Mientras que en EE.UU. las valores de la tierra crecieron de manera importante este año, en línea con la suba de los precios internacionales de los granos, en la Argentina –debido a la coyuntura política actual– se mantienen relativamente estables y eso es considerado como una oportunidad por algunos.

“La gran mayoría de los compradores hoy son empresarios agropecuarios, salvo algunos casos particulares de personas que buscan una porción de campo para los fines de semana”, explica Federico Nordheimer de la inmobiliaria rural homónima.

La demanda está fundamentalmente concentrada en campos de la región pampeana con operaciones que no superan los cinco millones de dólares. Muchas transacciones se originan por productores del propio “barrio” que, cuando se enteran que una fracción de un campo sale a la venta, deciden comprarlo porque conocen bien el potencial de la zona.

La mayor parte de los campos en oferta se origina a partir de divisiones familiares o bien de empresas agropecuarias que, al no tener descendientes interesados en continuar en la actividad, liquidan los activos para luego distribuir el capital.

“Tenemos en estos momentos una cartera de campo muy buenos, pero que no siempre encuentran comprador porque no todos los integrantes del sector tienen liquidez suficiente o apetito de riesgo para invertir en el país”, apunta Federico a Bichos de Campo.

Y es que, precisamente, la oportunidad de compra presente actualmente en el mercado inmobiliario rural se fundamenta en la hipótesis de que el escenario futuro argentino no experimentará políticas disruptivas en términos del actual orden institucional.

En algunos casos puntuales, la oportunidad luce tan tentadora que aparecen muchos interesados comprar. “Hemos tenidos algunos casos de empresas del exterior que decidieron liquidar sus activos en el país y ofrecieron campos con una rebaja del 30% al 40% del valor originalmente pretendido”, indica.

Una particularidad es que la oferta es campos en venta en la zona núcleo pampeana es virtualmente inexistente, dado que, debido al ajuste al alza progresivo de los arrendamientos en qq/ha de soja junto con la suba del precio de la oleaginosa, la renta que generan los mismos subió de manera muy importante en los últimos años.

“Los arrendamientos subieron mucho más que el valor de los campos, con lo cual la renta generada por ese activo se incrementó para beneficiar a los propietarios en la actual coyuntura”, explica Federico.

El director de la inmobiliaria Nordheimer dice que la inversión en campos en la Argentina es comparable a la situación presente con el Bitcoin: tiene un gran potencial de suba, pero, si el panorama político cambia y se torna contrario al sector, ese escenario finalmente no se concretará.

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¿Qué pasó? La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) denunció que hay interés por lotear y privatizar parte de los terrenos que conforman el campo de la Universidad, para construir viviendas. ¿Y quién impulsa ese proyecto? Otros dos gremios de la Institución: la Asociación de Trabajadores de la UNLu (ATUNLu), es decir el sector no docente, y de manera sorpresiva otro gremio docente de la universidad –mucho más pequeño que el primero y de una Federación distinta- que es ADIUL.

Esta no es la primera vez que la Universidad afronta una situación del estilo. Ya en 2016 se realizó la expropiación de una parte del terreno para dar paso a la Autopista de la Ruta 5. Si bien la Institución recibió un resarcimiento, para los proyectos educativos implicó un gran impacto por la división del territorio.

Luego en 2011, los mismos gremios que hoy piden el loteo enviaron una petición muy similar a la actual al Consejo Superior de la Universidad, pero que terminó por ser rechazado. En esta oportunidad, sin embargo, hay más incertidumbre ya que si bien la iniciativa todavía no fue revisada, el próximo diez de noviembre habrá elecciones que darán paso a un nuevo rectorado y los docentes temen la decisión de las nuevas autoridades.

“Lo que estamos pidiendo es que el campo de la universidad, que es un campo experimental dedicado a la docencia, investigación y extensión continúe con ese fin. Ellos apuntan a que no se produce, pero lo cierto es que el campo tiene una función productiva y no debe tener un destino para el uso habitacional. La Universidad estaría funcionando como una inmobiliaria que vende terrenos”, dijo a Bichos de Campo Federico Vita, secretario general de ADUNLu y docente de microbiología agrícola en esa Institución.

El campo de la Universidad tiene una extensión de 254 hectáreas, de las cuales hay intensión de privatizar un 8%, es decir poco más de 20 hectáreas.

En la totalidad del territorio hay albergados todo tipo de proyectos educativos de distintas carreras. Cuenta por ejemplo con un área para ensayos experimentales de cultivos, una de horticultura, de riego, de fitopatología y una para trabajos forestales.

“Tiene también un predio de 10 hectáreas donde se está trabajando en la plantación de un jardín botánico, para el cual se están trayendo especies y recuperando otras perdidas de la zona del Río de La Plata, la costa rivereña y la región pampeana. Hay además áreas de recuperación de flora y pastizales nativos”, indicó Vila.

Dentro del campo existe incluso un tambo con 150 animales en producción, un galpón de maquinaria y hasta un laboratorio en el cual se estudia el comportamiento de la ardilla de vientre rojo, Callosciurus erythraeus, que se ha declarado como plaga en la provincia de Buenos Aires.

Y como si esto fuera poco, dentro de la Universidad funciona desde hace 25 años una estación meteorológica que lleva registros de la temperatura del suelo, de la calidad del aire, de la humedad y que cuenta además con un punto de referencia del Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERsolar).

“Es un punto de referencia a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de las normativas internacionales en la medición solar. Una urbanización alrededor de ese punto, o cambiar de lugar ese punto, sería un problema grave para toda la investigación que se viene haciendo en los últimos 20 años”, afirmó Vila.

Un dato interesante y que puede ser clave para el desenvolvimiento de esta situación, es que el campo de la Universidad de Luján fue donado por la familia Alvear para actividades de desarrollo social, teniendo en cuenta que esa Institución cuenta con la carrera de Trabajo Social.

“Por eso en el campo de al lado de la Universidad funciona el Instituto Alvear de menores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Si bien del campo hacen uso otras carreras específicas, vemos ahí una dificultada legal porque podrían llegar a reclamarlo. Por eso estamos pidiendo el acta de donación para tener información precisa de esa situación”, explicó el docente.

Ahora bien, ¿dónde entran los créditos Procrear en este asunto? En primer lugar hay que decir que se trata de un programa que comprende distintas líneas de crédito a tasas subsidiadas y de alcance federal, para el desarrollo territorial, urbano y habitacional. Recientemente se ha lanzado una segunda edición del mismo, que está actualmente recibiendo postulaciones.

El Procrear cuenta con dos líneas de crédito para asociaciones sindicales y afiliados a gremios: se trata de las líneas 1 y 3. La primera tiene como condición la posesión de un terreno propio, y la segunda es para aquellos que no cuenten con tierra propia. Es allí donde inicia el conflicto: parte de los miembros de la Universidad consideran que hay extensiones improductivas del predio que deberían ocuparse, y para eso proponen que la Institución las entregue y que mediante las erogaciones del Procrear se construyan allí nuevas viviendas.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que si vos querés hacer un barrio, hacé los estudios de prefactibilidad. Tienen que ser lugares donde vos extiendas el entramado y la malla urbana. No podés hacerlo en el medio del campo. Ahí vos tenés que llevar luz, cloacas, etc. Entonces tiene que ser en todas las zonas limítrofes donde del otro lado del alambrado haya tejido urbano”, sostuvo Vita.

-¿Pero es eso posible?- le preguntamos al secretario.

-Sería posible si en esas zonas no hubiera proyectos. Ahí hay un problema: ya hay proyectos aprobados y plata entregada. Entonces la pregunta mía es: querés hacer un barrio, lo vas a hacer en un lugar donde hay un proyecto educativo, ¿vas a comprar un campo en otro lado para que se pueda continuarse con ese proyecto?

-¿Se han puesto en contacto con algún dirigente de la provincia?

-Con la provincia no nos hemos comunicado. Estamos intentando hacer una reunión con el intendente local porque es el que más directamente se beneficiaría al recibiría un barrio que no tiene planificado hacer. Sí estamos en contacto directo con la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Infraestructura de la Nación que es la que implementa el Procrear.

El panorama al momento es incierto. La petición fue presentada pero todavía no se ha escuchado ningún comentario de las autoridades y las discusiones al interior de cada agrupación se han mantenido de forma muy hermética. Por lo pronto, hoy los miembros de ADUNLu realizarán un encuentro en el campo de la Universidad con la comunidad educativa y los vecinos de Luján, para hacer visible esta problemática.

La entrada Ensayos en peligro: Docentes de la Universidad de Luján denuncian que hay interés por urbanizar parte del campo universitario a través de créditos Procrear se publicó primero en Bichos de Campo.

Ahora la rapiña de tierras del INTA empezó a consumarse desde el lugar menos sospechado: el propio Congreso Nacional. Y es que en la última sesión maratónica del jueves se aprobó, con votos del oficialismo y de la oposición, un proyecto que le quitaría al INTA un generoso lote ubicado en Sumalao, una localidad que quedó pegada a San Fernando de Catamarca, la capital provincial, por la expansión del éjido urbano. Tanto creció que hay un nuevo barrio llamado “INTA Sumalao”.

“Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Catamarca el inmueble que detenta el Estado Nacional, ubicado en la ruta provincial 33 Kilómetro 4, Sumalao, departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca. Matrícula catastral 16-24-17-7580, Folio Real 135, inscripto el 25/01/1941”, dice el proyecto que votaron en esa sesión ómnibus los senadores, y que ahora -con media sesión- va camino a Diputados.

El campo depende de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA que tiene un perfil de investigación volcado a las actividades intensivas bajo riego (frutales y hortalizas) en zonas áridas y las actividades ganaderas que suelen hacer los productores de dicha región (caprinos, ovinos y camélidos). El campo que quedó en la mira se destina “principalmente a las actividades con rumiantes menores y citricultura”.

Quien logró que sus pares, los senadores, aprobaran el jueves esta silenciosa transferencia de un activo tan valioso fue Dalmacio Mera, del Frente para la Victoria, quien tiene mandato hasta el próximo 9 de diciembre. El objetivo que expone este legislador para llevar a cabo la “transferencia” del campo (que ni siquiera permitirá al desfinanciado INTA contar con una compensación económica como para reubicar sus instalaciones) es casi insólito: “Se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.

En realidad, y debido a la falta de políticas de planificación territorial por las que este senador nunca parece haberse preocupado, lo que sucedió en Sumalao es lo mismo que amenaza la paz del INTA en muchas otras localidades, que es que las poblaciones han crecido desordenadamente hacia las zonas rurales, acorralando luego a productores e investigadores. En Pergamino, por ejemplo, los investigadores del INTA quedaron en medio de la zona de prohibición dispuesta por la justicia para la aplicación de agroquímicos. Es decir, no pueden experimentar con dichos insumos.

Lo más grave es que no parece haber reacción de la conducción nacional del INTA frente a esta avanzada que sufren sus investigadores en muchas regiones. Silencio de radio frente a este tipo de casos.

¿Y qué propone hacer el senador Mera en esos campos en casos de que prospere la iniciativa en Diputados? Lo contó él mismo en un video para sus redes sociales:

“La idea que persigue la transferencia es incluir el extenso inmueble al radio urbano, a fin de evitar molestias para la población y otorgarles beneficios como la construcción de una escuela, un centro deportivo y espacios verdes. Criterios de sustentabilidad aconsejan desplazar del inmueble el funcionamiento de INTA y así diseñar una localidad, donde el vecino sea el principal beneficiario”, explica el senador peronista sin tomarse la molestia ni siquiera de pensar una alternativa para las actividades del INTA.

El predio que se le quitaría al instituto de investigación agropecuaria de la forma más legal posible -con una ley del Congreso, nada menos-, está ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 33. Tampoco parece tener muy claro el senador catamarqueño qué hacer en ese extenso terreno rural.

Mera habla apenas de crear un incierto “centro tecnológico, educativo y de esparcimiento” y le otorga a la provincia de Catamarca un plazo de 10 años para hacerlo. Pero no dice cómo.

Si todo sale bien, la zona quedaría mejor que Disney World. Es que el senador aspira a ” lograr que todos los comportamientos humanos vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social generen un sistema de patrones de desarrollo innovadores y estilos de vida creativos, que satisfagan al ciudadano y sus necesidades elevando su bienestar sin afectar el ambiente y sin comprometer generaciones futuras”. Tomá mate.

Parece haber una orden de ir por las tierras del INTA. En junio pasado, otro legislador nacional del Frente de Todos -insólitamente de la Provincia de Buenos Aires- llamado Carlos Américo Selva presentó un proyecto para sacarle para sacarle la mitad de las tierras al INTA Salta, en el departamento Cerrillos, a 10 kilómetros de la ciudad capital. El objetivo también allí era muy difuso, pues el diputado planteaba la necesidad de realizar un “programa de desarrollo urbano” sobre esas 534 hectáreas. Esta iniciativa fue rechazada por la propia comunidad.

La entrada El mayor peligro estaba en el Congreso: El Senado le dio media sanción a un proyecto para quitarle tierras de investigación al INTA Catamarca se publicó primero en Bichos de Campo.

De todo eso fue víctima Natalio Iglesias, vicepresidente de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, quien hace unos años perdió un campo ubicado en la localidad El Quemado, departamento Pellegrini, Santiago del Estero.

“Ese campo lo adquirió mi padre y fue usurpado en 2009/2010. Estaba metido el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) con apoyo del gobierno nacional, del kirchnerismo. Los abogados nos dijeron que también había gente del conurbano bonaerense”, explicó el productor.

Escuchá la nota completa a Natalio Iglesias:

Se trata de un establecimiento que suma 1.200 hectáreas. La familia Iglesias se presentó ante la Justicia con el título de propiedad correspondiente y las constancias del pago de los impuestos, pero su reclamo no prosperó.

“Nos presentamos incluso con los antiguos propietarios, que todavía vivían ahí. El vecino que intentó evitar que entraran al campo fue baleado en una pierna. Cuando fuimos a tratar de desalojar estaban con topadoras sacando alambres. Básicamente perdimos el campo. La justicia de Santiago no se expidió sobre el tema”, señaló.

El productor y dirigente dijo que el suyo no es un caso aislado, que hay muchos otros productores damnificados en la región y que por eso “desde la Asociación de Productores de Legumbres, junto con Sociedad Rural Argentina, Prograno y  Federsal, entre otros, estamos viendo si convocamos a crear un grupo anti-toma basado en el ámbito de los jueces, los fiscales, las fuerzas vivas y el sector privado que sabrá primeramente si lo usurpan o no”, indicó.

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Iglesias dijo que en el norte del país hay tierras fiscales “que se pueden colonizar”.

“Se necesita organizar grupos para colonizar tierras estatales (con el tamaño suficiente), que les permita tener una escala productiva, porque lamentablemente el productor chico y mediano no puede acceder a la propiedad”, indicó.

Lo de la escala de cada emprendimiento es un tema crucial en estos planes de colonización. “Los chicos y medianos estamos desapareciendo”, explicó Iglesias, que pidió bajar la presión fiscal y desarrollar una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria que pueda evitar que “los desmanes (del clima) no te dejen a la vera del camino”.

La entrada Natalio Iglesias no tuvo la suerte de los Etchevehere: Le usurparon 1.200 hectáreas y la justicia de Santiago del Estero nunca intervino se publicó primero en Bichos de Campo.

La actividad sospechosa, en este establecimiento de 300 hectáreas ubicado en el viejo camino que une Monte con Lobos, comenzó dos semanas antes cuando del Río observó un poste señalizado, con una bolsa de comida para perros, en una de sus recorridas. “Lo saqué y empecé a poner carteles a lo largo del frente del campo: Establecimiento La Petunia, prohibido ingresar, propiedad privada”, contó a Bichos de Campo. Estas señales de 60 centímetros de largo por 40 de ancho no duraron mucho y algunas desaparecieron a los pocos días.

Luego de una denuncia a la patrulla rural y la posterior verificación de la zona, del Río colocó carteles en el interior de la propiedad a tres metros de altura. “Cuando voy hasta allá los carteles no estaban, el lugar estaba podado y habían puesto seis postes delimitando el terreno”, afirmó.

Horas más tardes encontró a cuatro personas en dos autos y al dirigirse a ellas esbozaron un papel diciendo que el campo era suyo. “Les dije vamos a la policía y me dijeron ‘acá adentro también hay de las fuerzas’. Era un papel escrito en computadora sin sello y yo soy única dueña desde el año 95”, comentó angustiada.

Con la intervención de la patrulla rural, todos se dirigieron al asentamiento policial en Videla Dorna. “Labraron un acta y a pesar de que les pedí que requisaran el auto porque tenían armas largas, el comisario no lo dejó asentado y el fiscal tampoco dio la orden de hacerlo”.

Al ver que el acta no aclaraba que los usurpadores eran parte del las fuerzas policiales bonaerenses, del Río logró que fuera reescrita y se identificara a los efectivos. Según arrojó sistema, uno de ellos presta servicios en General Las Heras y el otro en el partido de la Matanza.

Bichos de Campo accedió a las denuncias:

“Yo soy argentina, viuda, me dedico a la actividad agropecuaria y estas personas ¿a qué se dedican?”, preguntó Lorena.

Mientras Asuntos Internos tomó la posta de la investigación de los oficiales presuntamente involucrados, la productora aguarda por alguna decisión de las autoridades y se suma a una lista de afectados por tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires que es cada vez más larga.

La entrada Intentaron usurpar un campo con participación de algunos policías: “Lo que se está viviendo es una locura”, dijo la productora Lorena del Río se publicó primero en Bichos de Campo.

“Solo se están moviendo las campos con liquidez de compra venta, como puede ser en Pergamino por ejemplo. Pero no en campos que se busca solo renta, como podría ser algo en Salta, nada”, destacó Frenkel Santillán en Bichos de Campo. “Y en los casos que salen ventas, los precios están un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años”, agregó el especialista.

Aquí la entrevista completa con Roberto Frenkel Santillán:

De todas formas, Frankel Santillán ve que puede llegar a crecer dicho mercado a futuro. “Vemos un negocio incipiente”, señaló.

En cuanto a los alquileres, destacó que la incertidumbre de cara a futuro hace que no existan contratos con sumas fijas sino que casi todo se pacta a porcentaje. “No se ve más como antes los alquileres en quintales a dólares fijos. Y es lógico, si hoy nadie puede proyectar cuanto va a ganar”, destacó.

“Estamos con este proyecto de emergencia. Ahora esperamos conocer el proyecto de crecimiento del país. Y hay que sincerarse: el campo le tiene miedo a este Gobierno”, dijo Frankel Santillán.

En ese sentido explicó que “ese 3% que dejaron para subir las retenciones can muy mal en todo el sector. Espero que haya sido un mal proyecto nomás y nunca los suban”, declaró.

“El campo está muy bien armado, tecnificado y con gente que sabe. Lo tendrían que considerar y no se tiene que ni resfriar, porque el arrendatario es un un inversor serial, invierte con los ojos cerrados y eso hay que festejarlo y cuidarlo”, finalizó el inmobiliario.

La entrada Roberto Frenkel Santillán dice que, con cepo y retenciones, "el precio de los campos cayó un 20%" se publicó primero en Bichos de Campo.

-Qué raro un agrónomo dedicado a la militancia social… ¿De dónde te viene ese impulso?

-Desde chico. Vengo de una matriz campera. Estuve en una escuela agrotécnica y seguí estudiando en la universidad. Pero también comprendimos que no solo hay que producir y producir sino ver la matriz socioeconómica. Ver para qué producimos. El fin último es mejorar la calidad de vida del agricultor, del chacarero, pero también de la sociedad. Así que con estos principios transitamos la vida.

-¿Qué es el MTE Rural?

-Es una organización de agricultores, campesinos y pueblos originarios. Somos más de 30 mil familias en todo el país. todas vinculadas a la producción. Estamos en 20 provincias. Lo integran grupos ganaderos, grupos de horticultores, economías regionales, todo lo que podemos encontrar en el sector agrario. Por ejemplo, tenemos cooperativas de productores de cebolla, centros de acopio, tenemos un puesto en el Mercado Central.

Escuchá la entrevista completa con el referente agropecuario de Juan Grabois:

Según Leveratto, es imperioso que la sociedad argentina hable de “lo que realmente está pasando en el campo”. Para hacerlo, el dirigente toma los datos oficiales del censo agropecuario de 1988, y los compara con los censos posteriores, realizados en 2002 y en 2018 (el del 2008 no se pudo hacer porque coincidió con el conflicto por las retenciones móviles). En el primer caso había 420 mil productores o unidades agropecuarias, que luego se redujeron a 330 mil y que ahora estarían ubicándose entre 250 y 270 explotaciones. El próximo 5 de noviembre se conocerán los datos.

El coordinador del MTE Rural recuerda que en el gobierno de Carlos Menem empezó “lo que nosotros llamamos ‘la noche triste’. Un éxodo permanente y pérdida de unidades productivas, con la migración del campo a la ciudad. Era lo que denunciaba la Federación Agraria, que perdimos 100 mil productores”. La historia más reciente, incluyendo al kirchnerismo y la gestión macrista, no detuvo este proceso sino que lo profundizó.

“Esto trajo un montón de problemas. Todos los que recorremos la Argentina nos damos cuenta de que los pueblos están inactivos económicamente, que no hay perspectiva para la juventud. No es una política de desarrollo rural integral e inclusiva la que está sucediendo en el campo desde hace cuatro décadas por lo menos”, sentencia Leveratto.

Como agravante de este contexto, el agrónomo remarca que con esta gestión de Mauricio Macri “desapareció el crédito productivo en la Argentina, que es un poco lo que mueve las economías regionales. El campo funciona con crédito. No hay actividad productiva que tenga un rendimiento de esas tasas (refiriéndose a que al Banco Nación cobra intereses de más del 70% anual) y esto afecta más a los pequeños agricultores, porque somos lo que menos espalda tenemos”.

“Lo de la reforma agraria es un gran eslogan que genera pánico en algunos sectores concentrados de la economía. Pero hablar de reforma agraria o de redistribución de la tierra, más que un capricho es una necesidad”.

Según el compañero de militancia de Juan Grabois, la otra cara de este proceso es “que hay cosecha récord de soja y maíz, que está muy buena, porque se ha puesto en marcha un modelo de concentración. En Europa andá a hablar de extensiones productivas de más de 5.000 hectárea. Eso está prohibido”, remarca.

Leveratto afirma además que “algo no está funcionando bien en el campo. De cada 8 kilos que se exportan de producción agraria solo 1 kilo es para consumo humano. Estamos viendo que hay algo que no está cerrando. Y no nos podemos dar el lujo como país de expulsar a los agricultores del campo. Algo tiene que cambiar, porque para nosotros no está bien esta situación, que genera pobreza”, argumenta. Se sobreentiende que las 2 o 3 millones de personas que migraron del medio rural son las capas de pobres que hoy viven en las perisferias de las grandes ciudades.

-¿Y cómo entra en esta discusión la propuesta de una reforma agraria lanzada por Juan Grabois?

-Lo de la reforma agraria es un gran eslogan que genera pánico en algunos sectores concentrados de la economía. Pero hablar de reforma agraria o de redistribución de la tierra, más que un capricho es una necesidad.

Leveratto, en este sentido, explica que “los pequeños chacareros y los pequeños horticultores son los que más están sufriendo” el actual estado de cosas. Habla del sector hortícola, que es el que más representa el MTE Rural. “Es el que más trabajo genera y produce alimentos frescos para 42 millones de habitantes en el país. Son los productores más eficientes, porque con poco capital producen toneladas y toneladas de hortalizas frescas, y conviven en un sistema que tiende a la precarización, porque el 92% son arrendatarios”.

Esta situación, de acuerdo con esta visión, está fagocitada por “una falta de regulaciones que tiene que brindar el Estado, ya que las leyes de arrendamiento que tenemos favorecen la especulación y no favorecen el arraigo rural”.

-En este punto tenemos que preguntarte a qué apuntan las propuestas de reforma agraria que lanzó al ruego Grabois…

-Juan decía que hay que darle tierras a 50 mil familias. ¡Se quedó corto! Estamos diciendo que en 40 años desaparecieron 200 mil productores. Entonces, donde haya tierra improductivas hay que ponerla a producir con familias que hoy arriendan la tierra para producir alimentos. Nosotros estamos diciendo que las familias tienen que acceder a la tierra para producir alimentos.

-Quienes sienten miedo vinculan esta propuesta de reforma agraria con expropiaciones- le apuntamos.

-Deben ser políticas de consenso. En este tema tiene que haber un consenso nacional, no importa el color del partido que sea. Donde haya tierra fiscal improductiva tiene que haber familias produciendo. En tierra ociosa, tiene que haber familias produciendo- insiste Lautaro, para quien podrían habilitarse zonas cercanas a los ferrocarriles o en campos del Estado que hoy están improductivos.

“También tiene que haber municipios que deseen localizar un cinturón hortícola en su zona o pequeñas unidades de chacra, para ofrecer alimentos de cercanía a esos pueblos y que no tengan que traer tomate o lechuga o lechones con fletes de 1.000 kilómetros”, añade el agrónomo.

-¿Y qué país toman como ejemplo exitoso de estas políticas?

-Cada país tiene su realidad. Nosotros vemos con buenos ojos políticas de como la de la pequeña agricultura en Francia, que hace una promoción muy importante al arraigo rural, que no es solo tierra sino que también es caminos rurales, salud, capacitación. Bolivia también está teniendo un proceso muy interesante. Era el país más atrasado de la región pero ahora está creciendo porque se planteó una política de desarrollo rural con los agricultores en el territorio. Y también hay que rescatar lo bueno que hizo Argentina, que también tuvo en su historia políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural, con población migrante. ¿Qué fue el Grito de Alcorta si no una expresión de los pequeños agricultores que arrendaban?

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¿Por qué se asustaron los productores más acomodados de esta reunión de sus colegas más pauperizados? ¿Qué peligro puede suponer que las organizaciones de la agricultura familiar se reúnan y se pongan a discutir sobre su propia agenda de temas como para tratar de encontrar puntos de acuerdo y llevárselos a los diferentes candidatos que se presenten en un año electoral? ¿No es eso mismo lo que hacen las entidades de la Mesa de Enlace ante cada elección? Me hice estas preguntas al notar con preocupación que en las redes sociales muchos representantes de agro “bueno” se alarmaban frente a esta reunión del agro “malo”.

Podría contar esta historia diciendo que parecen existir en el país productores “blanquitos” que se asustan de una reunión de productores “negritos” o “morochos”, pero voy a evitar estos adjetivos porque me tildarían de cualquier cosa.

“Esto es lo que va a suceder si gana Cristina y pierde Macri”, llegué a leer en las redes sociales frente al acto de Ferro, que lamentablemente convocó a más dirigentes vinculados con el kirchnerismo que a dirigentes políticos de Cambiemos, que de todos modos estuvieron invitados a la cita y decidieron no asistir. “Están hablando de reforma agraria. Van a venir por nuestros campos si gana Cristina”, insistían los productores del lado más amable del campo, el que produce granos y carnes para los grandes mercados.

Esta discusión se ha polarizado al extremo, tanto como se polarizó casi todo en la Argentina, donde toda la historia parece resumirse a una elección de supuestos modelos diferentes encarnados en Mauricio (el adalid de los productores buenos, que tienen la entrada permitida a la Exposición Rural de Palermo) o a Cristina (que desde esta lógica binaria nuclearía a los productores malos y algo más morochitos).

Cabe aclarar que aunque en el encuentro de Ferro había muchas agrupaciones que se reconocen abiertamente como kirchneristas, como la corriente CANPO creada por Julián Domínguez o el Movimiento Agrario Evita del ex funcionario Emilio Pérsico, Bichos de Campo estuvo en el lugar y pudo verificar que las dos representaciones más numerosas (por lejos) eran la de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), y la del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE). En ambos casos se trata de organizaciones surgidas de movimientos sociales (aunque la segunda de ellas está alineada con Juan Grabois, quien expresa cercanía con la ex presidenta), y que tienen una representatividad real en algunas zonas de los cinturones hortícolas y en ciertas economías regionales.

Hecha esta aclaración, vale la pena detenerse en el documento que surgió luego de dos días de deliberaciones en Ferro entre los integrantes de esas organizaciones, entre los cuales por supuesto había hippies trasnochados que pedían la “reforma agraria” y deploraban de la política del gobierno de Macri, pero también muchos dirigentes reales de comunidades de pequeños productores que ciertamente merecen ser escuchadas.

De entrada hay que aclarar que en ese documento firmado por todas las organizaciones solo se hace referencia en dos ocasiones a la “reforma agraria” que tanto asusta a los productores “buenos” que temen por el respeto a la propiedad privada y se imaginan a una Cristina revolucionaria que irá por sus campos si vuelve al poder.

Nada sería más extraño que eso, pero es lo que ellos temen: que Cristina vaya por sus campos. La experiencia indica que en sus 12 años de gobierno, el kirchnerismo se caracterizó por todo lo contrario, pues lo único que provocó es una concentración mayor de la riqueza. En general las políticas agropecuarias de ese “modelo” apuntaron a socavar la rentabilidad de los productores primarios para transferir ese dinero ya sea al Estado (por vía de las retenciones) o a eslabones más concentrados del negocio, como las cerealeras, los frigoríficos exportadores o los molinos (por vía de las intervenciones al mercado de Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray).

Además, en el documento las menciones aisladas a la “reforma agraria” se utilizan casi como una expresión de deseo, o como el final de un camino que incluso para estas organizaciones parece muy lejano.

Estas son las conclusiones del documento del primer Foro Agrario Nacional. Por favor, si usted es un integrante del denominado “agronegocio” cierre los ojos, respire profundo, sáquese los prejuicios por unos instantes, y piense si no comparte aunque sea alguna de estas reivindicaciones:

• Ley de reparación histórica de la agricultura familiar: reglamentación y aplicación de la ley con participación de organizaciones de productores/as familiares, campesinos e indígenas con asignación presupuestaria suficiente. Adhesión de las provincias a la Ley de RHdeAF.
• Democratización de las estructuras del sector público agropecuario con integración de las organizaciones y toma de decisiones vinculantes en sus intervenciones. Participación de las organizaciones del pueblo en el diseño, implementación y control de las políticas públicas agropecuarias.
• Realización de foros en las 24 provincias para impulsar una ley nacional de presupuestos mínimos de aplicación de agrotóxicos.
• Convocatoria a Foros Federales de discusión, análisis e implementación de una Reforma Agraria Integral.
• Regulaciones que impidan prácticas monopólicas en todas las cadenas agroalimentarias. (Leyes como observatorio de precios, ley antimonopólica y ley de góndolas)
• Mejoramiento de la infraestructura rural: caminos, servicios, comunicación.
• Acceso a la tierra: Tierra para quien la trabaja, Tierra como hábitat.
• Fomento a la agroecología como política de Estado.
• Compra pública: un Estado que privilegie los productos del sector y de PyMEs, proveyéndose de la producción de la agricultura familiar, y de las diferentes expresiones asociativas
• Fomento del Arraigo Rural
• Fomento de las cadenas cortas de comercialización para todas las cadenas productivas agropecuarias como política de Estado.

Como habrán notado, más allá de las consignas tribuneras (que también las hay en el llamado “agronegocio”), hay muchos reclamos de estos grupos de pequeños productores que son sumamente razonables y podrían contar con el consenso de todos, de buenos y malos.

La tan meneada “reforma agraria” queda allá lejos, demasiado lejos, como expresión de deseo de quien finalmente tiene un problema real de acceso a la tierra para producir.

Los dos proyectos legislativos concretos que se presentaron en el foro son uno de la UTT que reclama la creación de un programa del tipo Procrear para que los horticultores puedan acceder a financiamiento barato para adquirir su propia parcela. Y otro de la MTE que apunta a “defender” ciertos territorios productivos (como el Alto Valle de Río Negro) y los cinturones hortícolas del avance alocado de los barrios privados y las barriadas populares, que tanto afectan luego a los pequeños productores, desplazándolos hacia zonas más lejanas.

Nada extraordinario. Todo resultó en un menú de reclamos razonables que valdría la pena discutir aunque no estemos de acuerdo. Como dijo la dirigente de la UTT que habla en el video incluido en esta nota: “Nosotros necesitamos políticas públicas para nuestro sector”. Es exactamente lo mismo que reclaman muchas veces los productores que suspiran de alivio por creerse parte importante del agronegocio.

Pero bueno, eso parece no ser posible. La política argentina piensa poco en lo público y lo mejor para todos. Nos divide entre buenos y malos, entre macristas y kirchneristas, entre blancos y negros. Y así se reduce la agenda a una serie de consignas que solo provocan miedo y nos paralizan.

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“Decláranse desiertos los Lotes: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20, toda vez que no se recibieron ofertas para los mismos”, reconoce la resolución en su tercer artículo.

Unos renglones antes le Anabe había adjudicado solo 7 lotes de la siguiente manera:

• Lote 4 a favor de la firma TRÉBOL S.R.L., por U$S 850.000
• Lote 5 a favor del Señor PAGNAN, Juan Carlos, por U$S 855.000
• Lotes 6 y 16 a favor del Señor CEIRANO, Edgardo José, por U$S 700.000 y U$S 737.000 respectivamente
• Lote 7 a favor del Señor MONDINO, Sergio Ramón, por U$S 665.000
• Lote 8 a favor de la Señora TUR, Adriana Luisa, por U$S 590.000
• Lote 15 a favor del Señor FRANCESCHINA, Nelso Omar, por U$S 796.000.

En total, en esta etapa, se recaudaron 5,2 millones de dólares, a un promedio de 740 mil dólares por lote finalmente vendido. Como esos 7 lotes sumaban 439 hectáreas, el promedio por hectárea se acercó a 12 mil dólares, en línea con los valores del mercado en esa región del sudeste de Córdoba, una de las más productivas del país.

La gran pregunta es por qué no pudieron colocarse los 13 lotes pequeños que no recibieron ofertas. Sobre todo porque, ante las quejas de los pequeños productores nucleados en Federación Agraria, el Banco Nación habilitó una línea de crédito especial para la compra de tierra agropecuaria. a 5 años en dólares, a 10 años en pesos, y a 15 años si el sistema elegido en el de UVA.

Según informó la Anabe, los 13 lotes que no se vendieron se incorporarán a las 27 fracciones de entre 150 y 350 hectáreas que se rematarán esta semana, el 7 de diciembre.

Según informó oportunamente AgroVoz.com, el Estado Nacional esperaba recaudar unos 100 millones de dólares por la venta de todo el establecimiento que pertenecía al Ejército Nacional de, en total, 12.400 hectáreas.

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Omar Principe, presidente de la FAA, participó en rigor de la génesis de las subastas de tierras que pertenecían a esa fuerza armada, tanto para el caso del regimiento de Córdoba como para otro ubicado en Tupungato, al pie de la cordillera de los Andes, en Mendoza.

Ver: FAA insiste: las tierras para quienes las trabajen

Pero algo parece haberse salido del cauce de los planes que tenían los federados, quienes en los últimos meses además rompieron lanzas con el gobierno de Mauricio Macri y tomaron distancia del resto de las entidades agropecuarias. Así las cosas, ahora se oponen a la subasta de La Remonta, que fue dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para el 9 de noviembre y el 7 de diciembre.

Esta nota de Agrovoz contó con lujo de detalle el proyecto del gobierno nacional, que no contempla las aspiraciones de los federados. La intención es sacar a la venta a través de una subasta abierta un total de 44 lotes que tendrían extensiones de 52 a 408 hectáreas. Hay 25 lotes que tiene en promedio 200 hectáreas.

“Porque nos oponemos a esta subasta es que convocamos a concentrarnos sobre la Ruta Provincial 6 a la altura del Kilómetro 150, frente al campo La Remonta, en la localidad de Ordóñez, provincia de Córdoba”, indicaron los dirigentes de FAA en un comunicado. La asamblea se realizara este vienes 13, desde las 9.

¿Por qué cambiaron de postura, de apoyar este proceso a cuestionarlo?  Lo explica el director del Distrito 5 de FAA, Germán Font.

Básicamente considera que el proceso está amañado para que las 8.700 hectáreas que salen a subasta en esta oportunidad quedarán en manos de grandes grupos económicos y se perderá la posibilidad de realizar allí un proceso de colonización que beneficie a varias decenas de pequeños productores.

“Consideramos que el acceso a la tierra, por parte de los pequeños y medianos productores, fue y es una limitante muy importante para el sostenimiento de la estructura agraria. Casos como La Remonta han sido propuestas de colonización en varias ocasiones, donde a través de varias herramientas, como por ejemplo una cooperativa creada por la Federación Agraria, como La Colonizadora, se han realizado proyectos para dar oportunidades a pequeños productores, arrendatarios, jóvenes que quieran acceder a una porción de tierra”, indicó Font.

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