“Hasta ese momento todos pagaban lo mismo, no importaba cuánto campo tuviese un productor. Había una concentración muy grande y nos parecía injusto”, dijo a Bichos de Campo Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa. La primera segmentación que se realizó hace 7 años, distinguiendo entre productores chicos, medianos y grandes, tuvo su actualización el mes pasado.

“Creemos que los tributos tienen que ser progresivos, que el que más tiene más debe pagar. Y consideramos que no es lo mismo un productor local de uno de afuera”, aseguró Goyechea.

La nueva segmentación tributaria se define bajo dos criterios: la cantidad de hectáreas que tiene el productor –que distinguen entre las que son productivas y las que no- y si reside o no en el distrito. “No es lo mismo una persona que le da actividad económica al pueblo, cuya familia trabaja en el campo, que participa en las instituciones y colabora socialmente, a un productor que vive en otra localidad”, agregó.

A partir de allí se calcula la tasa rural, que no es un impuesto sino una contraprestación de servicios. Este aporte le permite a la comuna hacer, por ejemplo, tareas de vialidad y mantenimiento de caminos.

Hasta principios de septiembre, la tasa se calculaba por unidades tributarias, cuyo precio equivalía a un litro de gasoil, y se dividía en tres segmentos: hasta 250 hectáreas se pagaba un equivalente a 7 unidades tributarias por hectárea; entre las 251 y las 800 hectáreas se pagaban 11.9 unidades tributarias por hectárea y los establecimientos de más de 800 pagaban 14 unidades por hectárea.

Para que sea igualitario, María Teresa aplicó un sistema de subsidios por el cual todos pagaban lo mismo en una primera instancia, y a partir de este cálculo diferencial se define un porcentaje de reintegro. El valor total de la tasa se divide en seis meses y se abona de manera bimestral.

La nueva segmentación mantiene este criterio, pero agrega más categorías permitiendo diferenciar aun más a los pequeños productores. Por ejemplo, aquel productor que tenga menos de 50 hectáreas deberá pagar 3 unidades tributarias por hectárea, lo que representa un 78.57% de subsidio. En cambio, si se tiene entre 200 y 250 hectáreas, se deberán pagar 7 unidades tributarias y el subsidio será sólo de un 50%.

Ahora bien, para poder mantener esa promoción que ofrece la comuna, se debe cumplir con dos ordenanzas que hacen al buen estado de los caminos. En primer lugar no se debe circular los días de lluvia durante 24 horas, para evitar su deterioro. En segundo lugar, el ingreso a la tranquera debe tener tubos para que el agua de las cunetas circule y no produzca obstrucciones.

“Esta promoción que da el subsidio es siempre y cuando no incumplan estas dos ordenanzas. Si vos decís ‘yo salgo con el tractor igual’ y destrozás todo te sacamos el subsidio. Es tratar de evitar la viveza”, comentó Goyechea.

Aunque este sistema tributario ha demostrado tener buenos resultados, María Teresa es el único distrito en la zona que aplica esta segmentación. “No es algo común. Hemos expuesto en diferentes paneles y ponemos siempre a disposición la ordenanza pero nunca nos han consultado”, confirmó el presidente comunal.

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Ante la necesidad que implica equipar a los hospitales para tratar a los enfermos por Covid-19, la municipalidad de Coronel Suárez anunció una desafección temporaria del 20% de los recursos que maneja la comisión vial de esa localidad. Del 70% del dinero aportado por los productoresy que se destinaba a caminos, combustibles, reparaciones varias, sueldos de operarios, etcétera (porque el otro 30% se dirigía a la administración de la municipalidad), solo recibirán la mitad. Con esta reducción también se quitó la obligatoriedad de invertir en la compra de maquinarias para reparar los caminos en ese partido.

“La mayor afectación tiene que ver con la imposibilidad de comprar equipo. Uno define un plan de trabajo en base a una determinada capacidad operativa y eso hoy no lo tenemos”, dice María José Giaquinto, directora de la comisión vial. Coronel Suárez cuenta con 2.500 kilómetros de caminos rurales y casi 600 mil hectáreas de superficie. Su buen estado es fundamental para el normal desarrollo de las actividades agrícolas y para los contratistas, camioneros y maestras que los transitan.

“Podés estar un año sin reemplazar maquinaria o reemplazando casi nada. Pero si no tenés esa afectación, la renovación es insostenible y la comisión va a tener una fecha de vencimiento”, explica el concejal de Juntos por el Cambio, Javier Roth.

Aunque la derivación a salud de esos recursos, que provienen de las tasas viales y de los aportes que indica la ley provincial 13010, sería “temporal”, Roth considera que para fin de año –momento en que vence esta ordenanza- no volverán a la normalidad.

“Como todos los impuestos y tasas extraordinarias que el Estado toma, es difícil que sea por única vez”, comenta.

Este municipio no es el único que se encuentra priorizando cuestiones de salud pública. “En el contexto general quedan relegados los temas vinculados a caminos”, agrega Giaquinto.

Aunque ese 20% es importante para recomponer el parque de maquinaria, el voto de los concejales fue unánime en nombre de la pandemia: tanto el oficialismo como la oposición respaldaron la medida. Los ojos apuntan a recobrar la normalidad en diciembre.

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Eso les pasó a algunos productores chaqueños que hace pocas semanas fueron notificados de que debían comenzar a pagar un nuevo/viejo impuesto. El argumento fue que como se construyeron nuevos tramos de las rutas nacionales 9 y 3, por un total de 95 y 55 kilómetros respectivamente, ellos debían ser “solidarios” y pagar una nueva tasa para que el Estado provincial, que ya recauda dinero en otros tributos, pueda continuar haciendo este tipo de obras en otras rutas.

Patricia Ruth Rodríguez tiene su campo de 350 hectáreas en Paraje El Zanjón, Quitilipi, y según la notificación oficial que recibió tendría que pagar 160 mil pesos este año y la misma cantidad en 2021. Pero hay otros productores que están cerca de esas rutas y que tienen superficies mayores que deben pagar hasta 3 millones de pesos.

“El 26 de junio tuvimos la sorpresa, nos cayó un balde de agua fría, porque llegó en un momento inoportuno. Nos llegó un impuesto por mejoras viales. Pero fue más sorpresivo el monto”, explicó esta productora chaqueña a Bichos de Campo.

Escuchá la entrevista con Patricia Ruth Rodríguez:

“La Administración Tributaria Provincial (ATP) armó junto con Vialidad Provincial esta grilla y nos intima a pagar”, explicó. Quienes recibieron la factura fueron los productores que están a 20 kilómetros de cada lado de ambas rutas, con el argumento de que esos campos -que actualmente padecen una aguda sequía- se revalorizaron gracias a las obras realizadas.

Rodríguez se puso al frente de los reclamos. Contó que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, los atendió días atrás por zoom y les dijo que son en total 4.200 productores los que pagarían esa “contribución”. y que “por esta gran movida se pararon las notificaciones pero por el momento, pero esto está en vigencia”.

En definitiva, lo que lograron por ahora es que les posterguen los pagos de las cuotas que vencían en agosto y en diciembre, pero todavía no se suspendió el nuevo sistema de recaudación.

La productora chaqueña explicó también por qué consideran por lo menos inoportuno el cobro en cuestión: “No es el momento, por la pandemia, porque Chaco pasa un problema de sequía impresionante y tiene problemas económicos productivos que no acompañan”, enumeró.

Ruth consideró que, al contrario, “lo que se necesita asistencia del gobierno, por los altos costos que lleva sembrar una chacra y porque la renta agropecuaria no da para pagar más impuestos”. Además enfatizó que “hay muchos otros impuestos que ya se vienen pagando para la contribución de mejoras viales como el impuesto al combustible, o los que se pagan cuando se compran neumáticos por ejemplo”.

Los productores chaqueños añaden que la zona pasa desde hace años por serios problemas que fueron deteriorando la estructura productiva. “Antes la gente sembraba algodón, había cultivos y la producción tenía rentabilidad, ahora se dedican a las cementeras, hacen zapallos o carbón”, detalló Rodríguez.

En su caso, por citarlo como ejemplo, “hay hectáreas que se fueron ensuciando y no se la pueden ocupar. Tenemos un pedazo de chacra y algunos animales, pero ellos no evalúan si tu campo está en una cañada, si tiene monte, si es chacra. Eevalúan un pedazo de tierra y con eso hacen la fórmula”.

“Hay un productor sobre la ruta con 100 hectáreas que tiene que pagar 400 mil pesos, pero eso no es Pergamino”, reclamó.

La productora explicó que si bien se postergó el pago de las primeras dos cuotas “no nos pospusieron la notificación, y nos dan solo 10 días hábiles para rechazar la notificación y si no lo hacemos queda por sentada la cifra y no tenemos derecho a defensa sin saber si está bien hecho el cálculo”.

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Graciela Picchi es la titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ), una entidad de nivel local que se creo justamente para pelear por ese objetivo. Ella contó que ahora incluso están pidiendo cosas que parecen salidas de otro mundo, o por lo menos de un mundo muy lejano. Por ejemplo, piden que la Municipalidad les deje de cobrar a los productores una segunda tasa: la vetusta Guías, Marcas y Señales.

Dice Graciela que esa gabela se creó en la época en de Juan Manuel de  Rosas, el Restaurador de las Leyes, quien gobernó la provincia entre 1835 y 1952. Se supone que la tasa de Guías, Marcas y Señales se cobraba como contraprestación por el daño que provocaban sobre los camiones rurales los ganaderos cuando llevaban hacienda de un lado a otro, mediante el arreo. Las tropas se arriaban entonces y era cosa muy común, porque no existía el motor y menos los camiones jaula. Pero ahora, salvo por una inundación padre, es una técnica en desuso. 

Escuchá la entrevista a la presidenta de la Asociación de Productores Agropecuario de Junín en Bichos de Campo:

Según Picchi, es “injusto” que haya una doble imposición, cuando encima el dinero no se usa para el fin correspondiente. “Lo que pretendemos es que el municipio, que recauda 3,5 millones de pesos por la tasa, la afecte a los caminos. Y pedimos que sea reemplazado (el sistema) por el documento único emitido por Senasa; que se cree un registro nuevo en el que el documento sanitario sea único y electrónico”, reclamó la dirigente, que en épocas no muy lejanas tampoco dudaba en hacer frente a otro hombre poderoso, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. 

La productora recordó que con APAJ “presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante de Junín para la formación de un consorcio vial por el tema arreglo de caminos, que no es de hoy ni de ayer, es un problema de años”.

“Perdimos muchos granos en la cosecha pasada por no poder sacarlos oportunamente (debido a la inundación) y entonces presentamos proyecto para hacernos cargo de los caminos”, apuntó.

Picchi contó cuál fue el punto de conflicto con las autoridades actuales del Municipio. “Cuando llegamos al punto del porcentaje de la tasa vial, pedimos que el dinero sea aportando al consorcio menos un descuento por los gastos de emisión y cobro, que suponemos que en un municipio moderno es 7% de lo que se recauda. Pero el resto debe ser aplicado al arreglo de caminos. El intendente sólo quiere darnos el 50%”, comentó. 

En Junín el intendente que responde a Cambiemos y se llema Pablo Petrecca. La productora lo criticó con dureza: “No sólo pretende que el dinero de la tasa vial se destine a otro fin, también quiere seguir cobrando la tasa que se creó hace unos 180 años”, disparó.

“Entre las cosas que le pedimos que se afecte (al consorcio vial) es una segunda tasa que se llama tasa de Guías, Marcas y Señales, que es muy antigua, de la época de Rosas. Antaño los animales se movían en arreo y cuando el ganadero tenía que sacar el animal y todo eso que rompían los caminos. Pero ya nos van más así sino en camiones y la seguimos pagando”, se quejó la productora. 

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“En Rojas gracias a eso se terminó afectando el 70% de la tasa vial al mantenimiento de los caminos, se creó una secretaría vial y de recursos hídricos, con un secretario vial y a su vez un consejo asesor municipal de productores de 7 zonas que tenemos en el distrito. Y el presidente de ese consejo es quien firmaba el suministro al lado del secretario vial para que se pague”, señala. De esta forma los productores pasaron a participar de los pagos de mantenimiento de caminos.

Mirá la entrevista con el productor de Rojas:

Alberto, primo del actual jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar, fue nombrado como primer presidente que aquel consejo asesor formado en 2002 y el actual intendente de Rojas (Claudio Rossi del frente Cambiemos) fue designado secretario vial en aquel entonces. Alberto del Solar fue elegido durante tres períodos consecutivos como presidente del consejo y luego pasó a ser director de producción y secretario vial de la Municipalidad de Rojas. “Se hizo mucho”, señala en relación a la mejora de los caminos rurales del  partido bonaerense.

Hasta que en el 2010 un grupo vecinal político ganó las elecciones y empezó a usar esa plata con toros fines. “Esto es posible debido a que en la Ley orgánica de las municipalidades se permite utilizar la plata de la tasa vial para otros conceptos. Decretado en 1975 por gobernadores militares para darle guita a los intendentes. De allí en más la tasa vial empezó a ser el botín de los intendentes”, explica Del Solar sobre la causa del manoteo que se ve en numerosos partidos de la provincia.

Cuando Bichos de Campo lo consulta por la solución a este problema, Del Solar cuenta que lo acababa de hablar con el Ministro bonaerense Leonardo Sarquís: “Hay que modificar esa Ley orgánica de las municipalidades para que la tasa vial sea afectada a los caminos. La tasa vial de Rojas es de 45 millones de pesos anuales, y con eso podés invertir mucho en maquinaria”.

“Sin plata no se puede hacer nada. Podés crear lo que quieras, consorcios, etc. Pero el tema pasa por la plata para hacer operar las maquinas, gasoil, respuestos, máquinas nuevas y demás”, explica Del Solar.

“En Rojas destruyeron en 4 años lo que se hizo en 8”, sentencia.

Por último, Del Solar no apunta solo a los políticos, sino a los productores (apelando a su éxito allá por el 2001): “Somos los mismos productores que creemos que van a venir con una varita mágica a solucionarlos los problemas porque somos los mejores del mundo, porque producimos, bla bla bla… Pero los problemas no se solucionan si no nos unimos en serio a buscar las soluciones a nuestros problemas”.

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“El tema de caminos rurales está candente y la gente tiene hambre de solución”, señaló el directivo, quien apuntó a los intendentes como principales responsables de la situación. “La responsabilidad es de los municipios. El intendente recauda la tasa de mantenimiento de caminos, que no es un impuesto, y debe brindar una contraprestación”, explicó.

Mirá la entrevista completa al presidente de CARBAP:

“Así como tenemos estados nacionales y provinciales sobredimensionados, lo mismo pasa con los estados municipales. El intendente recauda y necesita la plata (de la Tasa Vial) para pagar los sueldos. Gastan la plata en el día a día y así los caminos terminan destrozados”, explicó el dirigente rural.

En vías de buscar una solución, De Velazco dijo que ya llevaron carpeta por carpeta de los municipios en los que pasaba esto ni bien asumió el gobierno de María Eugenia Vidal, pero todavía nada cambió. “El Estado no pudo poner en caja a los intendentes y ahora Provincia quiere tomar en sus manos la gestión de los caminos con el anuncio de los 12 mil kilómetros de arreglos. Yo creo que no van a poder realizarlo por un tema de logística. Así que lo que nos queda a nosotros es exponer la problemática a la luz pública con un simposio como este y luego analizar por vía judicial para caer con estos intendentes que recaudan la tasa y no brindan la contraprestación respectiva. Quien gobierna, un intendente debe ser responsable de sus actos”, concluyó el ruralista.

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La falta de infraestructura es uno de los grandes problemas de la economía argentina y afecta especialmente a la actividad agropecuaria. Una las cuentas pendientes en esta materia es el mal estado de los caminos rurales. En la última inundación sobraban los videos en las redes sociales de productores que mostraban como esos caminos se habían transformado en pantanos de lodo.

El reclamo de quienes trabajan  en el campo por el mal estado de la red vial terciaria se repite cada año, pero los excesos de lluvias de los últimos ciclos puso más en evidencia el problema cuya causa, al menos en parte, radica en que los fondos para ese fin terminan en cualquier otro lado, según las necesidades de cada intendente.

Hoy muchos productores hacen agricultura de precisión, usan drones para medir la inversión justa en insumo y el estado de los cultivos, inseminan a tiempo fijo y con semen sexado, clonan animales de pedigree. Pero todo eso que se produce con tanta tecnología debe transportarlo luego por caminos que están igual que cuando los colonos llegaron a poblar la pampa.

Ver: Marco Giraudo: “El proyecto vial de Córdoba será financiado 100% por los productores”

Años de desidia respecto de este asunto llevaron al hartazgo de los productores, que están comenzando a pensar qué medidas se pueden tomar. Desde Carbap señalaron que se piensa incluso en iniciar medidas legales contra los intendentes que no le dan el destino correspondiente al dinero que se junta por la tasa vial.

Todavía hay algunas dudas sobre la viabilidad de la iniciativa “judicial”. Algunos consideran incluso que hay jurisprudencia en contra de esa postura y que otra definición en contra daría lugar a desmanejos mayores con el dinero. Pero están los que empujan para que se encare esa vía. El debate formará parte del simposio de caminos que la entidad tendrá el próximo 30 de mayo en Rauch.

Matías de Velazco, presidente de Carbap, dijo al respecto: “Estamos analizando qué responsabilidad le cabe a los intendentes y si podría haber acciones legales en los casos en los que no puedan dar cuenta del destino del dinero y del mal estado de los caminos”.

Ver: Productores de Junín quieren pagar el arreglo de un camino, pero el municipio lo rechaza

El dirigente dijo que hay municipios en los que a los productores ganaderos que no pagan la tasa vial a veces no se les dan las guías para mover hacienda. “Además en los municipios se crean tasas sobre tasas. En Cañuelas, sin ir más lejos, acaban de poner una (tasa) sobre seguridad e higiene en los campos”, indicó el dirigente.

De Velazco dijo que los abogados de la entidad están analizando las alternativas posibles y que el aspecto legal será uno de los ejes principales del simposio de caminos.

Según expertos en la red vial, en la provincia de Buenos Aires hay 120.000 kilómetros entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales. Estos últimos suman 80.000 kilómetros, cerca de dos terceras partes del total.

Los caminos rurales son parte del tendido municipal y las intendencias cobran a famosa “tasa vial” para su mantenimiento, pero mayormente ese dinero tiene otro destino en función de las necesidades políticas de cada caso, según denuncian los productores de muchos partidos.

Ver: “La red vial en la provincia de Buenos Aires”

Pero ese no es único fondo con el que cuentan los partidos de la provincia. Además de la tasa vial reciben dinero para infraestructura que el Gobierno Nacional y provincial coparticipan a través de Fondo Federal Solidario de la Soja, creado por Cristina Fernández en 2008. En aquel momento, en medio del conflicto campo-gobierno, el gobierno nacional decidió coparticipar a las provincias el 30% de la recaudación por retenciones y estas a su vez debían hacer lo mismo con los municipios.

El objetivo de ese fondo era hacer obras de infraestructura, entre las que se encuentran la reparación de los caminos rurales. Pero a juzgar por los resultados ni el dinero de la tasa vial ni el de las retenciones, todos fondos con origen en la producción, regresan hacia el campo.

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La más insólita de todas esas cosas está contenida en el expediente Nº 4059-1627-2018. Allí la APAJ, en representación de productores frentistas al camino rural Nº 054-04, solicitó a principios de mes el mantenimiento de ese camino o en su defecto que el Municipio le autorizara hacer dicho mantenimiento de forma particular “a cuenta de la Administración municipal”.

Es decir, los productores ofrecieron pagar a dos empresas viales (incluso anexaron los presupuestos correspondientes, por la reparación de ese camino. Y pedían pedían que luego se les descontara ese gasto del pago futuro de cuotas de la Tasa de Red Vial.

¿Qué sucedió? Según cuenta una gacetilla de la APAJ, la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Junín se negó de plano a esta posibilidad. Alegó: “No se encuentra contemplada la modalidad de intervención propuesta por la solicitante, siendo la reparación y mantenimientos de los caminos rurales potestad privativa de la Administración Municipal, por lo cual se deniega la autorización para realizar el mantenimiento solicitado de forma particular.”

Tras esa respuesta negativa, los productores comenzaron a denunciar que aquí podría haber un caso de malversación de fondos públicos, ya que existiría un convenio de descentralización de la Ley 13.010, que afecta los recursos que vienen de la Provincia para el mantenimiento de ese tipo de caminos rurales. Según la entidad, está claro que esos recursos “son usados para otros fines”.

Desde el Municipio, en esta pulseada, replicaron que la propuesta de los productores de financiar ellos mismos la reparación de los caminos rurales, también va de bruces con la estrategia del gobierno de María Eugenia Vidal, ya que “”desde el Gobierno Provincial se proyectó una planificación direccionada a la reparación y mantenimiento de caminos rurales del territorio bonaerense. En ese marco, el partido de Junín resulta ser parte integrante de la primera etapa de ejecución de dicho proyecto, encontrándose el camino rural Nº 054-04 incluido en tal planificación”.

Ver: Con anuncios, la gobernadora Vidal intenta recomponer con el agro bonaerense

“Quiere decir que los productores frentistas de ese importante camino -para la salida de la producción agrícola no sólo del noreste del partido de Junín sino también del noroeste de Chacabuco-, tienen que esperar hasta septiembre (según dichos del ministro Leonardo Sarquìs) que lleguen las máquinas que va a adquirir provincia para afrontar dicho plan”, se lamentaron los socios de APAJ.

Hace unos días, la vicepresidenta de esa asociación, Graciela Picchi, escribió una carta dirigida directamente al presidente Mauricio Macri, en la que le dice: “Coincidimos totalmente con su visión acerca de la política a seguir con los Caminos Rurales, donde la aplicación del modelo de asociación Público-Privado es la solución, ya sea vía confirmación de consorcios camineros, cooperativas viales o el modelo que se elija”.

Allí mismo declaró la productora que “la situación del uso del dinero de la tasa que pagan los productores por la Red Vial Rural aplicada con discrecionalidad para cualquier fin, y el incumplimiento de
las leyes N° 13010, 13450 y su decreto reglamentario 130-07 ha llegado a su fin. Si esto no se trata con cautela en los Municipios y los productores van a la justicia, puede llegar a ser un escandalo que empañe estos aires de reconstrucción nacional que llevamos adelante”.

En el caso de Junín, el intendente es de Cambiemos, el frente de gobierno en la Nación y la Provincia. Pero según Picchi, esto no modifica nada la situación. “Los Intendentes se niegan a cambiar de posición y atender los reclamos. Los productores de gran parte de la Provincia están con el mismo problema, y preparan recursos legales para dejar de pagar a las comunas y hacer depósitos judiciales. No dejemos que esto pase”, le pidió a Macri.

“Esta es la segunda vez que le escribimos a la Presidencia. La vez anterior nuestra carta se giró al Ministerio de Agroindustria, pero nadie nos llamo, fuimos y nadie tenia nuestra carta. Hablamos con Felipe Crespo. Por ultimo, acudimos al amigo siempre dispuesto a dar una mano Federico Pinedo, quien nos apoyo en todo momento, y hasta dio notas por radio y TV diciendo cual es la política que quiere seguir la Nación. Señor Presidente, queremos ser su prueba piloto, se puede ser exitosos con una gestión diferente en los caminos rurales”, añadió la misiva.

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El aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para 2018, votado hace pocos días por la Legislatura bonaerense y que determina subas promedio del 50% en las boletas, paso sin mayores quejas por parte del ruralismo. Pero habilitó a que los municipios avancen con una suba de la tasa vial que cobran a los productores. Todos quieren más dinero y para lograr ese objetivo se recurre (en gobiernos de diferente signo político) a la misma fuente de extracción: la producción agropecuaria.

En eso estaban este miércoles el Concejo Deliberante de Bolívar (cuya mayoría es del Frente Para la Victoria). Se disponía a votar una suba de la tasa vial para 2018 prevista en 45%, hasta que la queja y la protesta activa de los productores logró que por lo menos se postergue el incremento hasta tanto haya medidas que apunten a la reconstrucción de los caminos rurales.

Ver: Triste ránking: ¿Cuáles son los partidos más afectados por las inundaciones?

Fernando Alzueta, productor de la zona, explicó que tras una movilización al edificio legislativo municipal se acordó con los concejales que no se aumente esa tasa al menos por las dos primeras cuotas de 2018. Y que recién en la tercera el aumento sería de 8 litros de gasoil ($20 por hectárea para los que tienen hasta 200 hectáreas), siempre que haya obras iniciadas o un plan de reparación de los caminos.

“El estado de los caminos rurales es de intransitabilidad. No se puede entrar con los equipos a trabajar. No se pueden llevar insumos ni sacar la producción por su mal estado. Además el parque vial necesario para la reparación de los caminos está destruido. Esta situación se repite en otros municipios bonaerenses pero es más grave en los que fueron gobernados por intendentes kirchneristas, con los que no había diálogo”, relató Alzueta durante una visita a Canal Rural.

El dirigente rural dijo que tanto la suba de la tasa vial como el revalúo e incremento del Inmobiliario Rural llegan en mal momento porque en Bolívar hay zonas todavía inundadadas y porque la rentabilidad se achicó como consecuencia de la suba de costos y la estabilidad de los precios.

“En Bolívar el agua bajó en la zona con canales, pero en la que no tiene canales el 60 o 70% todavía sigue inundado. En muchas regiones este año no se puede producir, menos pagar impuestos y tasas más caras”, concluyó.

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“Estamos recibiendo agua de localidades vecinas. De las 500.000 hectáreas que tiene el partido, según la zona, hay entre un 50% y 70% inundado. En cuanto a las declaraciones de Emergencia, desde el municipio de Bolívar no están listos los certificados definitivos pero esperamos respuestas positivas”, comentó Laura Ducasse, productora, prestadora de servicios y concejal de Cambiemos en Bolívar.

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“Habíamos pedido una reunión hace tiempo con el intendente interino y seguimos sin tenerla. La suba de la tasa vial es exorbitante. Por ejemplo, un productor chico que posee hasta 200 hectáreas recibirá un aumento cercano al 48%; y si tiene hasta 400 hectáreas, le suman 8% más de aumento. El productor que tiene más de 400 hectáreas estará pagando más de un 70% de aumento. El problema es que esta suba no vuelve en obras al municipio, porque no se puede sacar la producción, no se puede sembrar de modo correcto, quedaron rollos en los campos y lotes sin cosechar”, explicó Ducasse.

Según la entrevistada, “los productores no podrán pagar impuestos con este porcentaje tan alto. En el partido somos agro-dependientes. No hay grandes fábricas o industrias acá. Debemos tener un poco de cuidado cuando se tiran estos números y hacer una evaluación previa porque les aseguro que no podremos pagar los impuestos si siguen con este aumento”, concluyó.

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