Sebastián Bendyán, de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, adelantó que en muchas plantas se estaba pagando la garantía horaria, que significa un mínimo equivalente a la mitad del salario básico. Este esquema de emergencia por supuesto no contempla los premios por horas extras o por productividad, que engrosan el salario de los trabajadores.

Hace unas semanas, cuando se conoció la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne, desde Fetsicara (Federaciòn de Sindicatos de Trabajadores de la Carne) comunicaron que por ese motivo se estaban evaluando medidas de fuerza.

El sindicato finalmente resolvió ahora llevar adelante “un plan de lucha ante la medida del gobierno de reducir las exportaciones de carne para bajar el costo de la canasta alimentaria, ya que implica un efecto negativo por el cual nuestros compañeros se han visto afectado por reducciones de hasta 50% en sus salarios, lo que desde ya nos ubica debajo de la línea de la pobreza”.

Alberto no es profeta ni con los fundadores del peronismo: El Sindicato de la Carne expresó preocupación por el cierre de las exportaciones

El plan de lucha de Fetsicara consistirá primero en realizar “asambleas en todas las plantas del país, para dar a conocer a nuestros representados las actividades que realizaremos para defender sus salarios y puestos de trabajo, y que tendrá como fin una movilización a la Secretaría de Comercio Interior y al Ministerio de Trabajo, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para que no se vean afectados nuestros ingresos”.

Gabriel Vallejos, líder de la Federación, confirmó a Bichos de Campo que se encuentran en situación de alerta y movilización:

Cabe recordar que en la anterior intervención kirchnerista en el mercado ganadero, que arrancó en 2006 con el primer cierre de exportaciones, llevó a que en el trienio posterior se liquidaran más de 10 millones de cabezas de ganado, y que además cerraran cerca de 130 plantas frigoríficas. Se perdieran entonces más de 10  mil puestos de trabajo, que ahora vuelven a esta en riesgo por una decisión oficial que supuestamente pretende bajar el precio de la carne para que la población, visiblemente empobrecida, pueda acceder al alimento.

La experiencia reciente nos dice que esa pretendida baja de precios puede ser un efecto de corto plazo, pero que la veda también puede provocar serios daños en toda la cadena ganadera, como una reducción del stock y la producción de carne, que significaría luego una nueva disparada de precios. En el medio los trabajadores serán unos de los actores más afectados por estas decisiones que no tienen nada de nacional ni popular.

La Fetsicara es una de las dos ramas en que se ha visto dividido el histórico gremio de la carne desde los años 90. Tiene presencia en varias plantas exportadoras que padecen el cierre y el posterior recorte a la mitad de los envíos al extranjero. Resta conocer qué actitud tomará la Federación Gremial de la Carne que conduce Alberto Fantini, quien también se ha mostrado crítico con el cepo exportador y advirtió el riesgo de pérdida de puestos de trabajo.

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Capítulo 1. Pensar en ATILRA es tener en mente a su secretario general, Héctor “Etín” Ponce, que ingresó a la Asociación en las elecciones de 2002, luego de desplazar a su jefe, Vicente Troncoso, por el 93.83% de los votos. Los números alientan a pensar que se trató de una victoria muy esperada por los afiliados, pero lo cierto es que fue la única lista que se presentó. Teniendo en cuenta que Ponce sigue en el cargo desde entonces, decanta de esta forma el primer rasgo distintivo del sindicato: no es sencillo consolidar una oposición.

El poder de este secretario se concentra en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde otrora brillaba la sede central de SanCor. En 1987 ingresó a la planta de la cooperativa de esa localidad, donde logró convertirse en delegado.

Aunque muchos cargan responsabilidades en la crisis de SanCor, que se empezó a vislumbrar en 2007, a los altos costos laborales en esa actividad industrial, también es cierto que Etín jugó fuerte a favor del primer rescate de la principal empresa láctea argentina de entonces por parte del gobierno de Venezuela, que aportó 70 millones de dólares a cambio de envíos de leche en polvo. En la historia del gremio, una página ilustre sucedió en marzo de ese año, cuando el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa Cristina y el presidente venezolano Hugo Chávez, interrumpieron el almuerzo que estaban compartiendo en la quinta de Olivos y salieron a saludar a los más de mil afiliados de Atilra que los esperaban con gorros, banderas, bombas y redoblantes para agradecerle por ese rescate a SanCor.

Chávez se puso un sombrerito amarillo, color que caracteriza el márketing del gremio. Todavía estaba muy lejos el macrismo, que también se apropio de ese color.

La consolidación del poder ATILRA se dio luego del 2008, con el recordado “conflicto del campo”.  Si bien Etín brindó algunas entrevistas en las que se posicionaba en contra de aquella ofensiva de Cristina Fernández, un acuerdo firmado entonces para dar el primer pago de compensaciones a las empresas lácteas hizo que su timón cambiara de rumbo.

Ésto se cristalizó con el acuerdo firmado en 2009 para instaurar el famoso “aporte solidario”, que todas las empresas –sin importar su tamaño- deben pagar al gremio por cada trabajador afiliado. Recién durante el gobierno de Mauricio Macri, (y luego de varios rounds que enfrentaron a ATILRA con las pymes lácteas en la justicia, ya que muchas denunciaban que este aporte compulsivo las llevaba a la quiebra), con la firma del convenio laboral de 2017, este montó se diferenció entre las pymes y las empresas grandes. Las primeras comenzaron a pagar un 50% menos.

“Supo repartir el fuego”, comentaron las fuentes a Bichos de Campo. El trabajo de Ponce consistió en mostrar el poderío económico alcanzado por ATILRA, ya sea con fiestas realizadas a todo trapo de las que participaban figuras del mundo artístico, como el auspicio a clubes de fútbol (en la actualidad es Colón de Santa Fe, el que lleva la sigla sindical en la camiseta) o a boxeadores diversos. Incluso montó un centro de salud de último nivel en Sunchales, y construyendo el Centro Educativo Tecnológico (CET).

La proyección del gremio fue tal que en 2015 hasta propuso hacer un acuerdo con APLA (una asociación de productores lecheros sin personería jurídica) para levantar una planta de secado de leche. El proyecto nunca se concretó. Hubiera mostrado a los sindicalistas convertidos en patrones.

Capítulo 2. Pensar en ATILRA también es pensar en la relación que mantiene con el sector empresarial. Desde hace años existe un tironeo con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Láctea (Apymel), y en menor medida con el Centro de la Industria Lechera (CIL).

Los pequeños productores nucleados en Apymel insisten en conformar un convenio laboral pyme que tenga en cuenta que su realidad económica, tecnológica y productiva no es la misma que la de las grandes empresas. Para los empresarios, el convenio de ATILRA es de los más caros que existe y es puesto en discusión cada año durante las paritarias. En 2019 este sindicato cerró la paritaria récord, con un 55% de aumento, por encima de la inflación.

Ver ¿Cuánto gana un trabajador de la industria láctea afiliado a Atilra?

A pesar de los pedidos del sector pyme al Ministerio de Trabajo, ese convenio diferencial no se ha podido concretar aun y según fuentes consultadas se relaciona en parte con la posición del CIL. Dado que las grandes empresas tienen mayor espalda para afrontar los aumentos de cada año, un convenio diferencial implicaría un trato más competitivo en función de los pequeños empresarios.

Esa observación no debe opacar las disidencias que también tienen las grandes empresas con el gremio. Uno de los puntos conflictivos ha sido el pago a las obras sociales. Durante las paritarias de 2020, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ATILRA exigió un doble aporte solidario –además del ya acordado- para contribuir con OSPIL, la Obra Social del Personal de la Industria Lechera. Los reclamos llegaron de parte de empresas como Mastellone que tenía a sus empleados enmarcados en MediFé.

Capitulo 3. Ahora bien, ¿cómo encara ATILRA sus reclamos? Todas las fuentes consultadas coincidieron en que se hace a través de un método sistemático de aprietes, amenazas y huelgas. “El gremio no lo va a blanquear porque es el famoso ‘de ésto no se habla’. Lo que hay que hablar es grave y es un problema estructural en Argentina”, señaló un conocedor a Bichos de Campo.

Fue, palabras más o palabras menos, lo que denunciaron los integrantes de la familia Mayol, que se dedican a industrializar leche en una pequeña planta de Udaondo, que lleva más de 85 años en el negocio, y que estuvo bloqueada varios días por integrantes de ATILRA.

“Estamos frente a un gremio mafioso. Me robaron implementos de la fábrica y me rompieron aparatos”, denunció Dardo Mayol, que luego presentó una denuncia penal contra los sindicalistas. La respuesta del gremio fue que los dueños de la empresa violaron “de manera sistemática y recurrente los derechos de los trabajadores”. Incluso Ironizaron llamando a los Mayol como “la familia Ingalls”.

Como sea, venciendo el miedo, la asociación Apymel llegó a protestar en un comunicado contra los modos de acción del gremio. “La situación atravesada por este socio de nuestra entidad preocupa por los métodos empleados”, blanqueó en un comunicado.

A veces las cosas se han desbordado. En 2008, unos 150 miembros de ATILRA viajaron a Rosario para protestar contra la seccional del gremio, que estaba manejada por opositores a Ponce. El encuentro derivó en una violeta pelea que terminó con un muerto y diez heridos.

En la relación con el gremio, la debilidad más grande de la industria láctea es trabajar con un producto perecedero, la leche. Una huelga o bloqueo en una fábrica supone una pérdida de dinero muy importante. Sin embargo, en un intento por evitar la mala publicidad, ATILRA agregó una clausula en la que habilita el procesamiento de la leche por parte del personal jerárquico. A todas luces se trata de un truco, ya que no cualquiera puede operar la maquinaria necesaria ni descargar los camiones.

Hay que aclarar que estos “métodos” gremiales no son aplicados con todas las empresas y que las peleas son estratégicas. En el caso de Mayol parece no haber quedado más remedio. “Hay una irregularidad hace mucho tiempo que se trato de solucionar con el diálogo y no se logró”, dijo el abogado Alberto Coronel, apoderado de ATILRA, al medio Tranquera.

Esto no es sin embargo el tratamiento que aplican sobre SanCor, que mantiene a más de 500 empleados en la categoría de “suspensión indefinida”, cobrando 10.000 pesos por mes. Varias veces Ponce se ha pronunciado a favor de un nuevo rescate oficial a la malograda cooperativa de Sunchales, que ya tuvo que vender buena parte de sus plantas. En ese caso, no se hacen los bloqueos en defensa de los trabajadores y sus derechos. Algunos deslizan incluso que el gremio podría llegar a ser uno de los socios capitalistas que están detrás de BAF, el fondo de inversiones que es el principal acreedor de SanCor.

Como sea, hay cientos de empleados con sus derechos vulnerados. “ATILRA avaló que esto suceda. Se presentó junto a SanCor en el Ministerio de Trabajo, manifestó que conoce de la crisis financiera y facilitó este régimen de suspensiones. La empresa Verónica es otro caso testigo”, dijo un empleado de la planta de distribución de SanCor en Don Torcuato.

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En su afán de corregir cosas que están mal  y son evidentes (pero respecto de las que nadie hace nada), Manolo acaba de lanzar una nueva denuncia pública: advirtió que muchos productores que compraron camiones en los últimos años para no depender tanto del flete mantienen un mal encuadre gremial de los choferes, generando una competencia desleal con las empresas de transporte bien formalizadas. 

En una carta enviada a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Lamas explicó: “Muchas empresas agropecuarias que tiene sus empleados inscriptos en la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales) han comprado camiones para mover sus productos. Eso en algunos casos, porque en otros también están haciendo viajes para terceros y facturan fletes”.

Pero remarcó el empresario que esas firmas “al inscribir al empleado en su convenio colectivo o gremio, lo están haciendo como ‘tractorista de campo, ya que no existe en el Convenio Colectivo de la UATRE la categoría ‘chofer de camión'”.

“Sea como sea, esto esta mal. O la UATRE agrega en su convenio colectivo al chofer de camión o el productor tiene que inscribirlo en otro convenio, que en este caso sería el 40/89”, que corresponde al Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

“¿Qué pasa si hay un accidente de tránsito y el empleado tiene lesiones? No está realizando las tareas por las cuales fue inscripto y esto se tiene que corregir”, advirtió Lamas ante el organismo del estado que reguila las ART.

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El gremio profesional denunció que el organismo sanitario vive actualmente bajo un “ataque generalizado sin fundamentos el avasallamiento de sus incumbencias específicas, un malestar laboral creciente y el dramático desfinanciamiento”.

La APUMAG advirtió a Macri que todos estas situaciones “no son ingredientes adecuados para conformar una institución que cumpla los parámetros más altos de excelencia para ser herramienta esencial para volver a situar a la Argentina en los primeros puestos como proveedor de alimentos al mundo”.

El sindicato aceptó que en el Senasa “se necesitaban revisiones en varios aspectos de sus acciones, procedimientos y estructuras”, pero a la vez se quejó porque los profesionales y funcionarios que allí trabajan nunca fueron convocados a expresar sus opiniones.

Ver: Senasa polémico: Ricky Negri cree que los trabajadores reaccionan por temor a los cambios

“En el caso de Senasa esa convocatoria nunca se produjo”, denunció el gremio, que lamentó que las autoridades designadas por el Gobierno de Cambiemos “aceptaron mansamente la acusación de que éramos ‘un organismo corrupto’”.

“A pesar de lo dicho y a diferencia de lo sucedido en otras instituciones del Estado, en Senasa no se advirtió ningún caso de corrupción en relación proporcional al prejuicio sobre su ética y su moral que se había instalado”, lamentó el comunicado.

La carta abierta critica especialmente a la nueva conducción del Senasa, a cargo del ex secretario de Agricultura, Ricardo Negri.

“Es imposible entender el ensañamiento del que somos objeto por parte de la actual conducción que vive encerrada en sí misma, tomando decisiones inconsultas con los cuerpos técnicos y profesionales, en franca oposición al modelo de trabajo en equipo, creando una situación hostil permanente”, expresó APUMAG.

Además denunció que muchos de los cargos jerárquicos en las regionales del Senasa fueron cubiertos por contadores y abogados. “¿Deberíamos los profesionales técnicos del Senasa (veterinarios e ingenieros agrónomos) esperar ofrecimientos para ocupar puestos ejecutivos en la AFIP o la titularidad de los Juzgados en Tribunales?”, se preguntó el sindicato.

Para la Comisión Directiva de APUMAG, “la militancia partidaria no es buena para dirigir organismos técnicos; no lo fue antes no lo va a ser ahora”.

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“Es una adenda al convenio colectivo de trabajo vigente desde el año 1988. Lógicamente hay muchas cosas que ajustar a las nuevas circunstancias laborales, pero para una actividad como la lechera, que es de tipo biológica y de ciclo continuo, ya que hay que ordeñar a los animales todos los días, hay aspectos como la incidencia de costos laborales durante los fines de semana y feriados, la cual abre la ventana para ser modificada”, explicó Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL).

Al respecto, el representante de las grandes industrias (incluida la malograda SanCor) dijo que “hay una nueva cláusula que incorporar la figura de un franquero o trabajador a tiempo fijo, que bajaría ese tipo de costo,. Tengamos en cuenta que el convenio tiene un costo adicional del 150% en horarios normales. Pensemos que este tipo de industria que trabaja con productos frescos, no puede parar los fines de semana”.

Escuchá el reportaje completo a Paulón:

Consultado sobre si este anuncio bajará el costo laboral para la industria lechera, Paulón consideró que “la baja será mínima. Es un camino que hay que recorrer para poder ajustar las medidas”.

Agregó: “Entre algunas medidas incluidas en el acuerdo se permite incorporar empleados por plazo fijo,  y además se contempla el aspecto de multifuncionalidad que pedíamos desde el sector, para que un mismo empleado pueda hacer varias funciones. También se tratarán las licencias por enfermedades inculpables, las cuales antes eran de dos años con goce de haberes y ahora serán compartidas por el sindicato para analizar cada caso”.

El industria explicó que “el acuerdo fue discutido en todas las seccionales. Como excepción, hay una sola seccional que es la de General Rodríguez, la cual no estaría aceptando el mismo en su totalidad”. Allí pesa fuerte la empresa Mastellone SA. 

Por último, Paulón se refirió a la producción de leche en lo que va de 2017: “La misma será levemente superior a la del año anterior, cercana a un 2%; las ventas totales también mostraron una mejora leve, y así nos conducimos a un ciclo que se acerca a la virtuosidad”, evaluó.

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-¿Por qué estas noticias no salen en el diario?- me pregunta un empresario de la carne que no pudo faenar en los últimos días y tampoco lo podrá hacer la próxima semana, porque los delegados de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara) están violando una conciliación obligatoria y este sábado votaron continuar el lunes con una medida de fuerza que paraliza la actividad de varias plantas importantes de faena del conurbano bonaerense.

Le contesto: “Porque la mayoría de los diarios ya no tienen periodistas que cubran específicamente los asuntos gremiales y los empresarios recién hablan cuando el agua les llega al cuello. Pero quedate tranquilo que en Bichos de Campo ponemos que hay riesgo de desabastecimiento para la semana próxima y que la carne podría subir de precio, y entonces todos los diarios van a hablar de esto”.

Más allá de la humorada, no tan graciosa, el tipo estaba realmente angustiado por la noticia de la que nadie hablaba. Los delegados de varias plantas de faena que responden a la federación gremial dirigida por Segundo Molina (que no es la de Alberto Fantini sino la otra facción en la que está dividido el historio gremio de la carne) habían votado la continuidad de un paro de actividades por tiempo indeterminado que tiene en jaque a plantas que explican una buena parte de la provisión de carne para Buenos Aires.

Entre las plantas afectadas figuran Rioplatense, Frigolomas, Visom, Ecocarnes, Compañía Bernal y Bancalari, aunque hay un par más. En conjunto explican la faena mensual de entre 60 mil y 70 mil bovinos. Tres de estos frigoríficos tienen perfil exportador, aunque como los otros operan fundamentalmente para abastecer de carne la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

El Ministerio de Trabajo decretó el miércoles pasado la conciliación obligatoria, para acercar a las partes. Pero los delegados de base decidieron desoír esa decisión y continuaron con la medida de fuerza. El motivo es que al parecer quedaron disconformes con al acuerdo paritario que la Fesistcara firmó hace un par de meses y querrían un aporte extra de las empresas. Según la fuente consultada, un jornalero que está dentro del convenio cobra cerca de 17 mil pesos por quincena, muy por arriba del salario mensual de un empleado que no esté afiliado a ese sindicato.

Una parte de los delegados militan en partidos de izquierda y son los más difíciles de convencer a la hora de encaminar las negociaciones, me dice el empresario. Como en Pepsico, Cresta Roja o Kraft, también en el más peronista de los sindicatos la izquierda se está haciendo fuerte.

-¿Querés que ponga que podría faltar carne? Ese título nunca falla si querés llamar la atención- sigo bromeando con el angustiado empresario.

Me responde: “No sé, qué se yo. Lo único que yo sé que este paro nos agarró con cientos de vacunos en la playa de los frigoríficos y sin poder faenar. Si querés poné que ya hay varios caídos, lo cual es cierto, y que todo es un gran despelote, porque hay que sacarlos o se nos mueren ahí…

-Eso no vende. A los de la ciudad, las vacas muertas solo los conmueven cuando se transforman en un bife de chorizo.

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Esta mañana Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, confirmó que ese sector sindical acataría la conciliación obligatoria. Esto permitirá que unos 50 buques que no podían cargar puedan retomar sus operaciones. “Como corresponde, hoy a las 6 se hizo una asamblea y los trabajadores junto con los dirigentes de ocho gremios decidieron acatar la conciliación obligatoria y se está levantando la medida de fuerza”, indicó Quiroga.

¿Cómo siguen las cosas? Mañana jueves, a las 15 , habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo. Allí estarán los dirigentes de los ocho gremios de esta CGT que reclaman que su salario sea equiparado con el del poderoso sindicato del personal de la industria aceitera. Por eso enfrente a ellos se ubicarán los directivos de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (Ciara).

Lo que está en discusión es una actualización del convenio denominado COPA 2017. ¿Qué es? El COPA (Convenio Oleaginoso, Portuario y Agroexportador) viene aplicándose desde hace ya varios años, cuando en 2009 se dispuso por primera vez. Por entonces, diversos gremios cuyos afiliados prestan servicios dentro del complejo sojero local “impusieron” sus intereses y lograron que el sector patronal les reconociera un salario similar al que cobran los aceiteros.

El jueves 18 de mayo de 2017, los representantes patronales de las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio cerraron la paritaria salarial de los obreros y empleados aceiteros que se encuentran en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, representados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por eso a partir de allí recrudecieron las protestas del resto de los gremios enrolados en la CGT San Lorenzo.

“Nosotros estamos pidiendo un sueldo básico de 27 mil pesos”, ratificó Quiroga, que lidera ese sector. En la actualidad, ese valor está en los $19.000, por lo que el nuevo monto tiene asignado más de 40 por ciento de incremento.

El paro en los puertos del Cordón Industrial se llevó a cabo por nueve días e hizo que numerosos buques de ultramar queden “varados” a lo largo de gran parte de la ribera del Paraná.

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