Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.

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Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.

La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).

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“El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (…) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador”, define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.

En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:

• Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
• Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
• Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
• Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
• Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
• Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
• Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.

El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por “expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes”. No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.

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