La Resolución General 5096/2021, firmada por Brunilda Traverso, la titular de la Aduana, estableció nuevos valores de referencia para las principales posiciones arancelarias exportadas a China, incluyendo los huesos con carne que quedan después del desposte, y que son uno de los productos más exportados a ese país.

En general, a todo con lo que sucede en el mercado internacional donde han venido aumentando los precios pagados, le Aduana elevó de 10 a 15% estos valores que tienen como objetivo evitar la subfacturación. Así, por ejemplo, el brazuelo pasó de 7 dólares por kilo a 7,80 dólares. Y el garrón se cotizó ahora a 8 dólares, desde los 7,15 dólares de una resolución previa de mediados de año.

Estos son los nuevos valores de referencia:

Además de para la República Popular China, estos nuevos valores referenciales se aplicarán a los cortes cárnicos exportados a las dos Coreas, Filipinas, Taiwán, Japón (ojalá se exportara algo) Tailandia y Hong Kong.

En las últimas semanas se ha venido produciendo una suba más que interesante de los precios internacionales de la carne vacuna, que en promedio se ubican un 25% por encima de la misma época del año pasado. Para esta situación se han conjugado la salida parcial del mercado por parte de Argentina, pero sobre todo la suspensión de Brasil luego de que se hallaran en ese país dos casos atípicos de Vaca Local.

Pero el telón de fondo sigue siendo siempre el mismo: la intensa demanda desde China, que este año terminaría importando más de 3 millones de toneladas de cortes vacunos, lo mismo que produce en todo un año la Argentina.

Tal es la demanda que el gobierno kirchnerista ha puesto una seria de vallas para poder vender a ese país, además de estos precios de referencia que evitan las chances de subfacturación por parte de las empresas, pues no se puede vender por debajo de estos precios. En principio, el Ministerio de Agricultura sacó de la cancha de un plumazo a los exportadores sin planta (concentrando el negocio en manos de los grandes frigoríficos), luego impuso un sistema de cupos por planta y finalmente solo habilitó también con cuotas de exportación la venta de carne de la vaca conserva categorías D y E.

La entrada La Aduana actualizó a la suba los precios de referencia para la carne exportada a China se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero detrás de los papeles, entre bambalinas, existe la sospecha de que muchos de esos cargamentos supuestamente legales de oleína esconden casos de contrabando, subfacturación y triangulación, de esos que a los funcionarios de Alberto Fernández tanto les gusta denunciar en los medios de prensa pero que pocas veces -o mejor dicho, casi nunca- denuncian ante la justicia.

Bichos de Campo alertó de la situación a las autoridades de la Aduana local a principios de la semana pasada, pero no obtuvo respuesta: ni confirmación ni desmentida. Por eso decidimos la publicación de este caso.

La maniobra, según sospechan empresarios afectados que ya la denunciaron ante la Aduana de Chile, podría contar con la complicidad de sectores de la propia aduana argentina. En rigor, estos cargamentos de oleína sospechosos tienen como puerta de salida la Aduana de Campana, en el norte de Buenos Aires.

La suposición de estos empresarios es que en vez de estas cargas de oleína, que se declaran a un valor FOB de menos de 300 dólares por tonelada, se estaría enviando a Chile en realidad aceite de soja, que cotiza a 880 dólares. Es decir que habría una evidente subfacturación, que permitiría reducir la carga de retenciones y otros tributos. Además en varios casos la mercadería aparece tercerizada a nombre de empresas registradas en los Estados Unidos, lo que evitaría a sus vendedores reales tener que ingresar los dólares liquidados a la Argentina.

Según datos del INDEC, el volumen histórico de exportación de ácido oleico ha mostrado algún crecimiento desde 2018, cuando se exportaron 17 mil toneladas. Luego, en 2019 se registran operaciones por casi 19 mil toneladas; en 2020 llegan a 22 mil toneladas, y ahora vamos 14,4 mil toneladas hasta junio pasado. Es decir que a este ritmo se llegaría a casi 29 mil toneladas a fines de año.

A la par, en la que va de 2021 han crecido las operaciones concretadas por operadores no reconocidos en el mercado. Varios de esos exportadores son posiblemente insolventes o de otros rubros.

Por ejemplo, un joven de 23 años llamado Alejandro Luis Arévalos operó fuerte entre el 8 de marzo y el 7 de abril de 2021. Exportó supuestamente la oleína a un valor FOB de 280 dólares. Envió 1.304 toneladas por un total de 365 mil dólares y luego desapareció. El joven tiene domicilio en San Francisco Solano, que no parece ser la oficina de un exportador de esa talla.

Otro monotributista de 41 años llamado Claudio Daniel Antúnez hizo dos envíos de oleína a Chile el 21 de enero, por 138 toneladas, a 238 dólares FOB. En la AFIP ese hombre está inscripto como vendedor mayorista de diferentes alimentos. Y recién tramitó su matrícula como exportador en mayo de 2020.

Una empresa de Rosario norte llamada ARPYLT SA realizó 18 envíos de ese derivado del aceite de soja entre el 8 de enero y el 22 de febrero. Exportó en total 1.053 toneladas a un valor FOB de entre 230 y 280 dólares, lo cual supuestamente le permitió facturar 279.500 dólares. Esta firma renovó su directorio en noviembre de 2020. Su presidente es Tulio Jorge Solías, quien tiene domicilio en Rosario y se define comerciante. Tampoco parece esa vivienda la de una pujante firma exportadora.

Pero el caso más llamativo es el de una firma llamada Madel SA, que fue creada en 2014 aunque recién en 2018 se inscribió en AFIP para realiza la “venta al por mayor de alimentos balanceados para animales”, lo que podría incluir sus negocios con la mencionada oleína. En ese mismo momento cambiaba sus accionistas y se designaba presidenta a Carolina Mabel Geier, con domicilio en Urdinarrain, Entre Ríos. Como vice aparece uno de los hermanos Tommasi, reconocidos productores agropecuarios de esa zona y dueños de una aceitera en esa localidad.

En enero de 2021, la firma modificó su estatuto para incorporar entre sus posibles negocios la “Importación y exportación de sus productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y oleaginosas”. Su sede social está ubicada en una vivienda ubicada en un barrio de calles de tierra de esa ciudad entrerriana.

Esta empresa Madel SA realizó más de 70 envíos de ácido oleico a Chile entre febrero y mayo de 2021, a un valor FOB de 280 a 285 dólares. Hasta el quinto mes de 2021 acumulaba exportaciones (en junio y julio habrían continuado) por 3.268 toneladas (un tercio del total nacional) por 924.500 dólares. En junio, según datos de la Aduana Chilena, Madel SA exportó otras 1.800 toneladas aproximadamente bajo esa posición arancelaria. Es decir que superaba las 5.000 toneladas en el primer semestre.

Las posibles irregularidades aparecen a la vista cuando se comparan los envíos de esa empresa registrados en la Aduana de Argentina con los datos recabados por la Aduana de Chile. Hay similitudes en los envíos registrados por ambas, pero existe una evidente diferencia entre los valores FOB de la mercadería registrados por uno y otro organismo.  Veamos esta serie de envíos de fines de mayo.

En la denuncia a la que accedió Bichos de Campo se observa una comparación entre los envíos de la supuesta oleína realizados por Madel SA del 18 al 20 de mayo: Varios envíos con salida aduanera desde Campana sumaron unas 448 toneladas que, al valor FOB declarado de 285 dólares por tonelada, implican una suma de 127 mil dólares.

Esas cargas, ahora según los registros de la Aduana de Chile, ingresaron a ese país unos días después, pero en la mayoría de los casos con valores FOB de 880 dólares. Por eso la cifra final (sobre la cual habría que declarar impuestos e ingresas divisas) es mucho más elevada aunque la cantidad de oleína exportada sea la misma. Para la aduana de Chile, ya se habla de unos 310 mil dólares.

En las ocasiones en que el valor FOB declarado aumenta sospechosamente a 880 dólares por toneladas (es decir, dos veces y media más que el original), aparece mencionada en los registros de la Aduana de Chile un dato curioso: se reconoce que la mercadería tenía origen en Argentina, pero a la vez se consigna que ha sido supuestamente comercializada desde los Estados Unidos.

Por esa razón en esos casilleros donde se registra un valor FOB notablemente más elevado para la misma mercadería la firma Madel deja su lugar a otra sociedad llamada M Chas Group. Todo parece indicar que se trataría de la empresa M CHAS GROUP INC, registrada el 5 de febrero de 2021 en el estado de Florida bajo el número P21000013818 y con domicilio en 8450 NW 102 AVENIDA, DORAL, FL 33178. Tiene, según los registros de sociedades de ese país, dos socios argentinos llamados Gustavo Matías Chas y María B Gálvez.

En junio, como se dijo, Madel SA siguió exportando activamente ese producto, que en muchas ocasiones volvía a ser tercerizado vía Estados Unidos por la flamante sociedad M Chas Group a valores cercanos a los 900 dólares. La sospechas son que en esos casos lo que carga el camión -en vehículos pertenecientes casi siempre a la empresa de Transportes Don Alberto- no sería ácido oleico, como figura en los papeles, sino aceite de soja. Por eso finalmente los valores FOB se acercan a los vigentes para dicho producto.

En los registros aduaneros chilenos de junio han aparecido además dos empresas nuevas en el candelero que desde Estados Unidos venderían “oleína” originada en la Argentina. Una de ellas es Samsapple INC, creada en 2017 en Florida a nombre de dos directores llamados Gabriel Salazar Sánchez y Cristian Pinto. La segunda es Modo Domo LCC, también con sede en Florida y creada en 2019. Su única directora se llama Susana Georges.

Según una fuente, esta maniobra permitiría obtener suculencias ganancias a los organizadores de la maniobra. “Declaran una venta de oleína a 285 dólares, pero compran aceite de soja en Argentina a 550 dólares billete y lo venden en Chile a 880 dólares FOB (equivalentes a 970 CIF). Descontando los 90 dólares de flete, les quedan 330 dólares limpios por tonelada. A esa cifra hay que multiplicarlo por la carga de cada camión”, calculó el empresario pidiendo el anonimato.

Como sea, todo esto sucede frente a las narices de los servicios aduaneros de la Argentina y Chile, que evidentemente no se toman el trabajo de comparar sus respectivos registros de operaciones entre ambas naciones para detectar a tiempos este tipo de extrañas operatorias.

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“Fijar valores de referencia permite desarticular posibles maniobres de evasión de impuestos pero también atacamos distintas prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario”, señaló la directora de la DGA, Silvia Traverso en un comunicado que anticipaba la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5011/2021.

La resolución finalmente se publicó y estableció valores referenciales para las posiciones arancelarias correspondientes a cueros y pieles, destinadas a determinados países, que van de 0,36 a casi 0,70 dólares por kilo de cuero bovinos exportado, según el siguiente esquema:

Los países de destino que tendrán nuevos precios de referencia son Brasil, México, Uruguay, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Hong Kong y China, entre otros países.

La entrada La Aduana también puso precios de referencia para las exportaciones de cueros bovinos se publicó primero en Bichos de Campo.

No negamos que haya subfacturación y mucho menos evasión de impuestos en ese sector. Por el contrario, sabemos que existe y que es mucha. No en vano casi ninguna carnicería del país entrega la factura.

Ahora bien, nos llama mucho la atención el ataque de histeria que se ha apoderado de los organismos que deben controlar la cadena en la última semana, y que coincide justo con el cierre de las exportaciones de carne decidido el 17 de mayo por el presidente Alberto Fernández, aún en contra de la opinión negativa de todos los que entienden sobre esa actividad.

Hoy, domingo, ha sido la AFIP la que ha sacado en un comunicado de prensa una gacetilla cuyo título luce a todas luces potente:  Dice el organismo que tras relevar 150 frigoríficos que explican el 72% de la faena total de bovinos, se ha detectado “maniobras de subfacturación y/o no declaración de
operaciones” en el 90% de los casos. Sin duda luce temible el panorama.

El domingo pasado fue la Aduana la que denunció que 19 frigoríficos exportadores habían utilizado una posición arancelaria que no les correspondía para pagar menos retenciones y cometer el delito que está de moda: “subfacturar”. Con una investigación paralela sobre ese caso, Bichos de Campo publicó los nombres de esas empresas, que la Aduana ocultó exprofeso a pesar de haberles aplicado multas por 6 millones de dólares.

El lunes 31 de mayo, la ex ONCCA también realizó su propia denuncia mediática, sin aportar los nombres ni los expedientes de cada caso. Mejor dicho, solo mencionaba a tres sociedades menores, así como el secuestro de unas 200 toneladas de mercadería. El organismo que depende de Agricultura informó que habían sido suspendidas del RUCA (el registro de operadores) unas 12 exportadoras de carne.

Todos estos anuncios en tono épico y espectacular, que aportan sin embargo casi ninguna prueba concreta, apuntan a crear una pésima imagen de la industria de la carne justo en el marco del cierre de las exportaciones de este alimento y  justo cuando el propio Presidente Fernández había dinamitado, el jueves de la semana anterior, las negociaciones entre funcionarios de su propia gestión y el Consorcio ABC de frigoríficos exportadores, para ver si se podían rehabilitar antes los embarques.

La sucesión de denuncias sobre la actividad pone en evidencia que ahora existe cierta obsesión del gobierno por este rubro productivo, la cadena de ganados y carnes, pero justo en el marco de una disputa política con la Mesa de Enlace, que ya realizó un paro ganadero con alto acatamiento y promete nuevas medidas de protesta.

No estaría nada mal está obsesión oficial por controlar a los actores de la cadena si no fuese tan sugerente que se realiza en medio de esta escalada de tensión con el sector, si estas denuncias no estuvieran vacías por completo de evidencias concretas, y si no fuera que el gobierno actual, desde que asumió en diciembre de 2019, discontinuó casi por completo la política del gobierno anterior para ordenar tributariamente la cadena de ganados y carnes.

Y eso claramente sucedió así. Si Mauricio Macri se había reunido en su paso por la Rosada un total de 10 veces con la Mesa de las Carnes, para discutir los temas del sector, Alberto no lo hizo ni en una sola ocasión. Pero tampoco lo hicieron sus funcionarios de menor rango. La Mesa de las Carnes pasó a ser casi una figura decorativa.

En este contexto, hay miles de cosas que quedaron sin hacer desde el propio Estadio, o se interrumpieron. Por ejemplo, ya no se sabe ni siquiera si funcionan los controladores electrónicos en los frigoríficos que se instalaron en la gestión anterior. Y la AFIP, que ahora hace estas denuncias, dejó a medio armar el REC (Remito Electrónico de Carnes), con el que el Estado aspiraba a controlar -como ya había comenzado a hacer con frigoríficos y matarifes- al eslabón final de la cadena, el de las carnicerías.

En medio de un mar de dudas, comenzó a regir el remito electrónico de carnes

Hechas todas estas aclaraciones necesarias, recién ahora nos podemos dedicar a la denuncia presentada ahora por la AFIP. El texto de la gacetilla es le que sigue:

Como se puede leer, en los operativos realizados por el organismo “se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”. Esos operativos, confiesa el organismo, se iniciaron en abril. Es decir coinciden con la creación de las DJEC, las declaraciones juradas que implementó el gobierno y que ahora le sirven para trabar las exportaciones de carne.

Justamente la gestión anterior de la AFIP había comenzado as  implementar el REC: era un remito electrónico entre el matarife o el frigorífico y el carnicero que permitía verificar la correcta facturación en el tramo final de la cadena, que es lo que ahora se denuncia. Pero el REC quedó en la nada. Y nadie lo explicó.

Insistimos que no vamos a defender a nadie en el sector de la carne, donde no existen carmelitas descalzas. Pero muchos matarifes desde 2018 venían advirtiendo a viva voz que los carniceros se negaban a facturarles la media res que recibían para poder seguir operando al margen de las normativas. El argumento era que la inmensa mayoría de los locales está al mando de un monotributista que no podría haber seguido en dicha categoría -y por lo tanto debía ser responsable inscripto ante el IVA- si blanqueaba los montos facturados.

AFIP insiste con el REC y se inicia la temporada de cacería de carnicerías

Una probabilidad, entonces, es que la mayor parte de los mayoristas de la carne se hayan visto obligados a falsear sus datos y hasta recurrir a facturas apócrifas ante la imposibilidad de facturar sus ventas a los minoristas. Frente a situación tan evidente, la AFIP no había dicho nada hasta ahora.

Hasta ahora, donde se informa que “la DGI comenzó a fiscalizar a los 154 frigoríficos más grandes del país. Los establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total. Todos las firmas fiscalizadas registraron una facturación individual superior a los 250
millones de pesos anuales”.

Sobre los resultados de dicha pesquisa, que comenzó recién en el mes de abril, “todas las fiscalizaciones se encuentran en proceso pero como resultado de las tareas de control los inspectores de la DGI identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”.

“El monto de las infracciones y las multas, serán determinados al finalizar los procedimientos”, añade la información oficial. Pero se puede suponer que muchos de estos casos se judicializarán, pues también los empresarios tienen en este caso argumentos para defenderse.

“Es muy probable que en efecto se haya encontrado subfacturación en el 90% de las plantas, porque es sabido que el comercio de carne está prácticamente en manos de los matarifes que contratan los servicios de faena de los frigoríficos. Todos facturan el IVA de la carne con 10,5%, pero el servicio de faena (el trabajo que la planta le hace al matarife) quedó con una alícuota de 21%, que nunca se redujo ni se alineó con el resto de la cadena. Por eso casi todos subfacturan la carne, para evitar un crédito fiscal que sería imposible recuperar. Si la AFIP hubiera regularizado esto como se pide hace ratio, no existiría esta subfacturación”. indicó una fuente que conoce al dedillo el negocio.

Bienvenido entonces que la AFIP haya vuelto a preocuparse por esta situación anormal.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont también “descubrió” otra modalidad irregular en un sector donde buscale la vuelta ha sido siempre la constante. “LKa DG detectó un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades. Las firmas identificadas por la DGI comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”, se informó.

“Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”, se especuló en este caso, donde tampoco aparecen nombres concretos y que está en vías de investigación.

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Luego del chasco de denuncias presentadas a fines de marzo por la Dirección Nacional de Control Agropecuario (la ex ONCCA) del Ministerio de Agricultura, que anunció “la suspensión de 15 exportadores” y al final -como diría el Súper Agente 86- terminó encontrando dos empresas truchas y un boy scout, ahora es la Aduana la que accionó contra dos decenas de empresas frigoríficas por subfacturación y elusión de retenciones. El daño al fisco, por ahora, ha sido calculado en unos 6 millones de dólares, según fuentes oficiales.

Desde la AFIP se informó esta tarde de domingo que “la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a 19 frigoríficos que realizaron operaciones fraudulentas de exportación de carne”. ¿Qué maniobras? “Las irregularidades de los exportadores de carne bovina se enmarcan en lo que se conoce como declaración inexacta”, precisaron.

Con algunos indicios en su poder, Bichos de Campo venía investigando el asunto desde hace un par de semanas y puede precisar que la supuesta infracción tiene que ver con que hay varias empresas exportadoras que desde el año pasado sacaron del país unas 38 mil toneladas de carne con hueso hacia China y otros países aparentemente bajo una posición arancelaria que no tenía nada que ver con ese producto.

Es que esas cargas comestibles se declaraban bajo el nomenclador 0506.90.00.000W (correspondiente a “los demás huesos o núcleos córneos, en bruto, desgrasados”), cuando deberían haberse declarado bajo las posiciones 0202.20.90.920X y 0202.20.90.990V (“los demás cortes bovinos sin deshuesar”). La primera posición abarca huesos sin carne para usos no comestibles e incluye, por ejemplo, a las astas de un ciervo. Las posiciones del capítulo 0202 sí corresponden al producto demandado por China, que son algunos huesos del bovino que quedan semi-pelados luego de la despostada, pero que todavía tienen restos de carne. Dicen los que saben que con esos huesos los chinos preparan altas sopas.

Por resolución de Basterra, y utilizando los nuevos ROE, el gobierno formalizó el cierre de las exportaciones de carne por 30 días

La primera gran irregularidad detectada por la Aduana es que la posición declarada tributa una retención de solo 5%, mientras que la segunda y la que en apariencia correspondía paga el 9% de derechos de exportación. Ahí, desde el vamos, hay 4 puntos de diferencia sobre el valor FOB declarado.

“Como resultado de una investigación de más de tres meses, la DGA que encabeza Silvia Traverso presentó una denuncia por maniobras de evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario. La pesquisa aduanera permitió detectar que los 19 frigoríficos denunciados declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar”, indicaron las fuentes oficiales.

La investigación comenzó en marzo de 2021 durante una verificación física de contenedores con carne para exportar. Los productos estaban declarados como mercadería no apta para el consumo, pero luego “los agentes aduaneros advirtieron que los productos tenían características que daban cuenta de que podría tratarse de carne para consumo humano”.

Primero se investigaron las cargas de cinco empresas. Y luego “se avanzó con corroborar todos los permisos de embarques de exportaciones que habían salido del país como si se trataran de mercadería no apta para el consumo desde marzo de 2020”. El resultado -según datos obtenidos por este medio- es que habría unas 38 mil toneladas que se encontraban en esa situación irregular y que habrían sido exportadas por las 19 empresas, cuya identidad la Aduana omitió informar.

No deja de llamar la atención que esta investigación, que por cierto había arrancado en marzo, se diera a conocer luego de que el jueves por la noche el presidente Alberto Fernández confirmara el cierre de las exportaciones de carne y diera por muerta la negociación con los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. Este grupo de empresas estaba conciliando con Matías Kulfas y Paula Español colocar unas 12 mil toneladas de cortes más baratos en el mercado, a cambio de la reapertura exportadora que les permitiera reanudar sus negocios, especialmente con China.

Pero algo sucedió en el medio y todo se frustró. Ahora se hace público este caso. Son coincidencias que deben remarcarse.

Mal olor: Comenzaron a regir los nuevos ROE y se conocen los 15 “peligrosos” exportadores que el gobierno utilizó como excusa para estos renovados controles

Este episodio se hace público a medias, porque las fuentes oficiales no identificaron a los frigoríficos presuntamente infractores. Y vaya si hay que tener mucho cuidado, porque en la lista están los más grandes frigoríficos exportadores del país, como Arre Beef, Swift, Marfrig, Quickfood, Carnes Sudamericanas, Catter Meat, Cia Bernal, Conallison, Coto, Logros y On Beat SRL (sería una firma del grupo Morrone). Según fuentes del propio sector, algunas de estas empresas ya habrían sido intimadas por la Aduana y habrían abonado la diferencia que se les reclamaba en forma de multa.

Pero en los listados de infracciones hay cuatro o cinco empresas que se destacan del resto por la cantidad de operaciones dudosas: son Azul Natural Beef, Carnes Pampeanas SA, Frigorífico Recreo, Frigorífico Gral Pico, y Procesadora Ganadera Entrerriana.

“Las multas acumuladas por las presuntas maniobras de evasión y subfacturación de las exportaciones alcanzan los 5,8 millones de dólares”, afirmaron las fuentes de AFIP. Queda claro que la evasión corresponde a la menor tasa pagada de retenciones. La subfacturación, en tanto, es materia de análisis, pues esas casi 38 mil toneladas de huesos con carne se declararon a un valor promedio cercano a 1.100 dólares por tonelada.

La mayor parte de las infracciones correspondió a negocios realizados en los primeros meses de 2021, con unas 25 mil toneladas. Luego de que la Aduana comenzara a investigar, hubo un llamativo crecimiento de las exportaciones de hueso con carne declaradas en las posiciones correspondientes, según surge de la estadística pública.

Una posible explicación (pero no una justificación) es que para frenar maniobras de subfacturación por parte de esa industria, la Aduana había fijado valores de referencia para las exportaciones en enero pasado, que según fuentes del sector privado, al cabo de algunas semanas no se correspondían con lo que realmente sucedía en el mercado internacional. El gobierno actualizó esos valores recién varios meses después. Y volvió a hacerlo la semana pasada.

“Hasta la segunda modificación de los precios de referencia anterior a esta ultima, los huesos no estaban. Y fue justamente el Consorcio ABC quien le pidió a la AFIP que los incluyera porque había varias empresas con dudas  que estaban haciendo el negocio con los huesos. Resulta raro que el ABC le pidiera al Gobierno que controle los huesos si estaban sacando mucho volumen por una posición incorrecta”, explicó una fuente que conoce bien el negocio de exportación de carnes, y que se sorprendió con el tenor de la denuncia aduanera.

“Los valores referenciales son una herramienta que permiten detectar operaciones de subfacturación en las exportaciones. De esta forma, la decisión del organismo que encabeza Silvia Traverso ofrece una herramienta para desarticular maniobras de evasión de impuestos y prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario. Asimismo, los valores de referencia permiten abordar la competencia desleal de aquellos operadores que no cumplen las normas”, destacaron las fuentes oficiales.

“Voy a ir hasta el hueso”, dijo Alberto. Y no solo prohibió las exportaciones de carne sino también las de huesos

Con estas denuncias, aunque todavía debe haber espacio para que las empresas se defiendan y en todo caso actúe la justicia, ahora sí el gobierno tiene más fundamentos para hablar de una “subfacturación” de parte de los exportadores de carne.

Como dijimos a la entrada de esta nota, hasta ahora parecía un chiste la ofensiva oficial, pues se basaba solamente en el caso de “15 exportadores suspendidos” anunciado por la ex ONCCA conducida por Luciano Zarich, que terminó casi en la nada, pues la inmensa mayoría de esos operadores denunciados o no tenía intereses en el negocio de la carne o bien fueron rápidamente rehabilitados. En total, esas supuestas maniobras involucraban apenas un poco más de 2.000 toneladas.

Que ahora estén las grandes empresas del negocio exportador involucradas en esta denuncia de la Aduana genera, sin duda, un episodio de mayor envergadura. Aunque tampoco sirve de excusa para aplicar una suspensión total de las exportaciones de carne como la que esta vigente hace dos semanas, y que castiga tanto a empresarios justos como pecadores. Y sobre todo, que perjudica mucho más a los productores, que no tienen nada que ver con estos manejos.

En todo caso ha sucedido algo muy saludable: la Aduana, que tiene que controlar, investigar y a lo sumo sancionar, esta vez lo hizo. Por el bien de todos. Sería bueno que no se utilice este caso para demonizar a la cadena de ganados y carnes…

La entrada Luego del chasco de la ex ONCCA, ahora es la Aduana la que denunció a casi 20 frigoríficos exportadores por maniobras para tributar menos se publicó primero en Bichos de Campo.

Todo empieza el 29 de marzo con un comunicado del Ministerio de Agricultura que todos los medios repiten sin expresar dudas (sí, el problema también es del periodismo). Se anuncia la suspensión de "15 exportadores de carne por evadir controles estatales". No se los identifica. pic.twitter.com/GfbkJqUtli

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Cuando finalmente a Zarich no le quedó más remedio, respondió con una lista de 15 firmas sin aclarar la infracción cometida por cada una. Pudimos confirmar que 8 no tenían vínculo con el negocio ganadero. Nos quedaban entonces 7 peligrosos sospechosos. https://t.co/KaLExtVkKH

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

No hubo un comunicado aclarando ni pidiendo disculpas. Hasta que ayer "fuentes oficiales" que no se identifican informan a mi colega Alejandro Rebossio, para @elDiarioAR, "Quiénes son los empresarios acusados de irregularidades en la exportación de carne".https://t.co/hoOKvUCUoK

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Vamos a la nota. Uno de los supuestos casos es el de la mencionada Huachana. Se dice que exportó 2.500 toneladas de carne y que no liquidó US 50 millones. No me cierran los números como para que la acusen de subfacturar, pues en ese caso exportó cada tonelada a ¡20 mil dólares! pic.twitter.com/LNlViHveks

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La anterior firma no figuraba entre las 15 que identificó Zarich en el pedido de información. Pero sí la tercera: Grain FED SAS, a la que se la acusa de tener domicilios falsos. En ese caso se dice que exportó 600 toneladas. pic.twitter.com/hyLZz9NQHl

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La siguiente empresas sospechada de subfacturar sus ventas de carne tampoco estaba en la lista que me envió Zarich: se trata de Alpha Estudio Aduanero SRL, que vendió al exterior este año 540 toneladas. Su pecado, parece, es vivir "a una cuadra de la villa 1-11-14". pic.twitter.com/jABcIDHhqz

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Pese a la gravedad de los ilícitos denunciados, este mediodía esa empresa seguía habilitada en el RUCA que maneja Zarich. No solo como matarife, sino como "exportadora de carnes". pic.twitter.com/sUiPxOd0g0

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Lo más triste es que Alberto, Cafiero y Kulfas menean todo el tiempo el asunto de la subfacturación para justificar el cierre de las exportaciones de carne.
El Estado convertido en denunciador serial, pero que no aporta ninguna prueba concreta cuándo se les pida la información.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Por favor, apenas pido un poquito de vergüenza ajena. Sujeten a ese tal Zarich antes de que empiece a hacer cagadas más grandes. Ya las hizo en 2014, cuando había una espantosa corrupción montada alrededor de los ROE Verde, y él ni se daba cuenta…https://t.co/F3N5vtZzHS

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

También El Cronista recibió la información de la fuente oficial no identificada.
Mientras tanto, los periodistas agropecuarios seguimos esperando del ministro Basterra una conferencia de prensa para poder preguntar. https://t.co/qjtFNLTYGg

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La entrada Una crónica en tuits: Con la excusa de una subfacturación en 5.760 toneladas de carne, el Gobierno interrumpe un negocio de 900.000 toneladas se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero ese caso parece un poroto comparado con lo que empieza a suceder ahora, cuando la enorme brecha entre las diversas cotizaciones del dólar en el mercado local resulta ser una tentación grande para muchas empresas que tratan de escapar del cerrojo cambiario o dejar sus dólares fuera del país. Por eso realizan una venta a Chile desde una empresa de Uruguay, pero los productos nunca pisan suelo uruguayo sino que directamente se transportan desde la Argentina, usualmente por tierra y a través del paso fronterizo que nosotros conocemos como Cristo Redentor, en Mendoza, y que para los chilenos corresponde a la Aduana Los Andes.

Gobierno de ciegos. El presidente Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, vienen justificando el cierre de las exportaciones de carne vacuna que tanto daño provoca a la cadena ganadera invocando supuestas maniobras de “triangulación y subfacturación” que perjudican al Estado Argentino, pero nunca identifican en público a las empresas que cometen esas irregularidades y mucho menos se conocen sanciones concretas. Generan una sospecha, pero no hacen nada visible a la hora de evitar el supuesto ilícito.

Pero basta con observar los listados de importaciones que lleva con bastante actualización la Aduana de Chile para reparar que en los últimos meses se ha intensificado mucho la triangulación de exportaciones de productos locales a través de ventas realizadas desde Uruguay.

Según datos correspondientes solo a marzo pasado, en los cuales nos basamos para este informe, se enviaron ese mes a Chile unas 27.800 toneladas de productos argentinos de todo tipo y color, pero facturados en le vecina orilla. Para ver si hay a su vez una subfacturación, hay que analizar caso por caso, producto a producto. Ese debería ser el trabajo de la Aduana.

Repetimos: hay decenas de productos argentinos cruzando la cordillera en ventas realizadas por empresas de Uruguay. La triangulación es visible en las estadísticas de importación que lleva el gobierno trasandino. Pero los funcionarios argentinos no la ven, o se hacen los distraídos. Como con el aceite de palmiste.

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No solo es carne vacuna la que se está triangulando vía Uruguay para Chile, que es el tercer mercado en importancia para nuestros cortes bovinos. Peor de los listados de importaciones obtenidos por Bichos de Campo surge que hay al menos dos frigoríficos locales (Santa Giulia SA y Frigorífico Río Segundo) que han estado enviando varios cargamentos hacia el vecino país bajo esta modalidad.

Internandina o Diser son las importadoras de esos cortes enfriados especiales para el mercado chileno, que tienen algunos nombres desconocidos para nosotros: hay filete, lomo, asiento, posta, sobrecostilla, ganso y asado carnicero. Los precios FOB declarados en esas cargas van de 4,50 a 6,40 dólares por kilo.

Pero no es solo carne de vaca lo que se está triangulando de ese modo. Las Camelias SA, Soychú, la uruguaya Sidroy Corp y Fadel SA, están enviando a Chile por vía terrestre pollos enteros congelados, a un valor que oscila entre 1,30 y 1,40 dólares por kilo, a valores FOB.

Entre los lácteos, hay quesos tipo Tilsit y Dambo (en este caso figura la marca Las Tres Niñas) que tienen origen en la Argentina pero la venta figura desde Uruguay. Las operaciones detectadas en este rubro, sin embrago, no son tantas.

También ha habido envíos triangulados por vía marítima. La Aduana chilena registró el 26 de marzo dos cargas por unas 8.500 toneladas de trigo argentino importadas por al Cia Molinera San Cristóbal SA a un valor FOB de 210 dólares por tonelada. Algunas  otras cargas menores del cereal ingresaron por camión con el mismo esquema (el país vendedor era Uruguay), con destino a una empresa importadora llamada Del campo al mar.

Pilagá y Adecoagro Uruguay figuran en marzo pasado exportando arroz del tipo largo fino producido en la Argentina hacia Chile, pero vía Uruguay. En este caso las cargas, enviadas por tierra, se pactaron a un valor FOB de unos 500 dólares por tonelada en promedio. También hay algunas cargas de arroz partido para la utilización en la elaboración de cerveza.

“En todos los casos la mercadería nunca va a Uruguay. El comprador es uruguayo y hacia él va la factura de la Argentina. Luego él mismo emite una factura uruguaya al cliente chileno”, explicó un empresario que conoce cómo está funcionando esta triangulación. Ante la pregunta de cómo se podría terminar con esta maniobra, la fuente respondió: “Pidiendo para estos casos pago anticipado de la mercadería, con la correspondiente liquidación de las divisas”. En general, este tipo de operaciones deben liquidar sus divisas a los 15 o 180 días.

Mirá los listados de la Aduana de Chile para marzo: Triangulación con Uruguay

En los listados de la Aduana de Chile también figuran como exportaciones desde Uruguay muchos camiones cargados de maíz partido para la alimentación animal, alguno de sémola de trigo, poroto de soja desactivado, aceites de girasol y de soja, además de aceite mezcla, azúcar refinada (allí surge la denominación del ingenio tucumano Leales), cajas de papas prefritas, pellets de afrechillo de trigo, entre otros productos alimenticios.

Hay otro envío por barco que ingresó a fines de marzo por el puerto chileno de San Antonio. El importador de la mercadería era ADM Chile y se trataba nada menos que del principal producto exportable de la Argentina: 3.000 toneladas de harina de soja argentina ingresaron a Chile por un valor FOB de 460 dólares.

También hubo ese mes una gran cantidad de productos industriales argentinos que llegaron a Chile facturados desde Uruguay; Ácido Oleico y otros ácidos industriales, Eter monometil polipropilenglicol, cadenas, cuchillas, cintas rodamientos, y hasta “Cateter introductores Creaplan FR 2.2 Doble, siestema para introducir balón en cirugía humana”.

Esa última carga llegó el 29 de marzo por vía aérea y había partido del aeropuerto de Córdoba. Eran solo 3 bultos que pesaban 17 kilos, pero que valían más de 2.400 dólares.

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El sistema -que a fin de mes se extenderá a las otras carnes- se denomina Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), pero en el sector privado todos recuerdan a los “ROE Rojos”, el mecanismo que utilizaron los gobiernos kirchneristas entre 2006 y 2015 para administrar las exportaciones y que provocaron en su primer tramo -hasta 2010- la liquidación ganadera más brutal que se recuerde en la historia argentina. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray trababan las exportaciones y eso deprimía los precios ganaderos de modo artificial. Sin negocio visible, los ganaderos se desprendían de sus vacas. Y el stock vacuno se redujo así en 10 millones de animales, el 20% del total.

Eso es historia vieja. Lo nuevo es que hoy comienzan a regir las DJEC, que a muchos les recuerdan a los ROE que tanto daño le provocaron a la cadena de ganados y carnes. Ante cada pedido de embarque, la Aduana remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) y el nuevo director de este organismo, Luciano Zarich, a su vez pedirá permiso a Paula Español, la titular de Comercio Interior. Si todo está bien y nadie tiene objeciones, en tres días hábiles debería salir aprobado el permiso de embarque.

El modelo emula con exactitud a los viejos ROE: Moreno y Echegaray (quien estuvo a  cargo de la ex ONCCA hasta 2009, pero luego se la llevó a la AFIP) tenían una doble botonera con la que autorizaban o desechaban los envíos de carne al extranjero. Un agravante era que nunca se sabían quiénes eran las empresas beneficiarias, sumando enormes sospechas de discrecionalidad y hasta corrupción. En el nuevo esquema, el Ministerio de Agricultura no ha dicho todavía cómo comunicará al respecto sobre aprobaciones y rechazos de las novedosas DJEC.

La transparencia no ha sido precisamente una virtud desde la puesta en marcha de este proceso para  profundizar los controles. Todo comenzó a pergeñarse desde fines de marzo, cuando el Ministerio de Agricultura anunció que “se han detectado operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)” y que, por lo tanto, habían sido suspendidas “las actividades de 15 empresas exportadoras”. Difícil suspender de un registro a quien no estaba inscripto en él. Pero bueno…

Tras montar la sospecha sobre esas supuestas 15 empresas, el organismo jamás informó la identidad de los infractores. Los actores privados consultados también decían desconocer esa lista. Por eso Bichos de Campo hizo uso del derecho ciudadano para el acceso a la información pública y pidió conocer el listado de las 15 firmas sancionadas, qué infracción se les imputada y el estado de situación de cada caso.

Vale recordar que Zarich, quien participó de la fallida experiencia de expropiación de Vicentin, argumentó en varias ocasiones que las maniobras de “triangulación” y “subfacturación” atribuidas a esas empresas eran la razón no solo de la creación de las DJEC, sino también de la resolución 60 del Ministerio de Agricultura, que estableció nuevos requisitos para los exportadores sin planta de carnes, lácteos y granos. En un comunicado difundio esta semana, el nuevo titular de la ex ONCCA insistió: “El nuevo sistema para la presentación de las declaraciones juradas permitirá transparentar el mercado exportador evitando irregularidades que atentan contra el ingreso de divisas y el normal desarrollo de la actividad”.

Finalmente, a última hora de ayer viernes Agricultura contestó parcialmente al pedido de acceso de la información: identificó las supuestas empresas infractoras, pero no dijo nada sobre la infracción que se les imputaba ni el estado de esos expedientes. Solo tenemos el listado, que es el siguiente:

Un primer chequeo de esa información permite saber que, de los 15 operadores que supuestamente “fueron suspendidos del RUCA”, había ocho que nunca figuraron en ese registro. Se trata de firmas o de personas que no parecen tener en todos los casos vínculo estrecho con el negocio de la carne y que, por lo tanto, mal podrían haber sido grandes exportadores del producto como para inquietar a las autoridades. Se trata de Arturo Roca (productor), Fabiana Iris Goijman (monotributista), Protan SRL (una alimenticia), ATG Foods (una procesadora de carnes), Pamp Alimentos (comercial), FG Importadora (exportadora de granos), JAL SRL (un acopio de Salta) y Paraná de San Pedro Representacion SRL (transportista y agrícola).

Pero en el listado también hay una serie de matarifes abastecedores de carne con antecedentes concretos en el negocio y que, lejos de ser suspendidos por las presuntas irregularidades atribuidas por Zarich, hoy siguen operando y tienen sus matrículas habilitadas para faenar bovinos como usuarios en plantas de terceros, que aquí pondremos entre paréntesis. Se trata de los casos de La Mestiza (Frigorífico HV y Visom); las 3 M (Faenadores Unidos SRL); Dotzel Beef (Deltacar y Frigorífico Gral Las Heras); Mocho Pampa (Friar y Mattievich); Grain Fed (Deltacar y Las Heras); y mpex Express SRL (Deltacar, Visom y Frigolar).

Todos ellos, repetimos, están habilitados para seguir operando, lo que permite suponer que o no fueron suspendidos o no cometieron las infracciones que se les imputaban. “Sin perjuicio de la continuación de las investigaciones en curso, algunas de las empresas del listado se encuentran levantada la respectiva suspensión preventiva”, admite el propio Zarich en la respuesta a Bichos de Campo.

Hay un caso especial, que es el de la empresa santiagueña Huachana SRL, que no figuraba en el registro pero, según información extraoficial, sería la responsable de las 40 toneladas de carne que, siempre de acuerdo con  la información de la ex ONCCA, habían sido decomisadas por las irregularidades denunciadas y que no habrían sido reclamadas por sus dueños. Esa carne estaría todavía en el frigorífico Friar, de Reconquista, donde se habrían faenado los animales. Era el frigorífico que pertenecía al grupo Vicentin.

Queda más que claro, a la luz de esta respuesta oficial, que todo el andamiaje argumental en que se basó el gobierno para reimplantar estos nuevos “ROE Rojo” ha sido producto de una sobreactuación o una simulación para crear el clima de que existe una gran corriente de evasión o elusión de los controles, que no habría sido tal.

Es lo mismo que sucede con el presunto contrabando de soja hacia países vecinos: la irregularidad se informa desde los organismos pertinentes y se sobreactúa en los medios oficialistas, cuando en realidad las cargas secuestradas representan menos de 0,05% de la cosecha. Mientras tanto, el kirchnerismo más duro instala públicamente la necesidad de estatizar la Hidrovía, pues todo allí, aseguran, sería un gran descontrol…

Luciano Zarich prometió a los frigoríficos que los nuevos permisos no serán como los ROE, aunque debería tranquilizar a los productores

Si hubo subfacturación de las exportaciones de carne, tal como denunció Zarich, el organismo encargado de combatir ese delito debería ser la Aduana, que depende de la AFIP. El 16 de abril, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, ese organismo intimó a varios frigoríficos exportadores conocidos y a algunos matarifes para que corrigieran sus valores de exportación en ciertas cargas destinadas a China, pues no coincidían con los precios de referencia que había impuesto la propia Aduana para evitar la subfacturación. La semana pasada, el organismo actualizó esos valores, demostrando que está atento a lo que sucede en el mercado.

Aquella notificación fue remitida a los frigoríficos Azul Natural Beef, Black Bamboo, Ecocarnes, Compañía Bernal, COTO, Friar, Frigolar, Frigorífico Forres-Beltrán, Frigorífico Alberdi, Frigorífico General Pico, Marfrig Argentina, Login Food (Frigorifico Maneca), Procesadora Ganadera Entrerriana (PGE), Rafaela Alimentos, Santa Giulia y SA Importadora y Exportadora (La Anónima). En la medida también estaban comprendidos los matarifes Argus Meats, Mocho Pampa Premium y NCG Trade, además de dos firmas que no contaban con antecedentes en el rubro: Mmagno SRL y Agrop Negocios SAS.

Solo una de todas esas empresas controladas por la Aduana, Mocho Pampa Premiun, figura en el listado de empresas sancionadas -y luego autorizadas- por Zarich. y a la que accedió Bichos de Campo,

Mientras tanto, los ROE o DJEC están desde hoy de nuevo entre nosotros. No se sabe aún cómo se informará el listado de quiénes los reciban y quiénes no. Ni qué requisitos deberán atravesar los empresarios para obtener el triple permiso del Estado Nacional para poder concretar una venta al exterior.

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La normativa publicada fijó para las exportaciones de estas dos frutas valores de entre 0,55 y 0,88 dólares, según cada variedad.

Para el caso de la venta al exterior de peras y de manzanas estos valores rigen para cuando se destinen a Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Con 340.000 toneladas de peras, Argentina se posiciona en el quinto puesto como exportador mundial y con unas 100.000 toneladas de manzanas, en el número 15. Los principales destinos para las exportaciones de peras argentinas son Brasil, Rusia, Estados Unidos e Italia. En el caso de manzanas, los principales destinos son Brasil, Paraguay, Rusia, Alemania y Estados Unidos.

Con estos valores la Aduana establece precios testigo como instrumentos para detectar la subfacturación en las exportaciones. Así, busca identificar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares. Estos precios de referencia constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal.

Como en casos anteriores, la Aduana recordó que este instrumento “había sido desarticulado durante el gobierno anterior y comenzó a restablecerse en diciembre de 2019 como parte de la estrategia de fiscalización y control del comercio exterior de la nueva gestión”.

En los últimos meses se establecieron valores referenciales para la exportación de ajo, carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, carne vacuna, arándanos, leche en polvo, cebolla, papa, pasas de uva y corvina.

Para evitar la subfacturación no hacía falta ningún registro: La Aduana sigue imponiendo precios de referencia, esta vez al ajo

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La Aduana, que es el organismo que entiende en materia de controles del comercio exterior, no solo ya tiene su registro de empresas exportadoras e importadoras sino que además en los últimos tiempos viene estableciendo precios de referencia para ciertos productos exportables. Los acaba de hacer de nuevo, para los ajos.

Estos valores de referencia tienen justamente el objetivo de desalentar maniobras de subfacturación. Esto es declarar un valor menor por un productor exportado para tributar menos y liquidar a la vez menos divisas, dejando parte de los dólares fuera del país.

En las últimas horas, la Aduana publicó la Resolución General 4969 y determinó el valor de referencia de carácter preventivo para distintos tipos de ajo con destino a 14 países. La Argentina es uno de los grandes jugadores en el comercio de esa especie. Su producción se concentra en Mendoza.

La norma establece para la exportación de distintos tipos de ajo valores que van desde los 0,50 dólares por kilo hasta los 1,84 dólares por kilo, según cada una de las clasificaciones. Estos precios de referencia rigen para embarques hacia China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Japón, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

“Con los valores referenciales, la Aduana encabezada por Silvia Traverso cuenta con una herramienta para detectar desvíos respecto de los valores de exportación usuales para mercaderías idénticas o similares. Estos precios de referencia constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal”, explicó el organismo, dejando en offside, al menos en uno de sus argumentos, a los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas.

Ambos funcionarios firmaron el martes una resolución conjunta en la que se crean las Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), para las especias vacuna, aviar, porcina, caprina y ovina. Esto implica que, además de ser autorizados por la Aduana (que verifica la situación de cada empresa) y el Senasa (que certifica la sanidad de cada embarque), los exportadores de carne deberán atravesar un nuevo filtro oficial. Al presentar su Declaración Jurada deberán declarar el precio de venta de la mercadería.

Pero en su gacetilla, la Aduana insiste en que eso no sería necesario. “El organismo dependiente de la AFIP establece precios testigo como instrumentos para detectar la subfacturación en las exportaciones. Se busca identificar posibles maniobras abusivas en el comercio exterior que impactan en el plano fiscal y también en el mercado cambiario”, se explicó.

¿Qué es el “rulo cambiario”? La maniobra que quiere desarticular la Aduana con los precios de referencia a la carne

Y lo peor de todo es que ya hace algunos meses la propia Aduana estableció valores de referencia a las exportaciones de carne vacuna destinadas a China (el principal mercado nacional, con 75% de los envíos) y otros países.

Los valores referenciales también se fijaron para la carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, los arándanos, la leche en polvo, la cebolla, la papa, las pasas de uva y la corvina. También se buscó evitar la sobrefacturación en operaciones de importación (a la inversa) para auriculares y radiadores para calefacción central,  los clavijeros para instrumentos musicales, los textiles de poliéster y dientes artificiales.

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