La iniciativa tiene el pomposo nombre de “Fondo Anticíclico Agropecuario” y no se puede evitar que recuerde al sistema de compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.

En un borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al poderoso aceitero cordobés Roberto Urquía), la cartera a cargo de Julián Domínguez propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. Raro que no incluya la polenta, ni otras carnes como las de bovinos engordados en un feedlot o los porcinos.

Este es el anteproyecto:

Este subsidio directo a los fabricantes de dichos alimentos se sumaría al subsidio implícito del que ya disfrutan quienes son compradores mayoristas de trigo o maíz en la Argentina. Es que para empezar, molinos harineros o empresas avícolas pueden comprar esos insumos a valores 12% menores que en el mercado internacional debido al efecto de las retenciones, que son un primer mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos.

Pero luego, desde el regreso del kirchnerismo al poder también se han establecido diferentes intervenciones en los mercados de trigo y maíz, que consisten en cerrar antojadizamente las exportaciones para que haya mayor oferta disponible en el mercado doméstico. Esta situación usualmente provoca un desacople todavía mayor de los precios que cobran los productores de ambos cereales y que pagan las industrias que los utilizan dentro del país.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

En algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, por la combinación de retenciones y estos descuentos internacionales, los chacareros argentinos llegaron a cobrar (sin considerar la becha cambiaria) menos de la mitad de lo que se pagaba en el mundo por el trigo o el maíz. En aquellos años, por este motivo, se redujo la producción de ambos granos, en especial de trigo, llegando al punto de casi tener que importarlo.

Estos descuentos que “abaratan” sus insumos no parecen ser suficiente para avícolas y molinos. Por eso Domínguez y su equipo preparan este nuevo mamarracho, tratando de emular un fideicomiso que utiliza la industria aceitera para subsidiar el precio interno del aceite comestible. Pero ambas situaciones no se compadecen, porque los fondos del fideicomiso aceitero se reparten entre un puñado de empresas, mientras que la cámara que integra a los frirgoríficos avícolas (CEPA) tiene 35 socios, la de elaboradores de pastas secas también cuenta con 35 integrantes y la Federación de Industrias Molineras (FAIM) suma 65 empresas, a los que habría que agregar algunas decenas más de la asociación que nuclea a los molinos de menor escala (Apymimra).

El documento de Agricultura, sin embargo, planea destinar la friolera de 14.645 millones de pesos (según un cálculo hecho en base a los precios del trigo y maíz de noviembre pasado) para subsidiar a los molinos harineros, los fabricantes de fideos y las empresas avícolas. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Es que se calcula que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.

Ahora bien: ¿Quién pondrá esa plata? Está claro que no será el Estado.

El proyecto oficial calcula que se podrían recaudar los recursos necesarios de los propios exportadores de trigo y maíz, ya que sus ventas en lo que va del año (entre enero y octubre) superaron los 10 mil millones de dólares. Queda claro que el grueso corresponde a un puñado de empresas multinacionales (Cargill, Dreyfus, Viterra,  Cofco, Bunge, ADM) y algunas nacionales (Molinos Agro, AGD, ACA). Y queda claro también que, cualquiera sea el tamaño del aporte que deban hacer al fideicomiso, se descontarán los montos de los precios pagados al productor, como sucede con las retenciones.

Por eso se corre el serio riesgo de que este fideicomiso ideado por Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, termine siendo una retención encubierta, como ya sucedió en los tiempos en que el propio Domínguez (que ya fue ministro entre 2009 y 2011) manejaba el comercio exterior agropecuario junto con Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno. Y es precisamente lo que sucede con el fideicomiso aceitero vigente, que representa un derecho de exportación indirecta para la soja.

El gobierno aumentó (de manera indirecta) las retenciones a la soja: Para saber en qué proporción tenés que leer esta nota

Para crear este engendro, la estrategia oficial se plantea crearlo por Resolución conjunta de Agricultura y el ministro de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas (del cual depende Feletti, al menos en los papeles), para que a partir de allí “todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”.

“Las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.

Seguramente se traten de los mismos mecanismos de control que rigieron cuando la ex ONCCA distribuía millonarios subsidios en el mismo sentido de los que se propusieron ahora. La historia de ese organismo terminó en febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner hizo firmar a todos sus ministros un decreto de disolución del organismo, cuando era ya imposible esconder los numerosos casos de corrupción cometidos en el reparto de esos fondos.

La entrada Frankestein sigue vivo: El gobierno prepara un engendro para tratar de compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios del trigo y maíz se publicó primero en Bichos de Campo.

De otro modo no se explica la resolución Resolución 254/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, la norma parece ser muy anodina y no decir nada: pero multiplica por más de tres veces los fondos con que ese organismo puede salir a subsidiar a pequeños productores y organizaciones campesinas.

Allí también, queda claro, la maquinaria de poder kirchnerista saldrá a tentar a la gente para que los vote en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El objetivo son los sectores más empobrecidos del medio rural, y que mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) padecen. La pobreza rural es un fenómeno que no se mide (el INDEC solamente toma registro en los principales conglomerados urbanos).

La Resolución 254/2021, firmada por Gómez, dice en su Artículo 1º: “Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2020-1-SAFCEI#MAGYP de fecha 29 de julio de 2020”. En aquella norma, que tiene apenas poco más de un año de vida, se había aprobado el “Manual Operativo del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.

Bichos de Campo se tomó un rato para ver qué es lo que se había modificado en ese Manual Operativo. Y es que en los considerandos de la nueva resolución no se explica ni qué se modifica ni por qué debe modificarse. Solo se dice que “en esta etapa y en función de la experiencia obtenida en el desarrollo del citado Programa se entiende conveniente modificar el precitado Manual Operativo, contemplando los parámetros básicos y objetivos a los que deberá ajustar su cometido”.

La Secretaría de Agricultura Familiar sigue siendo un reducto de la política: Entre sus 27 funcionarios hay solo 10 profesionales y casi todos provienen de la militancia

Revisando ambos manuales, la conclusión es que no cambia nada hasta el punto 6 del Manual, que se refiere a la “Implementación” del programa de asistencia crítica y directa a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que apunta a “asistir en forma directa y oportuna a productores y productoras de la AFCI que se encuentren en situación de riesgo productivo ante situaciones ocasionadas por eventos excepcionales, inesperados, imprevisibles y/o irresistibles”, así como “mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores” y “promover, apoyar y fortalecer la inclusión social y cultural” de ese sector del agro argentino.

¿Y qué cambia en el punto 6? Los montos con los que la Secretaría liderada históricamente por el Movimiento Evita (entre 2011 y 2015 directamente por Emilio Pérsico, y desde 2019 a la fecha por el propio Gómez) podrá salir a subsidiar a esta población objetivo.

Dice el Manual anterior: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos. Los aportes serán definidos por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los Pesos Cien Mil ($100.000)”.

Dice el Manual actualizado: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de Aportes no Reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
Los aportes serán definidos y otorgados mediante acto administrativo por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los DIEZ (10) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles)”.

A partir del 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil sufrió un incremento -también en clave electoral- del 46% y quedó ubicado en 32 mil pesos. Quiere decir que la Secretaría de Agricultura Familiar podrá distribuir hasta un máximo de 320 mil pesos por beneficiario de sus subsidios, es decir tres veces y un puchito más del dinero que estaba autorizada a distribuir hasta ahora.

Ese área de la cartera conducida por Julián Domínguez también puede asignar aportes no reintegrables a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígenas. En este caso de personas jurídicas, los subsidios que hasta ahora podían ser de hasta 2.500.000 pesos, ahora tendrán un límite máximo de 180 Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto es 5,76 millones de pesos, más del doble.

Otra cosa que cambió es que en el nuevo Manuel se eliminó el Punto 14, referido al Presupuesto. Antes se ponía un límite de 30 millones de pesos para la implementación y ejecución del programa. Ahora ese tope se eliminó. No hay precisiones respecto de la cifra global.

A favor de la nueva normativa debe decirse que incorpora todo un capítulo vinculado a la “debida diligencia”, que apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso.

En ambos manuales se repite un punto referido a la “Transparencia”. Allí de determina que “la SAFCI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura, para disponer de un espacio dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía pueda acceder a información actualizada del presente Programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley 25.326 (Protección de datos personales) y la Ley 27.275 (Acceso a la información pública)”.

Por ahora no hay noticias de ese apartado.

La entrada Los agricultores familiares, campesinos e indígenas también votan: Multiplican por tres los montos de los subsidios para el sector se publicó primero en Bichos de Campo.

Por ahora se sabe que esta compatibilidad abarcará los principales planes sociales lanzados en los últimos años por el Gobierno (como la AUH o Argentina Trabaja), que esta compatibilidad se aplicará a partir del 1° de septiembre próximo y que tendrá una vigencia de dos años. Es decir, hasta fines de agosto de 2023.

Firmado por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el decreto establece que “es prioritario asegurar la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado mediante la compatibilidad de la percepción de los beneficios de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado en las modalidades de contratación temporarias del sector rural”.

Finalmente por decreto, el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural registrado

Ahora bien… ¿Cómo se logra esa compatibilidad?

En el articulado del decreto, que seguramente necesitará de resoluciones reglamentarias por parte de las autoridades laborales, se establece que la posibilidad de seguir cobrando los planes sociales que brinda el Estado sumando ese ingreso a los de un trabajo rural registrado, es decir “en blanco” y con todos los papeles, estará vigente solo para trabajadores temporarios. No para trabajadores permanentes en el sector agropecuario.

La definición correcta de los beneficiarios es: “Aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 26.727 y su modificatoria, y las que sean contratadas para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

Esto es, en el primer caso, corresponde aplicar el Régimen de Trabajo Agrario aprobado en 2011, y los artículos hacen referencia a :

• ARTICULO 17. Contrato de trabajo temporario. Habrá contrato de trabajo temporario cuando la relación laboral se origine en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también, las que se realizaren en ferias y remates de hacienda. Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de tareas ocasionales, accidentales o supletorias.
• ARTICULO 18. — Trabajador permanente discontinuo. Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo. Este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones, salvo aquellos expresamente excluidos en la presente ley.

Luego el nuevo decreto define que “los trabajadores y las trabajadoras que sean contratados o contratadas bajo alguna de las modalidades enunciadas percibirán las asignaciones familiares correspondientes”, según los establecido, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, las que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social. A tales efectos, se abonará, en las condiciones y los términos que fijen las normas complementarias que se dicten, una suma dineraria adicional para alcanzar dicho objetivo”.

Es decir que los trabajadores rurales deberán cobrar como mínimo el valor de la AUH (actualmente es 4.504 pesos mensuales) si son contratados y cubiertos por el Régimen de Asignaciones Familiares establecido por dicha ley.

“Cuando dejen de estar cubiertos o cubiertas por el régimen general de asignaciones familiares contributivo y/o por lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 592/16, tendrán derecho a la percepción de las asignaciones universales correspondientes al inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificaciones, siempre que reúnan los requisitos pertinentes y se asegurará la continuidad de la cobertura prestacional”.

En este caso se hace referencia a un subsistema no contributivo compuesto por la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, destinados respectivamente a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en el país que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

La nueva normativa además define que los beneficiarios de otros planes sociales, como “Potenciar Trabajo” o “Argentina contra el Hambre”, “podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas” si son contratados para prestar tareas en un establecimiento rural.

En otros casos, el Ministerio de Trabajo deberá todavía “establecer las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas y planes referidos y con programas sociales y de empleo nacionales vigentes o que se instituyan en un futuro, que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social”.

¿Y qué sucede con los planes sociales que dependen de provincias y municipios? No hay nada dicho todavía, porque el decreto de Fernández solo invita a esas jurisdicciones “a adoptar los términos del presente decreto o a dictar medidas de idéntico tenor respecto de la compatibilidad de los Planes y Programas Sociales y de Empleo locales con el trabajo registrado de los trabajadores”. Incluso se invita a adherir a la Ciudad de Buenos Aires, donde no existe el trabajo rural.

El decreto también encomendó al Ministreio de Trabajo y al Renatre (el Registro Nacional de Trabajadores Rurales), “evalúen las modificaciones necesarias a los fines de adecuar la normativa vigente a los objetivos establecidos”.

La entrada Salió la “compatibilidad” entre trabajo rural en las zafras y planes sociales: Regirá solo hasta 2023 se publicó primero en Bichos de Campo.

¿Cómo conviven allí el campo y el kirchnerismo?

Hace cinco meses, luego de muchos años de trabajar para la empresa Corteva, el agrónomo Patricio Ballesty decidió dejar su puesto en esa multinacional para asumir, a pedido de Ustarroz, el cargo de director de Producción de Mercedes. A él le hicimos esta pregunta y con mucha tranquilidad Ballesty contestó que agro y kirchnerismo son dos actores totalmente reconciliables.

“Es lo que intentamos hacer. Hablando con todos los ministerios provinciales y nacionales, observamos que es infinita la cantidad de herramientas que hay (a disposición de los productores). Simplemente hay que gestionarlas y a veces lo que falla es eso”, dijo Ballesty a Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa a Patricio Ballesty:

Luego de trabajar durante 11 años en la industria semillera, Patricio decidió pasar a trabajar en el sector público reemplazando al ex director de Producción Marcelo Denápole, quien se jubilaba. “Venía del ámbito privado, de trabajar en Corteva Agriscience, y siguiendo un llamado interno de cambiar la realidad decidí pasarme a la política”, explicó.

“Estamos en un lugar estratégico muy importante, a 100 kilómetros de la Capital Federal, con autopista, con 105 mil hectáreas donde hay diversas explotaciones agropecuarias y un sector industrial muy planificado y cada vez más desarrollado. En Mercedes también hay montones de industrias metalúrgicas”, remarcó, sobre su área de trabajo.

Ballesty cree en el kirchnerismo. Para él no es un problema sino una virtud que el desarrollo agropecuario de la zona deba ser orientado por kirchneristas. “Si algo tiene el kirchnerismo aquí en Mercedes es que transformó la realidad de la ciudad en un cortísimo tiempo. Ustarroz ingresó como intendente en 2015 y dio vuelta la ciudad a través de su gestión”, manifestó, convencido.

También marcó que, por el contrario, “durante los 4 años del macrismo la línea no era directa para bajada de fondos. Pero en esta gestión se mostró que con gestión y honestidad se puede lograr mucho”.

Según el director de Producción de Mercedes, contra lo que usualmente se supone existe bastante política pública al servicio del productor agropecuario. “Hay créditos a tasas subsidiadas, hay subsidios, hay formas de capacitar técnicamente a las empresas y de certificarlas con normas de calidad y normas productivas. Está lleno de recursos y muchas veces no llegan” a las empresas agropecuarias, resaltó.

Lo azuzamos. Pero Ballesty aclaró que para acceder a estas herramientas no es necesario estar afiliado a La Cámpora.

“De hecho yo no tengo ninguna afiliación política. Sí tengo un acercamiento ideológico grande pero no tengo un partido político”, explicó. Y agregó: “Es más, durante el conflicto de las retenciones móviles en 2008 yo estuve protestando debajo de los puentes y hasta me llegué a considerar anti kirchnerista”.

-¿Y entonces qué te llevó a cambiar de opinión?

-Empecé a leer más, a salirme del ruido de los medios y a sacar mis propias conclusiones, y comprobé que se gestionaba para producir más y para tener más soberanía. Ahí empezó a cambiar mi forma de pensar.

-¿Y qué les dirías a los productores, que suelen seguir siendo tan opositores?

-A los productores les digo que se acerquen a los cuadros políticos, a las gestiones que van funcionando y que desde las bases pidan cambios en la política y que se trabaje bien.

Ballesty no niega que el campo y el kirchnerismo duermen en camas separadas, aún conviviendo irremediablemente bajo el mismo techo. Pero aseguró que -en ese contexto- lo mejor es “tener un diálogo sincero y buscar la forma de reconciliarlos”.

“Las herramientas están. El productor se caracteriza por su creatividad y por salir a flote de todas. Me cuesta ver que un sector tan audaz como el campo esté en contra de las políticas de este gobierno”, aseguró.

¿Y se pueden hacer cosas en la función pública?

El funcionario mercedino describió que en este momento de su gestión “estamos implementando un análisis de perfil productivo”, porque “queremos conocer qué hacemos y cómo lo hacemos, qué problemáticas tenemos, de dónde sacamos las materias primas y dónde las vendemos. Conociendo bien esto, podremos luego hacer un Mercedes pujante con cada vez más valor agregado y lo más verde posible. Ahí tenemos un desafío con las producciones periurbanas. Queremos también una industria cada vez más desarrollada”.

Trabajando en Corteva, Ballesty recorrió el país e incluso llegó a radicarse en Indianápolis, Estados Unidos, donde ocupó roles gerenciales. En los últimos años se dedicó a investigar la biodinámica y se especializó en el asesoramiento a productores agroecológicos y orgánicos para que encuentren formas de producir dentro de modelos sustentables.

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Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.

Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.

La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.

Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.

Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.

Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.

Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura

En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.

En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:

1. El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
2. Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.

Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.

En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.

Son cerca de 56 millones de hectáreas las que se ven amenazadas por este fenómeno sumando los 27 países de la Unión Europea (UE). Para un plazo no muy lejano, el 2030, el documento de loos parlamentarios define en situación crítica unas 5 millones de hectáreas, el 2,9 % de la superficie agrícola útil actual en ese bloque.

Desde esta perspectiva, los países con un riesgo más elevado de sufrir estos procesos de éxodo rural son Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia y Rumanía. Según el tipo de región, las montañas, islas, zonas costeras y regiones poco pobladas son las más amenazadas por el abandono.

Cuenta el sitio español Agrodiario que “los problemas de gestión y la adaptación estructural siguen siendo los principales factores de un problema que se ve agravado por el cambio climático, la globalización y las crisis sanitarias”.

El Parlamento abordó este asunto en el marco de una nueva renegociación de la Política Agraria Común (PAC), el paquete de subsidios que nació luego de la segunda guerra mundial y las hambrunas vividas por los países europeos. En aquel momento histórico la prioridad era garantizar la alimentación de los europeos, pero ahora la PAC está atravesada por estos nuevos problemas.

En este contexto, el vicepresidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), Sean Finan, instó a incorporar en las negociaciones actuales sobre la PAC el problema del acceso a las tierras por parte de los jóvenes productores. También pide establecer una politica activa para la gestión de las superficies abandonadas.

También reclamó que se busquen fórmulas para alentar la colaboración entre los propietarios de terrenos y los agricultores que deseen producir en ellos. Finan proviene de Irlanda, donde ya existe un programa de transferencia de tierras. Desde su punto de vista, más mecanismos de asociación a largo plazo, incentivos a los agricultores jóvenes y políticas públicas de desarrollo rural pueden ayudar a poner en valor las tierras y evitar su abandono.

Para el representante del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Josep Puxeu, cuando se produce el abandono es “muy difícil” que el establecimiento rural se ponga a la venta. Los arrendamientos, a su juicio, pueden ser una solución que “habría que mejorar”.

En el caso de España, el acceso en alquiler a tierras de secano y de menor valor ha permitido la ampliación de las explotaciones de cereales, pero este mismo proceso no se ha notado tanto en cultivos más intensivos en mano de obra como los viñedos.

Puxeu puso de ejemplo las experiencias de cooperativas que han realizado programas de gestión para “respetar bastante” la propiedad de las tierras, manteniéndolas a la vez activas, y las de titularidad compartida de explotaciones. Sin las mujeres “el abandono es automático”, advirtió.

El integrante del Comité de Dirección de ese órgano consultivo de la UE reconoce que para comprar tierras se necesita mucho dinero, lo que dificulta las inversiones en una agricultura más tecnificada. En ese sentido, recomendó: “Hay que priorizar al agricultor profesional y al joven en todo lo que sea posible. La nueva PAC debería dirigirse más a esas agrupaciones de productores o a aquel que quiere dedicarse al campo”, enfatizó.

La organización Unión de Uniones también alertó del riesgo de abandono de 2,3 millones de hectáreas agrarias para 2030 en España, cerca del 10% del total. Entre 2012 y 2019, la superficie agraria en ese país ya se ha reducido especialmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Murcia y Comunidad Valenciana.

El responsable de Desarrollo Rural de esa ONG, Vicente García Fraile, aseguró que los cambios “tan bruscos” en agricultura y ganadería de las últimas décadas han sido “bastante difíciles de asumir” en algunas zonas, castigadas por la falta de rentabilidad en las explotaciones. Consideró que la PAC debería haber servido para destinar más ayudas diferenciadas a esas zonas desfavorecidas y aboga por llevar las infraestructuras y las nuevas tecnologías a los pueblos para mantener los servicios.

Agrodiario consultó además al presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso, quien consideró que debería haber un “pacto de Estado” para solucionar el problema de las tierras porque se están “perdiendo oportunidades” de explotación. Defiende soluciones como las que se han puesto en marcha para rehabilitar viviendas abandonadas.

El mix es complejo: Muchas fincas siguen sin estar inscritas en el registro de la propiedad, otras figuran en el catastro a nombre de personas fallecidas, por otras no se han pagado tributos, numerosos herederos figuran en el reparto y en general “legalizarlas cuesta más de lo que valen”, comenta.

El coordinador de la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder), Víctor Jolin, reclamó políticas para facilitar que los jóvenes puedan aprovecharlas, con ayudas a fondo perdido o incentivos para créditos y préstamos. Recalcó que el abandono de tierras perjudica tanto al sector agrario como a la población rural, puesto que la agricultura es uno de los principales motores de la economía de las zonas rurales.

La entrada Envejecimiento y escasa rentabilidad: En Europa se podrían llegar a abandonar 5 millones de hectáreas agrícolas para 2030 se publicó primero en Bichos de Campo.

Son cerca de 56 millones de hectáreas las que se ven amenazadas por este fenómeno sumando los 27 países de la Unión Europea (UE). Para un plazo no muy lejano, el 2030, el documento de loos parlamentarios define en situación crítica unas 5 millones de hectáreas, el 2,9 % de la superficie agrícola útil actual en ese bloque.

Desde esta perspectiva, los países con un riesgo más elevado de sufrir estos procesos de éxodo rural son Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia y Rumanía. Según el tipo de región, las montañas, islas, zonas costeras y regiones poco pobladas son las más amenazadas por el abandono.

Cuenta el sitio español Agrodiario que “los problemas de gestión y la adaptación estructural siguen siendo los principales factores de un problema que se ve agravado por el cambio climático, la globalización y las crisis sanitarias”.

El Parlamento abordó este asunto en el marco de una nueva renegociación de la Política Agraria Común (PAC), el paquete de subsidios que nació luego de la segunda guerra mundial y las hambrunas vividas por los países europeos. En aquel momento histórico la prioridad era garantizar la alimentación de los europeos, pero ahora la PAC está atravesada por estos nuevos problemas.

En este contexto, el vicepresidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), Sean Finan, instó a incorporar en las negociaciones actuales sobre la PAC el problema del acceso a las tierras por parte de los jóvenes productores. También pide establecer una politica activa para la gestión de las superficies abandonadas.

También reclamó que se busquen fórmulas para alentar la colaboración entre los propietarios de terrenos y los agricultores que deseen producir en ellos. Finan proviene de Irlanda, donde ya existe un programa de transferencia de tierras. Desde su punto de vista, más mecanismos de asociación a largo plazo, incentivos a los agricultores jóvenes y políticas públicas de desarrollo rural pueden ayudar a poner en valor las tierras y evitar su abandono.

Para el representante del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Josep Puxeu, cuando se produce el abandono es “muy difícil” que el establecimiento rural se ponga a la venta. Los arrendamientos, a su juicio, pueden ser una solución que “habría que mejorar”.

En el caso de España, el acceso en alquiler a tierras de secano y de menor valor ha permitido la ampliación de las explotaciones de cereales, pero este mismo proceso no se ha notado tanto en cultivos más intensivos en mano de obra como los viñedos.

Puxeu puso de ejemplo las experiencias de cooperativas que han realizado programas de gestión para “respetar bastante” la propiedad de las tierras, manteniéndolas a la vez activas, y las de titularidad compartida de explotaciones. Sin las mujeres “el abandono es automático”, advirtió.

El integrante del Comité de Dirección de ese órgano consultivo de la UE reconoce que para comprar tierras se necesita mucho dinero, lo que dificulta las inversiones en una agricultura más tecnificada. En ese sentido, recomendó: “Hay que priorizar al agricultor profesional y al joven en todo lo que sea posible. La nueva PAC debería dirigirse más a esas agrupaciones de productores o a aquel que quiere dedicarse al campo”, enfatizó.

La organización Unión de Uniones también alertó del riesgo de abandono de 2,3 millones de hectáreas agrarias para 2030 en España, cerca del 10% del total. Entre 2012 y 2019, la superficie agraria en ese país ya se ha reducido especialmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Murcia y Comunidad Valenciana.

El responsable de Desarrollo Rural de esa ONG, Vicente García Fraile, aseguró que los cambios “tan bruscos” en agricultura y ganadería de las últimas décadas han sido “bastante difíciles de asumir” en algunas zonas, castigadas por la falta de rentabilidad en las explotaciones. Consideró que la PAC debería haber servido para destinar más ayudas diferenciadas a esas zonas desfavorecidas y aboga por llevar las infraestructuras y las nuevas tecnologías a los pueblos para mantener los servicios.

Agrodiario consultó además al presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso, quien consideró que debería haber un “pacto de Estado” para solucionar el problema de las tierras porque se están “perdiendo oportunidades” de explotación. Defiende soluciones como las que se han puesto en marcha para rehabilitar viviendas abandonadas.

El mix es complejo: Muchas fincas siguen sin estar inscritas en el registro de la propiedad, otras figuran en el catastro a nombre de personas fallecidas, por otras no se han pagado tributos, numerosos herederos figuran en el reparto y en general “legalizarlas cuesta más de lo que valen”, comenta.

El coordinador de la Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder), Víctor Jolin, reclamó políticas para facilitar que los jóvenes puedan aprovecharlas, con ayudas a fondo perdido o incentivos para créditos y préstamos. Recalcó que el abandono de tierras perjudica tanto al sector agrario como a la población rural, puesto que la agricultura es uno de los principales motores de la economía de las zonas rurales.

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“Los 10.000 tamberos que todavía quedan en pie, fundamentalmente (un 60 %) pequeños productores y economías familiares, no pueden seguir subsidiando el consumo de 40 millones de argentinos”, dijeron la Federación Agraria, Coninagro, CRA y la Sociedad Rural en un comunicado conjunto.

Para entender este razonamiento, el bloque agropecuario explicó que “desde mediados de 2020 el productor está recibiendo un precio insuficiente, por su leche en tranquera de tambo. Actualmente con los 21,36 pesos por litro (que es el precio promedio nacional) no se llega a cubrir los costos de producción, que están dolarizados en un 80%”.

Además remarcaron que los productores de leche en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países productores, “no recibimos ningún incentivo y nuestra carga impositiva es muchísimo más alta que en el resto del mundo”.

“Más aun, en el contexto global actual, los productores argentinos somos los que recibimos el precio más bajo, 0,24 dólares por litro, muy lejos de los 0,33 dólares por litro históricos, que se requieren para cubrir los costos de producción medios. Nuestros competidores a nivel mundial, así como nuestro vecino Brasil, reciben hoy hasta 0,44 dólares por litro, con costos equivalentes o menores a los nuestros”, añadió la Mesa de Enlace

Aunque los precios al productor de leche no son regulados, son fijados por la industria láctea en base a una supuesta capacidad de pago, que se define no solo por los noveles de precios que reciben en el mercado doméstico (donde hay muchos productos lácteos que tienen precios congelados o sugeridos por el gobierno) y en los negocios de exportación (allí, la vigencia de retenciones reduce 9% los precios de la leche en polvo y en 5% el resto de la canasta de lácteos).

De allí el razonamiento de la Mesa de Enlace, respecto de que finalmente son los productores los que subsidian a los consumidores, y no a la inversa.

“Esta situación está fuertemente influenciada por el programa de Precios Cuidados, así como el desincentivo a la exportación que presentan las retenciones y los ínfimos reintegros que significa que estamos exportando impuestos”, se convalidó.

Según la Mesa de Enlace, “no podemos permitir que una actividad tan importante como la lechería se estanque o desaparezca. Los argentinos necesitamos seguir consumiendo productos lácteos de calidad, los que generamos los productores movilizando la actividad económica, dando empleo especializado y dinamismo en el interior del país”.

Mientras el gobierno insiste en “desacoplar” los precios externos de los internos, y los costos de producción de los precios de venta de los productos, las entidades del agro advirtieron que “debemos reemplazar propuestas que distorsionan el mercado, que ya fracasaron y no se aplican en el mundo, por medidas que posibiliten la actividad económica del sector, el acceso a los productos lácteos esenciales a los sectores más desprotegidos de la sociedad, con medidas que focalicen la demanda, y que al mismo tiempo posibilite el ingreso de divisas que el país tanto necesita”.

“La lechería es parte de la solución, no el problema, para ellos tenemos propuestas, por lo cual solicitamos a las autoridades, nos convoquen para analizar conjuntamente la situación actual y las alternativas superadoras para evitar la salida de la actividad”, pidió el conjunto gremial agropecuario. El director nacional de Lechería, Arturo Videla, asumió en su puesto en junio de 2020. Pero todavía no ha mantenido reuniones con este tipo de sindicalismo agropecuario.

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Hablando de la actividad ganadera de ese país, el periodista agropecuario David Huitrón dijo a Bichos de Campo que “se destaca el sector bovino de carnes”. Sin embargo aseguró que en la sinergia entre Gobierno y agro “faltan los apoyos a los micro, pequeños y medianos ganaderos” para que puedan acceder a tecnología y vender en los mercados.

El periodista, que realiza su trabajo en el Estado de Puebla, en el área este central de México, declaró que “si bien se abren canales de comunicación entre el Gobierno y los ganaderos para exportar al extranjero, Asia y Estados Unidos principalmente, todavía no están incluidos esos productores de pequeña escala y faltan apoyos para las unidades productivas y para potenciar la actividad y la comercialización”.

“El diálogo con el Gobierno es amable y cordial, pero siempre me deja la sensación de verbos infinitivos: ´lograremos, alcanzaremos, programaremos y facilitaremos´. Pero creo que hace falta más el no perder el pie en la tierra de que no sólo representan al productor de 50 mil cabezas sino que al de 2 cabezas de ganado también”, remarcó.

Mirá la entrevista completa a David Huitrón:

La clave pasa por integrar al “agronegocio” a los miles de pequeños y medianos productores pecuarios que hay en México. Según Huitrón, hoy “se los deja de lado y sólo están arraigados históricamente aquellos medianos a grandes. Se hace este reclamo desde hace 25 años, pero pasan Gobiernos y ministros de Agricultura y la promesa sigue siendo la misma”, agregó el periodista del sitio web Porcicultura y otros medios de su país.

El periodista mexicano explicó que el desafío pasa por incorporar esos pequeños ganaderos, otorgándoles tecnología, genética y apoyo crediticio, y dijo que se lo podría hacer a través de cooperativas para que trabajen en conjunto y puedan acceder, no sólo a mercados sino también a capacitación. “Te puedo asegurar que muchos de estos productores de traspatio no tienen mucha noción del comercio internacional y no conocen los requisitos sanitarios para mandar carne”, resaltó.

“En el Gobierno que tenemos hace dos años se otorgó un programa llamado Crédito Ganadero a la Palabra, mediante el cual les entregaban de 10 a 50 cabezas de ganado a los pequeños productores para que pudieran potenciar su actividad. Se anunció con bombos y platillos y parecía eficiente hasta que empezaron las irregularidades”, recordó el periodista de Puebla, México.

Huitrón aludió a que ese programa estatal “entregaba animales enfermos que no servían para la reproducción ni el engorde. Fue como un programa fantasma porque se aludía a que se les iba a ayudar a los productores, pero con material que no les sirvió y a dos años de implementado ese programa ya desapareció”.

“Y nadie se atreve a cuestionar que lo que hace el Gobierno con sus programas ganaderos es malo. Nadie tiene esa voz autoritaria pero al final de los 3 a 6 años de Gobierno quedamos en lo mismo: crecimientos ínfimos en producción y exportación, y aunque la sanidad sea un tema subsanado, el diálogo con el Gobierno no llega a mucho”, cuestionó.

En referencia a la cuestión ambiental, Huitrón manifestó que “se menciona, pero seguimos recayendo en el verbo infinitivo del que hablaba y que la preocupación que hay ni siquiera se acerca a la realidad de la crisis climática que se está viviendo.

“Yo tomé un par de cursos en cuestiones de periodismo ambiental, y en el sector pecuario pienso que falta mucho trabajo. Creo que al no tener los incendios de California aquí la vuelta o el Ártico deshielándose y entonces sigamos produciendo como hace 50 años atrás. Por eso creo que nos falta mucho”, agregó.

Acerca de la relación con países como Estados Unidos, el periodista mexicano explicó que aunque son socios comerciales dentro de un acuerdo de libre comercio, hay desniveles muy marcados entre ambos países en la comercialización de carne de pollo, de cerdo y en exportaciones de leche en polvo.

“Se busca piso parejo, una palabra que usamos mucho acá porque somos codependientes con Estados Unidos, es decir, exportamos e importamos mucho entre ambos, hay una simbiosis, pero nosotros tenemos recursos limitados, poco apoyo, entonces no competimos en este piso parejo que se pide. En Estados Unidos tienen apoyo o subsidios y nosotros en cambio, sin apoyo alguno tenemos que vender a un precio menor e importar a un precio mayor”, sintetizó.

Sin embargo, el periodista dijo que si hay un producto que los hace sentir orgullosos en el agro mexicano es la carne de res y la oportunidad de llegar a mercados puntuales como Japón o Corea del Sur por ser un país no aftósico desde hace varias décadas.

“Tenemos un organismo específico que se encarga de la promoción de este producto y sin el apoyo gubernamental. Tenemos una calidad de carne de res reconocida en mercados asiáticos e incluso en Estados Unidos y lo mismo está pasando con la carne de cerdo, sobre todo en la conquista de un mercado como China”, concluyó.

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“Once meses después de que el Parlamento europeo declarara la emergencia climática, este mismo parlamento votó a favor de continuar con una política agrícola que, en resumen, alimenta la destrucción ecológica con cerca de 400.000 millones de euros” (unos 475.000 millones de dólares)”.

El mensaje fue dado a conocer por Thunberg y otras cuatro militantes ecologistas a través de su cuenta de Facebook, luego de la aprobación de las nuevas medidas. “¿Estamos decepcionadas? No. Porque esto significaría que esperábamos un milagro. Sin embargo, este día demostró una vez más el tamaño de la brecha que existe entre las políticas actuales y lo que habría que hacer para estar en línea con el acuerdo de París” sobre el clima, agregó Thunberg, según consignó la agencia AFP.

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