedaría mejor que Disney World. Es que el senador aspira a ” lograr que todos los comportamientos humanos vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social generen un sistema de patrones de desarrollo innovadores y estilos de vida creativos, que satisfagan al ciudadano y sus necesidades elevando su bienestar sin afectar el ambiente y sin comprometer generaciones futuras”. Tomá mate.

Parece haber una orden de ir por las tierras del INTA. En junio pasado, otro legislador nacional del Frente de Todos -insólitamente de la Provincia de Buenos Aires- llamado Carlos Américo Selva presentó un proyecto para sacarle para sacarle la mitad de las tierras al INTA Salta, en el departamento Cerrillos, a 10 kilómetros de la ciudad capital. El objetivo también allí era muy difuso, pues el diputado planteaba la necesidad de realizar un “programa de desarrollo urbano” sobre esas 534 hectáreas. Esta iniciativa fue rechazada por la propia comunidad.

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“El PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor, en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“, dice el artículo 2 del proyecto.

Los memoriosos recordarán que algo similar fue impuesto por el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2018. En esa oportunidad, el bautizado “Seguro Verde” consistía en derivar el 1% de todos los seguros automotrices contratados para sostener las nuevas forestaciones, y de alguna forma quitarle un gasto al Presupuesto de Agroindustria en época de ajuste fiscal. Permitió, por aquellos días, comenzar a saldar una importante deuda del estado con los forestadores, que trepaba más allá de los 600 millones de pesos.

De nuestro archivo: Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

Este ajuste en la alícuota llevaría el presupuesto actual de 70 millones a más de 100 millones de pesos, según indicó el senador misionero, autor de la propuesta Maurice Closs (FDT). El 10% de los aportes recibidos serán aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal para cubrir los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080.

“El sector forestal se quedaba sin presupuesto y los planes y política se discontinuaban. ¿Por qué necesitamos financiar al sector forestal? Porque esas inversiones son de mediano y largo plazo. ¿Por qué obligatorio? Porque así todos los que participen ayudarán a bajar esa alícuota. Esto logrará que nuestro país tenga ventajas comparativas y competitivas en una industria que es sumamente generadora de puestos de trabajo, inversiones y que tiene mucho por crecer”, afirmó Closs.

Agregó luego que la ampliación de los bosques implantados tendrá un impacto positivo en el medio ambiente al generar “un efecto purificante”.

Sin embargo la oposición mostró sus reservas a esta iniciativa. “Un eco-impuesto o un impuesto verde, que es lo que pretende ser esta prima sobre los seguros automotores, es una herramienta fiscal que tiene que cumplir tres condiciones: se debe imponer sobre actividades que han demostrado su impacto ambiental negativo; debe perseguir el fin de modificar positivamente patrones de consumo y de producción; los fondos deben destinarse a la promoción  de actividades bajas en carbono”, señaló la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (PRO-Buenos Aires), que no parecía recordar que la idea original fue de su propio partido.

“En este caso esas tres condiciones no se cumplen porque no desincentivamos a los responsables de la contaminación o de las emisiones de carbono, como podía ser el impuesto a los combustibles fósiles o las industrias, y lo hacemos sobre las aseguradoras, no en quienes deben cambiar hábitos”, agregó.

Según Gonzáles, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas como el pino, el sauce y el eucalipto, y numerosas organizaciones como el Conicet han aclarado que estas no garantizas la absorción de carbono.

“Esta es una ley de promoción de la actividad forestal, no un programa de sustentabilidad ambiental y va a ser financiado por todos los argentinos. Todos reconocemos que la ley de bosques está desfinanciada. Si queremos que aporten respecto a la sustentabilidad ambiental mejor hubiese sido destinar los fondos al fondo nacional de enriquecimiento y conservación de los bosques nativos”, sentenció.

Fue por esa razón que la senadora solicitó la conformación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la implementación de esta ley, porque “hablamos de mucho dinero” y su trabajo permitiría “influir en la política forestal que queremos”.

La iniciativa finalmente fue aprobada por 52 votos afirmativos, 1 negativo y 10 abstenciones, y ya fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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¿Qué propone el proyecto de ley? Regular todo aquello que haga al registro e inscripción de semillas, cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, procesamiento, comercialización y cualquier otra etapa o actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis. Salvo, claro, para fines recreativos.

Para ello se creará la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que deberá controlar y emitir las autorizaciones administrativas correspondientes para la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.

Esa agencia trabajaría en coordinación con los ministerios de de Salud, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANMAT, el SENASA, el INASE, el INTA, el INTI, la AFIP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y los demás organismos públicos con competencia específica en la materia como las universidades.

La iniciativa se financiara con las tasas de control y fiscalización de los sujetos autorizados, con partidas del presupuesto nacional, con los ingresos por emisión de licencias de importación o exportación, y por multas por incumplimiento entre otras.

Durante el debate los senadores retomaron lo dicho por Matías Kulfas en las reuniones informativas previas: “Esta ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo”.

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En este sentido, el titular de la Comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá dijo: “Esta producción tiene cualidades ambientales importantes. Tiene una alta resistencia de adaptabilidad y mejora la estructura del suelo. El cultivo tiene huella negativa de carbono porque tiene capacidad de extraer contaminantes del suelo y no demanda la utilización de herbicidas. El cáñamo siempre fue legal en el mundo y lo fue en Argentina Lo que estamos sacando es esa prohibición que había impuesto la dictadura militar”.

Para reivindicar la llegada de este cultivo al país, las senadoras Silvia Giacoppo y Anabel Fernández Sagasti recordaron el impulso que Manuel Belgrano quiso darle al cáñamo en Argentina.

“Belgrano en 1795 redactó un texto en el que exponía las utilidades del cáñamo y el lino, una especie de manual de instrucciones que hizo el prócer sobre el desarrollo de estas plantas. Claramente había visto el desarrollo y el potencial de estas plantas en Europa, donde habían servido estas plantas para exterminar la pobreza. Con esta ley estamos haciendo honor a un gran pensador”, dijo Fernández Sagasti.

De la vereda de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck argumentó que la marihuana es “mucho más dañina que el alcohol y que se trata de una droga de inicio”. Hay que aclarar que aunque la planta es la misma, la variedad de cáñamo industrial no tiene los componentes psicoactivos que  tiene su prima hermana, la que se fuma.

Laura Rodríguez Machado, desde Córdoba, consideró que las prioridades deberían ser otras. “Nos prohíben la producción de carne, nos liquidan la generación de biocombustibles, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley que desarrolle el cultivo de cannabis, que va a controlar el ejecutivo nacional que nos prohíbe todas las otras cosas. No lo vamos a aceptar”.

El proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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El dictamen surgió de una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, que contó con la presencia del Secretario de Energía, Darío Martínez.

En reiteradas oportunidades Martínez defendió el proyecto señalando que se dará más previsibilidad al sector que elabora combustibles renovables, pero que a su vez contempla aspectos similares a la actual Ley 26.093. Aseguró el porcentaje de corte de los combustibles fósiles “fue consensuado con los sectores”, en base a precios que permitirían continuar con las plantas abiertas.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, reduce los cortes de biodiesel en gasoil de 10% a 5%; y de bioetanol a base de maíz, que podría descender del actual 6% al 3%. Para el caso particular del bioetanol, el Secretario de Energía apoyó la distinción entre la caña de azúcar y maíz en tanto la primera no es un commoditie y sus precios son más previsibles.

En el arranque de la reunión, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (PRO-Buenos Aires), reclamó que el tema no pasara por su comisión. De igual forma, el entrerriano Alfredo De Angeli (PRO) observó la falta de intervención de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y propuso convocar a expositores. Sin embargo Ruben Uñac (FTD-San Juan), senador que presidía el encuentro, indicó que la postura del oficialismo era avanzar de forma inmediata.

Al momento de las consultas, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) reconoció que “la caña de azúcar está salvaguardada” -cabe recordar que en Diputados los legisladores tucumanos de Cambiemos votaron a favor-, pero rechazó que la ley deje “en discrecionalidad de la autoridad de aplicación, sea quien fuere” la decisión de aumentar o bajar los cortes.

Martínez argumentó que la autoridad de aplicación define el corte y precio es tal cual está en el régimen actual, tal cual está en lo que votaron ustedes en la prórroga”.

Por su parte Gladys Gonzáles, dijo que “es mentira que no estamos reduciendo, hoy el corte del biodiésel es del 10%, no es del 5%” y consideró que al no subir los porcentajes de corte “vamos a quedar afuera del mundo porque el mundo se está descarbonizando”.

Desde Córdoba, Laura Rodriguez Machado (PRO) afirmó que el proyecto no tiene aval del sector y cuestionó la reducción del corte del maíz del 6% al 3% sin aclarar motivos. “El campo cordobés ha recibido varios embates del kirchenerismo”, dijo.

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Desde el oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FDT-Santa Fe) aseguró que este gobierno no actúa contra el campo y dijo que se reproduce la frase como si el campo fuera uno solo y no es uno solo sino que “hay varios sujetos agrarios”.

La sorpresa la dio el senador Carlos Caserio (FDT-Córdoba), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al reconocer que la baja en el bioetanol de maíz “va a colapsar el sistema de producción” y no genera previsibilidad. Se refirió entonces a las empresas cordobesas de bioetanol de maíz, que generan 5000 puestos de trabajo.

El senador preguntó si el gobierno tiene el compromiso de mantener el mismo precio del bioetanol de corte de maíz que caña de azúcar, y Martínez se comprometió a “elaborar cambios en la reglamentación” para saldar las dudas.

En la misma línea, el senador Roberto Mirabella (FDT-Santa Fe) cuestionó los puntos de la iniciativa referidos a la importación de combustibles y aseguró que esta ley le pega en la línea de flotación a las pymes”.

Frente a estas intervenciones, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (FDT-Formosa) adelantó que “si existen aportes que podamos hacer”, se atenderán esas cuestiones.

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“Es un mercado global emergente y una ventana de oportunidad. Argentina tiene la potencialidad para el desarrollo. Los cálculos conservadores y cautelosos nos permiten proyectar, en tres años, la creación de 10.000 puestos de trabajo. Podemos tener una década de crecimiento del sector”, señaló Kulfas en el encuentro.

Argentina ya cuenta con la Ley 27.350, que regula  la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Sin embargo, esta puso límites muy estrictos a las investigaciones relacionadas al sector productivo.

En el año 2000 la producción de cannabis en el mundo era de una tonelada por año. Actualmente ronda las 500 toneladas y se estima que seguirá creciendo de manera exponencial.

Las fibras del cáñamo pueden ser utilizadas en la industria para innumerables producciones: textiles, elementos de construcción, papel, cartón, refuerzos para el concreto y moldeado de autopartes, combustibles, productos cosméticos y distintos suplementos para la alimentación, entre otros.

Según la cartera de Producción, para el año 2025 se proyecta que esa nueva industria podría generar 500 millones de dólares anuales en ventas al mercado interno y otros 50 millones de exportaciones.

El proyecto de ley, que fue presentado por primera vez en el marco del Consejo Económico y Social, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, además de estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

También prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y del Cannabis Medicinal, ente que sería el encargado de regular y fiscalizar toda la tarea productiva del cannabis y el cáñamo. El organismo funcionará dentro de Desarrollo Productivo y será integrado por representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Seguridad.

“Planteamos legalizar su producción y excluirla de estupefacientes. Corresponde incorporar al marco de la ley para garantizar que la actividad esté regulada y pueda acceder al financiamiento”, indicó Kulfas y aclaró que se trabajara con una variedad de cannabis específica que tiene baja concentración de THC, es decir el componente que hace que la planta sea psicoactiva.

“Es una industria que genera encadenamientos productivos de alto valor agregado. Hay más de 200 bienes y servicios relacionados a la cadena. Es una industria que se puede desarrollar de manera desconcentrada porque hay espacio para todos”, aseguró el ministro.

El próximo viernes se realizará una nueva reunión informativa y se estima que el proyecto podría estar listo para ser dictaminado la próxima semana.

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La ley 25.422, que venció el pasado 5 de abril, surgió hace 20 años con el objetivo de fomentar la actividad y su industrialización, que venía decayendo desde 1970. Luego de que se cumpliera el plazo de su prórroga, realizado en 2011 por diez años más, comenzó a discutirse si era necesario realizar una nueva extensión o si era mejor discutir un nuevo régimen.

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En ese marco, el jefe del bloque oficialista, en coordinación con el poder Ejecutivo y la Cámara Baja, redactó una nueva iniciativa en la que se propuso promover la actividad por diez años más, destinándole 850 millones de pesos del Presupuesto Nacional. Además se incluyó en esta oportunidad a la producción de llamas.

¿Cuáles son las claves del proyecto?

• Según el texto de la iniciativa, estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
• Los destinatarios serán personas humanas y jurídicas y se especificará si se trata de productores o productoras.
• También se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), que estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores.
• Por año se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, tanto en el ámbito nacional como provincial. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá destinar hasta el 20% de los fondos hacia acciones de promoción.
• Finalmente, del total asignado se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina.

“Se trata de un proyecto sumamente importante para la vida económica y social de la Argentina”, dijo Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado. Señaló que es importante fomentar el consumo de carne ovina, que en este momento está en 200 gramos por persona, y enriquecer el trabajo nacional alrededor de la lana.

“Se incorpora la llama, que tiene una importante significación en el norte argentino. Durante el debate ha surgido la necesidad de incorporar otros. Lo hemos analizado requieren un régimen especial. Vamos a trabajar en un régimen para otros camélidos y para el ganado caprino que también tiene una enorme importancia”, agregó.

Por su parte el entrerriano Alfredo de Ángeli indicó que “la ley es necesaria” y se refirió a que muchos productores ovinos se acercaron a ese tipo de producción luego de malas políticas de gobierno que los obligaron a dejar sus ganados vacunos. Propuso incorporar un índice de actualización ya que “es una ley a diez años y estos 850 millones de pesos no serán nada en dos años”.

Desde Chaco Víctor Zimmermann consideró que la iniciativa es “una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. Si bien valoró el trabajo en Comisión sostuvo que por los cálculos de la inflación el monto debería llegar 1.600.000 de pesos. “Queremos establecer un coeficiente de actualización para no tener retrasos como hemos tenido anteriormente”, dijo.

Fotos: Senado

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Con esta sanción surge por primera vez en Argentina una ley nacional cuyo objeto es la educación ambiental. Pero, ¿en concreto qué define? En primera instancia, promueve el desarrollo de una “Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral” (ENEAI) y de “Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental” (EJEAx), las cuales se proponen garantizar la creación de un área específica para la educación ambiental dentro de las carteras ambientales del gobierno nacional.

Su propósito general es la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Entre otras cosas, la ENEAI deberá generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; y elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos.

La ENEAI y la EJEAx estarán a cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal de Educación (CFE).

El proyecto modifica además la Ley 26.206 de Educación Nacional para incorporar un artículo sobre la exigencia de implementar contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones del país. Y se agrega que, con motivo de celebrarse el 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional”.

La aprobación de esta ley, a la que algunos quieren llamar “Ley Pino Solanas” por su lucha por el medioambiente, representa la concreción de un proceso de debate, que comenzó en 1994 con el primer proyecto presentado en el Congreso que mencionaba a la educación ambiental como objeto.

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Incluso el proyecto aprobado toma como antecedente a otros 11 proyectos, entre los que se destacan uno de la diputada Marta Maffei y de la diputada Adriana Puigróss, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

“Construir una Argentina sostenible requiere de un enorme cambio cultural, la forma más efectiva de lograrlo es a través de la educación. Espero que luego de la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo haga una convocatoria amplia y honesta donde no solo la academia, sino también el sector productivo y las organizaciones de las sociedad civil, especialmente los jóvenes, estén sentados en la misma mesa elaborando los contenidos y las estrategias”, expresó la senadora bonaerense Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta.

Desde Chaco, Antonio Rodas, vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Senado nacional, consideró que la ley era una deuda de la democracia y que “los temas ambientales afortunadamente han llegado para quedarse; la educación en esa materia es el legado que le dejaremos a nuestros hijos y nietos como punto de partida para el cuidado de nuestra casa común”.

Por su parte el senador entrerriano Alfredo de Angeli festejó la aprobación de la ley, pero señaló que este tipo de proyectos deberían pasar por la Comisión de Agricultura –de la cual es vicepresidente- ya que “tenemos mucho que aportar”, y recordó lo sucedido con la Ley de Manejo del Fuego.

La flamante Ley de Educación Ambiental aguarda por su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Con la promulgación de la reforma de la Ley de Manejo del Fuego se abre una “Caja de Pandora” para el agro argentino

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