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El predio en cuestión, en realidad, no es muy grande: está identificado catastralmente como Partido B – Circunscripción 2 – Sección 3 – Parcela 555, y tiene una superficie de 40.000,52 m2. Está ubicado lindero al aeropuerto de Jujuy, junto a la autopista que va a Salta y a la altura del acceso a la ciudad de Perico. Pertenecía, hasta ahora, a la Fuerza Aérea.
La Resolución 1/2022 de la AABE, que cede ese terreno, se inició a partir de un pedido de la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias del Ministerio de Agricultura argumentando que el mismo “se destinará al desarrollo de proyectos de uso agropecuario con la asistencia de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena” de dicha cartera. Allí se habían venido tratando de impulsar diferentes alternativas semejantes, pero con poco éxito hasta ahora. La más avanzada, en el partido bonaerense de Mercedes, finalmente se frustró porque el Estado se negó a ceder las tierras.
La Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo del militante del Movimiento Evita Miguel Gómez, informa poco y nada en su página web institucional respecto del estado de este tipo de proyectos o para qué piensa utilizar las tierras cedidas. La Dirección de Tierras Agropecuarias solo informa que sus acciones apuntan a “facilitar las condiciones para el arraigo rural, asistiendo a las áreas del estado nacional, provincial y local, y al Registro Nacional de Tierras Rurales”.
La zona de Perico tiene un alto componente de pequeños productores, que usualmente se dedican al tabaco y la horticultura. Las tierras linderas al aeropuerto siempre han sufrido tomas, pero usualmente por parte de familias que se distribuyen los lotes para hacer finalmente viviendas. En este caso, según dice la AABE, se trata de “una fracción de terreno en gran parte desocupada y en desuso y otro sector con sembradíos sin poder verificarse algún ocupante”.
El gobierno argentino quiere implementar este año el “Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”
En este estado de cosas, el 15 de septiembre pasado la Dirección de Inmuebles informó que el terreno “se encuentra en condiciones de ser desafectado por resultar innecesario para las competencias, misiones y funciones de la repartición”, es decir de la Fuerza Aérea. La AABE explica en la resolución que el Estado “considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad”.
De allí esta cesión, que es la primera en el sentido de la política pública que ha expresado públicamente muchas veces el presidente Fernández, y que llevó incluso al gobierno a crear un gabinete de tierras en 2020. Ese cuerpo multi-ministerial tenía como función esencial la creación de un Banco de Tierras fiscales que podrían seguir el mismo camino que este lote de Perico. Pero hasta ahora no se conocen demasiados avances concretos.
Esta cesión de terrenos en Perico (son apenas 4 hectáreas que difícilmente puedan albergar una familia de campesinos) “se enmarca en la decisión del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”, explicó la norma.
Curiosamente a pocos kilómetros de allí la provincia de Jujuy es dueña de una finca de mucho mayores dimensiones que solía ser arrendada a pequeños productores, pero que ahora se dedica a un proyecto del propio gobierno jujeño en conjunto con una compañía estadounidense: se trata de la Finca El Pongo, donde la gestión de Gerardo Morales está llevando a cabo un emprendimiento para producir cannabis medicinal a gran escala.
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]]>La entrada Un paso para adelante, otro paso para atrás: Volverían a endurecer la ley que traba el acceso de extranjeros al mercado de tierras rurales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Se trata de la ley que puso límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Respecto de este tema, el kirchnerismo y el macrismo también protagonizan un constante tironeo de las reglas de juego.
Según la diputada Graciela Landriscini (Frente de Todos-Rio Negro), autora del proyecto, se buscará en el Congreso dejar si efecto un decreto que se elaboró “con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces, en un marco de desregulación económica”.
Según fundamentó la legisladora patagónica, “Argentina es el octavo país del mundo en cantidad de hectáreas de tierra rural, lo que representa casi el noventa y seis por ciento (96%) de su superficie y en el 2011 se sancionó la ley 26.737, que fijó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales para controlar la venta y su extranjerización”.
“Esta ley se aprobó para proteger la soberanía de los bienes naturales del país, considerando a la tierra rural como un recurso estratégico no renovable y buscando evitar su mercantilización y extranjerización. Con ese objetivo se dispuso en 2011 una rigurosa reglamentación que el Decreto de Cambiemos flexibilizó”, remarcó Landriscini.
En realidad, aquella ley de 2011 no fue tan rigurosa. De hecho, el gobiernod e Cristina Kirchner forzó un debate para imponer un límite del 15% del territorio (nacional, provincial o distrital) en la cantidad de tierra que podía estar en manos de extranjeros. Luego se hizo un primer relevamiento y resultó que la cantidad de tierras bajo posesión de extranjeros estaba muy por debajo de eso, cerca del 6% del total. De todos modos, el macrismo buscó flexibilizar la normativa por decreto, esquivando el Congreso.
Al detallar los alcances del decreto de Cambiemos, la diputada cuestionó “la ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros, al considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica, cuando en la anterior reglamentación era considerado a partir del 25%”.
“La eliminación de los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera y la AFIP, que se habían dispuesto para prevenir el posible lavado de activos o la elusión fiscal mediante la adquisición de tierras; y la eliminación del límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal en las zonas industriales, y de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la ley”, fue otro de los puntos puestos de relieve por la diputada.
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]]>La entrada El gobierno tomó el guante de una reforma agraria light y armó un “gabinete de tierras” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Se trata de una instancia interministerial desde la que se espera dar forma a una suerte de reforma agraria “light”, que incluiría la posible cesión de tierras fiscales a comunidades de productores organizados, con énfasis en la producción agroecológica.
Por lo pronto, la primera instancia de esta política de tierras fue la conformación de un grupo de trabajo que lideró el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Este gabinete específico contó con la participaciónde contó con los ministros de desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y de sus pares de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino y de la Unidad de gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman y Cavo.
Según la información oficial, que no dio mayores precisiones, el “gabinete de tierras” desplegará tareas “tendientes al desarrollo agropecuario, parques industriales y el plan Procrear que se articulará en todo el país”.
“Durante el encuentro se analizó la instrumentación de los bienes del Estado destinados a las políticas públicas de producción y empleo, en el marco del plan de reactivación post pandemia que lleva adelante el gobierno nacional”, se amplió.
En ese sentido, se destacó que los “bienes estatales que se encuentran en la órbita de la AABE y sean destinados a las carteras ministeriales, cumplan con el objetivo de mantener las propiedades del Estado en una finalidad del desarrollo social y establecido en las necesidades específicas de cada una de ellas”.
“En esta línea subrayaron como prioridades el desarrollo agropecuario de las tierras, como así también el emplazamiento de parques industriales y la construcción de viviendas a través del plan Procrear, con el eje en que lo público se utilice para el beneficio de todos los argentinos”.
El primer punto es el que mayor interés despierta entre las organizaciones que en mayo de 2019 crearon el Foro Agrario Nacional, un bloque de organizaciones campesinas y de agricultores familiares que tuvo luego protagonismo en la campaña electoral. Entre los que integran ese bloque figuran la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), que lidera Nahuel Levaggi, actual presidente del Mercado Central; el MTE Rama Rural, que responde a Juan Grabois; y el Movimiento Evita, que colocó al actual secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez.
Pasó desapercibido, pero días atrás, en una nota concedida a la Radio Nacional de Formosa, su provincia, el ministro Basterra había anticipado esta movida. Informó entonces que se estaba haciendo un relevamiento de superficies bajo órbita estatal que estaban ociosas y adelantó que “ahora serán destinadas a familias de pequeños agricultores”.
“Estamos en comunicación con los ministerios de Defensa y de Seguridad porque tienen predios que pertenecían al Ejército y la Armada y que no están teniendo el uso militar que tenían previsto y entonces los solicitamos para la relocalización de productores que tienen problemas de tierra”, comentó Basterra en esa ocasión.
También prometió el ministro, según dice aquella nota radial, que cada asignación de tierras irá acompañada de una planificación para dotar de todos los servicios e infraestructura que aseguren el arraigo de las comunidades productivas, para lo cual se está trabajando con las organizaciones de productores y los gobiernos provinciales.
En diálogo con Bichos de Campo, el secretario de Agricultura Familiar, Gómez, también afirmó que la política de acceso a la tierra para una buena porciónd e productores familiares que la alquila era una de las prioridades de su gestión. Se puede revisar aquí esa nota.
Desde la UTT, donde ya tienen la experiencia de una coloonia agroecológica en Jáuregui, días atrás presentaron dos proyectos de ley en le Legislatura bonaerense. Uno de ellos es la creación de un programa Procrear Rural que permita a los productores más chicos que arriendan sus tierras acceder a un crédito en términos razonables para poder hacerse de un terreno propio, especialmente en lso cinturones hortícolas que rodean las grandes ciudades.
Grabois, el líder de la MTE y uno de los dirigentes sociales con más llegada al gobierno, también impulsa un plan de acceso a la tierra para las familias campesinas, aunque sin expropiaciones masivas. El mismo dirigente se lo explicó días atrás a Bichos de Campo:
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]]>La entrada Héctor Tristán: “Los que no entren al TIRE sufrirán retenciones de hasta 28%” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Héctor Tristán, especialista impositivo del estudio Tristán & Asociados, explicó en Bichos de Campo cómo funciona esta nueva exigencia de la AFIP, contra la que muchos productores ya están levantando la voz. “Desde el 1 de agosto de 2017 se deja sin efecto el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI) y se reemplaza por el TIRE, que implica una evolución respecto de un registro que registra inmuebles rurales. Pero hay que aclarar que el TIRE sólo registra actividades de granos, oleaginosas o legumbres. Todas las demás actividades seguirán registradas en el ROI”, dijo Tristán.
Escuchá el reportaje completo:
El experto comentó que el TIRE “es un registro obligatorio y por ende los que no se inscriban tendrán sanciones de tipo retentivo. Si el contrato (de arriendo) está debidamente inscripto, se aplicará una retención del 6%, pero si no está inscripto, la retención será del 28%”, avisó.
El TIRE “apunta a saber de quién es la tierra, quién la explota, de qué manera y a qué valor. Busca implementar un sistema de trazabilidad de las tierras afectadas, por ahora en lo referido solamente al cultivo de granos y semillas y legumbres secas, y a la subcontratación. Asimismo, este registro simplifica la tramitación, porque permite hacerlo de forma digital, a través de un archivo PDF”, desarrolló Tristán.
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