En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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“Nos juntamos con Juan Grabois en el Senado. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, fue una reunión muy cálida. Valoro mucho cuando dos personas con algunos pensamientos opuestos podemos sentarnos a debatir y a encontrar formas trabajar por el bien común”, explicó de Angeli en su cuenta de Twitter.

“Hace unos meses presenté un proyecto en el Senado que propone la colonización de tierras fiscales a través de la creación de un instituto, con el fin de ser incorporadas a los procesos productivos en explotaciones agropecuarias de economías familiares y rurales”, añadió.

Nos juntamos con @JuanGrabois en el Senado. Más allá de nuestras diferencias ideológicas fue una reunión muy cálida. Valoro mucho cuando dos personas con algunos pensamientos opuestos podemos sentarnos a debatir y a encontrar formas trabajar por el bien común. pic.twitter.com/6OmaQxavV3

— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) July 15, 2021

“El espíritu de este proyecto es impulsar la agricultura familiar y que ésta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse y, en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada”, comentó el senador de Juntos por el Cambio.

De Angeli dijo que con Grabois –quien no es legislador ni representa a una agrupación política con legisladores propios en el Congreso– “comparte preocupaciones” y que “tenemos que trabajar todos juntos en dar mayores posibilidades y herramientas que generen empleo genuino y desarrollo”.

“Como senador por Entre Ríos y defensor de todo el sector agroindustrial, es mi deber escuchar todas las voces, dialogar y encontrar puntos de acuerdo donde podamos tirar para adelante”, aseguró.

De Angeli presentó tiempo atrás un proyecto para colonizar tierras fiscales que puedan ser destinadas a productores familiares. La iniciativa está inspirada en el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay (INC), cuya misión es promover el acceso a la tierra productiva por parte de trabajadores, familias y cooperativas rurales.

En su proyecto, De Angeli justamente propone crear un Instituto Nacional de la Colonización que regule las condiciones para asignar tierras productivas con compras en cuotas en plazos que no podrán superar los 25 años.

De todas maneras, el organismo uruguayo opera fundamentalmente con arrendamientos a familias y cooperativas, mientras que las ventas de tierras sólo se realizan de manera esporádica, dado que, en caso de que se incumpla el modelo productivo prometido por el arrendatario, tiene la posibilidad de dar por finalizado el contrato para llamar a un nuevo concurso, el cual se realiza de manera pública y transparente.

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“El proyecto es acompañado por otros senadores y responde a un reclamo de vieja data entre los pequeños productores. Hay muchos jóvenes que no tienen tierra para seguir produciendo, así que espero que este Gobierno, que tiene la oportunidad de lograr esa mayor producción que pretende, tome este proyecto de ley para acompañar la idea de que todas las tierras fiscales del país puedan ser concursadas por hijos de pequeños productores”, dijo De Angeli en diálogo con Bichos de Campo.

En su proyecto, De Angeli especificó que dicha institución sea la que establezca las condiciones para quienes deseen participar de una adjudicación, y también, la que fije el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago, que no podrán exceder los 25 años. El adjudicatario recibirá el título de propiedad tras el pago completo al Estado.

El senador especificó que el Instituto Nacional de la Colonización debe estar integrado por cinco miembros: tres propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso Nacional, uno en representación de las entidades ruralistas y un representante de las provincias.

Para el senador, el espíritu de su proyecto de ley es impulsar la agricultura familiar y que ésta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse, y en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada. En referencia al tipo de producciones a desarrollar, manifestó que es necesario establecer comités técnicos que hagan dicha evaluación por región. “Por eso el Instituto de Colonización debe ser el que establezca dónde y cuántas hectáreas adjudicar”, dijo.

¿Comenzó la reforma agraria light de Alberto? El Estado Nacional cedió la vieja estación de tren de Tapalqué para crear una colonia agroecológica

Respecto de la primera cesión de tierras del Estado Nacional que se llevó a cabo esta semana para desarrollar una nueva colonia agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Tapalqué, De Angeli opinó que “tiene que ser sustentable y que los productores y sus familias puedan crecer, porque si el Gobierno va a dar tierras para que sigan dependiendo de él no le veo futuro y en ese caso lo único que nos espera es que se agrande aún más el Estado. Si dan la tierra en propiedad es otra cosa”.

“El Estado no puede regalar la tierra, a la tierra hay que pagarla, que otorgue los años que sean necesarios para pagarla, pero hay que hacerlo porque eso dará dignidad y crecimiento. Regalándola no la valorarán nunca”, aclaró.

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