La Resolución General 4256, dictada días atrás por la AFIP, establece con claridad ”el uso obligatorio del Remito Electrónico Cárnico, en adelante REC, como único documento válido para el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas”. Debería ponerse en marcha a más tardar en setiembre próximo.

Ver: Nuevo remito electrónico para mover la media res hasta la carnicería

La voz de Schiariti se alzó contra esta nueva normativa, aunque no estableció una alternativa para controlar al comercio minorista de carnes. Lo que sí dijo es que esta nueva ofensiva de la AFIP “va a tirar por la borda los dos años de trabajo que llevamos adelante con la ex Succa y ahora Direccción Nacional de Control Comercial Agropecuario).

Escuchá el reportaje completo a Miguel Schiariti:

La oposición de CICCRA al remito electrónico se base en que, como la mayoría de las carnicerías no aceptarán trabajar con ese documento, “se supone que luego van a sancionar a la industria o al matarife y le van a intentar cobrar el IVA y los Ingresos Brutos que no paga el carnicero. Lo cual es una locura”, disparó el dirigente industrial.

Schiariti declaró: “Pretenden que el matarife y el industrial se convierta en el informador del Estado. Y son cómplices de todo esto son los intendentes, porque la mayoría de las carnicerías del Gran Buenos Aires están sin habilitar, y esto ya no es un problema impositivo sino de salud pública”.

El directivo empresario disparó contra el subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, y un funcionario de Jefatura de Gabinete de apellido Alegre, que está al tanto del asunto. “Troncoso y Alegre, se habían comprometido a que no iba a salir el remito electrónico y ahí está, se publicó. Tuvimos una nueva reunión y se declararon directamente incompetentes para solucionar el tema del 8% de ARBA y dijeron que no sabía que iban a sacar el remito. Entonces, nos entretienen y no resuelven”, se quejó.

Por otro lado, Schiariti hizo referencia al último informe de la Cámara, que establece un aumento del 6% de la faena de mayo con respecto a mismo mes del año pasado. “En paralelo se dio la disparada del dólar a 25 pesos, por lo que muchos vivos como Alberto Williams (vocero usual de los carniceros), quisieron instalar que iba a aumentar el precio de la carne entre 10% y 15% producto del aumento de la moneda, cuando los que estamos en el negocio, sabemos que esa suba se dio por la escasez de mercadería”.

En mayor, según el informe, los precios de la hacienda finalmente aumentaron  8% y la carne solo 3%. “La carne sigue aumentando menos que la hacienda y desde el 2009, nunca llegó a alcanzar el crecimiento de la hacienda en términos porcentuales”, explicó Schiariti.

Otro dato relevante para Schiariti es que “aumentaron casi 65% las exportaciones, y cumplimos siete meses consecutivos con un volumen exportado superior a las 20.000 toneladas peso producto, lo que nos refleja un buen primer cuatrimestre para la industria frigorífica vacuna”.

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En rigor, muchos de los matarifes que manejan el principal mercado de la carne bovina (que no es China sino el conurbano bonaerense) han dado muestras de querer blanquear su actividad y aceptaron el sistema de anticipos antes de la faena. Pero ya varias veces han amenazado con patear el tablero y volver a las sombras debido a que las carnicerías no aceptar recibirles una media res si ésta llega acompañada de la correspondiente factura.

Ya que estamos aquí y hablando de esto, no queremos dejar de recomendar que busquen y miren la película “El Patrón, radiografía de un crimen” de Sebastián Schindel, con la interpretación de Joaquín Furriel. Ofrece pistas de cómo funcionan algunas cosas en el mundo de las carnicerías bonaerenses.

Volvamos a la nota. En el contexto antes mencionado hay que leer la entrelínea de la información que llega desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que no siempre ha aparecido alineado en esta estrategia junto a la AFIP y a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agronidustria. Esa información da cuenta de que ARBA, la agencia recaudadora bonaerense, tiene a un millar de carnicerías entre ceja y ceja. En la mira, como se dice.

Ver: Un intento de Arba para blanquear a las carnicerías bonaerenses

¿Cuál es el motivo de este aviso de ARBA a los minoristas de la carne? Que esas carnicería no están inscriptas en Ingresos Brutos (IIBB), un impuesto provincial que de todos modos, en el nuevo sistema, viene enganchado con el sistema de pagos anticipados de IVA que puso en marcha el gobierno nacional. En rigor, según los matarifes, los carniceros no aceptan facturar justamente para no hacer frente a este tributo, que tiene sobre ese eslabón una tasa de 1,75%.

“En todos los casos, ARBA tiene información que están ejerciendo la actividad sin tributar al fisco, por lo que profundizará paulatinamente la fiscalización en cada uno de los domicilios y, en caso de corresponder, suspender las actividades y cerrar provisoriamente los establecimientos de venta minorista de carne hasta que regularicen su situación”, fue la advertencia que lanzaron los sabuesos de María Eugenia Vidal.

Las fuentes precisaron que del millar de carnicerías hay 775 locales que corresponden al área metropolitana y 211 al interior de la provincia. Según los cruces de datos que realizó ARBA, las carnicerías en infracción se encuentran principalmente en La Matanza (75 casos), Lanús (47), Quilmes (44), Lomas de Zamora (40), La Plata (39), Almirante Brown (38), Tres de Febrero (34) y Avellaneda (30), entre otros partidos.

Ver: Arba mete presión a los frigoríficos y matarifes, que mascullan bronca

La ofensiva de ARBA, como se explicó, forma parte del paquete de medidas que buscan formalizar la actividad del sector cárnico. Estas se pusieron en marcha en 2017, a partir de un acuerdo con AFIP en el que se estableció un régimen unificado de pago a cuenta de los impuestos sobre los Ingresos Brutos e IVA, que actúa como condición necesaria para que los contribuyentes del rubro puedan acceder a la habilitación de faena desde la ex SUCCA.

La agencia bonaerense, por su lado, estableció la obligatoriedad de que frigoríficos, matarifes y otros intermediarios que efectúan ventas a mayoristas y minoristas realicen percepciones en nombre del fisco provincial, que sirven como pago a cuenta de IIBB. Este es uno de los puntos más cuestionados por los operadores que quieren blanquear. Y el que motiva que muchas carnicerías no acepten trabajar en blanco.

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La Agencia de Recaudación de la Pronvincia de Buenos Aires (ARBA) dictará en las próximas horas una serie de resoluciones que la pondrán en línea con la ofensiva de la AFIP y el Ministerio de Agroindustria para intensificar las tareas de control fiscal sobre el sector productor de carne porcina en territorio bonaerense.

Bichos de Campo pudo acceder al texto de tres resoluciones que serán publicadas en las próximas horas y definen el alcance de esta ofensiva.

En la primera de esas tres resoluciones, la 20/2018, se establece la adhesión de ARBA al rpegimen de pago a cuenta establecido por la AFIP y el Ministerio de Agroindustria para controlar la faena de porcinos en territorio provincial. Ese régimen se aprobó en diciembre de 2017, y es semejante al que se aplicaba desde marzo de ese año sobre la cadena de la carne bovina. Esto es: el operador que no anticipe un pago a cuenta por cabeza por IVA e Ingresos Brutos, no tendrá autorización de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario para proceder a la faena de los animales.

En otra de las resoluciones, compartidas entre ARBA y la AFIP, la 21/2018, se acuerda que el organismo recaudador bonaerense será responsable de proveer información a su par nacional para conformar y administrar el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Porcina, así como de realizar los respectivos controles sobre dichas empresas cuando tengan domicilio en territorio bonaerense. Además allí se adelanta que ARBA establecerá un régimen de pago a cuenta por el Impuesto a los Ingresos Brutos destinado a ese listado de contribuyentes.

Fojas después, la resolución 22 establece la creación de ese régimen de pago a cuenta de Ingreso Brutos y fija los porcentajes que deberán tributar cada uno de los operadores según cual sea su actividad. Así las cosas, un frigorífico de cerdos bonaerense deberá anticipar 75% del importa que se fije como pago a cuenta del IVA, y un usuario de faena el 100%.

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Bichos de Campo entrevistó al Director de Control Comercial Agropecuario para ver cómo había resultado el control de los figoríficos mediante un dispositivo electrónico. Rossi dijo que mayo será un mes de diagnóstico en el que “vamos a ir evaluando la información que se está generando” para tener en pocos días más un informe más detallado sobre la implementación.

Escuchá el reportaje completo a Marcelo Rossi:

El funcionario destacó que esa herramienta tecnológica está en funcionamiento en casi todas las provincias y que abarca al 95% de la faena. El 5% que falta corresponde a la operatoria de plantas de la provincia de Corrientes, donde la demora en la instalación es responsabilidad de los proveedores; y de Chaco, donde el mayor problema es la gran cantidad de colgaderos con bajos niveles de faena, a los que se espera encuadrar en el nuevo sistema en breve.

Rossi dijo que en estos quince días de funcionamiento de los controladores se encontraron con algún que otro “picaro” que quiso desenchufarlos o desprecintarlos, pero todo eso quedó grabado por las cámaras de seguridad. “Algún avivado aparece que quiere desenchufar la cámara o romper un precinto, pero el balance es bueno”, evaluó.

También destacó el aumento en la identificación de los operadores que permitió que se comenzara a publicar la faena no solo desagregada por la planta frigorífica donde se realiza sino también identificando a cada usuario o matarife, dueño de las vacas que se procesan.

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Dos cooperativas de la provincia del Chaco, acostumbradas a operar bajo prácticas poco transparentes, fueron suspendidas en las últimas semanas por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y el Instituto Nacional de Economías Social (INAES), luego de que se detectara que faenaban para ciertos matarifes que luego eludían sus obligaciones en materia impositiva y de seguridad social.

La situación, que afectó a unos 150 trabajadores de Cooperativa CTC Puerto Vilelas y las Cooperativas Unidas Frigorífico Resistencia, provocó una crisis importante en la industria de la carne de esta provincia, que condujo a la intervención de funcionarios provinciales y del diputado provincial por Cambiemos, Luis Obeid, que acusó a un grupo de 40 matarifes que se aprovechaban de los trabajadores agrupados en la cooperativa. “Estos señores se llevaban el lomito y el peceto mientras los muchachos se quedaban con las menudencias”, graficó el político.

Desde el INAES la posición se mantuvo firme, aunque un vocero aclaró que si las cooperativas normalizan su situación frente a los organismos que correspondan podrán volver a operar normalmente.

Mirá lo que nos dijeron sobre este conflicto Marcelo José Repetto (Ministro de la Producción de la provincia del Chaco) y Luis Obeid (Diputado Provincial Chaco- Cambiemos). También entrevistamos a Benicia Acosta, que es presidente de Cooperativa Puerto Vilelas y a Luis Sotelo, titular de Cooperativas Unidas Frigorífico Resistencia.

Un hecho común en el negocio de la carne es la conformación de cooperativas para la gestión de frigoríficos, ya que estos requieren de muchos operarios para su ejecución. En Argentina los costos laborales son muy elevados, lo que históricamente llevó a la quiebra a empresarios de la carne que no podían cubrir sus obligaciones patronales. Así, a lo largo de todo el país encontramos muchas plantas frigoríficas en manos de los empleados, los que formaron cooperativas para poder seguir trabajando.

En este tipo de conflictos, detrás de las cooperativas perjudicadas, aparece una figura clave que es la de los matarifes. Este eslabón es el que aporta los animales para faena y luego comercializa la carne. Muchas veces han utilizado a las cooperativas como pantallas para poder operar al margen de las leyes.

El 1° de marzo de 2017 se puso en vigencia un nuevo RUCA (Registro ünico de la Cadena Agroalimentaria), y en un intento para blanquear la cadena de la carne se estableció el registro de todos los operadores de la carne, incluidos los matarifes, a quienes se obliga a tributar un anticipo de IVA como paso previo a la faena.

Este conflicto en el Chaco, que se repite en otras provincias, podría ser una una buena oportunidad para que las cooperativas de faena  modifiquen algunas pautas de su actividad y busquen alternativas para generar mejores márgenes. la opción más clara sería agregar valor a sus procesos. Una clave es construir “marcas de carne” con procesos certificados, que sean destinadas a clientes que estén dispuestos a pagar más por un producto diferenciado, tanto en el mercado local como el internacional.

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Los empresarios de la carne mascullan bronca contra esta presión del gobierno de María Eugenia Vidal, que apunta a utilizarlos como ariete de recaudación frente a uno de los sectores minoristas más díscolos a la hora de facturar, pagar impuestos y entregar facturas a sus clientes: las carnicerías. Pronto, según anticiparon a Bichos de Campo algunas fuentes del sector, habrá una reacción pública. Dicen incluso que la ofensiva de Arba está poniendo en peligro el plan para transparentar el mercado de carne, que lidera la Mesa de las Carnes y tiene el aval explícito del presidente Mauricio Macri.

Lo cierto por ahora es que Arba mando intimaciones y su director, Gastón Fossati, advirtió que “las empresas que incumplan esta responsabilidad serán inscriptas de oficio y deberán enfrentar multas de hasta $60.000 por la infracción”.

 Pese a las desinteligencias que parecen existir entre el gobierno nacional y el provincial sobre la estrategia a utilizar para poder ir formalizando un sector donde los niveles de evasión son infinitos (no pueden medirse), el funcionario de Vidal aseguró que esta medida “profundiza una serie de acciones que pusimos en marcha el año pasado, en forma coordinada con AFIP, para regularizar el conjunto de la cadena cárnica que registraba un alto índice de evasión”.

Ver El “impuesto al carnicero”, un nuevo recurso para intentar blanquear el mercado de la carne

¿Cuál es la posición de Arba? Quiere que frigoríficos, matarifes y otros intermediarios, cuando efectúan ventas de carne a mayoristas y minoristas (carniceros), les descuenten una “percepción” a nombre del fisco provincial. Dicha suma de dinero se tomaría como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

“Esa responsabilidad que Arba exige a las empresas contribuye a mejorar el cumplimiento tributario del comercio minorista de carne”, explicó el organismo, como si no fuese su responsabilidad, y si la de los frigoríficos, la de controlar que todo el mundo pague los impuestos que correspondan.

El problema, según los grandes matarifes del conurbano, es que prácticamente ningún minorista acepta que le descarguen las medias reses haciendo la facturación como corresponde. La alícuota que estas empresas deben percibir al comprador es del 1,75% sobre el valor de venta, aunque “siempre y cuando el contribuyente que adquiere la carne se encuentre inscripto en Ingresos Brutos”.

“En caso de que no lo esté, ese proporcional sube al 8%, en tanto que quienes aparecen registrados con alícuota cero en el padrón de contribuyentes que elabora mensualmente Arba no son sujetos pasibles de percepción”, aclaró el comunicado del organismo recaudador.

Empresarios de la carne indicaron que ese 8%, en un negocio que mueve enormes cantidades de dinero pero ofrece a la vez escasos márgenes a sus protagonistas, los dejaría fuera de competencia. De todos modos tropiezan con la resistencia del sector minorista (unos 60 mil carnicerías en la Provincia, según estimaciones extraoficiales), que se resisten a formalizar sus operaciones.

En la última reunión de la Mesa de las Carnes, Macri escuchó quejas respecto de esta última situación y dio órdenes a la AFIP de analizar una propuesta que permita comenzar a blanquear el fangoso mundo de las carnicerías: generar un impuesto específico al sector, que corresponda a un porcentaje bajo de cada factura de compra de la media res, y luego de recaudado sea prorrateado entre la AFIP y Arba, en concepto de IVA, Ganancias a Ingresos Brutos. Una suerte de Monotributo carnicero.

Una medida de esa naturaleza implicaría una menor recaudación en relación a los niveles de ingresos potenciales por impuestos que deberían existir si el sector estuviese en regla. Pero como hoy se recauda poco y nada, se estima que podría ser una herramienta de incrementar los ingresos del fisco y a la vez formalizar a gran cantidad de minoristas.

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Una de las claves del plan del gobierno para sanear el mercado de la carne vacuna, quizás el más importante de todos los componentes, es que cada operador tenga una sola matrícula para operar, como un único carnet habilitante. Esto permitirá identificas claramente a todos y cada uno de los operadoras y terminar con el festival de matrículas prestadas, muy común especialmente entre los frigoríficos y matarifes que atienden el consumo de bifes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Durante muchos años, debido sobre todo a la alta capacidad ociosa del sector de faena, los frigoríficos cedieron buena parte de la manija del negocio a los matarifes, que usaban las instalaciones y mano de obra para faenar sus propios animales y muchas veces prestaban también su matrícula. Para el pago de esos servicios se transaba con el llamado “recupero”, como se conoce al conjunto de subproductos de la faena (cuero, vísceras y sebo).  Proliferaron entonces las matrículas que no correspondían al dueño de la hacienda. Incluso, había usuario de faena que usaban varias matrículas, por si acaso, para faenar en uno u otro lado.

En las última horas se produjo un movimiento de la industria frigorífica “consumera” que podría ser histórico si logra dar resultado, pues supone un intento concreto de las plantas de faena por recuperar poder de decisión en un negocio que últimamente las tenía como meras prestadoras de servicios, y de matrículas.

El plan además apunta a fortalecer el programa de acciones lanzado por la AFIP y la SUCCA (Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario), que cuenta con el aval de toda la Mesa de las Carnes, porque apunta a reducir el número de matrículas prestadas, alquiladas o mellizas que pululan en el mercado. Un operador, una matrícula, es la consigna.

La iniciativa se cocinó entre las 27 empresas que integran CADIF (Cámara de la Industria Frigorífica) más otras 7 empresas no asociadas pero que también tienen su peso en el Conurbano.  Y fue anticipada mediante un comunicado a los principales matarifes o usuarios de faena sin planta, que están que trinan porque no les han dado tiempo a reaccionar: el plan se aplicará desde este lunes 12 en ese conjunto nada desdeñable de treinta y pico de frigoríficos.

¿Qué fue lo que decidieron en CADIF?

“Todos los usuarios operarán con su propia matricula, tanto en Liniers cuanto en compras directas. Caso contrario, no podrán faenar”, dice la circular interna a la que accedió Bichos de Campo.

Es decir, los frigoríficos de la principal metrópoli argentina cierran filas -y hacen un pacto entre ellos- detrás de una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno para sanear el mercado de operadores dudosos. Si los matarifes faenan con una matricula propia, entonces no tendrán más remedio que pagar los anticipos por cabeza que les reclama la SUCCA para habilitar en tiempo real cada faena.

No es lo único que decidieron los “consumeros”. Hay un segundo punto de acuerdo que dispone la jubilación del viejo “recupero” pagado a los usuarios. A partir del lunes, los acuerdos comerciales entre frigoríficos y matarifes se definirán tomando en cuenta dos componentes:

•  El Servicio de Faena prestado por la planta, cuyo valor de referencia se definió en $ 4,00 / kilo faenado mas impuestos (IVA 21%).
• La entrega de subproductos de faena que el usuario hace a la planta, para acopio y reventa a curtiembres, mayoristas de menudencias, etc. En este caso se determinó una factura semanal del kit de subproductos del matarife a la planta, a razón de $2,00 / kg faenado mas impuestos (IVA 10,5%).

Cerca de las Mesa de las Carnes celebraron esta decisión de CADIF que cierra filas con el plan del gobierno para sanear el mercado, en especial en la frontera más sensible, el conurbano bonaerense. “Este grupo de plantas entendió que el mercado se va ordenando de a poco y quiere colaborar , pues se compromete a no prestar las matrículas. Los frigoríficos pretenden recuperar la llave del negocio y no cedérsela a los matarifes”, explicaron fuentes oficiales.

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Mattievich fue una de las primeras empresas en incorporar esta tecnología, con un costo que oscila entre 10.000 y 14.000 dólares. Su gerente estimó que, ahora, “las plantas que suspendieron del Ruca buscarán financiación para obtener los equipos , aunque en el caso de plantas chicas o municipales entiendo que se puede complicar la incorporación porque no le es barato pagar el equipo”.

Torelli consideró, en diálogo con Bichos de Campo, que “es un trabajo muy bueno el que lleva adelante Marcelo Rossi, pese a la demora que tuvo en implementarse el sistema de los equipos informáticos; pero consideremos que no fue una tarea fácil”.

Escuchá el reportaje completo a Jorge Torelli:

Torelli comparó estso controladores o “cajas negras” con los equipos que se usan en Uruguay. Aquellos “son mucho mejores y entregan mejor información, pero también son mucho más costosos. La clave pasa por poner en regla a todas las empresas para mantenerlas al margen de la informalidad, y este paso de Rossi es uno de ellos, al igual que el ordenamiento del comercio minorista, en donde se suma la actuación de la Afip”.

Torelli dijo que la clave pasa por “el control de la faena de animales livianos, y que se diferencie el peso de faena de la hembra respecto de la del macho. Cuando estén todas las cajas electrónicas implementadas, cada planta tendrá 4 cámaras, apuntando una de ellas a la balanza, en donde se ve la diferencia entre machos y hembras. O sea que ese control será efectivo”.

“Cuando el sistema integrado de faena esté puesto a punto por parte de la Succa (Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario), permitirá al productor ingresar via web para cargar su número de Renspa (habilitación sanitaria) y podrá ver su resultado a faena, sin necesidad de que el frigorífico tenga que enviar el romaneo, ya que allí tendrá toda la información que precisa”, concluyó el empresario frigorífico.

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En nuestro país, “industria frigorífica” ha sido históricamente y continúa siendo un modo de nombrar un tipo de actividad en el que conviven (malamente) situaciones y tratos muy dispares desde lo impositivo, higiénico sanitario y laboral, lo que se traduce y a la vez genera, como un círculo vicioso, fuertes distorsiones a lo largo de toda la cadena de ganados y carnes.

Desde el momento en que se vislumbraba un cambio en el color político del Ejecutivo, el sector productor apostó fuertemente a la recuperación del stock nacional generando un aumento de 2 millones de cabezas.

Acompañando esta apuesta de los productores, el sector industrial –sobre todo, la industria consumera- apostó a sanear la cadena y a intentar valorizar su patrimonio. Esto generó que, en un accionar coordinado entre el Estado (SUCCA y AFIP) y el acompañamiento del sector privado se elaborara el plan de combate contra la evasión sanitaria, laboral y fiscal que comenzó a implementarse a partir del 1 de marzo del 2017.

Una aclaración fundamental: sanear la cadena no implica solo ni necesariamente recaudar más impuestos. Eso puede ser una parte, pero lo que hace el sanear la cadena comercial es justamente lo que se logró en un principio con un enorme apoyo trabajo pedagógico por parte de los titulares de frigoríficos: que los matarifes se fueran incorporando a la economía formal.

Así, sanear la industria frigorífica no solo implica pagar más impuestos y saber quién los paga. Tiene que ver con la posibilidad, por parte de la industria, de competir en condiciones de igualdad. En un negocio de centavos, y una situación en la cual la capacidad instalada ociosa industrial supera el 50%, la informalidad -cualquier informalidad- se traduce en ventaja competitiva.

En un negocio de centavos, un operador trabajando con menores costos tiene un impacto que puede ser devastador sobre el resto de los competidores.

En este esquema, el trato inequitativo en los aspectos higiénico-sanitarios, laborales e impositivos, representados principalmente por las pseudo cooperativas, se expande hacia pequeños y medianos mataderos cuya operatoria rentable solo puede explicarse desde la evasión. Esto genera tal descompetencia que lentamente los avances logrados en los primeros meses se fueron deteriorando al nivel actual, donde los niveles de informalidad se están asemejando a los momentos previos a la entrada en vigencia del nuevo sistema.

Cuando como sector representante de la industria nos presentamos en los distintos organismos que de alguna manera inciden en la política que debe llevarse adelante para solucionar los problemas, nos damos cuenta que en lo discursivo coincidimos tanto en el diagnóstico como en la solución. Todos manifestamos querer que la sanidad sea idéntica para todos los establecimientos (es decir que todos los argentinos comamos carne igualmente controlada) y que todos paguen la totalidad de los impuestos y cargas y contribuciones sociales (es decir, que todos los argentinos tengamos un salario en blanco).

También queremos que todos los frigoríficos declaren toda su faena, sin amañar cantidades, pesos ni calidades (es decir, que todos los que trabajan en lo mismo obedezcan las mismas reglas).

Pero, a poco de andar, al momento de tomar las decisiones, los mismos funcionarios justifican el mantenimiento de algunos establecimientos en el sostenimiento de la fuente de trabajo, olvidándose o dejando de lado lo sanitario (la Argentina es el país con uno de los más altos índices de síndrome urémico hemolítico del mundo) lo impositivo y lo laboral.

Finalmente la mayoría de los funcionarios termina justificando una postura conservadora del status quo en la incidencia político social y banalizando el reclamo de los sectores, personalizando en el comportamiento de algún empresario inescrupuloso o en alguna declaración molesta para algún funcionario.

En esta oportunidad tenemos la suerte de que el Presidente de la República ha mirado al sector de ganados y carnes. En estos 26 meses de gobierno nos ha recibido y escuchado en cuatro oportunidades, interiorizándose de los problemas. Esto quiere decir que el presidente Macri entiende que la situación del sector es grave y que necesita de una política pública coordinada entre los distintos funcionarios para encontrar una solución sustentable para toda la cadena comercial.

Creo que ha llegado el momento en que nos reunamos con todos los organismos involucrados y definamos el camino a seguir. Y es un camino integral y completo. No puede implicar ni perder puestos de trabajo ni seguir comprometiendo la salud de los argentinos.

Son muchos los organismos del Estado que participan de manera directa o indirecta en la solución de los problemas del sector. En el orden nacional, tenemos al INAES, el Ministerio de Agroindustria al SENASA y a la AFIP. En el orden provincial, ARBA y los organismos de recaudación de las demás provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

A todo esto debemos sumarle las fuertes presiones políticas de intendentes, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales. En todos los organismos hemos logrado empatía discursiva, pero también enormes dificultades para encarar las reformas que todos estamos de acuerdo que son necesarias. Esto implica decir algunas verdades que no son lindas de escuchar, y tomar medidas de fondo que impliquen más que parches momentáneos producto de presiones también momentáneas.

Ver Suspenden a 130 mataderos que no compraron los controladores de faena

La industria está desarrollando su actividad con el 50% de capacidad ociosa. Es una verdad de Perogrullo que sobran por lo menos 200 de los 450 frigoríficos que están funcionando. Sé que no es políticamente correcto decir esto: sobran porque se ha aumentado la capacidad de frío en los frigoríficos.

Esto quiere decir que no hay trabajo para todos y las perspectivas son que no va a haberlo tampoco en el futuro. Frente a esto hay dos opciones: o seguimos esperando a ver qué pasa, mientras vemos como se desarticula el sector, o nos involucramos y tomamos las medidas que hay que tomar, con la seriedad y la consistencia con que hay que tomarlas.

El señor Presidente dio expresas indicaciones de que aquel establecimiento que no hubiera adquirido el CEF (Control Electrónico de Faena) o Caja Negra, como se lo conoce en la jerga vulgar, no podrá faenar a partir de marzo de 2018.

La pregunta es: ¿Será aplicado con la misma vara para todos, o nuevamente parte de la industria acompañará los cambios para mejor que se vienen implementando mientras otra parte -una vez más, y van…- seguirá obteniendo cada vez mayores incentivos para competir deslealmente contra los que cumplen las normas?

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El decreto 174/2018 publicado en el Boletín Oficial definió el nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional y confirmó los anticipos respecto de una fuerte reducción de cargos políticos en la cartera agropecuaria, donde se mantendrán las cuatro secretarías preexistentes pero sin siete subsecretarías, casi la mitad de las que tenía.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dirigida por Guillermo Bernaudo, tenía cinco subsecretarías y ahora quedaron sólo tres, ya que la Subsecretaría de Ganadería absorbió a la de Lechería y la de Agricultura, a la de Desarrollo Forestal.

La Secretaría de Mercados Agroindustriales, a cargo de Marisa Bircher, anuló la Subsecretaría de Información y Estadística Pública para dar lugar a una nueva Subsecretaría de Relaciones Agroindustriales Internacionales

La ex Secretaría de Agregado de Valor, a cargo de Andrés Murchison, cambió de denominación: ahora se llama Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y es el área que tuvo el mayor ajuste de cargos: perdió sus dos subsecretarías preexistentes, Alimentos y Bebidas y Bioindustria.

Por último, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, comandada por Santiago Hardie, fusionó dos de sus subsecretarías: la de Agricultura Familiar y la de Desarrollo Territorial.

Además de esos recortes, se anularon dos subsecretarías que dependían directamente del ministro Etchevehere: Prensa y Comunicación Institucional y la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa), que tiene a cargo la lucha contra la informalidad en varias cadenas productivas y ahora pasaría a ser una Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Agricultura.

El decreto también suprimió “los cargos extraescalafonarios con rango y jerarquía de Secretario y Subsecretario” y, en el caso de Agroindustria, la decisión afecta a María “Pilu” Giraudo, que era coordinadora de Políticas Ambientales, y al ex economista de la Sociedad Rural Ernesto Ambrosetti, quien estaba a cargo de la administración del Fondo de Desarrollo Agropecuario (Fondagro).

Según el nuevo organigrama, los organismos descentralizados de la cartera agropecuaria permanecieron sin cambios, salvo por el caso de la Unidad de Cambio Rural (UCAR), que perdió su autonomía y ahora dependería del subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Luciano Miguens.

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