Vaya contrasentido: Mientras el gobierno nacional decidió quitarle los derechos de exportación a la fruta fresca, los funcionarios de ese municipio no tuvieron mejor idea que reflotar una “tasa de seguridad e higiene” que no es más que un papel que le permite a los empaques luego hacer el trámite de habilitación ente el Senasa.

Decimos que no es más que un papel porque así nos lo definieron los productores de la región: “No nos dan servicio alguno, es sólo un trámite administrativo para poder luego hacer la presentación y tener la habilitación para operar del Senasa”, explicó el producto, empacador y exportador Darío “Negussi” Toller, de la firma Toller Hermanos.

El intendente de Federación es Ricardo Bravo y proviene del Frente Justicialista Creer Entre Ríos. Ante ese dirigente y sus funcionarios, así como apelando al Poder Legislativo, los productores pudieron llevar adelante una negociación que por ahora les permitió “zafar” del pago de esa tasa por los dos meses que le quedan a este año. Pero existe el riesgo real de que el Municipio la comience a cobrar en 2022.

Escuchá el relató de Darío Toller:

“Los gobiernos anteriores no cobraban la tasa a los empacadores. Este gobierno decidió hacerlo y ahí empezamos a tener diferentes negociaciones porque es onerosa, es un impuesto disfrazado de tasa”, definió Toller.

Luego contó que “tuvimos varias negociaciones con el poder ejecutivo y el legislativo y nos encontramos con una postura dura de parte de ellos para comprender la situación. No entraban en razón”.

El empresario citrícola explicó que se llegó a un acuerdo por lo poco que queda de 2021, que implica el pago de “una retribución por producción de embalado sobre una escala que se estipuló”. Pero aclaró que “esto es provisorio, por lo menos logramos quebrar esa postura tan dura cerrada”.

Toller aseguró que el pago de esa tasa municipal los pone en una situación de desigualdad frente a otras empresas, tanto las que están ubicadas dentro del mismo municipio pero fuera del ejido urbano así como con las firmas que están en otras regiones citrícolas, como por caso las de Chajarí.

El citricultor agregó que un 2% de quita sobre el ingreso bruto puede significar toda la renta obtenida por una empresa. “Esto nos deja fuera de camino” remarcó, aunque luego agregó: “Creemos que con buen dialogo vamos a poder discutir la tributaria del año que viene y así poder trabajar”.

Los hermanos Toller empezaron a exportar naranjas directo a Europa: “Existen oportunidades de negocios, pero hay que saberlas buscar”

Por otra parte, en diálogo con Bichos de Campo Toller se refirió a lo que está pasando con la venta de cítricos en el mercado interno. Dijo que este año se combinó una buena cosecha con un mercado poco demandante, por la caída del poder de compra del salario, lo que complica los precios de los productos y la rentabilidad de la actividad.

“El productor recibe por el kilo de naranja entre 20/25 pesos. Son precios muy justos. El año pasado fue excepcional, pero había poca producción y alta demanda en el mercado interno”, ya que durante la pandemia la población gastó más en el rubro alimentos. Pero en 2022 el esquema de consumo se modificó y además se siente el retraso respecto de la inflación.

Además, dijo Toller que se está perdiendo competitividad exportadora. “En la exportación estamos perdiendo rentabilidad, por el tipo de cambio que tenemos. Si no lo mueven va a estar complicado para seguir exportando también y eso teniendo en cuenta que hay demanda muy interesante en la producción para cubrir mercados”.

“Si para el año que viene no hay movimiento del dólar oficial se va a poner complicado por la suba de los costos que, además, se prevé que sigan subiendo”, advirtió. Citó como ejemplos los salarios y los insumos necesarios para la producción, como herbicidas, fertilizantes y la energía.

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“Es descabellado pensar que  el Municipio pueda brindar un servicio de inspección e higiene cuando no existe un local habilitado; sobre un fin comercial difícil de determinar en su base imponible y cuando la actividad que se realiza es la siembra y cosecha de un cultivo, realizado en un campo ubicado en la zona rural de esta localidad y de otras cercanas”, indicó un comunicado de la Filial Regional Sur de Santa Fe de la Federación Agraria Argentina.

La entidad ya solicitó una audiencia urgente al intendente local Jorge Berti, y presentó nota al Consejo Deliberante para llamar a una audiencia de partes. También pidió a la Cámara de Contadores del Departamento Constitución “que se expida sobre esta normativa que intenta gravar con DREI a la comercialización de la producción”, que se definiría a través de las ordenanzas 4798 y 4859, ambas del 2019, referidas al Código Fiscal Municipal.

“Sin desconocer las potestades tributarias que les corresponde, el cobro de una tasa o derecho debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”, le recordaron los chacareros santafesinos a su intendente.

Luego dijeron que el pretendido cobro a los campos de ese derecho “para nosotros no se trata de una tasa municipal sino que claramente es un nuevo impuesto que se le aplica a la producción y que se superpone a los que ya soportamos en este país en crisis, desconociendo además, los principios tributarios básicos”.

Y advirtieron los federados: “Sabemos que esta ciudad es la punta de lanza, el laboratorio de lo que otros intendentes provenientes del mismo espacio político, están tratando de imponer desconociendo las reglas establecidas, con artimañas y artilugios legales, desconociendo el solo hecho de que esta actividad se encuentra exceptuada en el Código Tributario provincial”.

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